Información general

El general Sékouba Konaté, nombrado presidente interino en diciembre de 2009, obtuvo el apoyo de la comunidad internacional, que presionó a las autoridades para que organizasen elecciones presidenciales. En enero se escogió a un civil, Jean Marie Doré, como primer ministro y en febrero se nombró un nuevo gobierno. En mayo se adoptó una nueva Constitución por decreto presidencial.

Después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de junio, aumentaron las tensiones políticas y étnicas entre acusaciones de parcialidad en el seno de la Comisión Electoral Nacional Independiente. Después de tres aplazamientos, la segunda vuelta se celebró en noviembre. El líder opositor Alpha Condé ganó las elecciones, pero el candidato derrotado, Cellou Dalein Diallo, declaró que los comicios habían estado manipulados, y estallaron enfrentamientos violentos entre sus partidarios y las fuerzas de seguridad. El 17 de noviembre se declaró el estado de excepción, que imponía el toque de queda y concedía poderes adicionales a las fuerzas de seguridad.

En octubre, la Unión Europea prorrogó sus sanciones contra Guinea. Además de un embargo de armas, se establecía una prohibición de visado con objeto de impedir la entrada en el territorio de la Unión Europea a personas vinculadas con la represión de septiembre de 2009.

Delitos de derecho internacional: septiembre de 2009

La Comisión Nacional de Investigación establecida para esclarecer los hechos del 28 de septiembre de 2009 presentó sus conclusiones en febrero de 2010. La Comisión reconoció que los manifestantes habían sufrido una represión violenta por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, pero culpó a la “multitud excitada” y a la falta de material y de coordinación de las fuerzas de seguridad. Además, acusó a las organizaciones de la sociedad civil de difundir “cifras exageradas en relación con el número de muertes, violaciones y desapariciones”. Respecto a la violencia sexual, el informe señalaba que ninguna mujer víctima de violación se había presentado para testificar ante la Comisión, y que en consecuencia ésta se había basado únicamente en los registros médicos. La Comisión mencionó al teniente Aboubacar “Toumba” Diakite, el hombre que presuntamente intentó matar al presidente Camara, y su unidad de “boinas rojas”, como responsables de la violencia, y pidió que fueran juzgados ante tribunales guineanos. La Comisión recomendó una amnistía completa para los dirigentes de la antigua oposición, ahora en el gobierno, declarados culpables de conducta indebida.

La Comisión afirmó que los líderes políticos, al negarse a cancelar la manifestación tras haber sido prohibida por las autoridades, compartían alguna responsabilidad en los hechos. Afirmó asimismo que los manifestantes habían cometido actos de robo, saqueo y destrucción de bienes públicos y privados.

En febrero, la fiscal adjunta de la Corte Penal Internacional afirmó que las personas con responsabilidad en los delitos cometidos en Guinea no debían quedar impunes y que quienes habían violado derechos tenían que ser juzgados por las autoridades guineanas o por la propia Corte. La fiscal adjunta agregó que se habían cometido crímenes de lesa humanidad el 28 de septiembre de 2009 y en el periodo subsiguiente, y que la Corte Penal Internacional debía proseguir su investigación preliminar.

Las autoridades guineanas no adoptaron medidas para suspender en sus funciones o procesar a los autores de violaciones de derechos humanos. El gobierno nombrado en febrero incluía a miembros de la junta militar que había servido en el gobierno anterior. Dos ex ministros que habían sido mencionados por la Comisión Internacional de Investigación de la ONU sobre los hechos de septiembre de 2009 fueron designados miembros del gabinete presidencial. La Comisión de Investigación presentó un informe al secretario general de la ONU en diciembre de 2009, pero al terminar el año el informe no se había hecho público oficialmente.

Escrutinio internacional

En mayo se evaluó el historial de derechos humanos de Guinea en virtud del examen periódico universal de la ONU. Durante el proceso de examen, Guinea aceptó más de 100 recomendaciones. Accedió a: poner a disposición de la justicia a todos los presuntos autores de ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura, malos tratos, violación y otras violaciones graves de los derechos humanos; garantizar que las víctimas de estas violaciones se beneficiarían de reparación plena y que las familias de las personas que murieron recibirían una indemnización adecuada; y reforzar la protección de los grupos vulnerables, especialmente las mujeres. Guinea expresó reservas en relación con nueve recomendaciones, entre ellas una relativa a la abolición de la pena de muerte.

Tortura y otros malos tratos

Continuaron las denuncias de tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad. La mayoría de las personas detenidas arbitrariamente eran golpeadas en el momento de la detención, ya fuera en la calle o en sus hogares. Algunas eran golpeadas también en las dependencias de la gendarmería y en las comisarías de policía.

• En octubre, las fuerzas de seguridad registraron varias zonas de la capital, Conakry, como Bambeto, Koza y Hamdallaye. Cinco personas, entre ellas Mamadou Adama Diallo, fueron golpeadas y trasladadas a la comisaría. Quedaron en libertad sin cargos más tarde.
• Aliou Barry, presidente del Observatorio Nacional de la Democracia y de los Derechos Humanos, fue golpeado en octubre cuando intentaba proteger a un grupo de personas de la agresión de miembros de las fuerzas de seguridad en Hamdallaye. Sufrió fractura del brazo izquierdo y fue llevado a las dependencias de la gendarmería, donde estuvo recluido durante unas horas antes de quedar en libertad sin cargos.

Detención y reclusión arbitrarias

Después de la primera y la segunda vueltas de las elecciones presidenciales, en junio y noviembre, decenas de guineanos, entre los que había presos de conciencia, fueron detenidos y recluidos en cuarteles militares y comisarías de policía. A la mayoría se les negó el acceso a representación letrada; a muchos se les negó también el acceso a sus familias y a atención médica. Algunos de ellos quedaron en libertad al cabo de días o semanas.

Uso excesivo de la fuerza

Durante las protestas y las reuniones políticas, las fuerzas de seguridad usaron fuerza innecesaria o excesiva contra manifestantes pacíficos. Al menos 10 guineanos murieron en la calle en noviembre. Recibieron disparos de las fuerzas de seguridad en la cabeza, el abdomen, el tórax o la parte posterior de la cabeza.

• Mamadou Macka Diallo, de 18 años y estudiante en Conakry, murió a manos de un policía en Conakry en noviembre. Abdoulaye Ba, estudiante de 16 años, murió por disparos efectuados por un miembro de las fuerzas de seguridad cuando entraba en su casa de Koza, Conakry. Abdoulaye Boubacar Diallo, trabajador portuario, murió a manos de un miembro de las fuerzas de seguridad cuando escapaba al ver que éstas disparaban a la gente.

En septiembre y octubre, tras el aplazamiento de las elecciones, las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva para disolver manifestaciones de simpatizantes de partidos políticos rivales. Las fuerzas de seguridad dispararon indiscriminadamente contra civiles desarmados, golpearon a manifestantes y saquearon viviendas. En octubre, más de 60 personas resultaron heridas y al menos 15 presentaban heridas de bala. Un hombre, Ibrahim Khalil Bangourah, murió como consecuencia de las heridas sufridas.