Alemania
Jefe del Estado
Christian Wulff
Jefa del gobierno
Angela Merkel
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
82,2 millones
Esperanza de vida
80,4 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
4,2 por cada 1.000

No se crearon mecanismos independientes de presentación de denuncias contra la policía. Varios estados federados siguieron llevando a cabo devoluciones de romaníes a Kosovo a pesar de que allí corrían peligro de sufrir persecución y discriminación. Las actuaciones penales contra el ex presidente y el ex vicepresidente de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra siguieron su curso.

Escrutinio internacional

En mayo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU instó a Alemania a firmar el Protocolo Facultativo del Pacto para garantizar que sus políticas relativas a inversiones de empresas alemanas en el extranjero respetaban los derechos económicos, sociales y culturales y que los solicitantes de asilo tenían garantizado el acceso a la asistencia social, la atención de la salud y el empleo en condiciones de igualdad.

En noviembre, el Comité de la ONU contra la Tortura recomendó a Alemania que, a fin de prevenir la tortura y otros malos tratos, se abstuviera de basarse automáticamente en información facilitada por servicios de inteligencia extranjeros y prohibiera a todo agente u organismo alemán emprender investigaciones en el exterior cuando éstas pudiesen implicar la colaboración con instituciones extranjeras sospechosas de ejercer coacción. Al Comité le preocupaba la ausencia de iniciativas en curso para investigar la participación de Alemania en entregas. Asimismo recomendó que todas las denuncias de tortura y otros malos tratos a manos de la policía fueran investigadas por organismos independientes y consideró motivo de preocupación que los agentes de policía no estuvieran obligados a llevar placas de identificación personal en casi ningún estado federado.

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Tortura y otros malos tratos

Las investigaciones sobre los casos de presuntos malos tratos no siempre eran efectivas debido a la ausencia de mecanismos independientes de presentación de denuncias contra la policía en todos los estados federados y a las dificultades para identificar a los agentes de policía. El estado de Berlín empezó a aplicar en julio un sistema de identificación personal de todos sus agentes de policía por medio de placas con su nombre o número.

  • Seguían abiertas las investigaciones relativas al uso excesivo de la fuerza en una manifestación celebrada en Stuttgart en septiembre de 2010. En relación con ellas, en marzo el Tribunal Municipal de Stuttgart impuso una multa de 6.000 euros a un agente de policía por usar pulverizador de pimienta contra una mujer que participaba en una sentada. Asimismo, el abogado de cuatro manifestantes a quienes el chorro a presión de un cañón de agua había causado graves lesiones oculares solicitó que el fiscal jefe fuera apartado de la causa por presunta parcialidad.
  • El 4 de agosto, el Tribunal Regional de Fráncfort concedió a Markus Gäfgen una indemnización por daños morales al haber sido amenazado con sufrir dolores insoportables por dos agentes de policía en 2002, cuando fue aprehendido como sospechoso del secuestro de un niño de 11 años. El Tribunal calificó la amenaza de “trato inhumano” según el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

El 13 de enero, el Ministerio del Interior federal ordenó suspender por un año las transferencias de solicitantes de asilo a Grecia hechas en aplicación del Reglamento Dublín II (véase el apartado sobre Grecia). En noviembre se amplió la suspensión hasta el 12 de enero de 2013.

El 9 de noviembre, las autoridades acordaron establecer un programa permanente para el reasentamiento de refugiados vulnerables con una cuota de 300 al año durante los siguientes tres años.

Los solicitantes de asilo que llegaban a aeropuertos de Alemania y se sometían al procedimiento acelerado de determinación de sus casos quedaban sistemáticamente detenidos en las zonas de tránsito aeroportuarias. Las autoridades no consideraban que esta práctica constituyera privación de libertad.

Varios estados federados continuaron con las devoluciones de romaníes, ashkalíes y egipcianos a Kosovo a pesar de que allí persistía el peligro real de persecución y estaban expuestos a múltiples formas de discriminación. En agosto transcendió en los medios de comunicación que las autoridades de Baden-Wurtemberg habían suspendido temporalmente las devoluciones. En diciembre, el estado de Renania del Norte-Westfalia suspendió hasta el 1 de abril de 2012 la devolución a Kosovo de personas consideradas vulnerables, como familias con menores de edad, mujeres solteras y personas de avanzada edad.

Se siguió discriminando a los solicitantes de asilo en el acceso a las prestaciones sociales: las que recibían, inferiores en un 31 por ciento a las concedidas a residentes permanentes, distaban de alcanzar el umbral de subsistencia. El Tribunal Constitucional estaba revisando la legislación que regulaba las prestaciones sociales para solicitantes de asilo.

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Derechos de las personas migrantes

Los servicios sociales seguían teniendo la obligación de informar de la situación de irregularidad de las personas al Departamento de Extranjería cuando entregaban volantes de asistencia médica para recibir tratamiento no urgente. Esta práctica socavaba el derecho a la salud de las personas migrantes indocumentadas. Se aprobaron reformas de la Ley de Residencia que eximían de esta obligación al personal educativo.

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Seguridad y medidas antiterroristas

Persistió la preocupación sobre varios aspectos de la política antiterrorista del gobierno. El reglamento de la Ley de Residencia permitía el uso de “garantías diplomáticas” para justificar la devolución de presuntos terroristas a lugares donde corrían peligro de sufrir tortura u otros malos tratos. El gobierno alemán rehusó declarar que se negaría a compartir información y a cooperar en materia de inteligencia con Estados que tuvieran un historial reconocido de tortura.

  • En abril, el periódico TAZ informó de que A.S., uzbeko recluido en Tashkent que era testigo de la fiscalía federal alemana, había muerto en prisión, al parecer de un ataque al corazón. Había sido interrogado en Tashkent en junio y septiembre de 2008 por investigadores alemanes, en presencia de miembros del Servicio de Seguridad Nacional de Uzbekistán, a pesar de que el relator especial de la ONU sobre la tortura había concluido que la tortura era sistemática en las cárceles uzbekas.
  • En enero, el ciudadano alemán Khaled el Masri retiró su recurso de apelación contra la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Colonia en diciembre de 2010. El Tribunal había desestimado la demanda de El Masri contra Alemania por no solicitar la extradición de 13 ciudadanos estadounidenses sospechosos de su traslado ilegal a Afganistán en 2004.
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Delitos de derecho internacional

En mayo comenzó el juicio penal contra los ciudadanos ruandeses Ignace Murwanashyaka y Straton Musoni ante el Tribunal Regional Superior de Stuttgart. Estaban acusados, como ex presidente y ex vicepresidente de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda, de haber ordenado cometer 26 crímenes de lesa humanidad y 39 crímenes de guerra en territorio congoleño entre enero de 2008 y noviembre de 2009 a través de llamadas telefónicas e Internet. Era el primer juicio que se celebraba en Alemania basado en el Código Alemán de Delitos contra el Derecho Internacional, que había entrado en vigor en 2002.

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Comercio de armas

Aunque el gobierno alemán apoyaba la creación de un tratado internacional integral sobre el comercio de armas, autorizó repetidamente transferencias de armas que pudieron contribuir a la comisión de violaciones de derechos humanos. En julio se publicó en medios de comunicación que el gobierno alemán había aprobado en principio la entrega de unas 200 unidades de carro de combate principal Leopard 2 a Arabia Saudí.

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