India
Jefa del Estado
Pratibha Patil
Jefe del gobierno
Manmohan Singh
Pena de muerte
retencionista
Población
1.214,5 millones
Esperanza de vida
64,4 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
77/86 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
62,8 por ciento

Los continuos enfrentamientos entre grupos armados maoístas y fuerzas de seguridad estatales se intensificaron en Chhattisgarh, Jharkhand y Bengala Occidental. Más de 350 personas murieron en atentados con explosivos cometidos en estos estados y en ataques de motivación política perpetrados en Assam y otros estados. Las protestas de poblaciones adivasis (indígenas) y otras comunidades marginadas contra los intentos de adquirir sus tierras y recursos naturales sin su consentimiento y sin una consulta adecuada provocaron la suspensión de proyectos empresariales clave. Las personas que defendían los derechos humanos en este ámbito sufrían agresiones de agentes estatales y no estatales, y en algunos casos se presentaron contra ellas cargos de motivación política, como sedición. Más de 100 personas, en su mayoría jóvenes, murieron en el valle de Cachemira durante protestas registradas entre junio y septiembre. La tortura y otros malos tratos, las ejecuciones extrajudiciales, las muertes bajo custodia y las detenciones administrativas continuaban estando muy extendidas. Los mecanismos institucionales destinados a proteger los derechos humanos y a sus defensores y defensoras seguían siendo débiles, y los procesos judiciales no garantizaban justicia a las numerosas víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos cometidos en el pasado. Al menos 105 personas fueron condenadas a muerte, pero, por sexto año consecutivo, no se llevaron a cabo ejecuciones.

Información general

El rápido crecimiento económico de India se limitaba a núcleos urbanos y suburbanos clave; grandes zonas de la India rural seguían sumidas en la más absoluta pobreza, agravada por la crisis agrícola y por la creciente escasez de alimentos disponibles para las personas más desfavorecidas. Según cálculos oficiales, entre el 30 y el 50 por ciento de la población vivía en la pobreza; de este porcentaje, a las personas que vivían en zonas rurales se les garantizaba un empleo durante un mínimo de 100 días anuales, pero el salario que pagaban las autoridades seguía siendo inferior al salario mínimo nacional.

La visita a India del presidente de Estados Unidos Barack Obama subrayó la posición cada vez más destacada del país en el ámbito regional e internacional. Sin embargo, en general India antepuso los intereses económicos y estratégicos a las cuestiones de derechos humanos. Las autoridades indias no se manifestaron en contra de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por sus homólogas en la vecina Myanmar, y guardaron silencio ante las peticiones de que el gobierno de Sri Lanka rindiese cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas al finalizar la guerra en el país, en 2009.

Las relaciones entre India y Pakistán continuaban siendo delicadas debido a que éste seguía sin abordar adecuadamente los atentados perpetrados en noviembre de 2008 en Bombay. También se vieron afectadas por el aumento de las protestas a favor de la independencia en la región de Cachemira, administrada por India.

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Violencia entre fuerzas de seguridad, milicias y maoístas

Se intensificaron los enfrentamientos en Chhattisgarh entre grupos armados maoístas y fuerzas estatales respaldadas por la milicia Salwa Judum, que, según la opinión generalizada, contaba con el apoyo del estado. En noviembre, durante la vista ante el Tribunal Supremo de unas demandas por impunidad que se habían presentado, las autoridades del estado afirmaron que esta milicia ya no estaba activa. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos sostenían que se había reorganizado como “fuerza de paz” local.

En las zonas adivasis de Jharkhand y Bengala Occidental se registraron enfrentamientos similares y atentados con explosivos. El objetivo habitual de ambos bandos era la población civil, fundamentalmente la adivasi, que denunció homicidios y secuestros. Sólo en Chhattisgarh continuaban desplazados internamente en torno a 30.000 adivasis; 10.000 de ellos vivían en campos y 20.000 estaban desperdigados por los estados vecinos de Andhra Pradesh y Orissa.

  • En mayo, al menos 144 pasajeros murieron y otros 200 resultaron heridos en el distrito de Medhinipur Occidental al descarrilar un tren expreso, debido, según informes, a una explosión en la vía férrea. En esta zona eran habituales los actos de violencia entre grupos armados maoístas, por un lado, y la formación política gobernante, el Partido Comunista de India (Marxista), y las fuerzas paramilitares centrales, por el otro. En agosto, una de las personas acusadas de la explosión, Umakanta Mahato, dirigente adivasi del Comité Popular contra las Atrocidades Policiales, fue ejecutado extrajudicialmente tras una oleada de violencia política en la que miembros del Comité Popular mataron a tres partidarios del Partido Comunista de India (Marxista).
  • En septiembre, fuerzas de seguridad que participaban en operaciones contra grupos maoístas en Chhattisgarh detuvieron ilegalmente a 40 adivasis, los desnudaron y los torturaron. También detuvieron a otras 17 personas, incluidas dos de 16 años, y agredieron sexualmente a dos de las mujeres que había entre ellas. Las autoridades no actuaron en consecuencia tras las conclusiones de la investigación inicial, que consideraron a personal de las fuerzas de seguridad responsable de las violaciones de derechos humanos cometidas.
  • Pacifistas de Vanvasi Chetna Ashram, ONG de ideología gandhiana, se vieron obligados a dejar de trabajar en la zona conflictiva de Chhattisgarh. Himanshu Kumar, fundador de la organización, no pudo regresar a la ciudad de Dantewada, de la que había huido en 2009 tras sufrir constantes actos de hostigamiento e intimidaciones de la milicia Salwa Judum, la policía estatal y las fuerzas paramilitares.
  • En septiembre, la policía de Chhattisgarh acusó al dirigente adivasi y preso de conciencia Kartam Joga de colaboración con grupos armados maoístas. Kartam Joga había presentado una demanda por impunidad, que el Tribunal Supremo estaba viendo.
  • En diciembre, un tribunal local de Chhattisgarh declaró al defensor de los derechos humanos, médico y preso de conciencia Binayak Sen culpable de colaboración con grupos maoístas y lo condenó a cadena perpetua.
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Rendición de cuentas de las empresas

Ni las autoridades ni las empresas interesadas garantizaron una consulta adecuada con las comunidades locales marginadas afectadas por diversos proyectos empresariales mineros, de irrigación y de otros tipos, y tampoco protegieron sus derechos. En varios estados, la población adivasi y otras comunidades locales marginadas organizaron protestas –algunas con éxito– por el hecho de que las autoridades no hubieran respetado sus reivindicaciones, garantizadas por la Constitución y por legislación reciente, con respecto a tierras amenazadas por operaciones empresariales.

  • En una victoria histórica para los derechos de los adivasis, el gobierno indio rechazó los proyectos de extracción de bauxita en las colinas de Niyamgiri, Orissa, y de ampliación de una refinería de aluminio en la cercana Lanjigarh, presentados por una filial de Vedanta Resources, compañía con sede en Reino Unido, y Orissa Mining Corporation, de propiedad estatal. Las autoridades consideraron que ambos proyectos infringían leyes forestales y medioambientales, y que constituirían un abuso contra las comunidades dongria kondh y otras poblaciones adivasis.
  • En junio, un tribunal de Bhopal condenó a ocho ejecutivos de Union Carbide a dos años de cárcel por su actuación en la trágica fuga de gas ocurrida allí en 1984, que provocó la muerte de entre 7.000 y 10.000 personas en el periodo inmediatamente posterior y de otras 15.000 durante los 20 años siguientes. Tras la reacción airada de la opinión pública, que en general consideró que las condenas habían sido excesivamente indulgentes, el Tribunal Supremo reabrió la causa en agosto.
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Uso excesivo de la fuerza

La policía hizo uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas de comunidades locales contra desalojos forzosos y contra la adquisición de sus tierras para proyectos empresariales. Tampoco protegió a los manifestantes cuando milicias privadas, que, según informes, estaban aliadas con partidos políticos gobernantes, reprimieron las protestas violentamente. En la mayoría de estos casos, las autoridades no llevaron a cabo investigaciones imparciales a su debido tiempo.

  • En mayo, el dirigente adivasi Laxman Jamuda murió cuando la policía disparó contra manifestantes que protestaban contra la adquisición de tierras adivasis para un proyecto de la empresa Tata Steel en Kalinganagar, Orissa. Un total de 19 personas resultaron heridas, 10 de ellas por impactos de bala. Un millar de policías acordonó las localidades de los manifestantes y 200 miembros de milicias privadas entraron por la fuerza en ellas y destruyeron algunas casas.
  • En mayo, al menos 20 manifestantes resultaron heridos cuando la policía utilizó gas lacrimógeno y porras para dispersar a unos 1.000 agricultores que protestaban por la adquisición de sus tierras de cultivo y de tierras comunales para un proyecto siderúrgico de la empresa surcoreana Pohong Steel Company en el distrito de Jagatsinghpur, en Orissa.
  • En julio, dos pescadores murieron cuando la policía disparó durante una manifestación de protesta contra la adquisición de tierras por parte del gobierno para un proyecto de energía térmica promovido por Nagarjuna Construction Company en la ciudad de Sompeta, en Andhra Pradesh. Cinco hombres recibieron impactos de bala, y 350 personas, 60 de ellas agentes de policía, resultaron heridas cuando la policía, con la ayuda de una milicia privada, dispersó a los manifestantes, procedentes de 10 localidades. Al día siguiente, las autoridades cancelaron la autorización medioambiental concedida al proyecto.

Las reiteradas protestas obligaron a las autoridades a reconsiderar las leyes vigentes sobre adquisición de tierras. En septiembre, las autoridades federales propusieron nueva legislación para el sector extractivo, con disposiciones sobre participación de las comunidades locales en los beneficios y nuevas normativas para solicitar el consentimiento libre, previo e informado de los adivasis y para realizar consultas con otras comunidades marginadas. En el Parlamento estaba pendiente de aprobación nueva legislación que establecía mejoras en los procedimientos de adquisición de tierras y políticas de rehabilitación y reasentamiento.

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Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las personas que defendían el derecho a la tierra de los adivasis y de otras comunidades marginadas, en algunos casos recurriendo a legislación reciente de la que obtenían información para proteger sus derechos, continuaban sufriendo graves amenazas y agresiones por parte de milicias privadas.

  • En enero, Sadhu Singh Takhtupura fue víctima de homicidio en el distrito de Amritsar, Punyab, tras dirigir la resistencia de los agricultores locales a las apropiaciones de tierras por parte, al parecer, de una alianza de dirigentes políticos locales, contratistas y funcionarios corruptos. En octubre, otro líder campesino, Pirthipal Singh Alishar, murió abatido por disparos tras encabezar una campaña contra las prácticas de usura de los prestamistas. En ambos casos, las comunidades locales denunciaron que la policía no había investigado ni puesto a disposición judicial a los responsables.
  • En enero, Satish Shetty fue asesinado tras negarse a dejar de sacar a la luz las apropiaciones de tierras en la ciudad de Pune, para lo que recurría a la nueva Ley del Derecho a la Información.
  • En julio, Amit Jethwa, que había hecho campaña contra la actividad minera ilegal en el bosque de Gir, en Gujarat, murió abatido por disparos a la entrada del recinto del tribunal superior de Ahmedabad.

Las personas que hacían campaña contra violaciones de derechos humanos eran víctimas de hostigamiento, intimidación y detención por cargos falsos o de motivación política.

  • Entre marzo y junio, la policía de Gujarat detuvo a 13 activistas, entre los que se encontraba el sindicalista adivasi Avinash Kulkarni. Los detenidos estaban pendientes de juicio por cargos de colaboración con grupos armados maoístas.
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Impunidad

La impunidad por abusos y violaciones de derechos humanos continuaba siendo generalizada. A pesar de las persistentes protestas organizadas en el noreste, las autoridades seguían mostrándose reacias a derogar la Ley de Facultades Especiales de las Fuerzas Armadas de 1958, que facilitaba la impunidad. Continuaban eludiendo la acción de la justicia los responsables de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos cometidas en Punyab desde 1984 hasta 1994 y en Assam desde 1998 hasta 2001. Miembros de comunidades dalits de diversos estados sufrieron agresiones y discriminación. Las autoridades no aplicaron la legislación especial vigente, que se había promulgado para procesar a los responsables de estos actos violentos.

Matanza de 1984

En septiembre, el Tribunal Supremo ordenó que continuase el juicio contra Sajjan Kumar, dirigente del Partido del Congreso. En abril, un tribunal de Delhi sobreseyó las actuaciones contra Jagdish Tytler, otro ex dirigente del Partido del Congreso. Los dos hombres habían sido acusados de incitar a sus seguidores a cometer la matanza de Delhi, en la que murieron centenares de sijs, tras el asesinato en 1984 de la entonces primera ministra Indira Gandhi.

Violencia entre comunidades religiosas

Apenas avanzaron las causas contra algunos de los responsables de los ataques perpetrados contra minorías musulmanas en Gujarat en 2002, en los que murieron en torno a 2.000 personas. Los procesos se vieron empañados por la actitud abiertamente hostil de las autoridades hacia los testigos, la negativa de los organismos encargados de la investigación a analizar indicios cruciales –como grabaciones telefónicas oficiales– y la destrucción de pruebas que relacionaban a dirigentes políticos clave con la violencia.

  • En diciembre, Teesta Setalvad, del Centro para la Justicia y la Paz, y un equipo de abogados que defendían los derechos de las víctimas fueron hostigados por la policía de Gujarat, que los acusó de falsificar pruebas.

Jammu y Cachemira

Continuaba reinando la impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado en Cachemira, como la desaparición forzada de miles de personas durante el conflicto armado mantenido allí desde 1989. Los progresos de las investigaciones oficiales sobre algunas de las violaciones de derechos humanos fueron escasos o nulos.

  • Entre junio y septiembre, la policía y las fuerzas de seguridad dispararon contra manifestantes que participaban en protestas en favor de la independencia y en las que exigían rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado en el valle de Cachemira. Más de 100 personas, en su mayoría jóvenes, murieron, y otras 800, incluidos trabajadores de medios de comunicación, resultaron heridas. Una investigación iniciada por las autoridades del estado se ocupó de 17 de las 100 muertes, aunque Amnistía Internacional y otras organizaciones habían pedido una investigación independiente, imparcial y exhaustiva sobre todas ellas. La investigación apenas avanzó.

Las autoridades recurrieron de modo generalizado a la detención administrativa, y entre junio y septiembre detuvieron a 322 personas. Después de las protestas, las autoridades dejaron en libertad a dos líderes separatistas, Shabir Shah y Mohammad Nayeem Khan, basándose en las recomendaciones formuladas por un equipo de interlocutores designado por el gobierno que visitó el valle.

  • En abril, Mushtaq Ahmad Sheikh, de 14 años, fue acusado de participar en protestas violentas y detenido en Srinigar. Posteriormente fue transferido a cárceles de Udhampur y Jammu, donde continuaba.
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Ejecuciones extrajudiciales

Información revelada hacía poco por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre personas muertas en enfrentamientos con la policía desde 1993 hasta 2008 mostró que, de las 2.560 muertes denunciadas, 1.224 se habían producido en “falsos enfrentamientos”, dando a entender que se trataba de ejecuciones extrajudiciales. Al finalizar el año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos había concedido una indemnización a los familiares de 16 víctimas. Era sumamente raro que se condenase a los responsables de ejecuciones extrajudiciales, y los procedimientos por estos casos seguían siendo lentos.

  • En enero, tras concluir que la investigación llevada a cabo por la policía estatal había sido sumamente deficiente, el Tribunal Supremo ordenó que la Oficina Central de Investigaciones investigase los homicidios de Sohrabuddin; su esposa, Kausar Bi, y su cómplice, Tulsiram Prajapati, presuntamente cometidos en 2005 por la policía de Gujarat.
  • En noviembre, el gobierno de Gujarat creó un nuevo equipo policial especial para investigar los homicidios de una mujer, Ishrat Jahan, y tres hombres cometidos por la policía de Gujarat en 2004.
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Detención y reclusión arbitrarias

Más de 100 personas fueron detenidas sin cargos, durante periodos que oscilaron entre una semana y un mes, en relación con atentados con explosivos perpetrados en diversos estados, como Delhi, Uttar Pradesh y Rajastán. Los informes de tortura y otros malos tratos infligidos a personas detenidas provocaron protestas de organizaciones musulmanas e hindúes. Se recurrió a la legislación sobre seguridad, endurecida tras los atentados perpetrados en noviembre de 2008 en Bombay, para detener a personas sospechosas. A pesar de que continuaron las protestas, las autoridades se negaron a derogar la Ley de Facultades Especiales de las Fuerzas Armadas, de 1958, que, en determinados estados o zonas, otorgaba a las fuerzas armadas autoridad para disparar a matar en circunstancias que no implicaban necesariamente un riesgo inminente.

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Pena de muerte

En diciembre, India votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU que pedía una moratoria mundial de las ejecuciones. Había al menos 105 hombres condenados a muerte; entre ellos se encontraba Ajmal Kasab, único paquistaní superviviente acusado de participar en los atentados de Bombay de 2008. Sin embargo, por sexto año consecutivo, no se llevaron a cabo ejecuciones, y la condena a muerte de 13 personas se conmutó por cadena perpetua. La reforma de la legislación amplió la aplicación de la pena de muerte a los secuestradores aéreos. En virtud de la nueva legislación, 16 estados publicaron cifras sobre personas en espera de ejecución, pero al menos otros 5 se negaron a hacerlo.

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Los derechos humanos región a región

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