Hungría

Human Rights in República de Hungría

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Hungría is now live »

Jefe del Estado László Sólyom
Jefe del gobierno Ferenc Gyurcsány
Pena de muerte abolicionista para todos los delitos
Población 10 millones
Esperanza de vida 72,9 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 9/8 por cada 1.000

La comunidad romaní siguió estando discriminada desde todos los puntos de vista, y algunos de sus miembros fueron víctima de ataques de motivación presuntamente racial. Grupos violentos continuaron mostrando su intolerancia con lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero.

Información general

Aumentó el apoyo a la Guardia Magiar, organización derechista radical contraria sobre todo a la comunidad romaní y que se había manifestado contra lo que calificaba de «delincuencia romaní». En diciembre, el Tribunal Municipal de Budapest resolvió que el grupo debía ser disuelto, pues «pretende crear un clima de miedo y sus actividades –los desfiles de sus miembros en asentamientos romaníes y los discursos de sus dirigentes– conculcan los derechos de otros ciudadanos». El máximo dirigente de la organización anunció que recurrirían el fallo.

"El 18 de noviembre, en Pecs, una pareja romaní resultó muerta, y dos de sus tres hijos, heridos como consecuencia del lanzamiento de una granada contra su domicilio."

Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

En junio, el Tribunal Constitucional rechazó las modificaciones del Código Civil y del Código Penal aprobadas por el Parlamento en noviembre de 2007 y febrero de 2008, respectivamente. Con estas modificaciones, el Parlamento había intentado por cuarta vez desde 1992 cambiar la legislación relativa a la apología del odio. Las nuevas disposiciones penalizaban la incitación de actos dirigidos contra grupos minoritarios y preveían la imposición de una pena máxima de dos años de cárcel a quien utilizara expresiones incendiarias sobre grupos étnicos concretos u ofendiera su dignidad. El tribunal las declaró inconstitucionales porque restringían la libertad de expresión.

Discriminación de la comunidad romaní

Los romaníes siguieron sufriendo discriminación, por ejemplo, en el acceso a la educación, los servicios de salud, la vivienda y el trabajo. En un informe publicado en julio por la ONG Decade Watch sobre los avances registrados en Hungría durante el Decenio de la Inclusión Romaní se indicaba que «las medidas para eliminar la segregación de los romaníes en la educación han chocado con la resistencia de algunas autoridades locales, y los fondos previstos para su aplicación se han infrautilizado o empleado de manera inadecuada por la falta de interés en promover la integración de los romaníes en la educación de la que han hecho gala algunas instituciones educativas a escala local». El 19 de noviembre, el Tribunal Supremo halló que en un municipio y en dos escuelas se practicaba la segregación en la educación, pero Decade Watch llegó a la conclusión de que en 170 localidades seguían existiendo de hecho escuelas exclusivamente para romaníes.

Tras el creciente número de ataques violentos contra romaníes denunciados a lo largo del año, la policía creó un equipo de 50 personas con el fin de investigarlos. Entre las agresiones figuraban ataques con cócteles molotov, granadas de mano y otras armas.

  • El 18 de noviembre, en Pecs, una pareja romaní resultó muerta, y dos de sus tres hijos, heridos como consecuencia del lanzamiento de una granada contra su domicilio. Según noticias de prensa, la policía afirmó en un principio que los homicidios no habían tenido una motivación racial. Sin embargo, en una entrevista concedida el 20 de noviembre a los medios de comunicación, el director de la Policía Nacional señaló que, en los ataques contra romaníes, no se podía ni debía descartar nunca esta posibilidad mientras no hubiera pruebas concluyentes al respecto.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

El 11 de junio, el director de la policía de Budapest decidió prohibir el desfile del orgullo gay previsto para principios de julio, alegando motivos de seguridad tras los incidentes violentos registrados en 2007 con personas contrarias a él. Dos días después revocó su decisión, como consecuencia de las presiones ejercidas a escala nacional e internacional.

El 5 de julio, centenares de manifestantes violentos de extrema derecha lanzaron artefactos explosivos contra la policía y corearon consignas amenazadoras durante la celebración del desfile, en el que participaron unas 450 personas. Al día siguiente, el primer ministro, Ferenc Gyurcsány, condenó la violencia contra las personas que se habían manifestado en favor de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero y pidió la adopción de medidas contundentes contra el extremismo y la intolerancia.

El 8 de julio, el Tribunal Central de Distrito de Budapest impuso pequeñas multas a cuatro contramanifestantes, y absolvió a otros tres, después de que fueran detenidos por lanzar huevos y desobedecer las órdenes de la policía durante el desfile. Se había juzgado a todos ellos por conducta indebida, que podía ser un delito grave o menor según los casos. Si una conducta indebida de carácter violento amenazaba a otras personas, provocaba disensiones a gran escala o se llevaba a cabo en grupo, era un delito grave. En este caso se consideró que había sido un delito menor.

El 17 de julio, el Tribunal Central de Distrito de Budapest impuso una pena condicional de 18 meses de cárcel a un hombre que, al menos en tres ocasiones, había arrojado piedras contra la policía durante el desfile.

Policía y fuerzas de seguridad

Seguía sin identificarse a los agentes de policía responsables de malos tratos y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones celebradas en Budapest en 2006. Según la Fiscalía General del Estado, de las 200 demandas presentadas contra la policía a raíz de estos hechos, 174 se habían archivado, 24 estaban pendientes de resolución y sólo 2 se habían saldado con una condena judicial.

  • En febrero, el Tribunal Metropolitano de Budapest absolvió a un agente de policía en el caso de los presuntos malos tratos infligidos a Ángel Mendoza durante su detención en la comisaría de Budapest tras las manifestaciones de septiembre de 2006. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones anuló la sentencia en junio y ordenó que se volviera a juzgar al agente absuelto. El caso de Ángel Mendoza, representado por la ONG Comité Húngaro de Helsinki, estaba todavía pendiente de resolución al finalizar el año.
  • En marzo, el Tribunal Metropolitano de Budapest, tras declarar culpables a dos policías de haber infligido malos tratos a Imre Török, les impuso sendas penas condicionales de 14 y 16 meses de cárcel. En noviembre, el Tribunal de Apelaciones redujo la pena del primero a nueve meses de prisión, pero confirmó la del segundo, que ya había sido declarado culpable de malos tratos en un procedimiento disciplinario. Imre Török estaba representado por la ONG Comité Húngaro de Helsinki.

Violencia contra mujeres y niñas

En abril, el Grupo de Trabajo sobre Violencia Sexual y Violaciones en Hungría –iniciativa de una ONG– pasó a ser un subcomité del Consejo Húngaro de Igualdad Social entre Hombres y Mujeres, organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

  • No se registraron novedades positivas en un caso de gran resonancia, el de Zsanett E., mujer de 22 años presuntamente violada por dos agentes de policía en mayo de 2007. En diciembre de 2007, la fiscalía de Budapest suspendió la correspondiente investigación alegando que no se había perpetrado ningún delito. En febrero, el abogado de la mujer presentó una demanda restitutoria. La primera vista judicial se celebró el 17 noviembre y al finalizar el año la causa seguía pendiente de resolución.

 

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