La comunidad romaní, que seguía sufriendo ataques y discriminación, vivía con miedo.
La policía concluyó la investigación sobre varios ataques perpetrados contra romaníes
en 2008 y 2009, y se presentaron cargos contra cuatro sospechosos. Varios órganos
de vigilancia de tratados internacionales de derechos humanos manifestaron su preocupación
por la existencia de deficiencias estructurales en la respuesta del sistema de justicia
penal húngaro a los crímenes de odio. En las escuelas de educación primaria se mantenía
a los niños y niñas romaníes separados del resto del alumnado.
La coalición de la Alianza de Jóvenes Demócratas (Fidesz) y el Partido Popular Cristiano Demócrata obtuvieron una contundente victoria en
las elecciones parlamentarias de abril. Un partido político de extrema derecha, el
Movimiento por una Hungría Mejor (Jobbik), consiguió por primera vez escaños en el Parlamento.
Según informes, integrantes del grupo ilegalizado Guardia Magiar (Magyar Gárda) prosigueron con sus actividades bajo otro nombre, el de Nueva Guardia Magiar. En
septiembre, el fiscal presentó cargos contra tres de sus dirigentes por incitar a
desacatar un decreto y abusar del derecho de reunión.
Tras varios ataques contra comunidades romaníes, que se habían saldado con la muerte
de seis personas en 2008 y 2009, las ONG húngaras informaron de nuevas agresiones
a romaníes y criticaron la falta de procedimientos en el sistema de justicia penal
que permitiesen abordar con eficacia los crímenes de odio (véase infra el apartado “Sistema de justicia”). En junio, la Organización para la Seguridad y
la Cooperación en Europa (OSCE) advirtió de que la comunidad romaní corría mayor riesgo
de convertirse en “chivo expiatorio” al que culpar de los problemas socio-económicos
por los que atravesaba el país, debido a que un porcentaje elevado de romaníes dependían
de las ayudas estatales.
En junio, la policía finalizó la investigación sobre una serie de ataques perpetrados
contra romaníes en 2008 y 2009, tras lo cual se acusó a cuatro personas de homicidio
múltiple coordinado. En septiembre, el fiscal del condado de Pest presentó el acta
de acusación formal, según la cual se acusaba a tres hombres de homicidio múltiple
por “motivos abyectos” (ya que no existía en el Código Penal ninguna disposición relativa
específicamente a delitos de motivación racial), y al cuarto, de complicidad en homicidio
múltiple con premeditación.
En septiembre, el Comité Consultivo del Consejo de Europa sobre el Convenio Marco
para la Protección de las Minorías Nacionales expresó su preocupación por los ataques
perpetrados contra la comunidad romaní y señaló que, pese a la detención de los presuntos
autores, seguía existiendo un “clima de temor”. El Comité expresó además su preocupación
por que “las declaraciones de ciertos políticos de extrema derecha” contribuyeran
a “avivar la intolerancia y los prejuicios hacia la comunidad romaní”. Según ONG locales,
el gobierno no condenó con firmeza tales declaraciones.
Durante el periodo previo a las elecciones municipales de octubre, la televisión y
la radio públicas húngaras se negaron a emitir un anuncio de propaganda electoral
del partido Jobbik, en el que se hacía referencia a la denominada “delincuencia gitana”
y se afirmaba que existía relación entre delincuencia y origen étnico. El Comité Electoral
Nacional resolvió que ambos medios de comunicación habían vulnerado el principio electoral
de igualdad entre partidos políticos y que el anuncio cumplía la normativa sobre libertad
de expresión. En septiembre, el Tribunal Supremo confirmó esta decisión.
ONG locales y órganos de vigilancia de tratados internacionales de derechos humanos
pusieron de manifiesto las deficiencias estructurales existentes en la respuesta del
sistema de justicia penal húngaro a los crímenes de odio: falta de capacidad para
reconocer e investigar los crímenes de odio; falta de formación especializada y de
directrices específicas para la policía y los investigadores; apoyo inadecuado a las
víctimas de crímenes de odio, y falta de medidas eficaces para evaluar la naturaleza
y la envergadura del problema, debido en parte a una falta de información que impedía
que las autoridades identificasen tendencias y elaborasen políticas adecuadas.
Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley no solían admitir la existencia
de una motivación racial en los delitos, como pusieron de manifiesto varios casos
documentados. En su informe para el examen periódico universal de la ONU, ONG húngaras
expresaron su preocupación por la tendencia a catalogar los delitos como “comunes”
en vez de como crímenes de odio, con la circunstancia agravante de la motivación racial.
A consecuencia de esto, no había estadísticas públicas fiables con que determinar
la cifra real de delitos de motivación racial cometidos en Hungría. Según los informes,
el odio tampoco se consideraba circunstancia agravante en los delitos contra judíos
o contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó su preocupación por la discriminación
que sufría la comunidad romaní en los ámbitos de la educación, la vivienda, la salud
y la participación política, así como por la falta de datos desglosados por origen
étnico, recogidos de forma regulada.
Por primera vez, el Tribunal Supremo concedió una indemnización a romaníes víctimas
de segregación en la educación. En junio determinó que cinco niños y niñas romaníes
habían estado segregados durante su etapa de educación primaria en la localidad de
Miskolc. El Tribunal manifestó que la segregación en función del origen étnico constituía
un trato discriminatorio, prohibido por la ley, y concedió una indemnización a las
víctimas.
En un anteproyecto de ley sobre técnicas de construcción, presentado al Parlamento
en septiembre por el ministro del Interior, se incluía una disposición que permitiría
a las autoridades locales prohibir ciertas conductas –como dormir en la calle– en
los espacios públicos. Según las ONG que trabajaban con personas sin techo, entre
las sanciones se incluían multas, desalojo y privación de libertad. Estas organizaciones
manifestaron su preocupación por el hecho de que la propuesta constituía un ejemplo
de penalización de la pobreza.
Pese a las protestas, el Parlamento aprobó en septiembre y diciembre sendas leyes
sobre medios de comunicación. ONG locales, medios de comunicación y la comunidad
internacional criticaron la nueva legislación por sus posibles consecuencias –restricciones
al contenido difundido por los medios de comunicación, falta de directrices claras
para los periodistas y los directores de los medios y amplias atribuciones del nuevo
órgano regulador–, que en conjunto podían contribuir a restringir de manera injusta
la libertad de expresión. Se creó la Autoridad Nacional de Medios de Comunicación
y Comunicaciones, que podía imponer cuantiosas multas a los medios de comunicación
audiovisuales por difundir contenidos que considerase contrarios al “interés público”,
la “moral común” y el “orden nacional”. También se podían imponer multas por difundir
información “tendenciosa”.
Los organizadores de la marcha del Orgullo en Budapest aseguraron que la policía se
había negado en un principio a establecer un cordón policial a fin de garantizar la
seguridad durante el acto, celebrado el 16 de julio. Según los informes, después de
la marcha, un hombre y una mujer que habían participado en ella recibieron golpes.
