Gambia
Jefe del Estado y del gobierno
Yahya Jammeh
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
1,8 millones
Esperanza de vida
56,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años (h/m)
123/109 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
45,3 por ciento

El gobierno continuó restringiendo la libertad política, reprimiendo la libertad de expresión y cometiendo violaciones de derechos humanos con impunidad. Miembros del Servicio Nacional de Inteligencia, el ejército y la policía, así como de oscuras milicias cercanas al presidente –conocidas como “ninjas”, “chicos de la droga” y “malabaristas”–, detuvieron arbitrariamente y recluyeron a opositores del gobierno, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y ex miembros de los servicios de seguridad. Se recibieron informes de actos de tortura y otros malos tratos bajo custodia. Tuvo lugar una segunda oleada de detenciones masivas, que culminó en el procesamiento por traición de ocho hombres relevantes, que fueron condenados a muerte en juicios injustos.

Detención y reclusión arbitrarias

En una oleada de detenciones emprendida en marzo y que siguió a una anterior de noviembre de 2009, se acusó a ex funcionarios públicos de traición o de intento de desestabilizar el gobierno. En total se recluyó a varios cientos de ex funcionarios, oficiales militares y civiles. A la inmensa mayoría de los detenidos se les negó el acceso a abogados y familiares, y las condiciones de reclusión a las que estaban sometidos eran tan severas que equivalían a trato cruel, inhumano y degradante.

La policía, el Servicio Nacional de Inteligencia y el ejército seguían practicando detenciones y reclusiones ilegítimas en contravención de las normas establecidas en la legislación nacional. Las personas detenidas eran recluidas en condiciones insalubres y de hacinamiento en lugares de detención oficiales, como la Prisión Central del Estado (Mile 2), la sede central del Servicio Nacional de Inteligencia y centros de detención de la policía. También las recluían en centros secretos de detención, como cuarteles militares, dependencias secretas de comisarías de policía, comisarías de policía de zonas remotas y almacenes.

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Pena de muerte

Al terminar el año se creía que había al menos 20 personas condenadas a muerte. No se tuvo noticia de ninguna ejecución; la última conocida se llevó a cabo en la década de 1980. En octubre, las autoridades aumentaron a pena de muerte la condena por posesión de más de 250 gramos de cocaína o heroína.

Ocho hombres detenidos en marzo fueron declarados culpables de traición y condenados a muerte en julio, en un proceso gravemente injusto durante el cual se torturó a inculpados y testigos. Los encausados, a quienes se acusó de conseguir armas, municiones, materiales y mercenarios en Guinea para llevar a cabo un golpe de Estado, eran: Lang Tombong Tamba, ex oficial del ejército; Lamin Bo Badjie, ex jefe de los servicios de inteligencia; Modou Gaye, ex jefe adjunto de la policía; Omar Bun Mbaye, general de brigada; Gibril Ngorr Secka, ex agente del Servicio Nacional de Inteligencia y a la sazón embajador adjunto de Gambia en Guinea-Bissau; Kawsu Camara, teniente coronel, ex jefe de la base militar de Kanilai, y Abdoulie Joof y Yousef Ezziden, ambos civiles.

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Libertad de expresión: periodistas

La libertad de expresión continuaba siendo objeto de graves limitaciones. Los periodistas sufrían amenazas y hostigamiento si escribían artículos que se consideraran desfavorables para las autoridades o si se creía que habían proporcionado información de esa índole a los medios de comunicación.

  • El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, jurisdicción regional con sede en Abuja, Nigeria, vio el caso de Musa Saidykhan, ex redactor jefe de The Independent, periódico editado en Banjul que había sido prohibido en 2006. Musa Saidykhan sostenía que había sido torturado después de que agentes de seguridad del Estado asaltaran el periódico en 2006, lo cerraran y encarcelaran a su personal. Tras quedar en libertad, Musa Saidykhan huyó a Senegal. En 2009, el Tribunal había fallado en contra de la objeción del gobierno de Gambia a que sustanciara el caso.
  • Ebrima Manneh, periodista del Daily Observer detenido en 2006, continuaba en situación de desaparición forzada a pesar del fallo dictado en 2008 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental que ordenaba su liberación y el pago de una indemnización a su familia. El gobierno y las autoridades policiales seguían negando que estuviera bajo custodia.
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Defensores y defensoras de los derechos humanos

Persistía el clima de miedo generado por las amenazas proferidas por el presidente contra los defensores y defensoras de los derechos humanos en 2009.

  • Edwin Nebolisa Nwakaeme, de nacionalidad nigeriana y director de la organización de derechos humanos gambiana África en Democracia y Buen Gobierno, fue detenido el 22 de febrero por el Departamento de Inmigración, liberado tres días después y arrestado de nuevo el 1 de marzo. En ese mismo mes compareció ante un tribunal y fue acusado formalmente de dar “información falsa”. En septiembre lo condenaron a seis meses de prisión con trabajos forzados.
  • Dos mujeres, la doctora Isatou Touray y Amie Bojang Sissoho, fueron detenidas el 11 de octubre por personal de seguridad gambiano, acusadas formalmente de robo y enviadas a la Prisión Central del Estado (Mile 2), conocida por los malos tratos que se infligían a los reclusos y por las terribles condiciones de reclusión. Ambas trabajaban para el Comité de Gambia sobre las Prácticas Tradicionales que Afectan a la Salud de la Mujer y el Niño (GAMCOTRAP), organización que había sufrido actos de hostigamiento anteriormente.
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