Hungría
Jefe del Estado
Pál Schmitt
Jefe del gobierno
Viktor Orbán
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
10 millones
Esperanza de vida
74,4 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
6,3 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
99,4 por ciento

Se aprobó una nueva Constitución que hacía temer por la protección de los derechos humanos. Comenzó un juicio contra personas acusadas de ataques contra romaníes perpetrados en 2008 y 2009. Grupos paramilitares intimidaron a romaníes. El Ministerio del Interior se comprometió a reforzar la legislación sobre crímenes de odio.

Información general

El Parlamento aprobó en abril una nueva Constitución que presentaba cambios capaces de restringir en la práctica derechos humanos. Entre otras cosas, preveía la protección del feto desde el momento de la concepción y la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y suprimía la edad, la orientación sexual y la identidad de género de la lista de motivos de discriminación prohibidos.

En septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU recomendó al gobierno que reforzara la legislación sobre crímenes de odio y estableciera un plan de acción para prevenir los ataques racistas.

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Racismo

En marzo comenzó el juicio de los presuntos autores de una serie de ataques contra romaníes perpetrados en 2008 y 2009, en los que habían muerto seis personas, entre ellas un niño. Tres hombres estaban acusados de homicidio múltiple y ataque armado contra viviendas romaníes. Otro se enfrentaba al cargo de complicidad en estos delitos.

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Discriminación: comunidad romaní

La discriminación de la comunidad romaní seguía impregnando muchos aspectos de la vida en Hungría. Los romaníes residentes en la localidad de Gyöngyöspata sufrieron intimidaciones de grupos paramilitares entre marzo y abril. La policía apenas hizo nada para impedirlo.

  • Después de una marcha antirromaní organizada por el partido ultraderechista Jobbik en Gyöngyöspata el 6 de marzo, tres grupos paramilitares continuaron “patrullando” la zona. El 18 de marzo, el primer ministro pidió al ministro del Interior que tomara medidas para poner fin a la actividad de las organizaciones paramilitares. En junio, el Parlamento estableció una comisión para investigar los sucesos. La investigación se centró en determinar quién había “desacreditado a Hungría” difundiendo información falsa. Se pidió a las ONG de derechos humanos que habían dado seguimiento a la situación que declararan ante la comisión. Las organizaciones expresaron su preocupación, porque temían que el mandato de la comisión no garantizara una investigación exhaustiva de lo ocurrido.
  • La Unión Húngara por las Libertades Civiles presentó denuncias ante la fiscalía en relación con cuatro casos de insultos y uno de intento de agresión física sufridos por romaníes en Gyöngyöspata. La organización sostenía que la policía no había realizado en ninguno de ellos una investigación acorde con las normas internacionales de derechos humanos. Al parecer, la policía no había calificado los hechos como violencia contra miembros de una comunidad, delito por el que era posible enjuiciar los actos de violencia por motivos raciales. Tampoco había informado a las víctimas de la calificación de los delitos como faltas ni de la marcha de la investigación. La fiscalía ordenó a la policía que reanudara las investigaciones sobre estos casos.
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Sistema de justicia

En enero, el Ministerio del Interior comenzó a elaborar un protocolo sobre el trabajo policial relativo a los crímenes de odio. El Parlamento reformó el Código Penal en mayo para prohibir todo comportamiento abiertamente abusivo contra una comunidad que pusiera en peligro a personas pertenecientes o que parecieran pertenecer a un grupo étnico, racial o de otra índole. Mediante esta reforma se penalizaron también las actividades no autorizadas de protección de la seguridad y el orden públicos que infundieran temor.

En noviembre, el Parlamento aprobó una nueva ley sobre el Tribunal Constitucional que introducía restricciones en las peticiones individuales y preveía una sanción para quienes abusasen del derecho a presentar una petición.

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Derecho a la vivienda

El Ayuntamiento de Budapest aprobó en abril un decreto por el que dormir en la calle se consideraba una infracción sancionable con una multa. Según informes, como consecuencia de ello se detuvo a varias personas sin hogar en octubre. El gobierno propuso más reformas del Código Penal que permitirían encarcelar a las personas declaradas culpables de dormir en la calle que no pudieran pagar la multa. La Federación Europea de Organizaciones Nacionales que Trabajan con Personas sin Hogar calificó de desproporcionada la propuesta y afirmó que suponía negar la responsabilidad del Estado en los problemas estructurales que generaban la falta de hogar.

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Libertad de expresión

En enero entraron en vigor dos nuevas leyes sobre medios de comunicación, que incluían la regulación de los contenidos y el registro obligatorio de los medios e introducían un órgano regulador con autoridad sobre el registro. En febrero, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa recomendó que se revisara la legislación sobre medios de comunicación. Aunque el Parlamento la modificó en abril, el relator especial de la ONU sobre la libertad de expresión advirtió de que la legislación seguía generando un clima de autocensura. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y las ONG de derechos humanos expresaron su preocupación por la falta de independencia del órgano regulador con respecto al gobierno y por sus amplias atribuciones.

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Libertad de religión

Una nueva ley promulgada el 12 de julio desató las protestas de varias iglesias, ONG y el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa. La ley “borró del registro” a numerosos grupos religiosos, entre ellos varios de confesión islámica y la iglesia metodista húngara. Los grupos religiosos sólo podían solicitar su inscripción en el registro si demostraban que llevaban al menos 20 años establecidos en Hungría y que contaban con un millar de miembros como mínimo. Algunos de ellos elevaron una petición al Tribunal Constitucional para que revisara la ley. El 19 de diciembre, el Tribunal determinó que la ley era inconstitucional por razones de procedimiento. El 30 de diciembre, el Parlamento volvió a aprobar la ley con tan sólo modificaciones menores.

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Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

En febrero, el Tribunal Metropolitano de Budapest anuló la decisión policial de prohibir la marcha del Orgullo en la ciudad por considerar que su recorrido causaría interrupciones del tráfico. El Tribunal determinó que este hecho no era razón suficiente para prohibirla. La marcha del Orgullo contó con protección adecuada, pero las ONG informaron de varios casos de incitación al odio contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, así como de una agresión a dos participantes.

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Policía y fuerzas de seguridad

El Parlamento anuló en marzo las decisiones judiciales sobre las protestas antigubernamentales de Budapest celebradas en septiembre y octubre de 2006. Ese año, los tribunales habían condenado a varios manifestantes por violencia y habían absuelto a los agentes de policía implicados en los hechos. Al parecer, sus decisiones no habían sido imparciales, pues estaban basadas exclusivamente en declaraciones de la policía. En 2006, según los informes, agentes de policía habían hecho uso excesivo de la fuerza contra manifestaciones pacíficas que luego degeneraron en violencia. Al parecer habían utilizado de manera indiscriminada y sin previo aviso balas de goma, cañones de agua y gas lacrimógeno.

  • En junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó, en el caso de una persona representada por el Comité Húngaro de Helsinki, que la policía había infligido trato inhumano y degradante bajo custodia al demandante y concedió a éste más de 10.000 euros.
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