Alemania - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República Federal de Alemania

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Alemania is now live »

Jefe del Estado
Horst Köhler
Jefa del gobierno
Angela Merkel
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
82,2 millones
Esperanza de vida
79,8 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
5/5 por cada 1.000

El gobierno seguía socavando la prohibición absoluta de la tortura al aplicar una política de devoluciones basada en garantías diplomáticas que ponía a las personas en peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos. El Parlamento concluyó su investigación sobre las entregas (transferencias ilegales de sospechosos entre países) y otros abusos relacionados con la lucha contra el terrorismo. Se denegó a migrantes en situación irregular el acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales.

Seguridad y medidas antiterroristas

Dos procesos penales contra sospechosos de terrorismo plantearon motivos de preocupación sobre el uso de pruebas presuntamente obtenidas mediante tortura.

En un caso juzgado ante el Tribunal Superior Regional de Coblenza entre diciembre de 2008 y julio de 2009, la acusación se basaba en parte en declaraciones realizadas por el propio acusado mientras se encontraba bajo custodia en Pakistán, en un lugar donde, según afirmaba, lo golpearon y le privaron del sueño.

En abril se supo que, en junio y septiembre de 2008, un testigo detenido había sido interrogado por investigadores alemanes en presencia de miembros del Servicio de Seguridad Nacional de Uzbekistán en Tashkent, Uzbekistán, donde la tortura era una práctica habitual. El interrogatorio formaba parte de las investigaciones penales de un caso juzgado ante el Tribunal Superior Regional de Düsseldorf.

Las normas de procedimiento para la aplicación de la Ley de Extranjería entraron en vigor en octubre. Estas normas preveían el uso de “garantías diplomáticas” para justificar la devolución de sospechosos de terrorismo a lugares donde correrían riesgo de sufrir tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, lo cual iba en contra de las obligaciones internacionales. Esas garantías no eran fiables y no constituían una protección eficaz contra la tortura.

Las autoridades siguieron considerando que las “garantías diplomáticas” del gobierno tunecino eran suficientes para eliminar el riesgo de tortura en casos de devoluciones planificadas de ciudadanos tunecinos sospechosos de actividades relacionadas con el terrorismo.

  • En marzo, el Tribunal Administrativo de Düsseldorf falló en el caso de un ciudadano tunecino que las “garantías diplomáticas” socavaban la prohibición absoluta de la tortura y prohibió la devolución del demandante. Las autoridades recurrieron la sentencia y el caso estaba pendiente al finalizar el año.

En julio, el Parlamento debatió el informe de su investigación sobre las entregas y la detención secreta. El informe concluía que el gobierno y los servicios de inteligencia no habían participado ni directa ni indirectamente en entregas ni en detenciones secretas. Sin embargo, Amnistía Internacional consideraba que tanto la investigación como el informe aportaban pruebas suficientes para concluir que Alemania había sido cómplice en violaciones de derechos humanos, y criticó al Parlamento por no proponer ninguna medida para impedir esos abusos en el futuro. El 17 de junio, el Tribunal Constitucional Federal falló que el gobierno había violado la Ley Constitucional al negarse a proporcionar al comité parlamentario de investigación los documentos pertinentes aduciendo que, en aras del bienestar del Estado, éstos no debían desclasificarse. El comité no reanudó su investigación.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Tras la entrada en vigor en enero de un acuerdo de readmisión entre Siria y Alemania, se incrementó considerablemente el número de solicitantes de asilo devueltos a Siria al ser rechazada su petición de asilo. Después de recibirse informes de la detención en Siria de solicitantes de asilo devueltos, el gobierno ordenó que se revisasen los procedimientos de evaluación del riesgo. A mediados de diciembre recomendó una suspensión de facto de las devoluciones a Siria.

  • Khaled Kenjo, kurdo sirio devuelto a Siria el 13 de septiembre, fue detenido 12 días después por los Servicios de Seguridad del Estado, una agencia de los servicios secretos sirios. Después de pasar tres semanas detenido en régimen de incomunicación, durante las cuales afirmaba que había sido torturado, Khaled Kenjo fue acusado de difundir en el extranjero noticias “falsas” que podían perjudicar la reputación del Estado. El cargo, presentado por el Tribunal Militar de la ciudad de Qamishli, al parecer tenía relación con sus actividades políticas en Alemania.

El gobierno negoció un acuerdo de readmisión con Kosovo. Varios estados federados devolvieron a personas de etnia romaní a Kosovo a pesar del riesgo que corrían los miembros de esta comunidad en casos de devolución. En noviembre, el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa expresó su preocupación por esta práctica.

Derechos de las personas migrantes

Los migrantes irregulares y sus hijos tenían un acceso limitado a los servicios de salud y educación, así como a remedios judiciales en caso de violación de sus derechos laborales. Se preveía que el estado de Hesse modificaría su práctica administrativa el 1 de enero de 2010, de modo que los profesores no estarían obligados a comunicar la identidad de un niño o niña a la autoridad de extranjería ante la que debían registrarse las personas sin ciudadanía alemana. Las nuevas normas de procedimiento para la aplicación de Ley de Extranjería establecían que los hospitales públicos estaban exentos de la obligación de comunicar la identidad de las personas migrantes en situación irregular en casos de tratamiento de urgencia.

Policía y fuerzas de seguridad

En diciembre, el Tribunal Federal de Justicia celebró una vista pública en el caso de Oury Jalloh, muerto bajo custodia policial en 2005 de un golpe de calor causado por un incendio que se declaró en su celda. En la vista, el Tribunal criticó las investigaciones. Los familiares de Oury Jalloh y la Fiscalía General habían recurrido la sentencia del tribunal regional de Dessau, que había absuelto a dos agentes de policía.

En mayo comenzó sus trabajos la Agencia Federal para la Prevención de la Tortura, en virtud del artículo 3 del Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura. Se expresaron dudas respecto a si la Agencia contaba con financiación y recursos humanos suficientes.

Escrutinio nacional: Kunduz

Tras las elecciones generales, el gobierno y las fuerzas armadas recibieron presiones por parte de los medios de comunicación y partidos de la oposición por ocultar información sobre un ataque aéreo de la OTAN lanzado cerca de Kunduz, Afganistán, el 4 de septiembre y en el que murieron hasta 142 personas, entre ellas civiles (véase el apartado sobre Afganistán). A consecuencia de ello, dos altos cargos civiles y uno militar se vieron obligados a dimitir en noviembre. El 16 de diciembre, una investigación parlamentaria comenzó a examinar la actuación del gobierno en relación con el ataque y el periodo posterior.

Relaciones económicas y derechos humanos

En julio, el gobierno retiró la garantía de crédito a la exportación que había concedido a una empresa alemana para sus actividades en el proyecto de construcción de la presa de Ilısu, en Turquía. Esta decisión fue adoptada conjuntamente con los gobiernos suizo y austriaco después de que expertos independientes concluyesen que el proyecto no cumplía las normas acordadas. Se preveía que la construcción de la presa desplazaría al menos a 55.000 personas, y la política de reasentamiento no cumplía las normas internacionales de derechos humanos.

Novedades jurídicas

A pesar de que el gobierno anunció en 2008 que firmaría y ratificaría el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al finalizar el año no lo había hecho.

Al terminar el año tampoco se había ratificado el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, y Alemania seguía siendo un país de destino y tránsito para mujeres objeto de trata con fines de explotación sexual.

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