Guyana
Jefe del Estado y del gobierno
Bharrat Jagdeo
Pena de muerte
retencionista
Población
0,8 millones
Esperanza de vida
67,9 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
66/47 por cada 1.000

Al menos una persona murió por disparos de la policía en circunstancias que indicaban que pudo haber sido un homicidio ilegítimo. Los pueblos indígenas siguieron encontrando obstáculos para que se respetaran sus derechos a la tierra. Al menos una persona fue condenada a muerte; no hubo ejecuciones.

Información general

El historial de Guyana en materia de derechos humanos fue evaluado en el examen periódico universal de la ONU en septiembre. Las autoridades apoyaron varias recomendaciones, pero rechazaron muchas otras. Por ejemplo, no se comprometieron a abrir una investigación independiente sobre la muerte de más de 200 personas presuntamente asesinadas por “escuadrones de la muerte” entre 2002 y 2006.

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Tortura y otros malos tratos

Las actuaciones judiciales seguidas contra tres policías procesados en relación con la tortura y los malos tratos infligidos en la comisaría de policía de Leonora en octubre de 2009 a tres hombres, entre ellos un muchacho de 15 años, se paralizaron en los tribunales. Según informes, una de las víctimas había aceptado el pago de una indemnización y un familiar de otra declaró que el caso se había “resuelto”. Los tres agentes acusados seguían en servicio activo al concluir el año.

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Homicidios ilegítimos

En junio, Kelvin Fraser, de 16 años, sufrió heridas mortales a manos de la policía en la comunidad de Patentia, en las islas Essequibo-Demerara Occidental. Según informes, Kelvin Fraser y otros tres jóvenes huyeron de unos policías que investigaban unas quejas contra ellos por acosar a unas alumnas de la escuela secundaria de Patentia. Un agente capturó a Fraser y le disparó en el pecho cuando intentaba detenerlo. Al concluir el año proseguía la investigación sobre el incidente.

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Derechos de los pueblos indígenas

En septiembre fueron nombrados los integrantes de la recién creada Comisión de Pueblos Indígenas. Entre las funciones básicas de la Comisión figuraban la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, así como formular recomendaciones sobre políticas económicas y educativas para promover los intereses de estos pueblos.

Las reclamaciones de tierras indígenas siguieron tramitándose en aplicación de la Ley de Asuntos Amerindios de 2006. Sin embargo, los pueblos indígenas afirmaban que los deficientes procesos de demarcación estaban permitiendo que el gobierno se apropiase de tierras tradicionales, y que en algunas zonas la demarcación se había realizado sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas.

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Violencia contra mujeres y niñas

El grado de violencia contra mujeres y niñas siguió siendo elevado. Según el Fondo de Desarrollo de la ONU para la Mujer (UNIFEM), una de cada cuatro mujeres de Guyana había sufrido malos tratos físicos en una relación.

En abril, la Asamblea Nacional aprobó la Ley sobre Delitos Sexuales. La ley, que incluía disposiciones que ampliaban la definición de violación y penalizaban la violación conyugal, fue recibida como un paso importante en la erradicación de la violencia sexual.

En octubre se reunió por primera vez un grupo de trabajo creado para desarrollar y coordinar la aplicación del Plan Nacional para la Prevención de Delitos Sexuales.

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Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

Las relaciones sexuales entre varones seguían siendo un delito castigado con largas penas de prisión. Se siguieron utilizando leyes que databan de la antigua administración colonial para discriminar a las personas transgénero.

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Derecho a la salud: VIH/sida

El estigma y la discriminación que sufrían las personas que vivían con el VIH/sida siguieron siendo un obstáculo para el éxito de la implantación del tratamiento.

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Pena de muerte

Al menos una persona fue condenada a muerte en 2010. Al concluir el año había más de 30 hombres en espera de ejecución. No hubo ejecuciones durante 2010; la última tuvo lugar en 1997.

En octubre se promulgó la Ley de la Legislación Penal (Delitos), que preveía la abolición de la pena de muerte preceptiva por asesinato. Sin embargo, el gobierno rechazó las peticiones de dictar una moratoria de las ejecuciones con vistas a abolir la pena capital.

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