Guatemala
Jefe del Estado y del gobierno
Álvaro Colom Caballeros
Pena de muerte
retencionista
Población
14,4 millones
Esperanza de vida
70,8 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
45/34 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
73,8 por ciento

La violencia contra las mujeres siguió siendo generalizada. Las autoridades no protegieron de forma satisfactoria los derechos de los pueblos indígenas. La justicia continuó siendo esquiva para la gran mayoría de las 200.000 víctimas del conflicto armado interno de 1960-1996. Se siguió intimidando a defensores y defensoras de los derechos humanos.

Información general

La delincuencia violenta fue generalizada y afectó a la mayoría de la población. En junio aparecieron cabezas decapitadas en los terrenos del edificio del Congreso y otros lugares destacados de la capital, presuntamente depositadas por pandillas callejeras.

En octubre, el Congreso aprobó una ley que podría haber desembocado en la reanudación del uso de la pena de muerte. Sin embargo, el presidente la vetó y en diciembre Guatemala votó a favor de la resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria del uso de la pena capital.

Siguió imperando la corrupción. Las instituciones seguían siendo frágiles y vulnerables al crimen organizado. En junio, Carlos Castresana, director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), patrocinada por la ONU, renunció a su cargo en respuesta al nombramiento de un fiscal general presuntamente relacionado con el crimen organizado. Tres días después, la Corte de Constitucionalidad anuló el proceso de selección y se nombró a una fiscal general provisional hasta que se efectuara un nuevo proceso de selección.

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Violencia contra las mujeres

Según la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 695 mujeres perdieron la vida de forma violenta en 2010, lo que elevó el número total de mujeres víctimas de homicidio desde 2004 al menos a 4.400. En septiembre comenzaron a funcionar en la ciudad de Guatemala los Tribunales Especiales creados por la Ley contra el Femicidio de 2008.

En octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acordó examinar el caso de Claudina Velásquez, estudiante de Derecho de 19 años que murió de forma violenta en 2005. Cinco años después de su muerte, nadie había rendido cuentas por lo ocurrido y seguía habiendo serias dudas sobre la eficacia de la investigación.

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Derechos de los pueblos indígenas

En mayo, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial recomendó que se introdujeran leyes para garantizar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas a las propuestas de proyectos de desarrollo que pudieran afectar a sus vidas y su sustento.

También en mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a Guatemala que suspendiera los trabajos en la mina de oro Marlin 1, en el departamento de San Marcos, descontaminara las fuentes de agua, iniciara un programa de salud y garantizara la vida y la integridad física de los miembros de 18 comunidades mayas. A pesar de que el presidente se comprometió a acatar la decisión, al final del año la mina seguía funcionando.

En junio, el relator especial de la ONU sobre los pueblos indígenas concluyó que los conflictos entre las compañías mineras y las comunidades indígenas se debían básicamente a la ausencia de consultas con las comunidades afectadas por las extracciones y a la ausencia de seguridad en la tenencia de las tierras.

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Seguridad pública

La delincuencia violenta y la violencia de las pandillas siguieron siendo generalizadas. Según cifras de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, a lo largo del año 5.960 personas perdieron la vida a causa de la delincuencia.

En agosto, el ministerio público, con el apoyo de la CICIG, obtuvo órdenes de detención contra 19 personas, entre ellas un ex ministro de Gobernación y un ex director de policía, en relación con la ejecución extrajudicial de presos en 2005 y 2006. Al concluir el año se había detenido a 9 de estas personas, y se habían emprendido procedimientos de extradición o actuaciones judiciales contra otras 4, que estaban fuera del país.

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Impunidad

La gran mayoría de los miles de violaciones de derechos humanos documentadas que se cometieron durante el conflicto armado interno de 1960-1996 seguían sin resolverse. No se cumplió el compromiso formulado por el presidente en 2008 de desclasificar y hacer públicos todos los archivos militares relacionados con el conflicto.

  • El procedimiento contra el ex presidente, general Ríos Montt, y otros mandos militares y policiales de principios de la década de 1980 por violaciones graves de derechos humanos siguió paralizado porque el Ministerio de Defensa Nacional no entregó unos documentos a pesar de la orden dictada a tal efecto por una corte guatemalteca.
  • En mayo fue detenido en Estados Unidos Gilberto Jordán, ex soldado de las fuerzas especiales guatemaltecas. Según el Departamento de Justicia estadounidense, Jordán confesó que había participado en la masacre de Dos Erres de 1982, en la que fueron asesinados 250 hombres, mujeres, niños y niñas indígenas, y dijo que la primera persona a la que había matado había sido un bebé, al que asesinó arrojándolo al pozo del pueblo. En septiembre, Jordán fue condenado a 10 años de prisión por ocultar su participación en la matanza en su solicitud de ciudadanía.
  • En octubre, los ex policías Héctor Roderico Ramírez Ríos y Abraham Lancerio Gómez fueron condenados a 40 años de prisión cada uno por la desaparición forzada, ocurrida en 1984, del sindicalista Fernando García.
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Defensores y defensoras de los derechos humanos

Durante el año, las organizaciones de derechos humanos documentaron 305 incidentes de intimidación, amenazas y ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidos 8 homicidios. En la gran mayoría de estos crímenes y de otros anteriores, las autoridades no hicieron rendir cuentas a los responsables.

  • Varios empleados de UDEFEGUA, ONG de derechos humanos con sede en la ciudad de Guatemala, fueron objeto de una serie de ataques, actos de intimidación y amenazas. En febrero, el automóvil de una empleada de la organización fue manipulado, lo que causó que ella perdiera temporalmente el control del vehículo al conducirlo.
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Visitas

  • Una delegación de Amnistía Internacional visitó Guatemala en julio.