Francia
Jefe del Estado
Nicolas Sarkozy
Jefe del gobierno
François Fillon
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
63,1 millones
Esperanza de vida
81,5 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
3,9 por cada 1.000

La nueva institución del Defensor de los Derechos empezó a funcionar. La investigación de las denuncias de tortura y otros malos tratos, incluidas muertes bajo custodia, aún era insuficiente. Continuaron los desalojos forzosos de romaníes. Entró en vigor la ley que prohibía vestir en público cualquier prenda que ocultase el rostro. Muchos solicitantes de asilo quedaron sin hogar y en la indigencia.

Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

En junio se designó el nuevo defensor de los Derechos en sustitución del mediador de la República, la defensora de la Infancia, la Comisión Nacional de Deontología de la Seguridad y la Alta Autoridad de Lucha contra la Discriminación y por la Igualdad. Persistió la preocupación de que la institución tendría dificultades para mantener los niveles de preparación e independencia que exigían las distintas funciones.

El 1 de junio entró en vigor la nueva ley sobre detención preventiva, que obligaba a informar a los detenidos de su derecho a guardar silencio y les permitía contar con la asistencia de un abogado en todo momento durante la detención y el interrogatorio. No obstante, el fiscal podía retrasar hasta 12 horas la presencia de un abogado por “razones imperiosas”, las entrevistas de los detenidos con sus abogados seguían sin poder durar más de 30 minutos y continuaba vigente el régimen especial de detención preventiva para sospechosos de terrorismo o delincuencia organizada, en virtud del cual podía retrasarse hasta 72 horas el acceso a un abogado.

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Tortura y otros malos tratos

El Código Penal seguía sin contener una definición de tortura acorde con la Convención de la ONU contra la Tortura y no se llevaron a cabo investigaciones inmediatas, independientes, imparciales y efectivas sobre las denuncias de malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

  • El juicio de Arezki Kerfali por injurias a un agente de policía –cargo que él negaba–, previsto para marzo de 2011, fue aplazado hasta marzo de 2012. No se investigó su denuncia por malos tratos contra los policías que lo habían detenido el 9 de junio de 2009 junto a su amigo Ali Ziri y que habían puesto a ambos bajo custodia. Ali Ziri había muerto a la mañana siguiente (véase infra) y Arezki Kerfali había estado ocho días de baja por incapacidad laboral como consecuencia de las lesiones sufridas bajo custodia de la policía. Al final del año aún padecía un profundo trauma psicológico.
  • Una jueza de instrucción examinó en septiembre la denuncia de Lamba Soukouna contra varios agentes de policía por los malos tratos que le habían infligido el 8 de mayo de 2008. Lamba Soukouna, aquejado de anemia drepanocítica –grave enfermedad genética–, afirmó que la policía le había dado una fuerte paliza cerca de su casa en Villepinte, barrio periférico de París, y que después del incidente había estado tres días hospitalizado. Seguía pendiente una investigación.
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Muertes bajo custodia

Los avances en la investigación de muertes bajo custodia policial continuaron siendo escasos y persistían los motivos de preocupación sobre la independencia de esas investigaciones.

  • En abril se realizaron exámenes complementarios que confirmaron que Ali Ziri, de 69 años, había muerto bajo la custodia de la policía el 9 de junio de 2009 por falta de oxígeno debido a las técnicas de inmovilización que le habían aplicado y a sus repetidos vómitos. En diciembre, la fiscalía de Pontoise solicitó el cierre del caso, a pesar de que no se había interrogado a los agentes de policía implicados en la detención y el traslado de Ali Ziri y Arezki Kerfali hasta la comisaría de policía de Argenteuil.
  • En abril se llevó a cabo la reconstrucción de la detención de Abou Bakari Tandia durante la noche del 5 al 6 de diciembre de 2004 en la comisaría de policía de Courbevoie. Abou Bakari había entrado en coma mientras estaba detenido y había muerto en el hospital el 24 de enero de 2005. El Instituto Médico Legal de París publicó un nuevo informe en junio que confirmaba que Abou Bakari Tandia había muerto por falta de oxígeno debido a la presión ejercida en su pecho por un agente de policía. Sin embargo, la jueza de instrucción solicitó en diciembre un sexto informe médico para determinar la causa de la muerte de Abou Bakari Tandia. El abogado de la familia pidió posteriormente que se transfiriese el caso a la jurisdicción de otro tribunal. Al terminar el año, el agente que había inmovilizado a Abou Bakari Tandia no había sido interrogado y seguía en su puesto.
  • También en abril se hizo la reconstrucción de la detención de Mohamed Boukrourou, que había muerto en el interior de una furgoneta policial el 12 de noviembre de 2009 en el curso de su detención en la localidad de Valentigney. El informe de la autopsia anterior concluía que la causa probable de su muerte había sido un ataque al corazón, constataba lesiones que podían haber sido causadas por terceros y solicitaba más exámenes médicos para esclarecer las circunstancias. Al final del año no se había interrogado como sospechosos a los cuatro agentes implicados en su detención. El defensor de los Derechos concluyó en diciembre que se había infligido “trato inhumano y degradante” a Mohamed Boukrourou y solicitó medidas disciplinarias contra los cuatro agentes.
  • En octubre se fijó para enero de 2012 la fecha del juicio contra siete agentes de policía implicados en la detención y el traslado de Abdelhakim Ajimi, muerto en mayo de 2008 durante su detención en la localidad de Grasse. Dos de los agentes estaban acusados de homicidio involuntario y los otros cinco de falta de asistencia a una persona en situación de peligro.
  • No avanzó la investigación de la muerte de Lamine Dieng, ocurrida el 17 de junio de 2007 en París durante su detención. En octubre estaba previsto realizar un “careo” entre su familia y los agentes de policía acusados, que ayudara a los investigadores a decidir si continuaban con el caso. Pero se suspendió por segunda vez sin que mediara una explicación ni se fijara una nueva fecha. Lamine Dieng había sido inmovilizado por los agentes de policía en la calle y posteriormente en un vehículo policial, donde había perdido el conocimiento y finalmente había muerto de asfixia mecánica. Los agentes seguían en activo al terminar el año.
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Discriminación

Las organizaciones de derechos humanos siguieron documentando actos de discriminación contra miembros de minorías étnicas y religiosas.

Continuó la discriminación de la comunidad romaní, así como el desmantelamiento de sus campamentos y viviendas improvisadas mediante presuntos desalojos forzosos. El Comité Europeo de Derechos Sociales concluyó en junio que los desalojos de campamentos romaníes a mediados de 2010 habían tenido lugar “en un contexto de discriminación étnica, que llevaba aparejada la estigmatización de la comunidad romaní, y de coacciones, en forma de amenaza de expulsión inmediata de Francia”, y que las expulsiones de romaníes a Rumania y Bulgaria realizadas en 2010 habían sido discriminatorias.

  • El 1 de septiembre se llevó a cabo el desalojo forzoso de entre 150 y 200 romaníes de sus casas improvisadas en un campo de Saint-Denis, París, que a continuación fueron demolidas. La policía antidisturbios vulneró el derecho a la libertad de circulación de los romaníes al obligarlos a tomar un tranvía sin indicación de su destino.

El Parlamento rechazó en junio una propuesta de ley para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El 11 de abril entró en vigor una ley que prohibía vestir en público cualquier prenda que ocultase el rostro. Un tribunal administrativo multó a dos mujeres el 22 de septiembre en aplicación de la nueva legislación.

A lo largo de 2011 se presentaron varias iniciativas políticas y legislativas para hacer valer el principio de laicismo. El ministro de Educación afirmó el 2 de marzo que los progenitores que acompañaban a los alumnos en las salidas escolares no podían llevar símbolos religiosos. La misma prohibición se aplicaba a los adultos que cursaban formación profesional.

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Personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

Se aprobó legislación que coartaba aún más los derechos de migrantes y solicitantes de asilo. El Parlamento aprobó en junio una ley sobre migración que elevaba de 32 a 45 días la duración máxima de la detención de migrantes irregulares en espera de expulsión. Además, si un grupo de 10 o más solicitantes de asilo o migrantes irregulares era interceptado cerca de la frontera francesa, la ley permitía su confinamiento durante un periodo de hasta 26 días en una “zona de espera”. Se estudiaban sus solicitudes de entrada en el resto de Francia para pedir asilo y, si se consideraba que eran “manifiestamente infundadas”, se los devolvía a sus países de origen. Disponían de tan sólo 48 horas para impugnar la decisión, que podía impedirles presentar una solicitud de asilo.

Alrededor de dos tercios de los solicitantes de asilo presentes en Francia no tenían acceso a los centros de acogida habilitados para ellos, lo que vulneraba sus derechos en virtud del derecho nacional y de la Unión Europea. Como consecuencia, muchos no tenían hogar y vivían en la indigencia. Carecían de permiso de trabajo mientras se tramitaba su solicitud, y en la mayoría de los casos también se les denegaba el permiso durante el proceso de apelación.

El ministro del Interior afirmó en agosto que el objetivo de expulsar a 30.000 migrantes irregulares, de alcanzarse, sería “el mejor dato históricamente registrado en Francia”. En octubre anunció que cumpliría ese objetivo.

En abril, la junta directiva de la Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apátridas añadió Albania y Kosovo a la lista de países de origen “seguros” para solicitantes de asilo. Las solicitudes de personas procedentes de países “seguros” se estudiaban con arreglo a un procedimiento acelerado; estos solicitantes podían ser devueltos antes de que se hubiera examinado su recurso de apelación. El ministro del Interior anunció en noviembre una reducción del presupuesto para asilo y la ampliación de la lista de países de origen “seguros”, y afirmó que el sistema de asilo francés estaba “en peligro” al ser utilizado por migrantes económicos para entrar y permanecer en Francia. En diciembre, la junta directiva de la Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apátridas añadió Armenia, Bangladesh, Montenegro y Moldavia a la lista de países “seguros”.

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