Información general

El rápido crecimiento económico en sectores urbanos clave se ralentizó, en parte debido al empeoramiento de la situación económica mundial y al aumento de la inflación. El crecimiento reciente apenas afectó a grandes zonas rurales de India cuyas comunidades vivían sumidas en una pobreza endémica, agravada por un sector agrícola estancado y problemas de seguridad alimentaria. Según cálculos oficiales, entre el 30 y el 50 por ciento de la población del país vivía en la pobreza. Al menos el 15 por ciento de la población llevaba una existencia precaria en barrios marginales urbanos y carecía de acceso adecuado a la atención a la salud, el agua, la alimentación y la educación.

La elección de India como integrante del Consejo de Seguridad y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU puso de relieve su creciente importancia en los ámbitos regional e internacional. El país tomó medidas positivas para colaborar con los procedimientos especiales de la ONU. En enero, la relatora especial de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos visitó India tras recibir una invitación oficial. En septiembre, en una iniciativa sin precedentes, las autoridades cursaron una invitación permanente a todos los procedimientos especiales temáticos de la ONU.

Las autoridades se mostraron reacias a hablar sobre las crisis de derechos humanos en la región y en otros lugares. India no se pronunció sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante los drásticos cambios registrados en Oriente Medio y el norte de África, ni sobre las perpetradas en el vecino Myanmar. Tampoco apoyó las peticiones de que Sri Lanka rindiese cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas cuando acabó la guerra en ese país, en 2009.

Violencia entre fuerzas de seguridad, milicias y maoístas

Continuaron los enfrentamientos en el estado de Chhattisgarh entre grupos armados maoístas y fuerzas de seguridad respaldadas por la milicia Salwa Judum, que contaba con el apoyo del estado. Ambos bandos, cuyo objetivo habitual era la población civil, fundamentalmente la adivasi, fueron responsables de homicidios, secuestros e incendios. Sólo en Chhattisgarh, más de 3.000 personas, incluidos combatientes, habían muerto en enfrentamientos desde 2005. En torno a 25.000 personas continuaban desplazadas internamente, unas 5.000 vivían en campos y 20.000 estaban desperdigadas por los estados vecinos de Andhra Pradesh y Orissa.

En las zonas adivasis de Orissa, Jharkhand y Bengala Occidental se registraron enfrentamientos similares entre maoístas y fuerzas del estado. La suspensión de las actividades antimaoístas en Bengala Occidental a partir de mayo se vio empañada por las detenciones y la violencia política; las iniciativas de paz fracasaron en noviembre tras la muerte del líder maoísta Koteshwar “Kishenji” Rao, al parecer víctima de ejecución extrajudicial.

En julio, el Tribunal Supremo de India dictó una resolución histórica al ordenar el desmantelamiento de todas las milicias antimaoístas respaldadas por el estado de Chhattisgarh, a las que se acusaba de haber cometido graves violaciones de derechos humanos. Las autoridades del estado hicieron caso omiso de estas denuncias y respondieron desmantelando las milicias e incorporando a sus miembros a una fuerza auxiliar integrada por 6.000 personas.

• En enero, la policía y las fuerzas de seguridad de Orissa afirmaron haber matado a disparos a 25 presuntos maoístas en seis operaciones de combate distintas, pero activistas de derechos humanos hallaron indicios que apuntaban a que dos de las víctimas eran activistas contra la explotación minera de las tierras, y que los demás eran simpatizantes maoístas no armados, detenidos durante redadas y ejecutados extrajudicialmente.
• En febrero, los maoístas retuvieron a dos funcionarios de distrito como rehenes durante nueve días en Malkangiri, Orissa, y los canjearon por cinco líderes maoístas encarcelados a quienes las autoridades dejaron en libertad bajo fianza.
• En marzo, más de 300 policías y miembros de Salwa Judum que participaban en operaciones antimaoístas atacaron las localidades de Morpalli, Timmapuram y Tadmetla, en el estado de Chhattisgarh, y mataron a tres de sus habitantes, agredieron sexualmente a tres mujeres e incendiaron 295 casas. Los maoístas respondieron matando a cuatro agentes especiales de la policía e hiriendo a otros cinco. En octubre, el activista adivasi Lingaram, que sacó a la luz las violaciones de derechos humanos, y la activista Soni Sori fueron detenidos por varios cargos, incluido el de transferir fondos de la empresa Essar Steel a los maoístas armados. Soni Sori fue torturada bajo custodia policial. Ambos fueron considerados presos de conciencia.
• En marzo, maoístas del estado de Jharkhand mataron a Niyamat Ansari y amenazaron a su socio Bhukan Singh cuando éstos dieron a conocer casos de corrupción que implicaban a maoístas, contratistas locales y agentes forestales. En julio, los maoístas también vertieron amenazas –que posteriormente retiraron– contra cuatro conocidos activistas, incluidos Jean Dreze y Aruna Roy, que los habían criticado por el asesinato.
• En septiembre, unos maoístas armados mataron a tiros a Jagabandhu Majhi, parlamentario del partido gobernante Biju Janata Dal, y a su guardaespaldas en el distrito de Nabrangpur, Orissa. Los maoístas justificaron el homicidio afirmando que el parlamentario se dedicaba a la corrupción y la extorsión.
• En octubre, miembros de las fuerzas de seguridad que participaban en operaciones antimaoístas en el distrito de Midnapur Occidental, Bengala Occidental, agredieron sexualmente a Shibani Singh, de 29 años, cuando intentaban detener de nuevo a su esposo, que estaba en libertad bajo fianza.

Rendición de cuentas de las empresas

En varios estados, las protestas de adivasis y otras comunidades marginadas bloquearon proyectos empresariales mineros, de irrigación y de otros tipos, previstos o ya en marcha, que afectaban a sus derechos sobre las tierras ancestrales. Como respuesta, las autoridades propusieron reformar los marcos jurídicos obsoletos y crear prácticas ad hoc para la adquisición y explotación de tierras, ofreciendo a las comunidades acuerdos controlados de rehabilitación y reparto de beneficios. Sin embargo, las protestas continuaron, pues las comunidades se quejaban de que la reciente legislación que garantizaba sus derechos sobre las zonas forestales no se estaba aplicando debidamente, y sostenían que las nuevas leyes no abordaban la necesidad de obtener su consentimiento libre, previo e informado para los proyectos.

• En junio, julio y noviembre, las protestas pacíficas de los agricultores frustraron varias operaciones policiales que pretendían llevar a cabo el desalojo forzoso de los agricultores de tierras comunales adquiridas para el proyecto siderúrgico propuesto por la empresa surcoreana Pohong Steel Company (POSCO) en el distrito de Jagatsinghpur, Orissa, tras lo cual dos líderes, Abhay Sahoo y Narayan Reddy, fueron detenidos por cargos falsos.
• En julio, el Tribunal Superior de Orissa confirmó la decisión adoptada en 2010 por las autoridades indias de rechazar la oferta de Vedanta Aluminium (filial de la empresa Vedanta Resources, radicada en Reino Unido) para ampliar su refinería de aluminio en Lanjigarh. Las autoridades indias tomaron la decisión tras mostrarse de acuerdo con las conclusiones de Amnistía Internacional, que señalaban que las actividades de la refinería vulneraban el derecho de las comunidades al agua, la salud y un medio ambiente sano, y que la ampliación conllevaría nuevos abusos contra las comunidades adivasis. El Tribunal ordenó a la empresa que volviese a solicitar los permisos obligatorios para la ampliación, pero la empresa apeló esta decisión.

Uso excesivo de la fuerza

En varios casos, la policía hizo un uso excesivo de la fuerza para reprimir las protestas de comunidades locales marginadas, tales como pequeños agricultores, adivasis y dalits. Además, en la mayoría de estos casos, las autoridades no llevaron a cabo investigaciones imparciales y a su debido tiempo.

• En septiembre, siete dalits murieron cuando la policía abrió fuego contra manifestantes que pedían la puesta en libertad del líder dalit John Pandyan, al que habían detenido cuando se dirigía a la ciudad de Paramakkudi, en Tamil Nadu, para conmemorar el aniversario de la muerte de otro líder dalit, Immanuel Sekaran.
• En septiembre, ocho musulmanes murieron cuando policías y miembros de una milicia gujjar abrieron fuego en el interior de una mezquita y la incendiaron en la localidad de Gopalgarh, cerca de Bharatpur, en Rajastán.
• En febrero, dos hombres murieron y cinco resultaron heridos cuando la policía disparó contra quienes protestaban por la adquisición de sus tierras para el proyecto de construcción de una central térmica dirigido por East Coast Energy en la localidad de Vadditandra, estado de Andhra Pradesh.
• En abril, un hombre murió y otro resultó herido cuando la policía disparó contra habitantes de la ciudad de Jaitapur, en Maharashtra, que protestaban por los efectos nocivos del proyecto nuclear propuesto por la empresa francesa Areva. Posteriormente, la policía mantuvo detenidos durante la noche a manifestantes pacíficos que participaban en una marcha de cuatro días desde Bombay.
• En mayo, dos manifestantes y dos policías murieron cuando la policía disparó contra agricultores de la localidad de Bhatta Parsaul que habían secuestrado a tres funcionarios en protesta por la decisión de las autoridades de obligarlos a vender sus tierras para construir una autopista cerca de Noida, en las afueras de Delhi. La policía agredió sexualmente a siete mujeres y saqueó la localidad. Posteriormente, un tribunal de Noida acusó a 30 agentes de policía de violación y robo, y una orden del Tribunal Supremo declaró que la adquisición de parte de las tierras era ilegal.
• En mayo, dos hombres murieron abatidos por disparos de la policía durante desalojos forzosos en la ciudad de Jamshedpur, en Jharkhand. Al menos 100.000 personas fueron objeto de desalojo forzoso en las ciudades de Jamshedpur, Ranchi y Bokaro.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Organismos estatales y no estatales perseguían a las personas que defendían los derechos de los adivasis y de otras comunidades marginadas y a quienes recurrían a legislación reciente para obtener información con el fin de proteger sus derechos. Los activistas exigieron legislación especial que los protegiese frente a esos ataques, circunstancia que la relatora especial de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos puso de relieve en enero.

• En abril, tras una intensa campaña nacional e internacional, el Tribunal Supremo de India ordenó la puesta en libertad bajo fianza del doctor Binayak Sen, preso de conciencia al que un tribunal de distrito de Chhattisgarh había condenado a cadena perpetua el año anterior tras declararlo culpable de sedición y colaboración con grupos maoístas armados.
• En junio, los ecologistas Ramesh Agrawal y Harihar Patel fueron encarcelados por cargos falsos tras intentar proteger a comunidades locales frente a la contaminación industrial en el distrito de Raigarh, en Chhattisgarh.
• En agosto, la ecologista Shehla Masood murió abatida por disparos en la ciudad de Bhopal. Había intentado sacar a la luz infracciones medioambientales de proyectos de infraestructuras urbanas y se había opuesto a planes de explotación minera en Madhya Pradesh.
• En noviembre, Nadeem Sayed, testigo en el caso de la matanza de Naroda Patiya, murió apuñalado tras declarar en la vista judicial. En la matanza, ocurrida durante los disturbios contra la población musulmana registrados en Gujarat en 2002, murieron 95 personas.
• En noviembre, Valsa John, monja activista que trabajaba para proteger los derechos de los adivasis, fue asesinada tras recibir amenazas de muerte presuntamente procedentes de bandas delictivas que se dedicaban a actividades mineras ilegales en Jharkhand.

Impunidad

La impunidad por los abusos y las violaciones de derechos humanos seguía siendo generalizada. A pesar de que continuaron las protestas en el noreste y en Jammu y Cachemira, las autoridades seguían mostrándose reacias a derogar la Ley de Facultades Especiales de las Fuerzas Armadas de 1958, o a revocar la Ley de Zonas en Conflicto, que, en determinadas áreas, otorgaba a las fuerzas de seguridad autoridad para disparar a matar aun cuando no corriesen un peligro inminente.

Los responsables de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado en Punyab (en 1984 y 1994), Assam (en 1998 y 2001), Nagaland y Manipur continuaban eludiendo la acción de la justicia. Miembros de comunidades dalits de diversos estados sufrieron agresiones y discriminación. Apenas existía voluntad política para aplicar la legislación especial vigente y procesar a los responsables de estos actos violentos.

Violencia entre comunidades religiosas

Tras casi 10 años desde que ocurrieran los hechos, se anunciaron las primeras condenas por los disturbios de 2002, en los que alrededor de 2.000 musulmanes murieron en Gujarat.

• En marzo, un tribunal especial de Gujarat condenó a 11 hombres a muerte y a otros 20 a cadena perpetua por un incendio provocado en el tren expreso Sabarmati en el que murieron 59 peregrinos hindúes y que desencadenó los disturbios.
• En noviembre, un tribunal especial de Gujarat condenó a cadena perpetua a 31 de los 73 acusados de la matanza de Sardarpura, en la que murieron 33 musulmanes. Fue la primera de las 10 causas destacadas que iban a ser objeto de seguimiento directo por parte del Tribunal Supremo de India.

Continuaban sufriendo hostigamiento las personas que trabajaban para garantizar justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en Gujarat en el pasado.

• En enero, Teesta Setalvad, del Centro para la Justicia y la Paz, y un equipo de abogados que defendían los derechos de las víctimas y sus familias fueron hostigados por la policía de Gujarat, que los acusó de falsificar pruebas en relación con una fosa común en la que estaban enterradas víctimas.

Jammu y Cachemira

Continuaba reinando la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en Cachemira, como homicidios ilegítimos, tortura y la desaparición de miles de personas durante el conflicto armado que se libraba en la zona desde 1989. También seguían impunes la mayoría de los homicidios de más de 100 jóvenes cometidos por fuerzas de seguridad durante las protestas de 2010.

• En marzo, 15 años después del homicidio del abogado de derechos humanos Jaleel Andrabi, las autoridades del estado instaron al gobierno federal a solicitar la extradición de Estados Unidos del comandante Avtar Singh, acusado del homicidio, para someterlo a juicio ante un tribunal de Srinagar. Las autoridades federales no respondieron.
• En septiembre, la comisión estatal de derechos humanos identificó más de 2.700 cadáveres en enterramientos clandestinos hallados en el norte de Cachemira. A pesar de que la policía sostenía que en ellos había cadáveres de “insurgentes no identificados”, la comisión identificó 574 cadáveres pertenecientes a personas de la zona desaparecidas y solicitó a las autoridades del estado que identificasen el resto de los cadáveres mediante pruebas de ADN y otras técnicas forenses. Las autoridades no siguieron esta recomendación.

En marzo, Amnistía Internacional presentó un informe en Srinagar y pidió el fin de la detención administrativa en la zona y la derogación de la Ley de Seguridad Pública. Posteriormente, las autoridades propusieron la modificación de esta ley, para limitar el periodo de detención, y de la ley estatal sobre justicia de menores, para prohibir la detención de toda persona menor de 18 años. Sin embargo, las detenciones con arreglo a la Ley de Seguridad Pública continuaron siendo habituales, y algunos activistas y líderes políticos seguían recluidos sin cargos ni juicio. Varios menores de edad quedaron en libertad tras la intervención de Amnistía Internacional.

• En mayo, Murtaza Manzoor, de 17 años, quedó en libertad tras ser detenido por segunda vez. Ese mismo mes, el Tribunal Superior de Jammu y Cachemira había ordenado su puesta en libertad tras cuatro meses de reclusión.

Detención y reclusión arbitrarias

Más de 50 hombres fueron detenidos sin cargos, durante periodos de entre una semana y un mes, en relación con atentados con explosivos perpetrados en Bombay y Delhi. Se recurrió a la legislación sobre seguridad, endurecida tras los atentados perpetrados en Bombay en noviembre de 2008, para detener a personas sospechosas. Sin embargo, las investigaciones y los procesos judiciales sobre la mayoría de los casos de atentados terroristas cometidos en el pasado apenas avanzaron.

• En noviembre, siete musulmanes, acusados de un atentado con explosivos cometido en 2006 en la ciudad de Malegaon, Maharashtra, quedaron en libertad bajo fianza tras pasar cinco años en una prisión de Bombay. La excarcelación se produjo cuando un líder hindú, Aseemananda, confesó la participación de un grupo armado hindú de derechas en el atentado.

Pena de muerte

Al menos 110 personas fueron condenadas a muerte. Sin embargo, por séptimo año consecutivo no se llevaron a cabo ejecuciones. No obstante, los temores de que se reanudasen las ejecuciones aumentaron cuando las autoridades rechazaron las peticiones de indulto de cinco condenados a muerte, tres de ellos por el asesinato del ex primer ministro Rajiv Gandhi.

En diciembre se aprobaron nuevas leyes que prescribían la pena de muerte a las personas condenadas por ataques “terroristas” contra oleoductos y gasoductos que causasen muertes, y en el estado de Gujarat, por elaborar y vender bebidas alcohólicas ilegales.