Francia - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República Francesa

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Francia is now live »

Jefe del Estado : Nicolas Sarkozy (sustituyó a Jacques Chirac en mayo)
Jefe del gobierno : François Fillon (sustituyó a Dominique de Villepin en mayo)
Pena de muerte : abolicionista para todos los delitos
PoblaciÓn : 60,9 millones
Esperanza de vida : 80,2 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 6/5 por cada 1.000

Se conculcaron y debilitaron los derechos de personas refugiadas y solicitantes de asilo. Continuaron las denuncias de malos tratos policiales. Las autoridades tomaron medidas para garantizar que el derecho a una vivienda adecuada fuese legalmente exigible.

Migración, solicitantes de asilo y personas refugiadas

Tras la elección de un nuevo gobierno en mayo, la responsabilidad en materia de protección de refugiados –incluida la supervisión de la Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apátridas, agencia gubernamental encargada de determinar la condición de persona refugiada– se trasladó al recién creado Ministerio de Inmigración, Integración, Identidad Nacional y Codesarrollo. La medida pudo dar lugar a violaciones de los derechos de personas refugiadas y solicitantes de asilo al difuminar la distinción entre política de inmigración y obligaciones en materia de asilo.

El 21 de noviembre entró en vigor una nueva ley sobre inmigración, integración y asilo que restringía el derecho a la reunificación familiar e introducía la realización de pruebas de ADN para verificar el parentesco. Esta ley fue ampliamente criticada, entre otros por el Comité Consultivo Nacional de Ética, por razones de derechos humanos.

  • El 26 de abril, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que Francia había vulnerado el principio de no devolución (non-refoulement) y el derecho a un recurso nacional efectivo al resolver que se devolviera al solicitante de asilo eritreo Asebeha Gebremedhin a su país de origen desde la frontera francesa en 2005 antes de que el recurso contra la desestimación de su solicitud fuese estudiado. El tribunal señaló que Francia tenía la obligación, contraída en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de garantizar el derecho a interponer recurso con efecto suspensivo antes de devolver a una persona a un país donde pudiera correr peligro de tortura u otros malos tratos graves. La nueva ley de inmigración ciertamente introducía el derecho a interponer recurso con efecto suspensivo (en virtud del cual una persona no podía ser devuelta en tanto no se hubiera adoptado una decisión sobre su recurso), pero incluía importantes restricciones; por ejemplo, establecía un plazo de 48 horas para presentar el recurso y la posibilidad de que el juez lo desestimase sin interrogar al solicitante en persona en caso de que considerase que el recurso carecía por completo de fundamento. 
  • El 11 de mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura concluyó que Francia había violado la Convención contra la Tortura al expulsar a un solicitante de asilo a Túnez en aplicación de un procedimiento acelerado de asilo. Adel Tebourski había sido devuelto a Túnez desde Francia en agosto de 2006 tras salir de prisión. La solicitud de asilo que presentó al verse privado de la doble nacionalidad franco-tunecina fue rechazada en virtud del procedimiento acelerado. Lo devolvieron a Túnez antes de la vista de su recurso y a pesar de la petición del Comité contra la Tortura a Francia para que suspendiera la expulsión mientras el Comité examinaba el caso.
  • El 3 de junio, el solicitante de asilo tunecino Houssine Tarkhani fue devuelto a Túnez desde Francia. En mayo lo había interrogado un juez en relación con presuntas actividades relacionadas con el terrorismo, pero en ningún momento fue acusado de delito alguno. Al descubrir la clase de sospechas que pesaban sobre él, presentó la solicitud de asilo, que fue rechazada en virtud del procedimiento acelerado. Interpuso entonces un recurso ante la Comisión de Recursos de Refugiados, pero antes de que ésta tomara una decisión lo devolvieron a Túnez. A su llegada a ese país, Houssine Tarkhani fue detenido y, según informes, conducido al Departamento de Seguridad del Estado de la ciudad de Túnez, donde permaneció en régimen de incomunicación y fue torturado antes de que se le imputaran varios delitos de terrorismo de ambigua definición.

Malos tratos policiales

Hubo denuncias de malos tratos a manos de la policía a lo largo de todo el año. Ni los organismos internos encargados de investigar ni los tribunales penales atendieron las denuncias de violaciones de derechos humanos perpetradas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con la exhaustividad, prontitud e imparcialidad que exige el derecho internacional.

  • En agosto, Albertine Sow presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Ética de la Seguridad en relación con un suceso ocurrido en agosto de 2006, en el cual fue presuntamente maltratada por agentes de policía cuando estaba embarazada de seis meses. En noviembre de 2006, la fiscalía había archivado la querella que Albertine había interpuesto contra los agentes sin llevar a cabo una investigación, a pesar de que numerosas declaraciones de testigos e informes médicos corroboraban su denuncia. Al terminar el año seguía abierta la investigación sobre los cargos contra Albertine Sow y su hermano Jean-Pierre Yenga Fele por agresión a agentes de la autoridad.
  • En septiembre, la jueza de instrucción cerró la investigación sobre la denuncia de malos tratos policiales presentada por Gwenaël Rihet en enero de 2005, aduciendo falta de pruebas. El periodista Gwenaël Rihet fue presuntamente agredido por un agente de policía el 15 de mayo de 2004, cuando filmaba una manifestación durante el Festival de Cine de Cannes. Aunque los hechos se habían grabado en vídeo, la jueza se negó a ver la grabación argumentando que había leído una transcripción del vídeo efectuada por la Inspección General de la Policía Nacional. En la transcripción se afirmaba que el vídeo no aportaba ninguna prueba de actuación indebida por parte del agente de policía acusado. Además, la oficina de la jueza de instrucción extravió una cinta de vídeo que contenía imágenes de una cámara municipal de seguridad, que también se pensaba que había registrado los hechos. El recurso interpuesto por el representante letrado de Gwenaël Rihet contra el cierre de la investigación seguía pendiente al terminar el año.

«Guerra contra el terror»

El 19 de diciembre, cinco ciudadanos franceses devueltos a Francia en 2004 y 2005 desde Guantánamo, donde habían estado privados de libertad bajo custodia estadounidense, fueron declarados culpables de asociación de malhechores en relación con una actividad terrorista y se les impuso una pena de un año de cárcel –plazo que se consideraba cumplido– más una condena condicional de entre tres y cuatro años. Otro hombre fue absuelto. Los acusados habían comparecido ante el Tribunal Correccional de París en julio de 2006, pero se había suspendido la causa al ordenar el juez que se aportara más información relativa a las visitas a Guantánamo realizadas por funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de los servicios secretos franceses en 2002 y 2004, en las que al parecer habían interrogado a los seis detenidos. Según la información recibida, documentos anteriormente confidenciales que se entregaron al juez confirmaron que, en efecto, los detenidos habían sido interrogados por funcionarios franceses. Los abogados de los acusados argumentaron que la comparecencia de sus clientes ante el tribunal francés se basaba en unas declaraciones que éstos habían hecho en Guantánamo, al margen de toda jurisdicción legal y estando sometidos a detención ilegal, y que, por tanto, debían declararse nulas las actuaciones penales francesas. Cuatro de los hombres habían interpuesto un recurso al acabar el año.

Avances legislativos

El 30 de octubre se aprobó una nueva ley por la que se instituía un organismo independiente encargado de inspeccionar los lugares de detención, como exige el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Dicho organismo podía visitar todos los lugares de detención situados en territorio francés, incluidos prisiones, centros de detención de inmigrantes, centros de detención fronterizos y unidades psiquiátricas hospitalarias de seguridad, pero no estaba facultado para visitar lugares de detención bajo jurisdicción francesa que no estuvieran en territorio francés. Además, la nueva ley permitía que las autoridades de los centros de detención denegasen o aplazasen las visitas por motivos muy diversos.

Pena de muerte

Francia se adhirió el 2 de octubre al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, y ratificó el 10 de octubre el Protocolo núm. 13 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo a la abolición de la pena de muerte en toda circunstancia.

Vivienda

En febrero, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley presentado por el ministro de Empleo, Cohesión Social y Vivienda con el propósito declarado de establecer el derecho legalmente exigible a la vivienda para todos los residentes legales en el país que no tuviesen acceso a un alojamiento o no pudiesen conservarlo por falta de medios. Este proyecto de ley establecía «comisiones de mediación» que se encargarían de examinar las denuncias por violaciones o amenazas al derecho de toda persona a una vivienda adecuada. Las personas cuyos casos fuesen clasificados como «casos prioritarios» por estas comisiones tendrían derecho a recurrir ante el tribunal administrativo. Las personas migrantes irregulares quedaban expresamente excluidas de los beneficios que comportaban las nuevas disposiciones.

Informe de Amnistía Internacional

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