Hungría
Jefe del Estado
János Áder (sustituyó a Pál Schmitt en mayo)
Jefe del gobierno
Viktor Orbán

Entró en vigor una nueva Constitución cuyo posible impacto discriminatorio era motivo de preocupación. La población romaní fue acosada e intimidada en numerosas ocasiones por grupos de extrema derecha. A pesar de su reforma, la legislación sobre los medios de comunicación continuó haciendo posible el control político de éstos.

Información general

En enero entró en vigor una nueva Constitución. Había recibido críticas por su potencial para restringir los derechos humanos, en particular el derecho a recibir protección frente a la discriminación y a obtener un recurso efectivo.

En noviembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que Hungría estaba incumpliendo la legislación de la UE al haber rebajado la edad de jubilación de jueces y fiscales.

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Discriminación

La nueva Constitución restringía la definición jurídica de familia a la unión entre un hombre y una mujer, lo que suscitó preocupación por la discriminación de las parejas del mismo sexo. En diciembre, el Tribunal Constitucional anuló la disposición.

En julio se aprobó un nuevo Código Penal que ampliaba la definición de las agresiones motivadas por el odio para abarcar las cometidas por razones de orientación sexual, identidad de género y discapacidad. Las ONG aplaudieron el cambio, pero expresaron preocupación sobre cómo se iban a aplicar las nuevas disposiciones sin facilitar a los fiscales y a la policía directrices efectivas sobre la investigación de tales delitos.

Romaníes

A pesar de los diversos compromisos del gobierno para prevenir las intimidaciones, la comunidad romaní seguía siendo objeto de abusos racistas y agresiones violentas. Se retrasó el juicio de los presuntos autores de unos ataques contra romaníes perpetrados en 2008 y 2009, en los que habían muerto seis personas, entre ellas un niño. Uno de los abogados defensores presentó su renuncia en octubre, tras saberse que era hijo de uno de los jueces que instruían el caso.

  • En marzo, una comisión parlamentaria presentó un informe sobre las actividades desarrolladas por grupos paramilitares en la localidad de Gyöngyöspata en marzo de 2011. Sin embargo, no hizo referencia en él a la respuesta lenta e insuficiente de las autoridades ante las intimidaciones, el acoso y las amenazas de violencia que sufrieron los romaníes de Gyöngyöspata entonces, cuando tres grupos paramilitares estuvieron “patrullando” por la localidad durante casi un mes.
  • El 5 de agosto, el partido ultraderechista Jobbik y diversos grupos paramilitares organizaron una marcha en la localidad de Devecser. Según la información disponible, lanzaron trozos de hormigón y otros proyectiles contra las casas de romaníes, pero, al parecer, la policía no intervino para poner fin a los ataques. Tras estos sucesos, el gobierno se comprometió a no tolerar ningún tipo de intimidación contra minorías étnicas o de otra índole y a prevenir este tipo de actos.
  • Según los informes recibidos, grupos paramilitares intimidaron a residentes romaníes en la localidad de Cegléd el 18 de agosto. Diversas personas que en su mayoría vestían uniformes negros se reunieron en grupos pequeños en los barrios de romaníes, corearon lemas contra éstos y profirieron amenazas de muerte. La policía aconsejó a las familias romaníes que se quedaran en sus casas y no interviniesen. Los paramilitares permanecieron dos días en la localidad. Las ONG denunciaron que la policía había tratado los hechos como alteración del orden público y no como “agresión contra miembros de una comunidad”.
  • El 17 de octubre, varios miles de simpatizantes de Jobbik organizaron una marcha a través de un barrio romaní de la localidad de Miskolc en la que, según se dijo, corearon lemas antirromaníes. Centenares de romaníes celebraron una contramanifestación pacífica. Las ONG reconocieron luego que la policía había actuado con la diligencia debida para proteger a los habitantes romaníes de ataques.
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Sistema de justicia

En enero entró en vigor la ley sobre el Tribunal Constitucional. Organizaciones de derechos humanos como el Instituto Eötvös Károly, la Unión Húngara por las Libertades Civiles y el Comité Húngaro de Helsinki advirtieron de que la ley introducía obstáculos poco razonables –como la asistencia letrada obligatoria–, que dificultarían el acceso al Tribunal Constitucional a los ciudadanos que denunciasen violaciones de derechos humanos. La ley también eliminó la posibilidad de interponer denuncias colectivas.

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Libertad de expresión

En mayo, el Parlamento reformó la legislación sobre medios de comunicación y abordó algunas de las deficiencias identificadas en ella por el Tribunal Constitucional en diciembre de 2011. En concreto, las modificaciones restringieron el control de las autoridades sobre el contenido de los medios impresos y de Internet y reforzaron la protección de las fuentes periodísticas. Sin embargo, el Consejo de Europa expresó preocupación por que siguieran vigentes algunas disposiciones negativas, como la obligación de que los medios impresos y digitales se inscribiesen en un registro so pena de recibir cuantiosas multas. Se criticó el hecho de que la legislación siguiera haciendo posible el control político de los medios de comunicación.

  • En septiembre, MTI, la agencia nacional de noticias húngara, presentó una demanda por difamación contra un periodista que la había acusado de utilizar el dinero de los contribuyentes para desinformar a la opinión pública. La representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la libertad de los medios de comunicación criticó la iniciativa al considerar que probablemente tendría un efecto intimidatorio sobre los periodistas críticos independientes.
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Personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo

El ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, criticó el trato dispensado por Hungría a las personas solicitantes de asilo y denunció que las condiciones en los centros de acogida y el creciente uso de la detención administrativa contra solicitantes de asilo incumplían las normas internacionales y de la UE. Por lo general, los solicitantes de asilo devueltos a Hungría en virtud del Reglamento Dublín recibían una orden de expulsión y eran detenidos sin tener en cuenta si deseaban solicitar asilo.

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Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

El 12 de julio, más de 3.000 personas participaron en la marcha del Orgullo en Budapest. En abril, el jefe de la policía de la ciudad había decidido prohibirla alegando que crearía problemas de circulación. El Tribunal Metropolitano de Budapest anuló la decisión días después. Según los organizadores, la policía ofreció protección suficiente durante la marcha.

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