Georgia - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in Georgia

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Georgia is now live »

Jefe del Estado
Mijail Saakashvili
Jefe del gobierno
Nikoloz Gilauri (sustituyó a Grigol Mgaloblishvili en febrero)
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
4,3 millones
Esperanza de vida
71,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
39/33 por cada 1.000

Las autoridades pertinentes no siguieron investigando las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas por fuerzas georgianas y surosetias durante el conflicto de 2008. Tras el conflicto, los civiles que vivían en la zona sufrieron inseguridad, acoso y detención. Casi 26.000 personas, en su mayoría de etnia georgiana, no podían regresar a sus hogares. Según los informes, la policía acosó a activistas de la oposición y periodistas y, al parecer, usó contra ellos fuerza excesiva.

Información general

El año estuvo marcado por la inseguridad en Abjasia y Osetia del Sur –regiones de Georgia que habían declarado unilateralmente su independencia en 2008– y en zonas limítrofes, y por la crisis política que estalló entre abril y julio, cuando manifestaciones en gran escala pidieron la dimisión del presidente Mijail Saakashvili.

Conflicto armado

Un informe de la Misión Internacional Independiente de Investigación del Conflicto de Georgia, encargado por la Unión Europea y publicado en septiembre, confirmó que las fuerzas georgianas, rusas y surosetias habían cometido violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en 2008 y pidió a todas las partes en el conflicto que abordaran las consecuencias de la guerra. Al finalizar el año, ninguna parte había llevado a cabo investigaciones exhaustivas sobre las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas durante la guerra de 2008 e inmediatamente después. La ausencia de rendición de cuentas seguía siendo generalizada y no se habían realizado esfuerzos denodados para llevar a los responsables ante la justicia.

La situación en materia de seguridad en las zonas donde tuvo lugar el conflicto y en las zonas limítrofes seguía siendo tensa. La capacidad internacional de escrutinio y vigilancia se redujo significativamente en junio, cuando concluyeron la Misión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en Georgia y la Misión de Observación de la ONU en Georgia. La Misión de Observación de la Unión Europea en Georgia –el único grupo de vigilancia con mandato internacional que quedaba en la zona– no recibió autorización para acceder a áreas controladas por las autoridades de facto de Osetia del Sur y de Abjasia. Se notificaron casos de civiles que sufrieron acoso y fueron detenidos al parecer por cruzar ilegalmente la frontera administrativa entre Georgia y Osetia del Sur.

Personas internamente desplazadas

Tras lo que pareció ser una política deliberada de desplazamiento forzado como parte de la guerra de 2008, se calculaba que unas 26.000 personas, en su mayoría de origen étnico georgiano, seguían sin poder regresar a sus pueblos. La mayor parte de las personas desplazadas en Georgia habían recibido alguna clase de alojamiento o indemnización. Sin embargo, persistían los motivos de preocupación en relación con el acceso de estas personas a sus derechos sociales y económicos debido a la pérdida de sus medios de subsistencia y a la escasez de puestos de trabajo.

Violencia contra las mujeres

En abril, el gobierno aprobó el nuevo plan de acción sobre violencia intrafamiliar para 2009-2010. En julio se aprobó un mecanismo de referencia de ámbito nacional que proporcionaba directrices para identificar a las supervivientes de violencia intrafamiliar y remitirlas a los servicios de asistencia social disponibles. El gobierno asignó instalaciones y se mostró dispuesto a establecer refugios. Sin embargo, al finalizar el año estos refugios estatales para víctimas de violencia intrafamiliar todavía no estaban operativos.

Libertad de reunión

Durante las manifestaciones que tuvieron lugar entre abril y julio, hombres enmascarados no identificados acosaron, intimidaron y golpearon, al parecer, a partidarios de la oposición. Según informes, los agentes de policía presentes no intervinieron mientras se producían algunos de estos incidentes, lo cual hacía pensar que las autoridades no protegieron a los manifestantes ni garantizaron el derecho a la libertad de reunión. Aunque se iniciaron investigaciones sobre algunos de los incidentes denunciados, las autoridades no llevaron a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales ni hicieron comparecer a los responsables ante la justicia.

Los cambios en la ley que regulaba el derecho de reunión y de manifestación, en vigor desde junio, establecían penas estrictas. Los activistas de derechos humanos temían que estas penas pudieran utilizarse para restringir el derecho a la libertad de reunión.

Uso excesivo de la fuerza

El 6 de mayo, según los informes, la policía disparó de forma temeraria proyectiles de impacto contra manifestantes de la oposición durante un enfrentamiento violento ante la jefatura de policía de la capital del país, Tiflis. En el enfrentamiento, varias personas sufrieron heridas en la cabeza. En otro incidente que tuvo lugar el 15 de junio, la policía dispersó, al parecer, a manifestantes pacíficos ante la jefatura de policía de Tiflis, y para ello hizo uso de fuerza excesiva, atacándolos con porras sin advertirles previamente que se dispersasen. Un total de 17 manifestantes tuvieron que recibir asistencia médica en un hospital por las lesiones sufridas, y 2 fueron hospitalizados con heridas graves. Entre los heridos había un representante de la Oficina del Defensor del Pueblo que fue presuntamente detenido y golpeado por los agentes de policía. Al final del año las autoridades no habían emprendido investigaciones abiertas, independientes y exhaustivas sobre ambos incidentes.

Libertad de expresión

Según los informes, varios periodistas que cubrían las manifestaciones de abril y junio fueron víctimas de acoso y violencia por parte de las autoridades y de simpatizantes de la oposición. Según testigos, el 15 de junio agentes de policía atacaron a varios periodistas al dispersar una protesta de la oposición y les confiscaron el equipo audiovisual. En algunos casos no les devolvieron las cintas que contenían material filmado del incidente, y en otros faltaban partes de las cintas.

Antes de las manifestaciones y en su transcurso, numerosos activistas de la oposición fueron detenidos y acusados de tenencia de drogas y armas. El Defensor del Pueblo y varias ONG de derechos humanos manifestaron con preocupación que algunos de esos activistas podrían haber sido detenidos debido a sus actividades políticas y que sus juicios no cumplieron las normas internacionales sobre juicios justos.

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