Finlandia
Jefa del Estado
Tarja Halonen
Jefe del gobierno
Jyrki Katainen (sustituyó a Mari Kiviniemi en junio)
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
5,4 millones
Esperanza de vida
80 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
3,2 por cada 1.000

Se conocieron nuevos datos sobre la posible participación de Finlandia en los programas de entrega y detención secreta dirigidos por Estados Unidos. Se sometió a trato injusto a personas sujetas a procedimientos acelerados de determinación de los casos de asilo, que a menudo fueron recluidas en lugares inadecuados. Los servicios destinados a mujeres y niñas sobrevivientes de violencia seguían siendo insuficientes.

Personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

El procedimiento acelerado de determinación de los casos de asilo aplicado en virtud de la Ley de Extranjería seguía sin garantizar protección adecuada a los solicitantes, entre otras cosas porque no respetaba el derecho a interponer recurso contra el rechazo de la solicitud y permanecer en el país hasta su resolución.

En enero, tras una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos según la cual el sistema de concesión de asilo que aplicaba Grecia no era efectivo, Finlandia dejó de devolver solicitantes de asilo a este país en aplicación del Reglamento Dublín II (véase el apartado sobre Grecia).

En cambio se reanudaron las devoluciones a Bagdad, Irak, a pesar de que para las personas afectadas existía un peligro real de sufrir persecución u otros perjuicios graves a su regreso allí.

Las autoridades finlandesas no proporcionaron estadísticas completas y fiables sobre el número de migrantes irregulares y solicitantes de asilo detenidos durante el año. Sin embargo, seguía preocupando que muchas de estas personas estuvieran recluidas en centros de detención de la policía, lo que incumplía las normas internacionales. Muchas estaban en instalaciones mixtas para hombres y mujeres, junto a presuntos delincuentes. También se recluía a solicitantes de asilo menores de edad, incluso no acompañados.

En junio, el Comité de la ONU contra la Tortura expresó su preocupación por disposiciones de la Ley de Extranjería que permitían la reclusión preventiva de extranjeros si eran sospechosos de un delito.

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Violencia contra mujeres y niñas

Las víctimas de violencia seguían sin contar con servicios de apoyo suficientes, debido en parte a la persistente falta de legislación que obligara a los municipios a prestarles asistencia. Como consecuencia, no era posible cubrir sus necesidades en todo el país, ya que sólo dos centros ofrecían atención médica especializada a las víctimas de violación y no existían centros de atención integral sin cita previa.

Además, las casas refugio para víctimas de violencia intrafamiliar estaban financiadas por los servicios de protección infantil, por lo que principalmente acogían a mujeres con hijos y no aceptaban a mujeres con enfermedades mentales. Muchas personas vulnerables estaban expuestas a sufrir más violencia aún por este motivo.

Se expresó preocupación por el presupuesto de 14 millones de euros propuesto para el Plan Nacional de Acción dirigido a prevenir la violencia contra las mujeres, acordado en 2010. Las organizaciones de la sociedad civil argumentaron que no era suficiente para garantizar la aplicación íntegra y efectiva del Plan.

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Seguridad y medidas antiterroristas

Se conocieron nuevos datos sobre aviones que habían aterrizado en Finlandia entre 2001 y 2006 en relación con los programas de entrega y detención secreta dirigidos por Estados Unidos. Uno de ellos había sido fotografiado en el aeropuerto de Helsinki-Vantaa el 20 de septiembre de 2004, el mismo día que, según los informes, había aterrizado en Lituania. El gobierno lituano reconoció que se habían establecido dos lugares secretos de la CIA en el país entre 2002 y 2004. Con anterioridad se había relacionado a Finlandia con tres vuelos de entrega y con “planes de vuelo ficticios”.

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Justicia internacional

En septiembre comenzaron las actuaciones ante el Tribunal de Apelación de Helsinki sobre la causa de François Bazaramba, que había sido declarado culpable de crímenes de genocidio cometidos en Ruanda en 1994. Algunas de las vistas se celebraron en Ruanda y Tanzania para facilitar la presentación de los testimonios de los testigos y permitir que los jueces visitaran los lugares relacionados con el caso.

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Presos de conciencia

Continuó el encarcelamiento de objetores de conciencia al servicio militar por negarse a realizar el servicio civil alternativo, cuya duración seguía teniendo carácter punitivo y discriminatorio: 362 días, más del doble de los 180 que duraba el servicio militar.

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