Grecia - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República Helénica

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Grecia is now live »

Jefe del Estado : Károlos Papoúlias
Jefe del gobierno : Constantinos Karamanlis
Pena de muerte : abolicionista para todos los delitos
PoblaciÓn : 11,2 millones
Esperanza de vida : 78,9 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 8/7 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 96 por ciento

Grecia no concedió asilo a la gran mayoría de las personas que lo solicitaron. Personas migrantes fueron víctimas de malos tratos y continuó la detención arbitraria y prolongada de solicitantes de asilo, incluidos menores. Aumentaron las denuncias de malos tratos bajo custodia policial, cuyas víctimas normalmente pertenecían a grupos marginados. Hubo informes sobre muertes bajo custodia. Mujeres y niñas víctimas de trata seguían sin ser reconocidas como tales por las autoridades, por lo que no podían ejercer su derecho a recibir protección y asistencia. Se persiguió a los objetores de conciencia y no se informó a los reclutas de su derecho a realizar un servicio alternativo. Se llevaron a cabo desalojos forzosos contra la comunidad romaní. Entró en vigor una nueva ley para combatir la violencia en el ámbito familiar.

Migración, solicitantes de asilo y personas refugiadas

Continuaron las denuncias de violaciones de los derechos de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en las fronteras de Grecia, y la protección a los refugiados siguió siendo mínima. En octubre, la ONG alemana Pro-asyly el Grupo Griego de Abogados pro Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes publicaron un informe sobre la situación de los refugiados y migrantes que llegaban por mar en el que se denunciaban las violaciones sistemáticas de sus derechos cometidas por funcionarios griegos encargados de hacer cumplir la ley, tanto en forma de malos tratos como de negación del acceso a los procedimientos de concesión de asilo. Estos abusos coincidían con los informes recibidos por Amnistía Internacional a lo largo del año. Hubo informes frecuentes sobre personas que trataban de entrar en Grecia por mar, muchas de las cuales se ahogaron en el intento o fueron interceptadas por miembros de la guardia costera. Las que lograron llegar a tierra por lo general fueron devueltas a sus países de origen sin recibir asistencia letrada gratuita, sin tener acceso a los procedimientos de concesión de asilo o sin que sus casos se examinaran individualmente.

Profesionales del derecho informaron a Amnistía Internacional de que, en la práctica, los solicitantes de asilo que conseguían acceder al sistema podían contar con que su solicitud sería rechazada en primera instancia, y el número de personas que obtenían el asilo seguía siendo muy reducido. El mecanismo encargado de revisar las solicitudes de asilo rechazadas no era independiente.

Se utilizó el protocolo de readmisión vigente entre Grecia y Turquía para devolver a ciudadanos iraquíes de Grecia a Turquía, pese a que el alto comisionado de la ONU para los refugiados había expresado su preocupación de que en muchos casos Turquía los devolvía a Irak. Amnistía Internacional consideró que esta práctica contravenía la prohibición de devolución (refoulement), es decir, devolver a una persona en contra de su voluntad a un país donde pudiera correr peligro de sufrir abusos graves contra sus derechos humanos.

Continuó la detención de solicitantes de asilo, incluidos menores. Según la información recibida, las condiciones de reclusión seguían adoleciendo de hacinamiento y falta de higiene. En diciembre se abrió un nuevo centro de acogida en la isla egea de Samos en sustitución del antiguo centro de detención, conocido por sus penosas condiciones.

En noviembre entró en vigor la nueva ley de asilo, largamente esperada, que regulaba el procedimiento de asilo, el derecho de los solicitantes al trabajo, a la educación y a la asistencia médica, los centros de acogida y los grupos más indefensos, como menores no acompañados y sobrevivientes de tortura.

Malos tratos policiales

A pesar de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que establecían que Grecia había conculcado el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el número de presuntos episodios de malos tratos policiales aumentó. En la mayoría de los casos denunciados, los malos tratos tuvieron lugar durante la custodia policial y parecían poner de manifiesto unas prácticas discriminatorias recurrentes cuyas víctimas pertenecían en su mayoría a grupos marginados, especialmente personas migrantes y solicitantes de asilo.

  • El 8 de junio, una mujer moldava que residía legalmente en Grecia fue presuntamente sometida a malos tratos por agentes de policía en la Jefatura Central de Policía de ática, en Atenas. La mujer afirmó que los agentes la habían golpeado repetidamente y obligado a quedarse en ropa interior, y que le habían arrancado mechones de pelo además de amenazarla con destruir su permiso de residencia.
  • El 16 de junio aparecieron en el sitio web YouTube unas imágenes de vídeo de la comisaría de policía de Omonia, en el centro de Atenas, en las que se veía cómo dos jóvenes migrantes eran golpeados por agentes de policía y obligados a insultarse y abofetearse mutuamente en repetidas ocasiones. Se investigó al menos a cinco agentes en relación con los hechos. Posteriormente aparecieron otros tres vídeos en Internet que mostraban casos de malos tratos a personas bajo custodia de la policía, incluidos abusos sexuales. Un agente implicado en dos de los episodios grabados en vídeo estaba en prisión preventiva en espera de juicio.

Muertes bajo custodia

El debate público sobre el aumento de las muertes en prisión y bajo custodia policial evidenció la existencia de graves motivos de preocupación en torno a la falta de vigilancia efectiva del trato que recibían las personas detenidas y presas. Según la ONG Prisoners’ Rights Initiative, entre marzo y junio se produjeron al menos 10 muertes bajo custodia. En agosto, el diario Eleftherotypia(Prensa Libre) informó de 30 muertes bajo custodia en la primera mitad de 2007. Aunque algunas de esas muertes estaban relacionadas con drogas o se debían a suicidios, también hubo casos cuyas circunstancias fueron controvertidas.

Malos tratos y condiciones de vida en las cárceles

Continuaron los informes sobre hacinamiento, escaso grado de higiene y malos tratos en prisiones y otros lugares de detención. En abril, los presuntos malos tratos infligidos a un recluso de la cárcel de Malandrino, en el centro del país, desataron protestas que posteriormente se extendieron a otras 10 prisiones de todo el país. Según informes, reclusos de Malandrino aseguraron que el suceso había sido «la gota que colmó el vaso». Aunque las autoridades lo negaron, algunos presos denunciaron que el suministro de agua llevaba tres días interrumpido. Según información aparecida en medios de comunicación, en el momento de los hechos había 460 personas recluidas en la cárcel de Malandrino a pesar de que su capacidad máxima era de 280 reclusos.

Trata de seres humanos con fines de explotación sexual

Grecia siguió siendo país de tránsito y de destino para mujeres y niñas que eran objeto de trata con fines de explotación sexual. No obstante, el número de mujeres y niñas que las autoridades griegas reconocieron como víctimas de trata siguió siendo inaceptablemente bajo, por lo que muchas mujeres no pudieron ejercer sus derechos a recibir asistencia y protección. Las pocas que fueron reconocidas como víctimas de trata sólo podían ejercer ese derecho si aceptaban cooperar con las autoridades en las actuaciones penales emprendidas contra los presuntos traficantes de los que habían sido víctimas. Esta exigencia no tenía en cuenta el miedo de las mujeres a sufrir represalias y contravenía el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, convenio que Grecia no ratificó ni implementó. Tampoco se respetaba el periodo de reflexión que la legislación griega garantizaba a las mujeres para que pudieran adoptar una decisión meditada sobre el alcance de su cooperación con las autoridades.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Javed Aslam, defensor de los derechos humanos y presidente de la comunidad paquistaní en Atenas, se enfrentó a su posible extradición de Grecia a Pakistán. Amnistía Internacional temía que la orden de detención de la Interpol cursada contra él desde Pakistán constituyese una táctica de acoso judicial destinada a impedirle defender los derechos de otros seis nacionales paquistaníes en Grecia que habían denunciado su secuestro por agentes de los servicios de información griegos tras los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres. En marzo, el Tribunal Supremo ratificó la decisión unánime del Tribunal de Apelaciones de Atenas, según la cual Javed Aslam no debía ser extraditado a Pakistán. En abril, el Tribunal Supremo ordenó una nueva vista de la causa a partir del 4 de mayo, al parecer después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores griego puso en su conocimiento que no existía convenio de extradición alguno entre Grecia y Pakistán y que la Embajada de Pakistán en Atenas y el Tribunal Supremo habían intercambiado documentos de manera extraoficial. Mientras, Javed Aslam denunció que continuaba la presión dirigida a silenciar su voz y la de otros miembros de la comunidad paquistaní en Grecia en relación con los presuntos secuestros. Finalmente, el Tribunal Supremo rechazó la solicitud de extradición. En julio se reabrió la investigación sobre los secuestros.

Objeción de conciencia al servicio militar

En un marco de hostigamiento incesante y sistemático a los objetores de conciencia, en mayo se intentó por quinta vez detener al objetor de conciencia Dimitris Sotiropoulos, miembro de la junta directiva de la Asociación de Objetores de Conciencia Griegos. Dimitris Sotiropoulos se declaró objetor de conciencia en marzo de 1992, al ser llamado a filas por primera vez para realizar el servicio militar. Al terminar el año no había sido detenido.

Si bien el derecho a la objeción de conciencia por lo general se respetó en los casos de quienes objetaban por motivos religiosos, continuó siendo muy reducido el grado de reconocimiento de la condición de objetor por otras razones de conciencia. Además, existía preocupación por el hecho de que no se informara a los reclutas de su derecho a realizar un servicio civil alternativo, cuyas características y duración seguían siendo punitivas.

Violaciones de derechos humanos contra la comunidad romaní

El Observador Griego de Helsinki, organización local de derechos humanos, continuó denunciando violaciones de los derechos de la comunidad romaní, como los desalojos forzosos.

  • En julio, el Centro Europeo de Derechos de los Romaníes expresó su preocupación por el desalojo de más de 200 familias romaníes de origen albanés de sus dos asentamientos en Atenas. Al parecer, estos desalojos formaban parte de una operación de «limpieza» previa a la construcción de un estadio de fútbol. A esta organización le preocupaba que no se hubieran aplicado las normas jurídicas nacionales e internacionales más elementales relativas a los desalojos forzosos en ninguno de los casos. Los desalojos se llevaron a cabo a pesar de la prolongada intervención del Defensor del Pueblo, quien en octubre volvió a escribir al gobierno para pedir el fin de los desalojos forzosos.

Violencia contra las mujeres

En enero entró en vigor la Ley 3500/06 para Combatir la Violencia Doméstica. Algunos apartados de esta ley no contemplaban plenamente la obligación del Estado de proteger los derechos de las mujeres.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

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