Francia

Human Rights in República Francesa

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Francia is now live »

Jefe del Estado Nicolas Sarkozy
Jefe del gobierno François Fillon
Pena de muerte abolicionista para todos los delitos
Población 61,9 millones
Esperanza de vida 80,2 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 6/5 por cada 1.000

Continuaron las denuncias de malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluido al menos un incidente en el que resultó muerta una persona. Los procedimientos para investigar esos incidentes y llevar a los responsables ante la justicia siguieron sin cumplir las normas internacionales. El Comité de Derechos Humanos de la ONU criticó las condiciones de reclusión en los centros de detención para migrantes irregulares. Los solicitantes de asilo cuya demanda se estudiaba con arreglo al procedimiento acelerado seguían corriendo riesgo de ser expulsados mientras se encontraban a la espera de una decisión. Francia devolvió a un hombre a Argelia e intentó devolver a otro a pesar del riesgo que corrían de sufrir violaciones graves de derechos humanos. El principio de presunción de inocencia se vio socavado por una nueva legislación que autorizaba la «detención preventiva» durante un periodo renovable indefinidamente y por un decreto que permitía a la policía recabar amplia información personal sobre individuos a los que se consideraba una posible amenaza para el orden público.

Policía y fuerzas de seguridad

Continuaron las denuncias de malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Ni los órganos encargados de hacer cumplir la ley ni las autoridades judiciales investigaron esas denuncias de acuerdo con las normas internacionales, lo que creó un clima de impunidad de hecho. El Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por las denuncias de malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley contra solicitantes de asilo y migrantes irregulares en los centros de detención, y por la ausencia de investigaciones y penas adecuadas en relación con esas violaciones de derechos humanos.

El 22 de septiembre el ministro del Interior autorizó a los agentes de la policía municipal el uso de dispositivos de energía conducida. Anteriormente, sólo los agentes del cuerpo nacional de policía estaban autorizados a utilizar este tipo de armas.

Homicidio ilegítimo

  • El 9 de mayo, Abdelhakim Ajimi murió en la localidad de Grasse durante su detención. Unos agentes de policía lo detuvieron e inmovilizaron después de un altercado en una entidad bancaria donde él había intentado retirar dinero. Se abrió una investigación judicial sobre el incidente, que al terminar el año no había concluido. Según el informe de la autopsia, Abdelhakim Ajimi falleció por asfixia causada por las técnicas de inmovilización que se utilizaron contra él. Varios testigos presenciales afirmaron que la policía había hecho uso de fuerza excesiva. Los agentes implicados seguían en activo al concluir el año.

Impunidad

  • En julio, la fiscalía cerró la investigación sobre las denuncias de malos tratos formuladas por Josiane Ngo. Al parecer, la policía le había propinado patadas y puñetazos y la había arrastrado por el suelo en julio de 2007, cuando estaba embarazada de ocho meses. El incidente tuvo lugar en la calle, delante de un gran número de testigos. Josiane Ngo pasó la noche bajo custodia policial, pero al día siguiente la pusieron en libertad sin cargos. Tras un examen médico, se le reconoció la incapacidad laboral durante un periodo de 10 días a consecuencia de sus lesiones.
"Las autoridades francesas siguieron devolviendo a personas a países donde corrían riesgo de sufrir tortura u otras violaciones graves de derechos humanos."

Personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo

El Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por los informes relativos al hacinamiento, la falta de instalaciones para la higiene personal y la atención alimentaria y médica insuficiente que padecían los migrantes irregulares y los solicitantes de asilo –incluidos menores de edad no acompañados– que permanecían recluidos. Pidió a Francia que revisase su política en materia de detención y mejorase las condiciones de vida en los centros de detención, especialmente en los departamentos y territorios de ultramar. En diciembre, Amnistía Internacional y un medio de comunicación francés recibieron fotografías y un fragmento de vídeo, enviados anónimamente, que documentaban las condiciones inhumanas en el centro de detención para migrantes del territorio de ultramar francés de Mayotte. En el material enviado se apreciaban el grave hacinamiento, la escasez de higiene y las deficientes instalaciones médicas.

En abril, la Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apátridas, agencia gubernamental encargada de determinar el estatuto de refugiado, informó de que el índice de solicitudes de asilo reconocidas había llegado casi al 30 por ciento en 2007, una de las tasas más elevadas de los últimos años. En contraste, el número de nuevas solicitudes de asilo había seguido disminuyendo, y había pasado de 26.369 en 2006 a 23.804 en 2007.

El 3 de julio, varios miembros del Parlamento presentaron un proyecto de ley para reformar el derecho de apelación ante el Tribunal Nacional de Derecho de Asilo para los solicitantes de asilo cuyas peticiones se estuvieran examinando con arreglo al procedimiento acelerado. En virtud de la nueva propuesta, los solicitantes de asilo que estuvieran recurriendo una decisión adoptada mediante el procedimiento acelerado no podían ser devueltos a su país de origen mientras el recurso no se hubiera resuelto. El proyecto de ley no recibió el apoyo del gobierno.

Seguridad y medidas antiterroristas

En julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por la legislación antiterrorista aprobada en 2006 y pidió a Francia que garantizase a todos los detenidos el acceso inmediato a un abogado y su comparecencia sin demora ante un juez. Las autoridades francesas siguieron devolviendo a personas a países donde corrían riesgo de sufrir tortura u otras violaciones graves de derechos humanos.

  • El 14 de abril, Rabah Kadri, ciudadano argelino, fue liberado de la prisión de Val de Reuil. Había cumplido la condena que le fue impuesta el 16 de diciembre de 2004 por el Tribunal Correccional de París por participación en una conspiración terrorista para atentar con bombas en el mercado de Navidad de la ciudad de Estrasburgo en 2000. Fue condenado a seis años de prisión, seguidos de su expulsión permanente del territorio francés. Inmediatamente después de salir de prisión, Rabah Kadri fue puesto bajo custodia policial y devuelto a Argelia por vía marítima el 15 de abril. Llegó a Argelia el 16 de abril y fue entregado a las autoridades argelinas, que lo mantuvieron recluido en régimen de incomunicación durante 12 días en un lugar no revelado.
  • El 21 de abril, Kamel Daoudi fue liberado de la prisión de La Santé después de cumplir su condena, e inmediatamente fue puesto bajo custodia en espera de su devolución a Argelia. En 2005 lo habían declarado culpable de «asociación criminal en relación con una actividad terrorista» y de falsificación de documentos oficiales, y lo habían condenado a seis años de cárcel seguidos de su expulsión permanente del territorio francés. De origen argelino, Kamel Daoudi había adquirido la nacionalidad francesa, aunque en 2002 fue despojado de ella debido a las denuncias sobre su relación con grupos terroristas, pese a que el proceso penal contra él aún no había concluido en aquel entonces. Tras una petición presentada por su abogado, el 23 de abril el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó a las autoridades francesas que suspendiesen el procedimiento de expulsión mientras el Tribunal estudiaba si Kamel Daoudi correría riesgo de tortura u otros malos tratos en caso de ser devuelto a Argelia. Al concluir el año, Kamel Daoudi vivía bajo las condiciones impuestas por una «orden de confinamiento» –que restringía sus movimientos a ciertas áreas de Francia y le obligaba a presentarse regularmente en una comisaría–, en espera de la decisión del Tribunal Europeo.

Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

Detención preventiva

El 7 de febrero se aprobó una nueva legislación en materia de «detención preventiva» que permitía que las personas que habían sido declaradas culpables de ciertos delitos fuesen detenidas, una vez cumplida su condena, durante periodos de un año renovables indefinidamente, si se estimaba que eran peligrosas y que presentaban un elevado riesgo de reincidencia. En la práctica, esta legislación permitía la ampliación indefinida de la condena de prisión impuesta en el juicio, lo cual violaba el derecho a la libertad, la prohibición de la detención arbitraria y la presunción de inocencia. El Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió que la legislación fuese revisada.

Archivos policiales con datos personales

Un decreto publicado el 1 de julio, vinculado a la creación de la Dirección Central de la Seguridad Pública, autorizaba la recopilación de datos nuevos de carácter personal por parte de la policía y los servicios de seguridad en el denominado «fichero EDVIGE» (Explotación Documental y Valorización de la Información General). En estos archivos se recogería y almacenaría información sobre las personas mayores de 13 años «susceptibles de alterar el orden público» y se incluirían, entre otros, datos sobre la salud y la orientación sexual de la persona. Tras una oleada de protestas y varias sesiones de debate ante la comisión legislativa parlamentaria, el ministro del Interior propuso una versión revisada del texto que, en diciembre, seguía siendo examinada por la Comisión Nacional de Informática y de las Libertades.

Inspector general de los centros de detención

El 11 de junio, el Consejo de Ministros nombró a Jean-Marie Delarue inspector general de los centros de detención, de acuerdo con los requisitos que establecía el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura. En julio, el Parlamento aprobó legislación que permitiría a Francia ratificar el Protocolo Facultativo.

Defensor de los derechos

El 21 de julio se aprobó una nueva ley constitucional destinada a reformar ciertos aspectos del sistema político y de la administración pública. La legislación creó una nueva institución de ámbito nacional para la protección de los derechos humanos, conocida como el «Defensor de los derechos». Al concluir el año, aún estaba por determinar el mandato exacto de esta institución, pero se preveía que sustituyera a algunos organismos existentes, entre ellos la Comisión Nacional de Deontología de la Seguridad (CNDS), responsable de la supervisión independiente de los órganos encargados del cumplimiento de la ley. Preocupaba que esta medida pudiera dar lugar a una pérdida de especialización, conocimientos y recursos para llevar a cabo el trabajo de la CNDS, y que incluso restringiera sus capacidades, produciendo un impacto negativo en la supervisión independiente y eficaz de los órganos encargados del cumplimiento de la ley.

Visitas de Amnistía Internacional

Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Francia en marzo y mayo.

Informes de Amnistía Internacional

Francia: Grabar los interrogatorios no basta; se necesitan más salvaguardias para los derechos de las personas detenidas (3 junio 2008)
France: Briefing to the Human Rights Committee (en inglés, 17 junio 2008)

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