Guinea
Jefe del Estado
Alpha Condé
Jefe del gobierno
Mohamed Saïd Fofana
Pena de muerte
retencionista
Población
10,2 millones
Esperanza de vida
54,1 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
141,5 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
39,5 por ciento

La residencia del presidente Condé fue atacada en julio. La policía y la gendarmería usaron fuerza excesiva; al menos tres personas resultaron muertas. Continuaron las detenciones arbitrarias, así como la tortura y otros abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en un clima de impunidad. La libertad de expresión seguía estando amenazada. Se condenó a muerte a 16 personas. Se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Información general

Al acercarse las elecciones parlamentarias previstas inicialmente para finales de 2011, aumentaron los temores de posible inestabilidad después de dos ataques con armas de fuego y cohetes perpetrados en julio contra la residencia del presidente Condé en la capital, Conakry. Se detuvo a militares y civiles y se los acusó de organizar los ataques. El presidente Condé culpó también a Senegal y Gambia y a los líderes de la oposición en el transcurso de una entrevista concedida a una emisora de radio senegalesa. Los dos países negaron estas denuncias, y los opositores políticos criticaron la postura adoptada por el presidente. Se puso en duda la independencia y la imparcialidad de la Comisión Electoral Nacional Independiente tras proponer ésta las fechas de las elecciones sin consultar con la oposición política. Al terminar el año no se había confirmado ninguna fecha.

En febrero, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos publicó un informe sobre Guinea. Entre los motivos de preocupación que se ponían de relieve figuraban las violaciones de derechos humanos cometidas con impunidad por las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas durante decenios, y la violencia sexual y de género, en ocasiones vinculada a prácticas tradicionales. El informe recomendaba a Guinea que diera seguimiento a las recomendaciones del examen periódico universal realizado en 2010, que incluían cooperar estrechamente con los órganos de vigilancia de los tratados y con los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y autorizar a estos mecanismos a realizar visitas periódicas. En una resolución posterior adoptada en su 16 periodo de sesiones (A/HRC/RES/16/36), el Consejo respaldó las conclusiones del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Reiteró asimismo la necesidad de que Guinea se esforzara por aplicar las recomendaciones de la Comisión de Investigación de la ONU, incluida la de tomar medidas para combatir la impunidad.

En marzo, el presidente Condé instituyó por decreto la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En julio, el Consejo Nacional de Transición adoptó una nueva ley relativa a la organización y el funcionamiento de la Institución Nacional Independiente de Derechos Humanos.

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Uso excesivo de la fuerza

La policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley seguían haciendo uso indebido de medios letales. En septiembre se utilizaron munición real, gas lacrimógeno y porras contra personas que se dirigían a una manifestación no autorizada contra la organización de elecciones. Al menos tres personas resultaron muertas, entre ellas Amadou Boye Barry. En una declaración pública, el ministro de Comunicación respondió a Amnistía Internacional y afirmó que habían muerto dos personas y que se había abierto una investigación judicial.

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Posibles presos de conciencia

Según informes, la policía y el ejército detuvieron y recluyeron arbitrariamente a posibles presos de conciencia. En la mayoría de los casos se ejerció fuerza excesiva.

En abril, las fuerzas de seguridad dispersaron, usando fuerza excesiva, a partidarios de la Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea (UFDG) en el aeropuerto de Conakry, donde habían acudido para recibir al líder de la organización, Cellou Dalein Diallo. Al menos 25 personas resultaron heridas. También se practicaron detenciones, entre ellas las de Alpha Abdoulaye Sow y Abdoulaye Diallo, soldados encargados de la seguridad del líder opositor. Ambos fueron condenados a penas de cárcel por “participación en una manifestación prohibida, actos de vandalismo y violencia”, y fueron indultados en agosto.

En septiembre se detuvo por participación en una manifestación prohibida a más de 300 personas que se oponían a la manera en que se habían organizado las elecciones. Algunas quedaron en libertad más tarde. Más de 50 fueron condenadas a penas de entre un mes y un año de cárcel y a otras 95 se les impusieron condenas condicionales de prisión.

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Tortura y otros malos tratos

Seguía habiendo casos de soldados y agentes de policía que infligían impunemente tortura y malos tratos a detenidos y a otras personas.

  • En febrero, a un hombre detenido en Mamou por asaltar vehículos en la carretera lo llevaron a la comisaría de policía. Lo esposaron a una ventana con los pies tocando apenas el suelo y lo dejaron así durante más de ocho horas. Lo golpearon mientras estaba esposado y colgado con el cuerpo doblado y con un palo colocado entre las rodillas y los codos.
  • En abril, unos militares detuvieron y golpearon a un partidario de la UFDG cuando se dirigía al aeropuerto de Dixinn. En la comisaría central de policía de Conakry le vendaron los ojos y lo amenazaron.
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Libertad de expresión: periodistas

  • Daniel Loua y Théodore Lamah, periodistas de Radio Liberté de Nzérékoré, fueron detenidos en enero y acusados de “incitación a la violencia y alteración del orden público” tras aludir en un programa de radio al posible regreso del ex presidente Camara. Quedaron en libertad el día siguiente.
  • En mayo, tras la publicación en el periódico L’indépendant-Le Démocrate de un artículo relativo a los aumentos salariales en las fuerzas armadas, unos soldados intentaron detener al editor, Mamadou Dian Diallo, y a otros periodistas. Los militares abandonaron las oficinas del periódico tras la mediación de dos organizaciones de derechos humanos.
  • En julio, el Consejo Nacional de la Comunicación prohibió a todos los medios nacionales y extranjeros informar sobre el ataque contra la residencia del presidente Condé. La prohibición se levantó tres días después.
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Impunidad

La impunidad y la falta de disciplina en el seno de las fuerzas armadas seguían siendo motivo de preocupación.

  • Las familias de más de 150 personas que habían resultado muertas, y más de 40 mujeres que habían sido violadas públicamente, cuando las fuerzas de seguridad atacaron una concentración pacífica de la oposición contra la junta militar del ex presidente Camara en septiembre de 2009, seguían esperando justicia. Una comisión de investigación de la ONU afirmó que era razonable considerar los hechos como crímenes de lesa humanidad. Aunque se abrió una investigación judicial en 2010, al terminar el año no se había suspendido en sus funciones a los autores de la masacre ni se había emprendido ningún enjuiciamiento.
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Pena de muerte

En septiembre, un tribunal de Kankan condenó a muerte a 16 personas, 8 de ellas in absentia. Habían sido declaradas culpables de “asesinatos con premeditación, homicidios con violencia, asociación de malhechores y destrucción de bienes ajenos” tras unos enfrentamientos entre dos grupos étnicos en los que murieron al menos 25 personas.

Las condenas no concordaban con la declaración efectuada por el presidente Condé en julio, durante una reunión con diplomáticos extranjeros, en el sentido de que la pena de muerte no existía en Guinea. El presidente dijo que nunca era aceptable condenar a muerte a una persona, ni siquiera en el caso de quienes atentasen contra la vida del presidente, ya que eso no le devolvería la vida.

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