Las fuerzas de seguridad torturaron y sometieron a otros malos tratos a personas detenidas
e hicieron un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, en ocasiones, con resultado
de muerte. No existían mecanismos adecuados de rendición de cuentas que garantizasen
justicia o actuasen como factor disuasorio efectivo contra los abusos policiales.
El sistema de justicia penal seguía mostrándose incapaz de hacer frente a la impunidad
de las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado o que seguían cometiéndose.
En zonas como Papúa o las islas Molucas se restringió con dureza la libertad de expresión.
Minorías religiosas y grupos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero
sufrieron agresiones y discriminación. El índice de mortalidad materna seguía siendo
uno de los más elevados de la región de Asia oriental y Oceanía. No se llevaron a
cabo ejecuciones a lo largo del año.
Las fuerzas de seguridad torturaron y sometieron a otros malos tratos a personas
detenidas, especialmente a presuntos delincuentes de comunidades pobres y marginadas,
y a personas sospechosas de actividades en favor de la independencia en las provincias
de Papúa y las Molucas. Los mecanismos de rendición de cuentas establecidos para abordar
las violaciones de derechos humanos continuaban siendo insuficientes.
A lo largo del año se dieron a conocer dos vídeos en los que se veía a miembros de
la policía y las fuerzas armadas torturando y sometiendo a otros malos tratos a hombres
de Papúa. En el primer vídeo aparecía Yawan Wayeni, activista político de Papúa, justo
antes de su muerte en agosto de 2009. A pesar de las graves lesiones abdominales que
sufría, la policía, que lo acusaba de insurgente, le había negado asistencia médica.
Miembros de la Brigada Móvil de Policía lo habían detenido previamente en su casa,
en la isla de Yapen, Papúa. El segundo vídeo, divulgado en octubre a través de Internet,
mostraba a personas de Papúa recibiendo patadas y sufriendo otros abusos físicos por
parte de las fuerzas armadas indonesias, así como a dos hombres de Papúa a los que
torturaban durante el interrogatorio. Las autoridades indonesias confirmaron la autenticidad
de los dos vídeos.
Yusuf Sapakoly, de 52 años, murió de insuficiencia renal en el hospital de Ambon,
provincia de Molucas, tras negarle las autoridades penitenciarias el acceso a asistencia
médica adecuada. Tenía cuatro hijos, y lo habían detenido en 2007 por ayudar a un
grupo de activistas políticos pacíficos que habían desplegado la bandera “Benang Raja”,
símbolo de la independencia de las Molucas del Sur, delante del presidente. Yusuf
Sapakoly necesitaba someterse a diálisis debido a su insuficiencia renal, pero las
autoridades de la prisión de Nania le negaron reiteradamente el tratamiento. Yusuf
Sapakoly había afirmado también que no había recibido el tratamiento adecuado para
las lesiones que había sufrido en las costillas durante su reclusión.
La policía hizo un uso excesivo de la fuerza al practicar detenciones y para reprimir
manifestaciones, y en ocasiones provocó con ello la muerte de personas.
En agosto, la policía abrió fuego contra manifestantes –mató a 7 hombres y causó lesiones
a otros 20– en la comisaría de la policía sectorial de Biau, en la provincia de Sulawesi
Central. Los manifestantes, que habían asaltado la comisaría en respuesta a la muerte
bajo custodia de Kasmir Timumun, atacaron a agentes de policía e incendiaron motocicletas
aparcadas en el exterior. Varios policías resultaron heridos durante los hechos. Según
fuentes locales, Kasmir Timumun, de 19 años, había aparecido el 30 de agosto colgado
en su celda, donde estaba recluido, al parecer, por conducir con exceso de velocidad
y lesionar a un agente de policía. La policía sostuvo que se había suicidado, pero
su familia afirmó que había señales de tortura u otros malos tratos, como cardenales
en zonas del cuerpo y el cuello. A la familia no se le permitió acceder al informe
de la autopsia.
Preocupaba que no se hubieran cumplido las normas nacionales e internacionales sobre
uso de la fuerza en operaciones policiales de lucha contra el terrorismo que habían
provocado la muerte de al menos 24 personas.
Continuaba reprimiéndose la libertad de expresión en algunos casos, y defensores y
defensoras de los derechos humanos, periodistas y otros activistas eran víctimas de
intimidación, hostigamiento y, en ocasiones, homicidio.
En julio, Tama Satrya Langkun, activista contra la corrupción radicado en Yakarta,
fue golpeado brutalmente por personas desconocidas, en un aparente intento de silenciarlo.
Ese mismo mes, Ardiansyah Matra, periodista que informaba sobre la corrupción y la
tala ilegal de árboles en Papúa, apareció muerto en la provincia.
Al menos 100 activistas políticos estaban encarcelados por expresar pacíficamente
sus opiniones en zonas que deseaban la independencia, como Papúa y las Molucas.
El preso de conciencia Yusak Pakage, condenado a 10 años de cárcel, fue excarcelado
en julio en virtud de un decreto presidencial. Sin embargo, Filep Karma, que había
sido detenido al mismo tiempo y estaba condenado a 15 años de cárcel, continuó en
prisión. Los dos hombres habían sido condenados en 2005 por izar la bandera “Morning
Star” (“Lucero del alba”).
En agosto, 23 hombres fueron detenidos en la provincia de Molucas por sus actividades
políticas pacíficas. Al finalizar el año, 21 de ellos continuaban recluidos. Se enfrentaban
a juicio por cargos de rebelión, que conllevaban la posibilidad de cadena perpetua.
Minorías religiosas y grupos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero
sufrieron agresiones y discriminación. La policía no tomó medidas adecuadas para garantizar
su seguridad. Un congreso regional de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero,
cuya celebración estaba prevista en Surabaya en marzo, se canceló tras las amenazas
de represalias violentas por parte de grupos islamistas radicales. La comunidad ahmadi
fue objeto de abusos y discriminación. En agosto, el ministro de Asuntos Religiosos
pidió su disolución. Aproximadamente 90 ahmadis desplazados en 2006 tras el incendio
premeditado de sus casas seguían viviendo en alojamientos provisionales en Mataram,
Lombok. Durante el año, al menos 30 iglesias sufrieron ataques o fueron obligadas
a cerrar. En abril, el Tribunal Constitucional confirmó las disposiciones legales
que tipificaban la blasfemia como delito. Al finalizar el año había al menos 14 personas
encarceladas por cargos de blasfemia.
Las iniciativas gubernamentales destinadas a abordar la mortalidad materna se veían
obstaculizadas por legislación que restringía los derechos sexuales y reproductivos;
entre esas leyes se incluían algunas que respaldaban los estereotipos de género, especialmente
en lo relativo al matrimonio y la maternidad, o que tipificaban como delito mantener
determinados tipos de relaciones sexuales de mutuo acuerdo y ofrecer información sobre
sexualidad y reproducción. Algunas leyes y políticas negaban a las niñas y mujeres
solteras pleno acceso a los servicios de salud reproductiva. Era ilegal que las niñas
y mujeres casadas accediesen a determinados servicios de salud reproductiva sin el
consentimiento de su esposo. El aborto estaba penalizado en todos los casos, salvo
cuando había peligro para la salud de la madre o el feto, o en caso de violación.
Muchas mujeres y niñas estaban expuestas a tener embarazos no deseados, que podían
acarrearles problemas de salud y abusos contra los derechos humanos, como verse obligadas
a casarse a una edad temprana o a abandonar los estudios. Algunas abortaban, a menudo
en condiciones de riesgo.
Según cifras gubernamentales oficiales, los abortos en condiciones de riesgo causaban
entre el 5 y el 11 por ciento de las muertes maternas en Indonesia. El índice de
mortalidad materna seguía siendo uno de los más elevados de la región de Asia oriental
y Oceanía, y se calculaba que por cada 100.000 nacidos vivos se producían 228 muertes
maternas.
Al colectivo de trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico –aproximadamente
2,6 millones de personas–, integrado mayoritariamente por mujeres y niñas, se le negaba
toda la diversidad de garantías jurídicas de protección de que disfrutaban otros trabajadores
en virtud de la Ley del Trabajo. La Comisión Parlamentaria de Trabajo, Transmigración,
Asuntos Demográficos y Salud estudió un proyecto de ley sobre personal doméstico;
sin embargo, al finalizar el año esta ley aún no se había aprobado.
En diciembre de 2009, Lenny, muchacha de 14 años procedente de Java, fue engañada
por un agente de contratación que, en vez de darle empleo en el servicio doméstico,
se la llevó a su propia casa y la “vendió” a sus nuevos empleadores por 100.000 rupias
indonesias (11 dólares estadounidenses). Después de drogarla, la llevaron a Aceh,
a cientos de kilómetros de distancia. Jenny pasó tres meses trabajando diariamente
desde las cuatro de la madrugada hasta las once de la noche, sin salario. Durante
ese tiempo sufrió múltiples formas de abuso físico y psicológico. Finalmente, en febrero
de 2010 consiguió huir y, ese mismo mes, emprendió acciones judiciales contra sus
empleadores. La causa seguía abierta al finalizar el año.
Persistía la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en
el pasado en Aceh, Papúa, Timor Oriental y otros lugares. El gobierno continuó promoviendo
la reconciliación con Timor Oriental a expensas de la justicia por los delitos cometidos
allí durante la ocupación indonesia (1975-1999). Seguían sin esclarecerse la mayoría
de las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado contra defensores y
defensoras de los derechos humanos, como torturas, asesinatos y desapariciones forzadas,
y tampoco se procesaba a los responsables. En septiembre, el gobierno firmó la Convención
Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
En 2009, el Parlamento recomendó la creación de un tribunal especial de derechos humanos
para juzgar a los responsables de desapariciones forzadas en 1997-1998. Sin embargo,
al finalizar el año el gobierno aún no había obrado en consecuencia.
Aunque dos personas habían sido condenadas por participar en el asesinato del destacado
activista Munir Said Thalib (conocido como “Munir”) en 2004, se formularon denuncias
creíbles de que los responsables de ordenar el asesinato continuaban en libertad.
