Francia - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República Francesa

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Francia is now live »

Jefe del Estado
Nicolas Sarkozy
Jefe del gobierno
François Fillon
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
62,3 millones
Esperanza de vida
81 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
5/4 por cada 1.000

Continuaron las denuncias de malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Los procedimientos disciplinarios y las investigaciones criminales sobre estos incidentes siguieron distando de cumplir las normas internacionales. Cientos de migrantes y solicitantes de asilo, entre los que había menores de edad no acompañados, fueron desalojados a la fuerza de campamentos improvisados en Calais. Se devolvió a Afganistán a tres ciudadanos afganos. Se concedió la residencia en Francia a dos hombres que habían estado detenidos en Guantánamo. Existía preocupación por la introducción de dos nuevas bases de datos policiales que podían socavar la presunción de inocencia. Varias reformas legislativas amenazaban con debilitar la supervisión independiente de los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley.

Policía y fuerzas de seguridad

Hubo denuncias de malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, incluido al menos un caso con consecuencias mortales. Las investigaciones realizadas por los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las autoridades judiciales sobre esas denuncias a menudo parecieron carecer de independencia e imparcialidad y avanzaron con lentitud.

  • Ali Ziri, argelino de 69 años, murió tras ser detenido el 9 de junio en Argenteuil. Viajaba en el automóvil de un amigo cuando la policía les dio el alto. Su amigo, Arezki Kerfali, dijo que los agentes de policía los habían golpeado allí mismo y también de camino a la comisaría de policía. Posteriormente los llevaron al hospital, donde Ali Ziri murió. Un mes después, el fiscal archivó la investigación sobre su muerte aduciendo que, a tenor de las investigaciones de la policía de Argenteuil, no había indicios de malos tratos. Arezki Kerfali estuvo dos días hospitalizado debido a las lesiones sufridas, y posteriormente fue acusado de insultar a un agente de policía. A raíz de las reclamaciones de la familia de Ali Ziri, la causa se asignó a una jueza instructora, quien encargó una segunda autopsia al Instituto Médico Legal de París. El Instituto constató la presencia de múltiples contusiones en el cadáver de Ali Ziri y estableció que la causa probable de la muerte había sido asfixia postural. En octubre, la fiscalía solicitó más investigación sobre cargos de homicidio involuntario. Los agentes de policía implicados seguían en servicio activo al final del año.
  • En julio, expertos del Instituto Médico Legal concluyeron su examen de la ficha hospitalaria de Abou Bakari Tandia, que había muerto por lesiones mortales sufridas cuando estaba bajo custodia policial en enero de 2005. El informe de los expertos establecía que la muerte le había sobrevenido tras ser sacudido violentamente y que las pruebas médicas contradecían la versión policial de que él mismo se había lanzado contra una pared. La ficha hospitalaria y otras pruebas importantes estuvieron “perdidas” durante varios años y hasta enero de 2009 no se remitieron a la jueza instructora. Aunque la fiscalía solicitó que continuara la investigación sobre la muerte de Abou Bakari Tandia, al final del año la jueza no había tomado ninguna medida.
  • En octubre, el Tribunal de Apelación de Aix-en-Provence ordenó a los jueces que investigaban la muerte de Abdelhakim Ajimi que interrogaran a dos agentes de policía como sospechosos de homicidio involuntario y, a uno de ellos, de denegación de auxilio a una persona en peligro. En marzo, otros cinco agentes habían sido interrogados por presunta denegación de auxilio a Abdelhakim Ajimi. El informe de la autopsia establecía que Abdelhakim Ajimi se había asfixiado debido a las técnicas de inmovilización empleadas por los agentes en mayo de 2008. La investigación seguía abierta al término del año.

El 15 de junio, la entonces ministra del Interior anunció que se harían públicos los informes anuales de la Inspección General de la Policía Nacional. Sin embargo, al final del año esa información seguía sin estar disponible en el sitio web de la policía nacional, y sólo era posible obtener un resumen estadístico previa solicitud.

En septiembre, el Consejo de Estado suspendió el uso de armas de electrochoque por las fuerzas de policía local y resolvió que estas armas, aprobadas mediante decreto gubernamental en septiembre de 2008, se habían introducido sin formación ni garantías suficientes. Tanto la policía nacional como la gendarmería seguían utilizándolas.

Derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo

En mayo, el ministro de Inmigración, Integración, Identidad Nacional y Codesarrollo defendió la introducción de una reforma que podía limitar el papel de las seis ONG designadas para trabajar en los centros de detención de inmigrantes. La ONG Cimade impugnó la medida por considerar que limitaba su función a proporcionar información únicamente y le impedía prestar asistencia jurídica a los inmigrantes detenidos. En noviembre, el Consejo de Estado ratificó la reforma.

En septiembre, el ministro de Inmigración afirmó que se habían asignado 20 millones de euros a la construcción de un centro de detención de inmigrantes en el territorio francés de ultramar de las islas Mayotte, aunque no dio un plazo para ello. En diciembre de 2008 se habían publicado de forma anónima unas fotografías que mostraban las graves condiciones de hacinamiento y falta de higiene en el centro existente.

El 22 de septiembre, la policía detuvo a unos 300 migrantes y solicitantes de asilo que vivían en campamentos levantados en torno a Calais. Se pensaba que en su mayoría eran afganos que intentaban llegar a Reino Unido. Sus alojamientos improvisados fueron demolidos por excavadoras. Según declaraciones policiales, 140 adultos fueron puestos bajo custodia policial y trasladados a centros de detención de inmigrantes, y 132 menores de edad fueron conducidos a centros especiales de alojamiento. Al término del año se informó de que todos los adultos habían quedado en libertad; al parecer, muchos regresaron a los campamentos destruidos de Calais. La mayoría de las personas liberadas se habían quedado sin refugio como consecuencia de la demolición. A algunos se les concedió asilo posteriormente y otros esperaban el resultado de su solicitud al concluir el año. El resto se quedó en Francia en situación irregular, en peligro constante de devolución a sus países de origen. Entre octubre y diciembre se llevaron a cabo más operaciones policiales en campamentos más pequeños alrededor de Calais.

Tres ciudadanos afganos, uno de ellos detenido en Calais, fueron devueltos a Afganistán en octubre.

Seguridad y medidas antiterroristas

El 3 de diciembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió, en la causa Daoudi v. France, que la expulsión a Argelia de un hombre condenado por delitos de terrorismo lo pondría en peligro de sufrir tortura y otros malos tratos y constituiría una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Detenidos de Guantánamo

Francia concedió la residencia a dos ciudadanos argelinos, Lakhdar Boumediene y Saber Lahmar, que habían permanecido recluidos en el centro de detención estadounidense de Guantánamo. Un juez de Estados Unidos había absuelto a ambos de todos los cargos en su contra en noviembre de 2008, pero no podían regresar a Argelia porque allí corrían peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos. Lakhdar Boumediene llegó a Francia en mayo y se reunió con su esposa y sus hijos. Saber Lahmar llegó al país en diciembre.

Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

El 18 de octubre, el gobierno autorizó el uso de dos nuevas bases de datos policiales para reunir información sobre personas que presuntamente representaban una amenaza para el orden público. Las nuevas bases iban a sustituir la polémica base de datos EDVIGE, introducida en julio de 2008, que incluía información sobre menores de edad e información personal relativa a cuestiones de salud y orientación sexual. Sin embargo, persistían los motivos de preocupación por el alcance de la información personal recopilada sobre personas no acusadas de delito alguno, incluidos niños y niñas hasta de tan sólo 13 años, y por la imprecisión de los criterios de inclusión en la base, como “posible amenaza para la seguridad pública”.

En septiembre, la ministra de Justicia presentó al Consejo de Ministros varios anteproyectos de ley que proponían la fusión del Mediador de la República, el Defensor de la Infancia y la Comisión Nacional de Deontología de la Seguridad (Commission nationale de déontologie de la sécurité, CNDS), responsable de la supervisión independiente de los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley, para formar la nueva institución del Defensor de los Derechos. Preocupaba que esta medida pudiera afectar negativamente al trabajo de la CNDS y otros órganos.

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