Hungría
Jefe del Estado
Pál Schmitt (sustituyó a László Sólyom en agosto)
Jefe del gobierno
Viktor Orbán (sustituyó a Gordon Bajnai en mayo)
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
10 millones
Esperanza de vida
73,9 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
9/8 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
99 por ciento

La comunidad romaní, que seguía sufriendo ataques y discriminación, vivía con miedo. La policía concluyó la investigación sobre varios ataques perpetrados contra romaníes en 2008 y 2009, y se presentaron cargos contra cuatro sospechosos. Varios órganos de vigilancia de tratados internacionales de derechos humanos manifestaron su preocupación por la existencia de deficiencias estructurales en la respuesta del sistema de justicia penal húngaro a los crímenes de odio. En las escuelas de educación primaria se mantenía a los niños y niñas romaníes separados del resto del alumnado.

Información general

La coalición de la Alianza de Jóvenes Demócratas (Fidesz) y el Partido Popular Cristiano Demócrata obtuvieron una contundente victoria en las elecciones parlamentarias de abril. Un partido político de extrema derecha, el Movimiento por una Hungría Mejor (Jobbik), consiguió por primera vez escaños en el Parlamento.

Según informes, integrantes del grupo ilegalizado Guardia Magiar (Magyar Gárda) prosigueron con sus actividades bajo otro nombre, el de Nueva Guardia Magiar. En septiembre, el fiscal presentó cargos contra tres de sus dirigentes por incitar a desacatar un decreto y abusar del derecho de reunión.

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Racismo

Tras varios ataques contra comunidades romaníes, que se habían saldado con la muerte de seis personas en 2008 y 2009, las ONG húngaras informaron de nuevas agresiones a romaníes y criticaron la falta de procedimientos en el sistema de justicia penal que permitiesen abordar con eficacia los crímenes de odio (véase infra el apartado “Sistema de justicia”). En junio, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) advirtió de que la comunidad romaní corría mayor riesgo de convertirse en “chivo expiatorio” al que culpar de los problemas socio-económicos por los que atravesaba el país, debido a que un porcentaje elevado de romaníes dependían de las ayudas estatales.

  • En junio, la policía finalizó la investigación sobre una serie de ataques perpetrados contra romaníes en 2008 y 2009, tras lo cual se acusó a cuatro personas de homicidio múltiple coordinado. En septiembre, el fiscal del condado de Pest presentó el acta de acusación formal, según la cual se acusaba a tres hombres de homicidio múltiple por “motivos abyectos” (ya que no existía en el Código Penal ninguna disposición relativa específicamente a delitos de motivación racial), y al cuarto, de complicidad en homicidio múltiple con premeditación.

En septiembre, el Comité Consultivo del Consejo de Europa sobre el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales expresó su preocupación por los ataques perpetrados contra la comunidad romaní y señaló que, pese a la detención de los presuntos autores, seguía existiendo un “clima de temor”. El Comité expresó además su preocupación por que “las declaraciones de ciertos políticos de extrema derecha” contribuyeran a “avivar la intolerancia y los prejuicios hacia la comunidad romaní”. Según ONG locales, el gobierno no condenó con firmeza tales declaraciones.

Durante el periodo previo a las elecciones municipales de octubre, la televisión y la radio públicas húngaras se negaron a emitir un anuncio de propaganda electoral del partido Jobbik, en el que se hacía referencia a la denominada “delincuencia gitana” y se afirmaba que existía relación entre delincuencia y origen étnico. El Comité Electoral Nacional resolvió que ambos medios de comunicación habían vulnerado el principio electoral de igualdad entre partidos políticos y que el anuncio cumplía la normativa sobre libertad de expresión. En septiembre, el Tribunal Supremo confirmó esta decisión.

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Sistema de justicia

ONG locales y órganos de vigilancia de tratados internacionales de derechos humanos pusieron de manifiesto las deficiencias estructurales existentes en la respuesta del sistema de justicia penal húngaro a los crímenes de odio: falta de capacidad para reconocer e investigar los crímenes de odio; falta de formación especializada y de directrices específicas para la policía y los investigadores; apoyo inadecuado a las víctimas de crímenes de odio, y falta de medidas eficaces para evaluar la naturaleza y la envergadura del problema, debido en parte a una falta de información que impedía que las autoridades identificasen tendencias y elaborasen políticas adecuadas.

Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley no solían admitir la existencia de una motivación racial en los delitos, como pusieron de manifiesto varios casos documentados. En su informe para el examen periódico universal de la ONU, ONG húngaras expresaron su preocupación por la tendencia a catalogar los delitos como “comunes” en vez de como crímenes de odio, con la circunstancia agravante de la motivación racial. A consecuencia de esto, no había estadísticas públicas fiables con que determinar la cifra real de delitos de motivación racial cometidos en Hungría. Según los informes, el odio tampoco se consideraba circunstancia agravante en los delitos contra judíos o contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero.

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Discriminación: comunidad romaní

El Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó su preocupación por la discriminación que sufría la comunidad romaní en los ámbitos de la educación, la vivienda, la salud y la participación política, así como por la falta de datos desglosados por origen étnico, recogidos de forma regulada.

  • Por primera vez, el Tribunal Supremo concedió una indemnización a romaníes víctimas de segregación en la educación. En junio determinó que cinco niños y niñas romaníes habían estado segregados durante su etapa de educación primaria en la localidad de Miskolc. El Tribunal manifestó que la segregación en función del origen étnico constituía un trato discriminatorio, prohibido por la ley, y concedió una indemnización a las víctimas.
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Derecho a la vivienda

En un anteproyecto de ley sobre técnicas de construcción, presentado al Parlamento en septiembre por el ministro del Interior, se incluía una disposición que permitiría a las autoridades locales prohibir ciertas conductas –como dormir en la calle– en los espacios públicos. Según las ONG que trabajaban con personas sin techo, entre las sanciones se incluían multas, desalojo y privación de libertad. Estas organizaciones manifestaron su preocupación por el hecho de que la propuesta constituía un ejemplo de penalización de la pobreza.

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Libertad de expresión

Pese a las protestas, el Parlamento aprobó en septiembre y diciembre sendas leyes sobre medios de comunicación. ONG locales, medios de comunicación y la comunidad internacional criticaron la nueva legislación por sus posibles consecuencias –restricciones al contenido difundido por los medios de comunicación, falta de directrices claras para los periodistas y los directores de los medios y amplias atribuciones del nuevo órgano regulador–, que en conjunto podían contribuir a restringir de manera injusta la libertad de expresión. Se creó la Autoridad Nacional de Medios de Comunicación y Comunicaciones, que podía imponer cuantiosas multas a los medios de comunicación audiovisuales por difundir contenidos que considerase contrarios al “interés público”, la “moral común” y el “orden nacional”. También se podían imponer multas por difundir información “tendenciosa”.

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Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

Los organizadores de la marcha del Orgullo en Budapest aseguraron que la policía se había negado en un principio a establecer un cordón policial a fin de garantizar la seguridad durante el acto, celebrado el 16 de julio. Según los informes, después de la marcha, un hombre y una mujer que habían participado en ella recibieron golpes.

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Los derechos humanos región a región

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Visitas

  • Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Hungría en enero, febrero, marzo y noviembre.