Grecia - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República Helénica

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Grecia is now live »

Jefe del Estado
Karolos Papoulias
Jefe del gobierno
Yorgos Papandreu (sustituyó a Kostas Karamanlis en octubre)
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
11,2 millones
Esperanza de vida
79,1 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
5/4 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
97,1 por ciento

A lo largo del año continuaron los informes sobre casos de malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En virtud de un nuevo decreto presidencial, los solicitantes de asilo quedaron privados del derecho a un recurso efectivo. Hubo informes sobre expulsiones arbitrarias de migrantes irregulares y posibles solicitantes de asilo desde la región de Evros. Hasta un centenar de personas, según informes, se quedaron sin hogar y sin acceso a servicios tras el desalojo forzoso de un gran número de migrantes irregulares y solicitantes de asilo de un campamento en Patras. Las condiciones de reclusión en varias prisiones y centros de detención de inmigrantes seguían siendo motivo de preocupación. Hubo personas que sufrieron lesiones por ataques de grupos armados de oposición.

Información general

Los grupos armados de oposición lanzaron varios ataques armados, uno de ellos contra una comisaría. También perpetraron atentados con explosivos: algunos contra bancos, uno contra el domicilio de un parlamentario y otro contra el domicilio de un miembro del Parlamento Europeo. Un agente de policía murió y otros siete resultaron heridos, tres de ellos de gravedad.

Personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo

Existía preocupación por la frecuente actitud de las autoridades policiales de los puntos de entrada al país de no registrar solicitudes de asilo individuales, con lo que privaban a los afectados de acceso al proceso de concesión de asilo. En junio, un nuevo decreto presidencial (81/2009) introdujo cambios perjudiciales para el procedimiento de determinación de los casos de asilo. Entre otros cambios, el nuevo decreto abolió el Comité de Apelaciones, privando a los solicitantes de asilo del derecho a un recurso efectivo contra las decisiones adoptadas en primera instancia. Se mantenía la revisión judicial de los casos por el Consejo de Estado, que se limitaba a examinar la legitimidad de la decisión. En julio, el ACNUR (la agencia de la ONU para los refugiados) anunció su decisión de no participar en los procedimientos de concesión de asilo si no se introducían cambios sustanciales. Al final del año, el nuevo gobierno anunció sus planes de reformar el procedimiento de determinación de los casos de asilo, crear un nuevo servicio independiente para asuntos de asilo y establecer centros de selección para migrantes irregulares en los puntos de entrada al país. Se crearon comités de expertos para elaborar propuestas sobre estos asuntos.

Varias personas fueron devueltas a países donde corrían peligro de sufrir graves abusos contra los derechos humanos.

  • En julio se llevó a cabo la devolución a Turquía de 18 solicitantes de asilo de nacionalidad turca, incluidos 4 menores de edad no acompañados. Los policías responsables de su detención en Chania, Creta, se habían negado a tramitar las solicitudes de asilo de los 4 menores y a remitir las solicitudes de los 14 adultos a las autoridades competentes.

Entre junio y agosto, las autoridades trasladaron a muchos migrantes irregulares y posibles solicitantes de asilo desde los centros de detención de inmigrantes de las islas griegas hasta la región fronteriza de Evros. Hubo informes de ONG locales e internacionales sobre expulsiones arbitrarias de personas de estos grupos.

En junio, la Ley 3772/2009 preveía la expulsión administrativa de “extranjeros” aun cuando la persona en cuestión hubiera sido acusada formalmente de algún delito punible con un mínimo de tres meses de cárcel. Los solicitantes de asilo y los refugiados no fueron excluidos del ámbito de aplicación de dicha disposición. La misma ley amplió de 3 a 6 meses el periodo de detención administrativa, con posibilidad de una prórroga de otros 12 meses en determinadas circunstancias, por lo que el periodo máximo de detención podía ser de 18 meses.

Continuaron los informes de hacinamiento y otros problemas –como falta de higiene, alimentación, ejercicio al aire libre, contacto con el exterior y asistencia médica– en los centros de detención de inmigrantes. En junio, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura concluyó que “las condiciones de reclusión de la inmensa mayoría de los migrantes irregulares privados de su libertad en Grecia siguen siendo inaceptables”.

En algunos centros se recluía a los menores de edad no acompañados durante periodos de hasta dos meses y medio debido a la escasez de plazas en los centros de acogida de menores.

  • En agosto, unos 150 menores no acompañados se declararon en huelga de hambre en el centro de detención de inmigrantes de Pagani, en Lesbos, para protestar por sus condiciones de reclusión. El centro se cerró temporalmente en noviembre.
  • En julio, un gran número de migrantes irregulares y solicitantes de asilo, entre los que había menores de edad no acompañados, fueron desalojados a la fuerza de un campamento en Patras. Según los informes, entre 80 y 100 personas se quedaron sin hogar y sin acceso a agua, instalaciones higiénicas y asistencia médica. En el mismo mes, alrededor de un centenar de migrantes irregulares fueron también víctimas de desalojo forzoso de un juzgado en desuso en Atenas.

Aumentó el número de ataques por motivos raciales contra migrantes y solicitantes de asilo.

En diciembre se anunció un anteproyecto de ley que establecería la concesión de la ciudadanía a los inmigrantes de segunda generación.

Tortura y otros malos tratos

Según la información recibida, manifestantes, abogados y periodistas sufrieron malos tratos a manos de la policía en una manifestación en enero.

  • El guardia especial que disparó contra Alexis Gregoropoulos en diciembre de 2008 fue acusado de homicidio intencionado. El segundo guardia fue acusado de complicidad. El juicio contra ambos seguía pendiente al terminar el año.

Durante el año se recibieron informes sobre casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en manifestaciones. Se tuvo noticia de un gran número de traslados arbitrarios de manifestantes a comisarías de policía, malos tratos policiales contra manifestantes pacíficos y cargas policiales con motocicletas que hirieron a participantes en las protestas de diciembre.

A lo largo del año continuaron los informes de malos tratos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, sobre todo contra miembros de grupos vulnerables, como solicitantes de asilo, migrantes y romaníes.

  • El 3 de abril, según informes, Arivan Osman Aziz, migrante kurdo iraquí, recibió una paliza brutal a manos de un agente de la guardia costera en el puerto de Igumenitsa. Cuatro meses después murió, como consecuencia de las lesiones. Al final del año no había concluido la investigación de los hechos.
  • En mayo, un agente de policía destruyó, al parecer, el ejemplar del Corán de un inmigrante sirio en un control de identidad. La investigación administrativa prometida no había concluido al acabar el año. La comunidad musulmana migrante organizó varias manifestaciones para protestar por el incidente.
  • En octubre, Mohamed Kamran Atif, migrante paquistaní, murió 14 días después de ser torturado, según informes, durante su detención y mientras estuvo recluido en una comisaría de policía de Pireo. Se abrió una investigación criminal.
  • En octubre, unos policías golpearon, según informes, a varios migrantes y solicitantes de asilo. El incidente tuvo lugar cuando éstos pidieron que los dejaran salir de un dormitorio lleno de humo tras una protesta por las condiciones de reclusión y la excesiva duración de la privación de libertad en el centro de detención de inmigrantes de Pagani, en Lesbos. Entre los agredidos se encontraba un palestino de 17 años a quien, según los informes, golpearon brutalmente. Se abrió una investigación y algunos testigos denunciaron actos de intimidación.
  • En diciembre comenzó el juicio de un agente de policía acusado de torturar a dos detenidos con descargas eléctricas en agosto de 2002.

En diciembre, el gobierno presentó un anteproyecto de decreto presidencial para el establecimiento de una oficina que se encargara de los casos de conducta arbitraria por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Se expresaron motivos de preocupación en relación con la independencia institucional y las limitaciones del mandato del órgano propuesto.

Derechos laborales

En junio, el juez encargado de investigar el atentado contra la sindicalista Konstantina Kuneva concluyó la investigación sin haber identificado a los autores. Los abogados de Kuneva expresaron dudas sobre la calidad y el rigor de la instrucción preliminar. En noviembre, el Tribunal de Faltas de Atenas ordenó que prosiguiera la investigación sobre el caso.

Condiciones de reclusión

Se recibieron informes sobre condiciones de reclusión inhumanas y degradantes en las cárceles, que incluían hacinamiento, instalaciones inadecuadas y falta de acceso a asistencia médica adecuada. Mujeres reclusas informaron de que las seguían sometiendo a la práctica de los exámenes íntimos. En diciembre se aprobaron reformas legislativas enfocadas a resolver el problema del hacinamiento en las cárceles y a mejorar las condiciones de vida en los centros penitenciarios.

Objeción de conciencia al servicio militar

La legislación vigente sobre objeción de conciencia seguía sin estar en consonancia con las normas europeas e internacionales. Los objetores de conciencia continuaron siendo objeto de discriminación e incluso de actuaciones judiciales.

  • El 31 de marzo, el Tribunal Militar de Apelación de Atenas impuso una condena condicional de 18 meses de cárcel al objetor de conciencia Lazaros Petromelidis por dos cargos de insubordinación. En 2008, Lazaros Petromelidis había sido condenado en primera instancia a tres años de cárcel por los mismos cargos.

Libertad de expresión

En un informe publicado en febrero, el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa expresó su preocupación por las prácticas excesivamente restrictivas de los tribunales griegos al negar el registro a ciertas asociaciones de minorías y ordenar la disolución de la Unión Turca de Xanthe. Los mismos motivos de preocupación expresó el experto independiente de la ONU en cuestiones de las minorías. A pesar de ambas opiniones y de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2008, el Tribunal Supremo de Grecia confirmó en junio la negativa del Tribunal de Apelación a registrar la asociación “Hogar de la Cultura Macedonia”.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

Varias personas resultaron heridas en un ataque homófobo perpetrado en un bar de Atenas en marzo. Según la información recibida, no acudieron ambulancias ni policía al lugar de los hechos a pesar de las numerosas llamadas.

Trata de personas

Pese a la preocupación expresada por el hecho de que el gobierno no había adoptado medidas suficientes para localizar a las víctimas de trata, todavía no se había aprobado el borrador con las directrices propuestas por una coalición de ONG de la que formaba parte Amnistía Internacional. La falta de fondos estatales dio lugar al cierre de algunas casas refugio para víctimas de trata.

Violaciones de derechos humanos contra la comunidad romaní

En agosto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación por los obstáculos que debía superar la población romaní en el acceso al empleo, la vivienda, la asistencia médica y la educación, aunque reconoció que ya se habían adoptado medidas especiales para la integración social de esta comunidad.

  • En agosto, al menos 11 familias romaníes se enfrentaron al desalojo forzoso de sus viviendas, situadas en un vertedero en la isla de Lefkada, y sufrieron otras violaciones de su derecho a la salud y a una vivienda adecuada. Al final del año, las familias seguían en el asentamiento. Se terminaron las obras de construcción del vertedero y se hicieron mejoras de poca importancia en el asentamiento. Sin embargo, al concluir el año las autoridades aún no habían tomado medidas para trasladar a esta comunidad romaní a un alojamiento alternativo adecuado.

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