Honduras - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República de Honduras

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Honduras is now live »

Jefe del Estado y del gobierno: Manuel Zelaya Rosales (sustituyó a Ricardo Maduro en enero)
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

Continuaron los ataques y la intimidación contra personas y
organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos de
las comunidades indígenas y rurales. Persistieron los altos índices de
violencia contra niños y niñas, mujeres y jóvenes, sin que el gobierno
diera en general una respuesta eficaz.

Información general

Manuel Zelaya Rosales, del Partido Liberal, asumió la presidencia del país en enero. En abril entró en vigor en Honduras el Tratado de Libre Comercio con la región centroamericana, que incluye a Estados Unidos, República Dominicana y otros Estados de América Central.

Hubo protestas masivas de grupos indígenas y ecologistas contra las políticas mineras del gobierno, que según estos colectivos se llevaban a cabo sin una consulta adecuada y representaban una amenaza para el medio ambiente y para la salud de las personas que vivían en las zonas mineras.

En mayo, Honduras ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Según datos de la ONU, en junio de 2006 casi la mitad de la población vivía por debajo de la línea de pobreza, y el 20 por ciento sobrevivía con un dólar o menos al día.

Derechos económicos, sociales y culturales

Organizaciones y personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos en el contexto de conflictos sobre tierras sufrieron amenazas y actos de intimidación. En la mayoría de los casos las autoridades no pusieron a disposición de la justicia a los responsables.

En junio, Jessica García, dirigente de la comunidad afrodescendiente garífuna en la localidad de San Juan Tela, departamento de Atlántida, en el norte de Honduras, fue presuntamente amenazada y obligada a punta de pistola a firmar la cesión de tierras pertenecientes a la comunidad a una compañía que, según informes, planeaba construir un complejo turístico.

En julio, la Corte Suprema de Justicia absolvió a los hermanos Leonardo y Marcelino Miranda, a los que, en un juicio de motivación política, se había declarado culpables de un asesinato cometido en 2001. Al parecer, los verdaderos motivos de su reclusión fueron sus actividades como dirigentes comunitarios indígenas y sus intentos de obtener el reconocimiento oficial de los títulos de propiedad de las tierras comunales. Al terminar el año aún no se habían investigado las denuncias de amenazas y tortura formuladas por los dos hermanos.

Violencia contra las mujeres

En noviembre, la directora de la Fiscalía Especial de la Mujer, dependiente de la Fiscalía General de la República, expresó su preocupación por el aumento de los índices de la violencia contra las mujeres. Durante el año perdieron la vida de forma violenta alrededor de 150 mujeres. Organizaciones de defensa de los derechos humanos de las mujeres pusieron de relieve los altos índices de homicidios y de violencia en el ámbito familiar y el pobre historial de las instituciones del Estado en la lucha contra la violencia de género.

Niños, niñas y jóvenes

Según organizaciones locales de derechos humanos, más de 400 niños, niñas y jóvenes perdieron la vida de forma violenta a lo largo del año. En la mayoría de los casos no se puso a disposición de la justicia a las personas responsables.

En septiembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló que las autoridades no habían investigado y llevado ante los tribunales a las personas responsables de la ejecución extrajudicial de cuatro jóvenes muertos a manos de agentes de policía en 1995, ni siquiera después de que algunos testigos hubiesen identificado a los agentes policiales involucrados. Además, la Corte ordenó a Honduras que estableciera un programa de formación y capacitación para el personal policial, judicial, del ministerio público y penitenciario sobre la protección especial que el Estado debe otorgar a niños, niñas y jóvenes.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informe

? Honduras: Defensores de los derechos humanos en situación de riesgo. Presos de conciencia de Montaña Verde (Índice AI: AMR 37/001/2006)

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