Irán
Jefe del Estado
ayatolá Sayed Alí Jamenei, líder de la República Islámica de Irán
Jefe del gobierno
presidente Mahmud Ahmadineyad
Pena de muerte
retencionista
Población
75,1 millones
Esperanza de vida
71,9 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
33/35 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
82,3 por ciento

La libertad de expresión, asociación y reunión siguió siendo objeto de severas restricciones por parte de las autoridades. Se impusieron amplios controles a los medios de comunicación nacionales y extranjeros con el fin de reducir el contacto de la población iraní con el exterior. Personas y grupos corrían peligro de ser víctimas de detención, tortura y encarcelamiento en caso de considerárselos colaboradores de organizaciones de derechos humanos o medios de comunicación en persa radicados en el extranjero. Se practicaron detenciones, a veces masivas, de disidentes políticos, activistas de los derechos de las mujeres y las minorías y otros defensores y defensoras de los derechos humanos, abogados, periodistas y estudiantes, y se encarceló a centenares de personas. Las torturas y otros malos tratos a personas detenidas eran habituales y se perpetraban con impunidad. Las mujeres continuaron estando discriminadas en la ley y en la práctica. Las autoridades reconocieron 252 ejecuciones, pero se recibió información creíble sobre más de otras 300. La cifra total podía ser incluso mayor. Al menos una persona fue condenada por delitos cometidos cuando era menor de edad. Siguieron imponiéndose penas de muerte por lapidación, pero no se tuvo noticia de que se ejecutara ninguna. Se llevaron a cabo flagelaciones y un número cada vez mayor de amputaciones.

Información general

En febrero se procedió a evaluar el historial de Irán en derechos humanos en virtud del examen periódico universal de la ONU. El gobierno aceptó todas las recomendaciones de tipo general, pero rechazó aquellas en las que se le pedía que pusiera en marcha reformas concretas para erradicar la discriminación por motivos religiosos y de género y la aplicación de la pena capital, en especial contra personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad. Rechazó también la recomendación de colaborar con determinados organismos de derechos humanos de la ONU.

Irán fue elegido en abril miembro de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, de la ONU. En agosto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación “por el disfrute limitado de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales” de diversas minorías, en particular en lo tocante a la vivienda, la educación, la libertad de expresión y culto, la salud y el empleo. En septiembre, en un informe dirigido a la Asamblea General, el secretario general de la ONU puso de relieve “numerosas esferas que siguen siendo motivo de preocupación en lo que respecta a los derechos humanos”. En diciembre, la Asamblea General aprobó una resolución en la que expresaba su preocupación por la situación de los derechos humanos en Irán y pedía la adopción de medidas gubernamentales para poner fin a las violaciones de derechos humanos.

Decenas de iraníes –si no centenares– continuaron huyendo del país, pues temían por su integridad debido al alto grado de represión que ejercían las autoridades.

Persistió la tensión internacional por el programa de enriquecimiento de uranio de Irán. En junio, el Consejo de Seguridad de la ONU impuso más sanciones a Irán ante el temor de que estuviese desarrollando armas nucleares.

Grupos armados mataron a civiles en atentados con explosivos. Por ejemplo, en uno perpetrado en julio contra una mezquita de Zahedan murieron 21 personas, incluidos varios fieles, y centenares más resultaron heridas. En otro, que se cometió cerca de una mezquita de Chabahar, murieron al menos 38 personas y resultaron heridas más de 50. El Movimiento Popular de Resistencia de Irán, grupo armado también conocido como Jondallah, se atribuyó la responsabilidad de ambos atentados. En septiembre, después de que fuerzas de seguridad iraníes cruzaran al parecer la frontera con Irak y mataran como mínimo a 30 personas, un atentado con explosivos se cobró la vida de al menos 10 personas y causó lesiones a más de 80, incluidos niños, en Mahabad. Los grupos kurdos negaron ser los responsables.

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Libertad de expresión, asociación y reunión

El gobierno persistió en las severas restricciones impuestas en 2009 a la libertad de expresión, asociación y reunión. Se desplegaron numerosos efectivos de seguridad para disolver o evitar más manifestaciones. Siguieron recluidas decenas de personas –si no centenares–, detenidas en relación con las protestas multitudinarias de 2009; la mayoría de ellas cumplían penas de prisión, aunque se dejó en libertad a otras. Decenas más fueron detenidas a lo largo de 2010.

Mir Hossein Mousavi y Mehdi Karroubi, rivales del presidente Ahmadineyad en las elecciones presidenciales de junio de 2009, siguieron sufriendo severas restricciones de su libertad de circulación. Ambos fueron víctimas, junto con familiares suyos, de agresiones a manos de simpatizantes del gobierno, y se ordenó a los periódicos que no hablaran de ellos ni del ex presidente Mohamed Jatami. Se prohibieron dos importantes partidos políticos opuestos al gobierno, mientras que otros siguieron ilegalizados.

El gobierno purgó la universidad de docentes “laicos” y prohibió seguir sus estudios a estudiantes involucrados en las protestas registradas en los recintos universitarios.

Las autoridades continuaron restringiendo el acceso a fuentes exteriores de información, como Internet. Se interferían las emisiones radiofónicas y televisivas emitidas desde el extranjero. En enero, las autoridades prohibieron a los iraníes que se pusieran en contacto con unos 60 medios informativos y organizaciones radicadas en el extranjero. Agentes de seguridad amenazaban u hostigaban a quienes intentaban hablar sobre cuestiones de derechos humanos con los pocos grandes medios de comunicación en persa existentes. Numerosos ciudadanos iraníes recurrieron a las redes sociales de Internet para expresar sus opiniones.

Las autoridades prohibieron periódicos y publicaciones estudiantiles y emprendieron acciones judiciales contra periodistas a los que acusaban de publicar información “contra el sistema”. Las escuchas telefónicas y la interceptación de correos electrónicos y mensajes telefónicos de texto eran un fenómeno corriente. Un misterioso “ciberejército”, vinculado al parecer a la Guardia Revolucionaria, organizó ataques contra sitios web iraníes y extranjeros considerados antigubernamentales, mientras que otros sitios de Internet, incluidos algunos vinculados con dirigentes religiosos, fueron censurados por medio de filtros de contenido.

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Detención y reclusión arbitrarias

Agentes de seguridad, por lo general vestidos de civil y sin documentos de identificación ni órdenes judiciales, continuaron deteniendo de forma arbitraria a opositores del gobierno y a personas que parecían disentir de los valores oficiales por sus opiniones o estilo de vida. Entre los detenidos figuraban activistas de derechos humanos, sindicalistas independientes, estudiantes y disidentes políticos.

Los detenidos solían permanecer recluidos durante largos periodos, en los que eran objeto de torturas u otros malos tratos y no podían acceder a familiares, abogados ni asistencia médica. Algunos fueron condenados a prisión en juicios injustos, mientras que otras personas condenadas también en juicios sin garantías en años anteriores continuaron encarceladas.

  • En febrero, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria declaró que los tres ciudadanos estadounidenses detenidos en julio de 2009 mientras hacían senderismo cerca de la frontera entre Irak e Irán estaban recluidos de forma arbitraria. En agosto, el Grupo de Trabajo concluyó que Isa Saharkhiz, periodista y miembro del Comité para la Protección de la Libertad de Prensa de Irán, privado de libertad desde julio de 2009 y condenado en septiembre de 2010 a tres años de prisión por “insultar a los máximos dirigentes del país” y difundir “propaganda contra el sistema”, también estaba recluido de forma arbitraria y debía ser puesto en libertad.
  • El 4 de septiembre se detuvo a la abogada de derechos humanos Nasrin Sotoudeh. Al finalizar 2010, seguía detenida mientras se celebraba el juicio contra ella por presuntos delitos contra la seguridad relacionados con sus actividades pacíficas sobre derechos humanos y la defensa de sus clientes.
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Juicios injustos

Durante el año continuó la degradación del sistema de justicia penal, que brindaba escasa protección en materia de derechos humanos. Las personas inculpadas por motivos políticos eran objeto de juicios manifiestamente injustos por cargos imprecisos, que no constituían delitos comunes reconocibles. Privadas a menudo de asistencia letrada, solían ser condenadas sobre la base de “confesiones” o informaciones obtenidas presuntamente mediante tortura cuando se encontraban en prisión preventiva. Los tribunales aceptaban las “confesiones” como prueba sin investigar cómo se habían conseguido.

  • Hossein Ronaghi-Maleki, autor de un blog, detenido en diciembre de 2009, fue condenado a 15 años de cárcel por presuntos delitos contra la seguridad nacional. Cuando se quejó de que lo habían torturado, el juez le dijo que se lo “tenía merecido”.
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Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos en prisión preventiva seguían siendo prácticas comunes, facilitadas por la negación sistemática del acceso a abogados y la impunidad permanente de los responsables de tales abusos. Según informes, se utilizaban métodos como propinar a los detenidos fuertes palizas, meterles la cabeza en el retrete para hacerles ingerir excrementos humanos, someterlos a simulacros de ejecución, confinarlos en espacios muy pequeños, privarlos de luz, comida y agua y negarles atención médica. Se violó al parecer a un detenido varón y se amenazó a otros con violarlos.

  • En agosto se tuvo noticia de que un joven kurdo, Gholam-Reza Bayat, había muerto por una hemorragia interna después de que le propinaran una paliza cuando se encontraba bajo custodia en Kamyaran.

Siguieron conociéndose nuevos datos sobre torturas perpetradas en 2009. En febrero, un ex miembro de la milicia Basij, fuerza paramilitar integrada por voluntarios, afirmó que habían capturado en Shiraz a decenas de muchachos, los habían arrojado a unos contenedores de mercancías y los habían violado de forma sistemática. Tras expresar su preocupación por lo sucedido a un dirigente de la milicia, él y otros compañeros permanecieron detenidos durante 100 días, en los que no tuvieron acceso a familiares y fueron víctimas de palizas. Afirmó también haber sufrido un simulacro de ejecución.

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Impunidad

Miembros de las fuerzas de seguridad siguieron cometiendo violaciones de derechos humanos con una impunidad casi total.

Al parecer, el procesamiento de 12 hombres, entre ellos 11 funcionarios, acusados de perpetrar graves abusos en la prisión de Kahrizak antes de su cierre en julio de 2009, tenía por objeto convertir a simples subalternos en chivos expiatorios de los graves abusos ocurridos tras las elecciones de junio de 2009, que habían acarreado la muerte de varios reclusos y de los cuales no todos se tuvieron en cuenta en el juicio. Se condenó a muerte a 2 de los 12 hombres, pero las familias de las víctimas los indultaron, posibilidad prevista en la legislación iraní. Otros 9 fueron condenados a prisión.

Durante 2010 se iniciaron actuaciones judiciales al menos contra 50 personas en relación con los abusos cometidos en una residencia estudiantil de la Universidad de Teherán inmediatamente después de las elecciones de 2009.

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Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores de los derechos humanos sufrían graves violaciones de esos derechos por seguir reclamando un respeto mayor de los derechos de las mujeres y de los de las minorías étnicas y el fin de las ejecuciones por lapidación y de las de personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años. Continuaban recluidos activistas de los derechos de las mujeres y de las minorías étnicas, profesionales del derecho, sindicalistas, estudiantes y otros defensores de los derechos humanos que habían sido injustamente juzgados y encarcelados en años anteriores. Otras personas se arriesgaban a ser objeto de detenciones arbitrarias, actos de hostigamiento, procesamientos y juicios injustos. Entre ellos había presos de conciencia; otros tenían prohibido viajar al extranjero. Se siguieron prohibiendo los sindicatos independientes.

  • Emadeddin Baghi –periodista, escritor y presidente de una ONG prohibida que defendía los derechos de los presos–, detenido entre diciembre de 2009 y junio de 2010, empezó a cumplir una condena de siete años de cárcel en diciembre. Lo habían juzgado por ejercer de manera pacífica sus actividades como periodista y defensor de los derechos humanos.

Las autoridades hostigaron a miembros de organizaciones locales de derechos humanos, como el Comité de Reporteros por los Derechos Humanos y el grupo Activistas de Derechos Humanos de Irán, y detuvieron a algunos.

  • Shiva Nazar Ahari, miembro del Comité de Reporteros por los Derechos Humanos detenida en diciembre de 2009, quedó en libertad bajo fianza en septiembre, justo antes de ser condenada a seis años de cárcel. Siguió en libertad a la espera del resultado de un recurso contra la condena, más de la mitad de la cual debía cumplir en el “exilio”.
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Discriminación contra las mujeres

Las mujeres siguieron estando discriminadas en la ley y en la práctica, y quienes defendían sus derechos sufrían represión a manos del Estado. El Parlamento debatió un proyecto de ley para la protección de la familia, cuyas controvertidas disposiciones, en caso de entrar en vigor, socavarían aún más los derechos de las mujeres. Las personas con actividades de defensa de los derechos de las mujeres, como las organizadoras de la campaña por la igualdad jurídica de las mujeres “Un Millón de Firmas”, continuaron siendo objeto de presiones.

  • Tras ser detenida por quinta vez en marzo, Mahboubeh Karami, miembro de la campaña “Un Millón de Firmas”, estuvo recluida hasta el 18 de agosto. En septiembre fue condenada a cuatro años de cárcel por ser miembro de Activistas de Derechos Humanos de Irán, hacer “propaganda contra el Estado” y “conspirar contra el Estado”. Siguió en libertad en espera del resultado de un recurso de apelación.
  • Dos mujeres, Fatemeh Masjedi y Maryam Bigdeli, que habían sido declaradas culpables de cargos relacionados con la recogida pacífica de firmas para la campaña “Un Millón de Firmas”, se enfrentaban al final del año a seis meses de prisión después de que un tribunal de apelación confirmase las sentencias condenatorias.

En abril, el líder supremo de Irán pidió que se redoblaran los esfuerzos por hacer cumplir el código indumentario obligatorio impuesto por el Estado. En mayo se puso en marcha una campaña por la “castidad y la modestia”, basada en una ley de 2005 y dirigida a aquellas personas que no cumplían el código indumentario en público, por ejemplo, en los recintos universitarios. Informes recibidos en septiembre indicaban que había disminuido de forma notable la matriculación de mujeres en las universidades.

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Discriminación: minorías étnicas

Las minorías étnicas de Irán, incluidas la árabe ahwazí, la azerbaiyana, la baluchi, la kurda y la turcomana, siguieron estando discriminadas de forma sistemática en la ley y en la práctica. Continuó estando prohibido el uso de las lenguas minoritarias en escuelas y organismos públicos. Quienes abogaban por una mayor participación política de las minorías o el reconocimiento de sus derechos económicos, sociales y culturales eran objeto de manera sistemática de amenazas, detención y encarcelamiento.

  • En septiembre, según los informes, se condenó a muerte a cuatro árabes ahwazíes, detenidos desde junio de 2009, por cargos como “enemistad con Dios y corrupción en la Tierra”.
  • En noviembre quedaron en libertad unos 20 activistas azerbaiyanos detenidos en mayo en torno al aniversario de unas manifestaciones multitudinarias registradas en 2006 en protesta por unas viñetas publicadas en un periódico del Estado y que muchos azerbaiyanos habían considerado ofensivas. El escritor Akbar Azad siguió recluido al no poder pagar su familia la abultada fianza que se le había impuesto.
  • En julio se recibieron informes según los cuales desde septiembre de 2009 se mantenía recluido sin cargos ni juicio a Mohammad Saber Malek Raisi, joven baluchi de Sarbaz de 15 años, posiblemente para obligar a su hermano mayor a entregarse a las autoridades. En diciembre se ejecutó en Zahedan a 11 hombres baluchis condenados tras juicios injustos, al parecer en represalia por el atentado con bomba perpetrado cinco días antes por el Movimiento Popular de Resistencia de Irán.
  • Kaveh Ghasemi Kermanshahi, activista kurdo de derechos humanos y miembro de la campaña “Un Millón de Firmas”, estuvo detenido entre febrero y mayo, incluidos 80 días en régimen de aislamiento. En octubre comenzó su juicio por presuntos delitos contra la seguridad nacional.
  • Arash Saghar, activista turcomano que había intervenido en la campaña electoral de Mir Hossein Mousavi, fue condenado en octubre a ocho años de cárcel tras ser declarado culpable de “espiar para Turkmenistán”.
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Libertad de religión

Los miembros de las minorías religiosas, incluidos los cristianos conversos, los musulmanes suníes, los clérigos chiíes disidentes y las comunidades derviche y de Ahl e Haqq, continuaron siendo objeto de discriminación, hostigamiento, detenciones arbitrarias y ataques contra sus bienes comunales. Los miembros de la comunidad bahaí, que seguían sin tener acceso a la educación superior, fueron víctimas de una persecución cada vez mayor.

  • El ayatolá Kazemeyni Broujerdi, clérigo chií disidente, siguió en prisión cumpliendo una condena impuesta en 2007 en un juicio sin las debidas garantías. Siete seguidores suyos fueron detenidos en diciembre.
  • En agosto, como resultado de unas actuaciones judiciales manifiestamente injustas, se condenó a 20 años de cárcel a siete dirigentes bahaíes detenidos en 2008, tras declararlos culpables de espionaje y propaganda contra el islam. En septiembre, según los informes, se les redujo la pena a la mitad tras la presentación de un recurso de apelación.
  • En mayo se condenó a 24 derviches a prisión, exilio interior y flagelación por haber participado en 2009 en una manifestación celebrada en Gonabad, en el noreste de Irán.
  • En octubre se condenó a muerte a Yousef Naderkhani, cristiano converso y miembro de la Iglesia de Irán en Rasht, tras declararlo culpable de apostasía.
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Penas crueles, inhumanas y degradantes

Siguieron imponiéndose –y ejecutándose de forma creciente– penas de flagelación y amputación, si bien era imposible conocer la cifra total. En abril y junio, en sendas declaraciones ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Mohammad Javad Larijani, director del organismo oficial iraní de derechos humanos, insistió en que el gobierno no creía que este tipo de penas fueran una forma de tortura.

  • En abril se condenó al periodista y director de cine Mohammad Nourizad a tres años y medio de cárcel y a recibir 50 latigazos por hacer “propaganda contra el sistema” e “insultar a las autoridades”. En noviembre declaró que había sido torturado junto con otras personas. En diciembre emprendió una huelga de hambre.
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Pena de muerte

Las autoridades reconocieron 252 ejecuciones, incluidas las de 5 mujeres y la de un hombre condenado por delitos cometidos cuando tenía menos de 18 años. Además se recibió información creíble sobre más de otras 300 ejecuciones que no se reconocieron oficialmente, la mayoría en la prisión de Vakilabad, en Mashhad. Había al menos 143 personas más condenadas a muerte por delitos cometidos cuando eran menores de edad. Las cifras reales eran probablemente más altas, pues las autoridades restringían la difusión de información sobre la pena de muerte.

Se impusieron condenas de muerte por narcotráfico, robo a mano armada, asesinato, espionaje, violencia política y delitos de índole sexual. Las autoridades utilizaban la imposición y ejecución de penas de muerte como instrumento político.

  • En enero se ahorcó sin previo aviso a dos hombres condenados a muerte por su presunta pertenencia a una organización monárquica involucrada en los disturbios postelectorales.
  • En mayo se ejecutó a cuatro kurdos condenados por presuntos vínculos con grupos kurdos de oposición.

No se tuvo noticia de ninguna lapidación, pero al menos 15 personas, en su mayoría mujeres, seguían corriendo el riesgo de ser lapidadas.

  • Sakineh Mohammadi Ashtiani, objeto en 2006 de una condena a muerte por lapidación que estaba siendo revisada, concitó la atención internacional cuando pareció que podía ser ejecutada de inmediato. Las personas que abogaban por que no fuera ejecutada corrían peligro de ser hostigadas o detenidas.

En diciembre se promulgó la reforma de una ley antinarcóticos que ampliaba la imposición de la pena de muerte a delitos relacionados con las drogas sintéticas. Ese mismo mes, Irán fue uno de los pocos Estados que votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria de las ejecuciones en todo el mundo.

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  • Las autoridades no contestaron a las cartas que les envió Amnistía Internacional y siguieron sin permitirle la entrada en Irán, manteniendo así el bloqueo impuesto a la organización, que no podía llevar a cabo investigaciones sobre derechos humanos en el país desde 1979.