Alemania
Jefe del Estado
Joachim Gauck (sustituyó a Christian Wulff en marzo)
Jefa del gobierno
Angela Merkel

Las autoridades no establecieron un mecanismo independiente de denuncias contra la policía ni garantizaron que todos los agentes de policía de servicio portaran placas identificativas. La Agencia Nacional para la Prevención de la Tortura seguía adoleciendo de una grave falta de recursos. Las autoridades continuaron con las devoluciones de romaníes, ashkalíes y egipcianos a Kosovo, y con las devoluciones de solicitantes de asilo a Hungría a pesar del peligro que corrían allí de sufrir violaciones de derechos humanos. Las autoridades no descartaron pedir garantías diplomáticas para facilitar la devolución de personas a países donde estaban expuestas a sufrir tortura y otros malos tratos.

Tortura y otros malos tratos

Las autoridades siguieron sin abordar los obstáculos que impedían la investigación efectiva de las denuncias de malos tratos policiales. Ningún estado federado creó un mecanismo independiente de denuncias contra la policía que investigara las denuncias de graves violaciones de derechos humanos cometidas por la policía. Salvo en los estados de Berlín y Brandeburgo, los agentes de policía seguían sin tener la obligación jurídica de llevar chapas identificativas. En el caso de Brandeburgo estaba previsto que empezaran a llevarlas en enero de 2013.

La Agencia Nacional para la Prevención de la Tortura –el mecanismo nacional de prevención de Alemania creado en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura– seguía adoleciendo de una grave falta de recursos y no podía desempeñar sus funciones, como realizar visitas periódicas a los lugares de detención. Su presidente y otro miembro dimitieron en agosto por la falta de recursos.

  • Continuaron las investigaciones sobre el uso de fuerza excesiva por parte de la policía en septiembre de 2010, en una manifestación celebrada en Stuttgart. En octubre, el Tribunal Municipal de Stuttgart declaró a un agente de policía culpable de agresión física por haber golpeado a un manifestante con una porra y le impuso una condena condicional de ocho meses de prisión.
  • El 10 de octubre, el Tribunal Regional Superior de Fráncfort confirmó la sentencia dictada por el Tribunal Regional de Fráncfort el 4 de agosto de 2011, por la que se había concedido a Markus Gäfgen una indemnización de 3.000 euros por daños morales. Dos agentes lo habían amenazado con hacerle sufrir dolores insoportables en 2002, cuando fue aprehendido como sospechoso del secuestro de un niño de 11 años. El tribunal de primera instancia había calificado la amenaza de “trato inhumano” según el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
  • El 13 de diciembre, el Tribunal Regional de Magdeburgo declaró a un agente de policía culpable de homicidio imprudente por la muerte del solicitante de asilo Oury Jalloh, que había muerto quemado en una celda de la comisaría de policía de Dessau en 2005. A pesar de las prolongadas actuaciones judiciales, siguieron sin esclarecerse las circunstancias de la muerte de Oury Jalloh y el grado de implicación de la policía en ella.
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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En septiembre y octubre llegaron 195 refugiados de Choucha (Túnez) y 105 iraquíes que vivían refugiados en Turquía, en aplicación de un nuevo programa de reasentamiento establecido en diciembre de 2011. Estaba prevista su estancia permanente en Alemania, pero no se les reconoció la misma condición jurídica que a los refugiados en cuyos casos era aplicable la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados, y quedaron excluidos de ciertos derechos, especialmente los relacionados con la reunificación familiar.

El 14 de diciembre, el Ministerio Federal del Interior prorrogó la suspensión de las transferencias de solicitantes de asilo a Grecia en aplicación del Reglamento Dublín (véase el apartado sobre Grecia) hasta el 12 de enero de 2014.

Se transfirió a solicitantes de asilo a Hungría a pesar de los riesgos que corrían allí (véase el apartado sobre Hungría), incluido el peligro de traslado a terceros países poco seguros debido a procedimientos inadecuados de acceso a la protección internacional. Los solicitantes de asilo devueltos a Hungría desde Alemania tras haber transitado por Serbia corrieron peligro de devolución hasta noviembre, cuando Hungría dejó de considerar que Serbia era un “tercer país seguro”. Serbia no había reconocido la condición de refugiado a ninguna persona en los últimos cinco años.

Varios estados federados continuaron con las devoluciones de romaníes, ashkalíes y egipcianos a Kosovo a pesar de que allí se enfrentaban a múltiples formas de discriminación. En abril, el estado alemán de Baden-Wurtemberg emitió un decreto que exigía llevar a cabo evaluaciones individuales de riesgos antes de proceder a devolver romaníes, ashkalíes y egipcianos a Kosovo.

El 18 de julio, el Tribunal Constitucional Federal resolvió que las prestaciones que recibían los solicitantes de asilo eran insuficientes para permitirles vivir con dignidad y que esto constituía una violación del derecho a una existencia mínima digna proclamado en el artículo 1 de la Constitución alemana. El tribunal ordenó al poder legislativo que promulgara de inmediato nuevas disposiciones como parte de la Ley de Prestaciones para Solicitantes de Asilo.

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Seguridad y medidas antiterroristas

En septiembre, el Parlamento Europeo pidió a Alemania y otros Estados miembros de la Unión Europea que revelaran toda la información necesaria sobre todos los aviones sospechosos de haber participado en los programas de entrega y detención secreta dirigidos por la CIA y que investigaran eficazmente el papel de los Estados afectados en las operaciones de la CIA.

El gobierno continuó sin revelar si todavía solicitaba “garantías diplomáticas” para devolver a personas sospechosas de participar en actividades relacionadas con el terrorismo a Estados donde corrían peligro real de sufrir tortura y otros malos tratos. El reglamento de la Ley de Residencia seguía permitiendo el uso de “garantías diplomáticas”.

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Justicia internacional

Continuó la celebración del primer juicio basado en el Código Alemán de Delitos contra el Derecho Internacional (de junio de 2002) contra los ciudadanos ruandeses Ignace Murwanashyaka y Straton Musoni ante el Tribunal Regional Superior de Stuttgart. Pesaban sobre los acusados 26 cargos por crímenes de lesa humanidad y 39 cargos por crímenes de guerra cometidos en la República Democrática del Congo entre enero de 2008 y noviembre de 2009.

Alemania no tipificó como delito la desaparición forzada, tal como exigía la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas.

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Discriminación

El 29 de octubre, el Tribunal Administrativo Superior de Renania-Palatinado resolvió que varios agentes de la policía federal habían violado el principio constitucional de no discriminación al someter a un hombre a un control de identidad basándose exclusivamente en el color de su piel.

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