Seguían denunciándose casos de malos tratos policiales, y las investigaciones sobre
tales denuncias avanzaban lentamente. Se estaba examinando un anteproyecto de ley
sobre migración y asilo que era incompatible con el derecho a solicitar asilo. El
Consejo Constitucional determinó que las normas sobre detención preventiva por delitos
comunes eran inconstitucionales. Las comunidades romaní y nómada estaban estigmatizadas
y eran víctimas de desalojos forzosos y expulsiones.
En sus observaciones finales, formuladas el 14 de mayo de 2010, el Comité de la ONU
contra la Tortura manifestó su preocupación por las constantes denuncias de malos
tratos infligidos por agentes del orden público franceses, e instó a las autoridades
a garantizar que toda denuncia de malos tratos era objeto sin demora de una investigación
transparente e independiente y que los autores eran debidamente sancionados.
El 4 de noviembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó, en la causa
Darraj v. France, que Francia había vulnerado la prohibición de la tortura y otros malos tratos contenida
en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En julio de 2001, Yassine Darraj, ciudadano
francés de 16 años de edad, había sido trasladado a una comisaría para comprobar su
identidad. Allí unos agentes de policía lo habían esposado y habían empleado tanta
fuerza contra él que había necesitado una intervención quirúrgica de urgencia, lo
que lo había incapacitado para trabajar durante 21 días. El Tribunal resolvió que
la multa de 800 euros por “lesiones involuntarias” impuesta en apelación a dos de
los agentes de policía no era suficiente.
Las investigaciones sobre muertes bajo custodia parecían carecer de independencia
e imparcialidad y avanzaban con lentitud.
El 17 de mayo, la Comisión Nacional de Deontología de la Seguridad pidió que se abriese
un procedimiento disciplinario contra unos agentes de policía que presuntamente habían
hecho uso desproporcionado de la fuerza contra Ali Ziri, argelino de 69 años de edad,
tras su detención en Argenteuil el 9 de junio de 2009. Ali Ziri viajaba en el automóvil
de un amigo suyo cuando la policía les había dado el alto. El amigo, Arezki Kerfali,
afirmaba que los agentes les habían propinado una paliza y que habían tenido que llevar
a ambos al hospital, donde Ali Ziri había fallecido. Arezki Kerfali fue acusado de
insultar a un agente de policía, y estaba previsto que la vista se celebrase el 24
de junio, pero se aplazó en espera de que se tomara una decisión sobre el caso de
Ali Ziri.
En marzo, la jueza que instruía la investigación sobre la muerte de Abou Bakari Tandia,
fallecido en enero de 2005 a consecuencia de lesiones sufridas bajo custodia policial,
interrogó a tres peritos médicos forenses que en julio de 2009 habían elaborado un
informe que contradecía la versión de los hechos ofrecida por la policía. Los peritos
habían determinado que se había producido un altercado entre Abou Bakari Tandia y
los agentes de policía encargados de su custodia, lo que ponía aún más en tela de
juicio la afirmación de éstos de que se había causado las lesiones él mismo al arrojarse
contra la pared de la celda. En noviembre, la jueza interrogó a los agentes de policía
como testigos de lo ocurrido.
En septiembre, el Tribunal de Apelación de Aix-en-Provence revocó la decisión de las
juezas instructoras de archivar la investigación abierta contra dos agentes de policía
sospechosos del homicidio involuntario de Abdelhakim Ajimi, que había muerto al ser
inmovilizado por la policía durante su detención en mayo de 2008. En abril, la Comisión
Nacional de Deontología de la Seguridad había recomendado que se abriese un procedimiento
disciplinario contra los agentes por haber hecho uso desproporcionado e innecesario
de la fuerza.
Más de un año después del inicio de una investigación penal sobre el “homicidio involuntario”
de Mohamed Boukrourou, aún no se había interrogado a los agentes de policía que habían
practicado su detención ni se había abierto ningún procedimiento disciplinario contra
ellos. El 12 de noviembre de 2009, a raíz de una discusión que Mohamed Boukrourou
había mantenido con la farmacia local, cuatro agentes de policía lo habían detenido
y, tras esposarlo, le habían pedido que los acompañara. Según testigos, al negarse
él a hacerlo, los agentes lo habían sacado a rastras de la farmacia y arrojado al
interior de una furgoneta policial, donde le habían propinado golpes y patadas. Menos
de dos horas después, Mohamed Boukrourou había muerto. Sus familiares afirmaban que,
cuando vieron el cadáver, éste tenía la cara llena de magulladuras, el labio partido
y la mejilla desgarrada. Sendos informes periciales, uno elaborado en noviembre de
2009 a instancias de la Fiscalía y otro en junio de 2010 a petición de la familia,
indicaban que las lesiones que se apreciaban en el cuerpo podían deberse a una paliza
y apuntaban a una insuficiencia cardiaca como causa probable de la muerte. En ambos
informes se habían solicitado nuevos exámenes médicos a fin de esclarecer las circunstancias
de la muerte, cuyos resultados seguían pendientes al terminar el año. La Comisión
Nacional de Deontología de la Seguridad y la Inspección General de la Policía también
habían abierto investigaciones en noviembre y diciembre de 2009, respectivamente,
que seguían su curso.
El 26 de febrero, el Tribunal de Casación ordenó repetir el juicio por delitos de
terrorismo de cinco ciudadanos franceses que habían estado recluidos en Guantánamo
y habían sido trasladados a Francia en 2004 y 2005. En febrero de 2009, el Tribunal
de Apelación de París había revocado la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal
Penal de París por “asociación de malhechores en relación con actividades terroristas”
porque este tribunal había utilizado de forma ilegal información –facilitada por los
servicios de inteligencia franceses– obtenida en interrogatorios llevados cabo cuando
estos hombres estaban recluidos en Guantánamo.
En julio, el Consejo de Estado anuló parcialmente una decisión de la junta directiva
de la Oficina Francesa de Protección de los Refugiados y Apátridas por la que se calificaba
de “seguros” 17 países en el examen de las solicitudes de asilo. Las solicitudes de
personas procedentes de países “seguros” se estudiaban con arreglo a un procedimiento
acelerado, en función del cual se podía devolver al solicitante sin examinar su recurso
de apelación. El Consejo de Estado decidió que Armenia, Madagascar y Turquía no cumplían
los criterios necesarios en materia de derechos humanos para formar parte de la lista
de países “seguros” y que Malí era seguro para los hombres, aunque no para las mujeres.
Desde septiembre se estaba examinando en el Parlamento un anteproyecto de ley sobre
migración y asilo que era incompatible con las normas internacionales de derechos
humanos. Con arreglo a él, si se interceptaba cerca de la frontera francesa a un
grupo de 10 o más migrantes irregulares, se los debía recluir en una “zona de retención”
situada entre el lugar donde se había practicado la detención y la frontera. Se estudiaban
sus solicitudes de entrada en el resto de Francia para pedir asilo y, si se consideraba
que eran “manifiestamente infundadas”, eran devueltos a sus países de origen, y disponían
de tan sólo 48 horas para impugnar la decisión.
En junio, el Senado comenzó a estudiar un anteproyecto de ley sobre el mandato y las
atribuciones de la nueva institución del Defensor de los Derechos, en la que se fusionarían
la Comisión Nacional de Deontología de la Seguridad, el Defensor de la Infancia, el
Mediador de la República, la Alta Autoridad de Lucha contra la Discriminación y por
la Igualdad y el Inspector General de los Lugares de Privación de Libertad. Se temía
que a consecuencia de esta fusión se perdiesen los conocimientos e independencia de
estas instituciones.
El 30 de julio, el Consejo Constitucional resolvió que la ley relativa a la detención
preventiva (garde à vue) era inconstitucional porque no garantizaba a los detenidos derechos de defensa como
la asistencia efectiva de un abogado y la necesidad de informarlos de su derecho a
guardar silencio. No obstante, en la resolución se afirmaba que la ley seguiría en
vigor hasta el 1 de julio de 2011. El Consejo no examinó normas aún más restrictivas,
aplicables a las personas sospechosas de participar en actividades terroristas, delincuencia
organizada grave o narcotráfico.
El gobierno aprobó en octubre una propuesta posterior de modificación del sistema
de detención preventiva, que no atendía todos los motivos de preocupación en materia
de derechos humanos. Unos días después, el Tribunal de Casación resolvió que todo
el sistema de detención preventiva era ilegítimo, incluso las disposiciones aplicables
a las personas sospechosas de participar en actividades terroristas, delincuencia
organizada grave o narcotráfico.
Las autoridades estigmatizaban a las comunidades romaní y nómada. Durante una reunión
ministerial celebrada en julio con objeto de hablar de “los problemas relacionados
con las conductas de algunos romaníes y nómadas”, el presidente Nicolas Sarkozy se
refirió a los “campamentos ilegales” habitados por personas de etnia romaní como focos
de delincuencia y pidió al gobierno que los desmantelase en el plazo de tres meses.
El 5 de agosto, el Ministerio del Interior ordenó a los prefectos desmantelar sistemáticamente
los “campamentos ilegales”, dando prioridad de forma expresa a los habitados por personas
de etnia romaní, y llevar a cabo “la expulsión inmediata de los extranjeros en situación
irregular”. A raíz de su publicación en los medios de comunicación, esta orden fue
revocada y sustituida el 13 de septiembre por otra que se refería a “todo asentamiento
ilegal, con independencia de quiénes sean sus ocupantes”. No obstante, siguió suscitando
preocupación que la comunidad romaní estuviese marginada y fuese víctima de desalojos
forzosos y expulsiones. En septiembre, el gobierno presentó en el Parlamento una propuesta
legislativa encaminada a facilitar la expulsión de extranjeros, incluidos los ciudadanos
de la Unión Europea, que “abusen de su derecho a disfrutar de una estancia breve”
entrando y saliendo de Francia reiteradamente.
En agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial manifestó
su preocupación por las declaraciones políticas de carácter discriminatorio. Al Comité
le inquietaba también el aumento de los actos de violencia racista contra romaníes,
así como las dificultades que tenían los nómadas en su libertad de circulación, el
ejercicio del derecho de voto y el acceso a la educación y a una vivienda digna.
En octubre, el Consejo Constitucional resolvió que la ley aprobada por el Parlamento
en septiembre en virtud de la cual se prohibía llevar en público prendas que cubriesen
el rostro no restringía de manera desproporcionada los derechos individuales. El Consejo
determinó, no obstante, que esta prohibición no se podía aplicar en espacios públicos
dedicados al culto. Suscitó preocupación que la prohibición vulnerase el derecho a
la libertad de expresión y religión de las mujeres que decidiesen llevar el burkao el niqab como expresión de su identidad o creencias.
