Grecia
Jefe del Estado
Karolos Papoulias
Jefe del gobierno
Yorgos Papandreu
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
11,2 millones
Esperanza de vida
79,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
5/4 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
97 por ciento

Continuaron los informes sobre malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Grecia siguió sin tener un sistema de asilo eficaz. Continuaba suscitando preocupación el hecho de que las condiciones de reclusión en las dependencias de la guardia de fronteras y en los centros de detención de inmigrantes no alcanzaran el nivel mínimo requerido. Aumentaron los incidentes de violencia racial contra migrantes y solicitantes de asilo.

Información general

Debido a la grave crisis económica que sufría, Grecia solicitó y acordó con la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo un paquete de ayudas. El Parlamento aprobó en mayo unos drásticos recortes presupuestarios, que provocaron una serie de manifestaciones sindicales antes y después de su aprobación. El 5 de mayo, durante una manifestación celebrada en Atenas para protestar por las medidas de austeridad, tres empleados de banca murieron al lanzar unas personas sin identificar un cóctel molotov contra un banco.

Siguieron produciéndose atentados con explosivos, perpetrados por grupos armados de oposición. En junio, la explosión de un paquete bomba en el Ministerio de Protección Ciudadana, en Atenas, se cobró la vida del asistente del ministro. También en junio, unos atacantes armados mataron en Atenas a un periodista griego. En noviembre, las autoridades detectaron y destruyeron una serie de paquetes bomba dirigidos a embajadas, a organizaciones internacionales, al Parlamento y a algunos jefes de Estado de la Unión Europea.

A partir de marzo, como consecuencia de la entrada en vigor de una nueva legislación, los migrantes menores de edad podían adquirir la nacionalidad griega si reunían una serie de requisitos.

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Tortura y otros malos tratos

Se recibieron informes de uso excesivo de la fuerza y empleo desmesurado e indiscriminado de gas lacrimógeno y otros productos químicos durante manifestaciones.

  • Según los informes, durante una manifestación celebrada el 6 de diciembre en conmemoración del segundo aniversario de la muerte de Alexandros (Alexis) Gregoropoulos (véase infra), se hizo uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos. A consecuencia de ello, muchos de éstos tuvieron que recibir tratamiento hospitalario, incluidos unos 45 por heridas en la cabeza y en otras partes del cuerpo y alrededor de 30 como consecuencia de uso excesivo de gas lacrimógeno y otros productos químicos. Al parecer, unos policías antidisturbios golpearon e hirieron a un fotógrafo y a un reportero gráfico que cubrían la manifestación.

Continuaron los informes sobre malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Entre las víctimas figuraban miembros de grupos vulnerables, como solicitantes de asilo y migrantes irregulares detenidos.

  • Se recibieron denuncias sobre una brutal paliza propinada el 16 de agosto a varios migrantes irregulares y solicitantes de asilo detenidos en las dependencias de la guardia de fronteras en la localidad de Soufli. Previamente se había producido una protesta general por las pésimas condiciones de reclusión del lugar. Dos días después, a raíz de una huelga de hambre iniciada al día siguiente de este primer incidente de malos tratos, tres detenidos fueron golpeados brutalmente.
  • En octubre, un policía de un cuerpo especial fue condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable de homicidio involuntario por haber disparado a Alexis Gregoropoulos, muchacho de 15 años fallecido en diciembre de 2008. Otro policía del mismo cuerpo fue declarado culpable de complicidad en el homicidio y condenado a 10 años de cárcel.

Al final de una visita realizada en octubre, el relator especial de la ONU sobre la tortura pidió a las autoridades que ratificaran el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura y establecieran un mecanismo independiente y efectivo de quejas contra la policía. Un proyecto de ley presentado en diciembre preveía la creación de una oficina para tratar los casos de conducta arbitraria de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. No obstante, la independencia y eficacia de este organismo suscitaban preocupación.

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Personas refugiadas y migrantes

Seguía siendo motivo de preocupación que, en las dependencias de la guardia de fronteras y en los centros de detención de inmigrantes, las condiciones de reclusión no alcanzaran el nivel mínimo requerido. Hacinamiento, detención prolongada en instalaciones concebidas para estancias breves, falta de higiene y acceso limitado o nulo a asistencia médica eran algunas de las deficiencias.

Se produjo un aumento notable del número de migrantes irregulares y solicitantes de asilo que llegaban a la región griega de Evros a través de la frontera terrestre greco-turca. En octubre, el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, pidió al gobierno iniciativas urgentes para abordar las necesidades humanitarias en Evros, incluidos el despliegue de personal suficiente y medidas inmediatas para garantizar un nivel mínimo de dignidad humana en los centros de detención. Suscitó preocupación el hecho de que Frontex, el organismo europeo encargado de la seguridad de las fronteras exteriores, desplegara el 2 de noviembre un equipo de intervención rápida en la región.

Grecia seguía careciendo de un sistema de asilo eficaz, y al finalizar el año no se habían terminado de aprobar reformas largo tiempo aplazadas. En septiembre, el ACNUR calificó la situación imperante en materia de asilo de “crisis humanitaria” e instó a las autoridades griegas a acelerar la reforma del sistema. Los Estados europeos firmantes del Reglamento Dublín II agravaban la crisis al insistir en devolver solicitantes de asilo a Grecia.

En noviembre entró en vigor un decreto transitorio sobre el procedimiento de determinación de casos de asilo (Decreto Presidencial 114/2010). En él, se volvía a introducir la apelación en primera instancia en los casos de asilo y en otros casos de protección internacional y se establecían disposiciones transitorias para resolver los numerosos recursos pendientes, al parecer cerca de 47.000. La policía seguía siendo la autoridad responsable de examinar inicialmente las solicitudes de asilo. La asistencia letrada gratuita continuaba estando disponible sólo para los solicitantes de asilo que hubieran presentado un recurso ante el Consejo de Estado.

En diciembre se presentó ante el Parlamento un proyecto de ley para la creación de un nuevo organismo responsable de determinar la concesión de asilo, integrado exclusivamente por personal civil. El proyecto de ley preveía también la creación de centros de acogida inicial y la transposición de la Directiva de Retorno de la UE a la legislación griega. Algunas de sus disposiciones eran motivo de preocupación, entre ellas el plazo máximo que podía estar detenido un solicitante de asilo antes de ser devuelto a otro país.

En Atenas, varios solicitantes de asilo se declararon en huelga de hambre para protestar por el largo retraso en la tramitación de sus solicitudes.

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Discriminación

Según los informes, aumentaron los incidentes de violencia racial contra migrantes y solicitantes de asilo, sobre todo en Atenas. Se denunció que, en el barrio ateniense de Aghios Panteleimon, la policía no protegía a las víctimas de estos ataques.

Comunidad romaní

En una decisión hecha pública en mayo, el Comité Europeo de Derechos Sociales concluyó que Grecia vulneraba el artículo 16 de la Carta Social Europea y afirmó que un número significativo de familias romaníes seguían viviendo en condiciones que no alcanzaban los niveles mínimos exigidos. El Comité afirmó también que los romaníes continuaban siendo objeto de desalojos forzosos y no disponían de acceso suficiente a recursos legales.

  • En septiembre, en la causa Georgopoulos et al. v. Greece, el Comité de Derechos Humanos de la ONU resolvió que Grecia había violado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al derribar en 2006 la casa de una familia romaní e impedir la construcción de una nueva en el asentamiento romaní de Riganokampos, en el municipio de Patras.

Varias ONG mostraron su preocupación por el hecho de que las autoridades griegas siguieran sin aplicar la sentencia dictada en 2008 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la causa Sampanis v. Greece. Según los informes, los menores de edad romaníes, incluidos los demandantes en dicha causa, continuaban sufriendo segregación en la educación y no se había puesto en marcha ninguna iniciativa efectiva para aumentar el número de niños y niñas romaníes escolarizados ni garantizarles una educación plenamente integrada.

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Condiciones de reclusión

A lo largo del año siguieron recibiéndose denuncias sobre el hacinamiento y las pésimas condiciones de reclusión existentes en numerosas cárceles. En diciembre, según los informes, unos 8.000 reclusos de toda Grecia se negaron a comer y alrededor de 1.200 se declararon en huelga de hambre permanente para reclamar, entre otras cosas, una mejora de la situación de hacinamiento y de las condiciones de reclusión.

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Objeción de conciencia

En septiembre se promulgó una nueva legislación sobre el derecho a la objeción de conciencia por la que se disminuía ligeramente la duración del servicio alternativo y se eliminaba la obligación de los objetores de conciencia de permanecer en la reserva. Sin embargo, la duración máxima del servicio alternativo prevista en la ley seguía teniendo de hecho un carácter punitivo, pues era el doble de la del servicio militar ordinario. Era probable que la duración reducida del servicio alternativo, al depender de la discrecionalidad del Ministerio de Defensa Nacional, mantuviera su carácter punitivo en el caso de la gran mayoría de los reclutas.

Se continuó persiguiendo de manera reiterada a los objetores de conciencia.

  • En febrero, el Tribunal Militar de Apelación de Atenas confirmó la decisión del Tribunal Naval del Pireo de declarar culpable de deserción al militar profesional Giorgos Monastiriotis y le impuso una condena condicional de cinco meses de cárcel. En 2003, Giorgos Monastiriotis se había negado a ir con su unidad a la guerra de Irak alegando motivos de conciencia.
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Trata de personas

En agosto se aprobó la Ley 3875/2010 con el fin, entre otros, de aplicar el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas (Protocolo de Palermo), adoptado por la ONU en el año 2000. Esta ley incluía cambios positivos, como no condicionar la protección y el apoyo a las víctimas a su colaboración en las acciones judiciales emprendidas contra los presuntos traficantes una vez cumplidos ciertos requisitos.

Pese al anuncio hecho por el gobierno en 2009 de que se crearían más albergues para mujeres víctimas de trata y violencia intrafamiliar, sólo 2 albergues públicos de los 38 que recibían ayudas del Estado eran operativos, mientras que, por falta de fondos, seguía funcionando sólo un albergue para víctimas de trata administrado por varias ONG.

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Derechos laborales

Siguió suscitando preocupación la exhaustividad de la investigación penal sobre el ataque sufrido por Konstantina Kuneva, y la causa corría de nuevo peligro de ser archivada de manera definitiva. Su continuación quedó garantizada momentáneamente cuando, como resultado de una orden emitida a finales de año por la fiscalía, esta investigación se unió a una investigación adicional sobre las condiciones laborales en las empresas de limpieza. El 22 de diciembre de 2008, la dirigente sindical Konstantina Kuneva había resultado gravemente herida en Atenas al arrojarle unos desconocidos ácido sulfúrico.

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