Varias personas murieron violentamente en los conflictos sobre tierras de la región
del Aguán. Los desalojos forzosos dejaron a cientos de familias campesinas sin hogar.
Persistió la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército
y la policía, incluidas las cometidas durante el golpe de Estado de 2009. Se siguió
intimidando a los defensores y defensoras de los derechos humanos.
En enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que observaba “con
profunda preocupación las amenazas, graves hechos de violencia y asesinatos de integrantes
de la comunidad transgénero en Honduras”.
En noviembre, 28 madres hondureñas cuyos hijos habían desaparecido en México cuando
se dirigían a Estados Unidos viajaron a México para pedir a las autoridades que establecieran
un mecanismo oficial de búsqueda que ayudara a seguir el rastro de sus seres queridos
y que mejorasen la protección de las decenas de miles de migrantes centroamericanos
que atravesaban México cada año (véase el apartado sobre México).
En abril, el gobierno estableció la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para
analizar los sucesos que desembocaron en el golpe de Estado y los que ocurrieron en
su transcurso. En su informe, publicado en julio, la Comisión reconoció que los sucesos
de 2009 constituyeron de hecho un golpe de Estado y que se cometieron múltiples violaciones
de derechos humanos, incluidos actos de uso excesivo de la fuerza a manos de militares
y policías. Al concluir el año nadie había comparecido ante la justicia o había rendido
cuentas por estas violaciones de derechos humanos.
En junio, Honduras fue readmitida en la Organización de los Estados Americanos, de
la que había sido expulsada tras el golpe de Estado de 2009.
Al finalizar el año, los miembros del poder judicial destituidos en actuaciones injustas
del gobierno de facto no habían sido restituidos en sus cargos.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos fueron objeto de amenazas y hostigamiento
durante el desempeño de su trabajo.
En enero y junio, unas personas no identificadas amenazaron y agredieron físicamente
a Alex David Sánchez Álvarez en relación con su labor para el Colectivo Violeta, que
trabaja por la protección de los derechos de los miembros de la comunidad de lesbianas,
gays, transexuales y personas transgénero (LGBT), y para el Centro de Prevención,
Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares. Aunque
ambos incidentes fueron denunciados a la fiscalía, al concluir el año los responsables
no habían comparecido ante la justicia.
Al finalizar 2011, nadie había respondido ante la justicia por el homicidio, cometido
en 2009, de Walter Tróchez, activista en favor de los derechos humanos de la comunidad
LGBT.
Siguió en vigor un decreto emitido en 2009 por las autoridades de facto que penalizaba el uso de medidas de contracepción de emergencia para las mujeres y
niñas cuyo método contraceptivo hubiera fallado o que corrieran peligro de embarazo
a consecuencia de coacción sexual.
Se desplegó a personal militar y a un gran número de policías en la región del Aguán,
donde los conflictos sobre la propiedad de las tierras entre cientos de campesinos
y diversas empresas y terratenientes particulares condujeron a un estallido de violencia.
En este mismo contexto se produjeron desalojos forzosos durante el año en la región
del Aguán, y poco se hizo para resolver el problema. Los acuerdos alcanzados entre
el gobierno y las organizaciones de campesinos no se cumplieron, con lo que miles
de familias campesinas quedaron sin hogar o en peligro constante de desalojo.
En junio, la policía procedió al desalojo forzoso de una comunidad de la localidad
de Rigores, en el departamento de Colón. Aunque la orden de desalojo se había dictado
en mayo, no se había informado de ello a la comunidad ni se le había dado aviso previo
alguno. Las familias, algunas de las cuales llevaban muchos años viviendo en ese terreno,
tuvieron sólo dos horas para empaquetar sus pertenencias y salir de sus casas. Durante
el desalojo se destruyeron viviendas de miembros de la comunidad, así como siete aulas
que formaban parte de la escuela y el jardín de infancia local, y dos iglesias. Unas
493 personas se quedaron sin hogar. A ninguna se le ofreció un alojamiento alternativo,
la reubicación o el acceso a tierras productivas, ni antes ni después del desalojo.
Tampoco se garantizó a nadie el acceso sin riesgos al cultivo de sus cosechas, muchas
de las cuales fueron destruidas durante el desalojo.
Se recibieron nuevas denuncias de abusos contra los derechos humanos cometidos por
la policía.
En octubre fueron hallados en la capital, Tegucigalpa, los cuerpos de dos estudiantes
universitarios muertos por disparos. Se acusó formalmente de los homicidios a cuatro
policías, que según informes los habían cometido mientras hacían su ronda de patrulla
por la ciudad. Los informes indicaban que podrían estar implicados hasta ocho policías.
Tras las muestras de indignación pública por las muertes de los dos estudiantes, el
gobierno creó un comité mixto de miembros del Congreso y representantes del poder
ejecutivo para revisar las políticas de seguridad pública.
