El terremoto de enero dejó a casi 2 millones de personas sin hogar y desencadenó una
crisis humanitaria sin precedentes. Al finalizar 2010 seguía habiendo más de un millón
de desplazados en campamentos provisionales donde la violencia contra mujeres y niñas
era creciente. El gran número de menores de edad no acompañados y huérfanos suscitó
el temor de que muchos de ellos fueran objeto de trata e introducidos ilegalmente
en la vecina República Dominicana o en otros países. La destrucción de las instituciones
estatales y el agotamiento de sus recursos dejaron a la población prácticamente sin
acceso a la justicia ni a reparaciones por los abusos. En enero, la policía haitiana
mató a tiros a 12 presos en Les Cayes durante un intento de fuga carcelaria.
El 12 de enero, un terremoto destruyó grandes zonas de Puerto Príncipe, la capital
de Haití, así como ciudades y zonas remotas del sur del país, lo que desencadenó una
crisis humanitaria sin precedentes. El gobierno calculaba que hubo más de 230.000
muertos y 300.000 heridos. Las instituciones y oficinas públicas resultaron gravemente
afectadas, pues se destruyeron 15 de los 17 edificios ministeriales, 1.500 escuelas
y 50 hospitales y consultorios médicos. También quedó destruida la sede de la misión
de la ONU. La comunidad internacional y las agencias humanitarias respondieron rápidamente
con ayuda humanitaria de emergencia, pero ésta llegó con lentitud a algunas de las
comunidades más afectadas.
En marzo se reunieron en Nueva York más de 150 países donantes y organizaciones internacionales
que se comprometieron a aportar 5.300 millones de dólares estadounidenses que se desembolsarían
durante 18 meses para financiar la reconstrucción de Haití tras el terremoto. Sin
embargo, las labores de desescombro y la construcción de alojamientos temporales
para los sobrevivientes del seísmo fueron lentas. Al finalizar el año, más de un millón
de personas vivía aún en unos 1.110 campamentos formales e informales, a menudo en
condiciones extremas. En octubre, un huracán causó más daños en los alojamientos de
los campamentos.
En septiembre estalló una epidemia de cólera en algunas comunidades situadas junto
al río Artibonite que se propagó rápidamente a otras zonas del país. La ONU estableció
un grupo independiente de expertos para investigar el origen del brote. En diciembre
se había informado de más de 100.000 casos de cólera y el número de fallecidos superaba
los 2.400.
El 28 de noviembre se celebró la primera vuelta de las elecciones generales para elegir
al presidente, el Parlamento y el Senado de Haití. Las irregularidades y el presunto
fraude por parte del Consejo Electoral Provisional desencadenaron manifestaciones
por todo el país. Los observadores electorales nacionales expresaron preocupación
ante la publicación de unos resultados parciales que descartaban la participación
de Michel Martelly en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, previstas
para enero de 2011, y favorecían al candidato del partido gobernante.
La violencia contra mujeres y niñas era omnipresente tanto en los campamentos formales
e informales como en torno a ellos. La falta de seguridad y de mecanismos efectivos
de protección aumentaba los riesgos de violación y otras formas de violencia sexual.
La impunidad por estos delitos seguía suscitando preocupación, pues muy pocos casos
fueron investigados o enjuiciados. Muchas sobrevivientes de violación tuvieron que
superar el miedo, la discriminación y la falta de recursos económicos para recibir
atención médica. La Asociación Nacional para la Protección de Mujeres y Niños Haitianos
(ANAPFEH), organización de defensa de los derechos de las mujeres que prestaba apoyo
a trabajadoras sexuales de Puerto Príncipe, informó del aumento del número de niñas
que, desde que estalló la crisis humanitaria, ejercían el sexo como profesión.
KOFAVIV, organización popular de sobrevivientes de violación, documentó más de 250
casos de violencia sexual en 15 campamentos durante los primeros cinco meses posteriores
al terremoto. La organización informó también de abusos sexuales a niñas no acompañadas
a cambio de comida o alojamiento en los campamentos.
Al finalizar el año, más de un millón de personas seguía viviendo en condiciones extremas
en campamentos formales e informales. La gran mayoría de las personas desplazadas
no tenía acceso a un alojamiento adecuado. La construcción de alojamientos provisionales
era lenta y estaba dificultada por el hecho de que las autoridades no ofrecían terrenos
adecuados. No había información clara sobre los planes y políticas gubernamentales
para el reasentamiento de los desplazados en viviendas adecuadas permanentes.
Desalojos forzosos
Los terratenientes desalojaron a desplazados que ocupaban terrenos particulares, y
la mayoría de las veces lo hicieron con la ayuda de la policía o de hombres armados.
En abril, el gobierno anunció una paralización durante seis semanas de los desalojos
forzosos de desplazados, pero no tenía capacidad para hacer cumplir la medida.
En marzo, la policía haitiana desalojó a casi 10.000 desplazados del estadio Sylvio
Cator. La expulsión se realizó sin orden judicial y sin que se facilitara información
o alternativas a los sobrevivientes del terremoto. La policía entró en el estadio
por la noche y comenzó a derribar los refugios, obligando a los sobrevivientes a
salir de las instalaciones.
La trata de niños siguió suscitando preocupación, y las autoridades redoblaron los
esfuerzos para prevenirlo. La Brigada de Protección de Menores, unidad policial haitiana
especializada, desplegó agentes en pasos fronterizos con la República Dominicana para
prevenir esta práctica.
El gobierno haitiano aumentó la minuciosidad del examen de las solicitudes de adopción
internacional como medida para prevenir la trata de niños.
En enero, las autoridades haitianas interceptaron en la frontera a 33 niños de entre
dos meses y 12 años que un grupo de misioneros intentaba introducir en la República
Dominicana sin documentación. Los misioneros fueron acusados de “secuestro de menores”
y de “asociación para delinquir”. El tráfico y la trata de personas no estaban tipificados
en los códigos haitianos. Los 10 misioneros fueron puestos en libertad en febrero;
se les permitió salir del país en espera de una investigación.
El 19 de febrero se produjo un motín y una fuga en la prisión de Les Cayes, y la Policía
Nacional de Haití acudió en ayuda de los guardias penitenciarios. La operación se
saldó con la muerte de 12 reclusos desarmados y 14 heridos. Un grupo de investigación
conjunto de la ONU y Haití establecido para indagar sobre el incidente concluyó, según
se tuvo noticia, que la mayoría de los fallecidos habían sido “ejecutados sumariamente”
y que los policías abrieron fuego “deliberadamente y sin justificación”. Fueron detenidos
14 policías y funcionarios penitenciarios en espera de una investigación. Al concluir
el año no se disponía de más información sobre ésta.
