Persistieron las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. Se avanzó en
los procesamientos por violaciones de derechos humanos cometidas durante el periodo
de conflicto armado interno (1960-1996). Los defensores y defensoras de los derechos
humanos fueron objeto de amenazas, intimidación y ataques.
En septiembre se celebraron elecciones presidenciales, legislativas y locales. El
general retirado Otto Pérez Molina fue proclamado ganador de la segunda vuelta de
las elecciones presidenciales celebrada en noviembre y estaba previsto que tomara
posesión de su cargo en enero de 2012.
Persistieron los elevados niveles de delincuencia violenta, violencia de pandillas
y violencia relacionada con las drogas. Las autoridades registraron 5.681 homicidios
durante el año. El conflicto entre organizaciones de narcotráfico se tradujo a menudo
en torturas y homicidios. En mayo, en una finca de El Naranjo, departamento de Petén,
un grupo de hombres armados mató y decapitó a 27 trabajadores. La violencia fue atribuida
a una disputa entre narcotraficantes y el propietario de la finca.
Hubo numerosos informes sobre la implicación de las pandillas callejeras, conocidas
como maras, en actos de extorsión y delincuencia violenta en comunidades pobres. En
general se consideró que los esfuerzos de la policía por reducir la violencia eran
ineficaces.
Al finalizar el año había 13 presos condenados a muerte. No se había llevado a cabo
ninguna ejecución desde el año 2000, y el presidente Colom había vetado varios proyectos
de ley sobre la reanudación de las ejecuciones. Sin embargo, el presidente electo
Molina anunció que las reanudaría tras tomar posesión de su cargo.
Siguieron violándose los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de los conflictos
sobre tierras y los proyectos de desarrollo que se emprendieron sin consultar con
las comunidades afectadas y sin obtener de ellas el consentimiento libre, previo e
informado. En marzo, el relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos
indígenas señaló el elevado nivel de inestabilidad y conflicto social relacionado
con las actividades de las empresas mineras en tierras indígenas. El relator pidió
a las autoridades que reconocieran los derechos territoriales de los pueblos indígenas
y garantizaran su participación en los procesos de toma de decisiones.
En marzo fueron desalojados alrededor de 2.500 indígenas del Valle del Polochic, departamento
de Alta Verapaz, en el contexto de un conflicto con una empresa local sobre la propiedad
de las tierras. Un miembro de la comunidad, Antonio Beb Ac, murió y otros dos resultaron
heridos durante el desalojo. En los meses siguientes, dos miembros de la comunidad
murieron de forma violenta, y seis resultaron heridos. En agosto, el Estado se negó
a cumplir plenamente la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
respecto a proporcionar protección y ayuda humanitaria a las comunidades. Al finalizar
el año éstas seguían teniendo un acceso limitado a un alojamiento adecuado, a agua
no contaminada, a la comida o a la atención para la salud.
Se produjeron avances en algunos juicios por violaciones de derechos humanos cometidas
durante el conflicto armado interno. En julio, el ejército desclasificó varios documentos.
Sin embargo, no se hicieron públicos los documentos relativos al periodo comprendido
entre 1980 y 1985, años en los que se cometieron la gran mayoría de las violaciones
de derechos humanos.
En agosto, cuatro miembros de una unidad de élite del ejército fueron condenados a
largas penas de prisión por su participación en la masacre de Dos Erres de 1982, en
la que murieron 250 hombres, niños, mujeres y niñas, muchas de las cuales fueron violadas.
En octubre, la Corte de Constitucionalidad ordenó a la Corte Suprema de Justicia que
aclarara la sentencia por la que ordenaba que un tribunal civil juzgara a los presuntos
autores de la desaparición forzada y tortura en 1992 de Efraín Bámaca Velásquez. Los
presuntos autores ya habían sido juzgados y absueltos en un juicio militar secreto
celebrado en 1994.
Los generales retirados Héctor López Fuentes, Óscar Mejía Víctores y José Mauricio
Rodríguez Sánchez fueron acusados formalmente de planear y supervisar actos de genocidio,
violencia sexual organizada y desplazamiento forzoso de grupos de población entre
1982 y 1983. Al finalizar el año los tres estaban en espera de ser juzgados.
Según las autoridades, 631 mujeres fueron víctimas de homicidio durante el año. La
Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, promulgada en
2008 y que, entre otras cosas, introdujo tribunales especiales para juzgar actos de
violencia contra las mujeres, parecía haber tenido un escaso impacto en la reducción
de la violencia contra las mujeres y en la rendición de cuentas de los responsables.
Las personas que defendían los derechos humanos, periodistas y sindicalistas entre
ellas, siguieron siendo objeto de amenazas, hostigamiento y ataques. Las organizaciones
locales documentaron 402 incidentes de este tipo.
En febrero fueron asesinados Catalina Mucú Maas, Alberto Coc Cal y Sebastian Xuc Coc,
de la comunidad indígena de Quebrada Seca, departamento de Izabal. Los tres habían
participado activamente en negociaciones relacionadas con conflictos de tierras. Varios
miembros más de la comunidad recibieron amenazas de muerte. Al finalizar el año nadie
había rendido cuentas de los homicidios ni de las amenazas.
En agosto, cuatro miembros del personal de la Fundación de Antropología Forense de
Guatemala recibieron amenazas de muerte después de que tres ex militares fueran declarados
culpables de la masacre de Dos Erres.
El sindicalista Byron Arreaga, que había hecho campaña contra la corrupción, murió
por disparos en el departamento de Quetzaltenango en septiembre.
