Irak - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República de Irak

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Irak is now live »

Jefe del Estado: Yalal Talabani
Jefe del gobierno: Nuri al-Maliki (sustituyó a Ibrahim al-Yafari en mayo)
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: no ratificado

Decenas de miles de civiles murieron o resultaron heridos en la escalada de violencia diaria y generalizada que continuó a lo largo de 2006. Muchos de los homicidios fueron consecuencia de ataques deliberados de grupos armados sunníes y chiíes, al adquirir el conflicto una naturaleza cada vez más sectaria. Las fuerzas de seguridad iraquíes cometieron violaciones de derechos humanos generalizadas, como homicidios de civiles y tortura y otros malos tratos a personas detenidas; además, se sospechaba que eran responsables de homicidios sectarios. Soldados de la fuerza multinacional dirigida por Estados Unidos también cometieron violaciones de derechos humanos, y algunos fueron procesados por cargos como homicidio, violación o trato inhumano de civiles. La fuerza multinacional mantenía a miles de personas recluidas arbitrariamente sin cargos ni juicio. Miembros de los sectores de población iraquíes más vulnerables, como las minorías y las mujeres, continuaban siendo objeto de abusos. La violencia hizo que miles y miles de personas tuviesen que abandonar sus hogares, al verse afectados los barrios de Bagdad y algunos otros centros de población por el creciente sectarismo; cientos de miles de iraquíes huyeron del país y buscaron refugio en el extranjero. El primer juicio de altos cargos del gobierno iraquí anterior a 2003, que se celebró sin las debidas garantías, concluyó con una condena a muerte para el ex presidente Sadam Husein y dos coimputados. Decenas de personas fueron condenadas a muerte, muchas de ellas tras juicios injustos. Al menos 65 personas, entre hombres y mujeres, fueron ejecutadas. Sadam Husein fue una de ellas.

Información general

El 22 de mayo tomó posesión un gobierno iraquí permanente, en torno a tres años después de la invasión de Irak por la coalición dirigida por Estados Unidos. Las elecciones celebradas en diciembre de 2005 para el Consejo de Representantes, que contaba con 275 escaños, marcaron el comienzo de una legislatura de cuatro años, pero los partidos tardaron varios meses en ponerse de acuerdo sobre la composición del nuevo gobierno. La Alianza Iraquí Unida, principal alianza chií, consiguió el mayor número de escaños, y Nuri al-Maliki, del partido chií Da'wa, se convirtió en primer ministro.

Las esperanzas de que el nombramiento de un nuevo gobierno elegido por el pueblo trajera paz y estabilidad se vieron truncadas casi desde el principio, y el año estuvo marcado por una violencia implacable, cada vez más sectaria y en constante aumento. Durante el año, según la Misión de Asistencia de la ONU para el Iraq, miles de personas resultaron heridas y unas 34.452 personas fueron víctimas de homicidio, sumándose así al elevado número de personas muertas de forma violenta desde la invasión de marzo de 2003. Según un cálculo independiente publicado en septiembre en la revista médica británica The Lancet, más de 600.000 personas habían sufrido una muerte violenta desde marzo de 2003; la coalición dirigida por Estados Unidos y las autoridades iraquíes manifestaron que era un cálculo excesivo, pero no proporcionaron información precisa al respecto.

La situación en Bagdad y otros centros de población se volvió cada vez más desesperada, al explotar bombas en mercados y otros lugares de reunión y cerca de concentraciones de personas que hacían cola para intentar conseguir empleo en la policía u otro trabajo remunerado. Además, grupos de hombres armados llevaron a cabo secuestros masivos en comunidades que, al parecer, se convirtieron en su objetivo por razones sectarias; a veces sus víctimas quedaron en libertad, pero en muchos casos aparecieron muertas y mutiladas y sus cadáveres abandonados en la calle. A medida que fue hundiéndose la economía y proliferaron las armas, los secuestros a manos de bandas de delincuentes que pretendían obtener un rescate se convirtieron en algo habitual.

Al seguir aumentando el número de víctimas pertenecientes a las fuerzas estadounidenses y británicas, éstas comenzaron a traspasar funciones en primera línea a fuerzas del gobierno iraquí que acababan de ser reclutadas y adiestradas. En julio, las fuerzas británicas abandonaron la provincia meridional de Muthanna y fueron sustituidas por las fuerzas gubernamentales iraquíes, que también asumieron un papel más destacado junto a las fuerzas estadounidenses en la zona central de Irak. Sin embargo, al finalizar el año el presidente George Bush parecía estar dispuesto a enviar miles de efectivos estadounidenses adicionales, en un nuevo intento de apoyar a las fuerzas gubernamentales iraquíes y vencer a la insurgencia.

Violencia sectaria y ataques de grupos armados

A lo largo del año se produjo una escalada de la violencia sectaria y políticamente motivada. La población civil fue objeto de homicidios deliberados, secuestros y otros abusos a manos de miembros de diversos grupos armados, como extremistas baasistas, chiíes y sunníes, entre otros. Fuerzas de seguridad iraquíes vinculadas a algunos de los grupos armados fueron acusadas de participar en homicidios sectarios. Los cadáveres de muchas de las víctimas, abandonados en las calles, mostraban señales de tortura.

El 22 de febrero, grupos armados colocaron una bomba en la mezquita de Al Askari, importante lugar sagrado chií en la ciudad de Samarra. Nadie resultó muerto, pero la mezquita y su cúpula dorada sufrieron graves daños. Inmediatamente después se lanzaron ataques contra clérigos y mezquitas sunníes y chiíes; según los informes, bombas y munición de mortero lanzados al azar causaron la muerte de un gran número de personas. A partir de entonces, la violencia y la «limpieza» sectarias se intensificaron y continuaron a lo largo del año. Miles de personas fueron obligadas a abandonar sus hogares en barrios de Bagdad cuya población era mixta. Grupos armados sunníes y chiíes fueron responsables por igual de la campaña de «limpieza».

También se perseguía a personas a causa de su identidad étnica. Entre quienes corrían un mayor peligro estaban los residentes de origen palestino. Al menos 12 palestinos murieron durante las tres semanas posteriores al atentado contra la mezquita de Al Askari, y a lo largo del año continuaron los ataques de agresores no identificados contra las zonas en las que vivía la comunidad palestina.

El 17 de julio, más de 40 personas murieron en Mahmudiya, al sur de Bagdad, en un mercado cuyos visitantes eran mayoritariamente chiíes. Un grupo denominado Defensores del Pueblo Sunní publicó un mensaje en Internet en el que reivindicaba la autoría de éste y otros atentados contra musulmanes chiíes. Al día siguiente, en la ciudad de Kufa, un atacante suicida hizo estallar una camioneta llena de explosivos en un mercado situado en el exterior de una mezquita de cúpula dorada, que era un lugar sagrado chií, después de atraer a personas ofreciéndoles trabajo. Al menos 59 musulmanes chiíes murieron, y más de 130 resultaron heridos.

Según los informes, decenas de sunníes murieron el 14 de octubre en la ciudad de Balad; algunos cadáveres presentaban heridas de bala y otros mostraban señales de tortura. Al parecer, los homicidios se cometieron en represalia por la muerte, el día anterior, de 17 trabajadores chiíes cuyos cadáveres decapitados habían sido encontrados, según informes, en Al Dulyiyah, ciudad mayoritariamente sunní situada al norte de Bagdad.

Las minorías religiosas no musulmanas fueron a menudo objeto de ataques a causa de su fe. Muchos de sus miembros, incluidos dirigentes religiosos, fueron víctimas de homicidio. Los ataques hicieron que miles de personas pertenecientes a estas comunidades buscasen refugio en el extranjero.

El 10 de octubre, según informes, unos desconocidos mataron a tiros a Raad Mutar Falih al-Othmani, joyero y dirigente religioso en formación de la comunidad mandeísta, en su casa de Al Suwayra.

El cadáver decapitado de Boulos Iskandar, sacerdote de la iglesia ortodoxa siríaca, fue encontrado en Mosul el 11 de octubre, una semana después de su secuestro. Al parecer, los secuestradores habían exigido que la iglesia del sacerdote censurase los polémicos comentarios sobre el islam que el papa Benedicto XVI había hecho en público en septiembre.

Se recibieron informes sobre personas que habían sido víctimas de hostigamiento, amenazas u homicidio a causa de su orientación sexual, real o aparente.

Al finalizar 2005, más de 400.000 personas habían huido de sus hogares a otros lugares de Irak, en la mayoría de los casos debido a la violencia sectaria. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados calculaba que el número de iraquíes que vivían como refugiados en países vecinos, fundamentalmente en Siria y Jordania, había ascendido a 1,8 millones de personas.

Violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad iraquíes

Según los informes, las fuerzas de seguridad iraquíes bajo la jurisdicción del Ministerio del Interior cometieron violaciones de derechos humanos generalizadas, como homicidios de civiles y tortura y otros malos tratos a personas detenidas. Estas fuerzas fueron acusadas de apoyar o tolerar los abusos cometidos por dos grupos armados chiíes -el Ejército Mahdi y las Brigadas Badr- con los que, según los informes, mantenían estrechas relaciones; al parecer, muchos de sus miembros procedían de esos grupos. También se les atribuyó responsabilidad en homicidios llevados a cabo al estilo de los «escuadrones de la muerte».

En octubre se suspendió de sus funciones a todos los miembros de una brigada policial mientras se investigaba su participación, ese mismo mes, en el secuestro de 26 sunníes que trabajaban en una fábrica; posteriormente, al menos 10 de los obreros fueron hallados muertos.

Se recibieron informes de torturas y malos tratos a personas detenidas por fuerzas de seguridad del Ministerio del Interior.

El 30 de mayo, un equipo conjunto formado por personal iraquí y de la fuerza multinacional visitó el Centro 4 de detención en Bagdad, en el que 1.431 personas permanecían recluidas bajo el control del Ministerio del Interior. La inspección halló que las personas allí recluidas habían sido objeto de abusos sistemáticos, que en algunos casos constituían tortura, y que estaban sometidas a condiciones de hacinamiento, inseguridad e insalubridad. En noviembre, el ministro del Interior anunció que se habían dictado órdenes de detención contra 57 empleados, incluido un general de la policía, en relación con estos abusos.

No se hicieron públicas las conclusiones de las investigaciones iniciadas en 2005 sobre las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en un centro de detención del Ministerio del Interior situado en el barrio de Al Yadiriyah, en Bagdad. Fuerzas militares estadounidenses habían registrado el centro y, según los informes, habían hallado no menos de 168 personas detenidas en condiciones espantosas; muchas de ellas habían sido torturadas.

Violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza multinacional dirigida

por Estados Unidos

Se recibieron frecuentes informes que indicaban que civiles iraquíes habían sido objeto de violaciones de derechos humanos, incluidos homicidios ilegítimos, a manos de las fuerzas estadounidenses. En algunos casos se iniciaron investigaciones. Se presentaron cargos contra varios militares británicos y estadounidenses por violaciones de derechos humanos cometidas en 2006 y en años anteriores. En los casos en que las investigaciones finalizaron sin que nadie fuese procesado, no se dieron a conocer los pormenores de las conclusiones.

En diciembre, cuatro soldados estadounidenses fueron acusados de asesinato sin premeditación y juzgados por un tribunal militar. Los cargos estaban relacionados con la muerte de 24 personas entre hombres, mujeres y menores en Haditha, al norte de Bagdad, el 19 de noviembre de 2005. Otros cuatro soldados estadounidenses fueron acusados de intentar ocultar los hechos.

En noviembre, un soldado estadounidense procesado ante un tribunal militar se declaró culpable de violar y matar a una niña de 14 años, Abeer Qasim Hamza, y de asesinar a tres de sus familiares en Mahmudiya, en marzo. Fue condenado a cadena perpetua. Otros tres soldados fueron imputados por violación y asesinato en relación con el mismo caso; también se los acusó de incendio provocado por quemar el cuerpo de la niña para destruir pruebas. Un quinto soldado, que ya había sido dado de baja del ejército por razones de salud mental en la fecha en que se presentaron los cargos, se declaró inocente ante un tribunal civil federal.

En septiembre comenzó un consejo de guerra contra siete soldados británicos. Uno se declaró culpable de trato inhumano. Los otros seis se declararon inocentes de cargos relacionados con la muerte de Baha Dawud Salim al-Maliki, también conocido como Baha Mousa, recepcionista de hotel muerto bajo custodia británica en Basora en 2003, y de los malos tratos infligidos a otros detenidos. Baha Mousa y los demás habían sido aprehendidos en septiembre de 2003 y llevados a un centro de detención en donde, al parecer, los habían golpeado y sometido a otros abusos.

Miles de personas permanecían recluidas bajo la custodia de la fuerza multinacional sin cargos ni juicio y sin disfrutar del derecho a impugnar la legalidad de su detención. Muchas quedaron en libertad sin recibir una explicación tras meses o años de reclusión, y miles de ellas continuaban recluidas sin poder ejercer el derecho a un recurso efectivo. La detención de las personas que se hallaban bajo custodia estadounidense era examinada inicialmente por un juez y después, cada seis meses, por un organismo no judicial. Los efectivos de la fuerza multinacional también tenían bajo su custodia a personas que iban a ser juzgadas ante tribunales iraquíes.

En diciembre había más de 14.500 personas recluidas bajo el control de las fuerzas estadounidenses, fundamentalmente en Camp Cropper, cerca de Bagdad, y en Camp Bucca, cerca de Basora. El aumento de la capacidad de Camp Cropper permitió a las autoridades estadounidenses trasladar allí a personas recluidas en Camp Fort Suse y la prisión de Abu Ghraib, y entregar ambos centros a las autoridades iraquíes en septiembre. Al finalizar el año, las fuerzas británicas tenían aproximadamente a 100 personas bajo su custodia en Irak.

Persecución de profesionales y de defensores y defensoras de los derechos humanos

Muchos profesionales y personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos fueron objeto de abusos en relación con su trabajo.

Varios abogados y jueces, especialmente los que participaban en causas relacionadas con el terrorismo, fueron víctimas de amenazas u homicidio. Varios abogados se negaron a defender a personas acusadas de terrorismo para evitar convertirse en blanco de ataques.

A. M., abogado palestino residente en Irak, huyó del país en octubre; según se afirmó, había escapado ileso de un atentado contra su vida y había sido objeto de amenazas. Entre sus clientes había personas acusadas de delitos relacionados con el terrorismo.

Según los informes, más de 60 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron víctimas de homicidio en Irak en 2006.

En octubre, hombres armados enmascarados mataron a 11 personas e hirieron a dos en la oficina del canal de televisión vía satélite Al Sha'abiya en Bagdad.

El 22 de febrero, Atwar Bahgat, corresponsal de la emisora de televisión Al ?Arabiya, y sus compañeros Khaled Mahmoud al-Falahi y ?Adnan Khairallah fueron secuestrados. Sus cadáveres fueron encontrados al día siguiente cerca de Samarra.

Profesores universitarios y otros docentes y miembros de la profesión médica fueron secuestrados para pedir un rescate. Esto hizo que numerosos profesionales huyesen de Irak.

Violencia contra las mujeres

La situación de las mujeres continuó empeorando. Se produjo un aumento de la violencia contra las mujeres, con secuestros, violaciones y homicidios en nombre del «honor» cometidos por familiares varones. Las mujeres que participaban en actividades políticas, las que no seguían de forma estricta el código relativo a la indumentaria y las que defendían los derechos humanos corrían un peligro cada vez mayor de sufrir abusos, incluidos los cometidos por grupos armados y extremistas religiosos.

El 29 de julio, agresores no identificados mataron a tiros a Salah Abdel-Kader, abogado de Bagdad que se ocupaba de casos de homicidio en nombre del «honor» y de enfrentamiento por la custodia de los hijos. Según los informes, cerca de su cadáver se encontró una nota en la que se lo acusaba de no acatar la ley islámica.

Juicio de Sadam Husein y otras personas

El primer juicio ante el Alto Tribunal Penal Iraquí finalizó en julio. El ex presidente Sadam Husein y siete ex altos cargos fueron juzgados por violaciones de derechos humanos en relación con la matanza de 148 personas de Al Duyail, localidad mayoritariamente chií, tras un intento de asesinato sufrido por Sadam Husein en 1982.

En noviembre se condenó a muerte a Sadam Husein, Awad al-Bandar, ex presidente del Tribunal Revolucionario, y Barzan al-Tikriti, hermanastro del primero y ex jefe de los servicios de inteligencia. La Sala de Apelaciones confirmó las condenas el 26 de diciembre, y Sadam Husein fue ejecutado cuatro días después.

Las injerencias políticas minaron la independencia e imparcialidad del Alto Tribunal Penal Iraquí, lo que provocó la dimisión del primer juez presidente y bloqueó el nombramiento de otro. El tribunal no tomó las medidas adecuadas para garantizar la protección de testigos y abogados defensores, tres de los cuales fueron asesinados durante el juicio. A Sadam Husein se le denegó el acceso a asistencia letrada durante el primer año de su reclusión, y, al parecer, el tribunal no se ocupó del modo adecuado de las quejas que sus abogados presentaron durante el juicio en relación con los procedimientos. El proceso de apelación se llevó a cabo con apresuramiento, y en él no se rectificó ninguna de las deficiencias del juicio; la Sala de Apelaciones dio orden al Alto Tribunal Penal Iraquí de que reconsiderase la condena a cadena perpetua impuesta al ex vicepresidente Taha Yassin Ramadan porque la consideraba demasiado leve.

El 21 de agosto se inició un segundo juicio ante el Alto Tribunal Penal Iraquí para considerar las denuncias de que Sadam Husein y otras seis personas eran responsables de los homicidios masivos y las desapariciones forzadas de miembros de la minoría kurda de Irak ocurridos en 1988, durante una operación conocida como «Campaña Anfal». En septiembre, el juez presidente fue obligado a dimitir al ser acusado de parcialidad por el gobierno iraquí. Tras su sustitución el juicio continuó, pero al finalizar el año todavía no había concluido; después de la ejecución de Sadam Husein estaba previsto que continuasen las actuaciones contra los otros encausados.

Pena de muerte

Decenas de personas fueron condenadas a muerte y al menos 65 personas, entre hombres y mujeres, fueron ejecutadas. Las autoridades informaron de tres sesiones de ejecuciones en Bagdad, en cada una de las cuales más de una decena de personas murieron en la horca. Según los informes, al finalizar el año había alrededor de 170 personas, entre hombres y mujeres, cuyas condenas de muerte estaban pendientes de ejecución.

En mayo, el Tribunal de Casación confirmó las condenas a muerte impuestas a Shihab Ahmad Khalaf y Abdullah Hana Hermaz Kelanah, que en noviembre de 2005 habían sido declarados culpables de dirigir las actividades de una organización terrorista. Aunque ambos admitieron su culpabilidad, al menos uno de ellos, Shihab Ahmad Khalaf, declaró que lo había hecho bajo coacción. Al parecer, el juez se negó a iniciar una investigación sobre las denuncias de tortura. Al finalizar 2006 no se disponía de más información.

Norte de Irak

En 2006, la situación en la región kurda, que gozaba de gran autonomía, fue mucho más estable que en el resto del país, aunque se recibieron informes de algunas violaciones de derechos humanos. Los dos partidos dominantes, el Partido Demócrata del Kurdistán y la Unión Patriótica del Kurdistán, acordaron formar un gobierno unificado para la región, el Gobierno Regional Kurdo, que se anunció en mayo.

Las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra manifestantes en las localidades de Darbandikhan y Kalar los días 7 y 9 de agosto, respectivamente; según la información recibida, mataron a dos personas. De acuerdo con los informes, se detuvo a decenas de personas, incluidos nueve periodistas locales, en otras ciudades en las que se celebraron manifestaciones. Los manifestantes habían salido a la calle para protestar por la escasez de combustible y para pedir mejoras en los servicios públicos.

Se pensaba que había varias personas recluidas en régimen de incomunicación, y se recibieron informes que indicaban que las autoridades kurdas tenían centros secretos de detención.

Tres ciudadanos turcos, miembros de la Asociación por el Derecho a la Libertad de Pensamiento y Educación (Özgür-Der), ONG con sede en Turquía, fueron detenidos en junio en la frontera entre Turquía e Irak, en el paso fronterizo de Habur/Ibrahim Halil, próximo a la localidad iraquí de Zakho. Al finalizar el año, Metin Demir, Mustafa Egilli y Hasip Yokus continuaban detenidos en Arbil, en el norte de Irak, sin haber sido acusados ni juzgados.

El 21 de septiembre se llevaron a cabo las primeras ejecuciones en 14 años, desde 1992, en la región del norte de Irak controlada por los kurdos; 11 personas fueron ejecutadas tras ser declaradas culpables de homicidios y secuestros.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

  Irak: Más allá de Abu Ghraib: reclusión y tortura en Irak (Índice AI: MDE 14/001/2006)

  Irak: Amnistía Internacional considera motivo de gran preocupación el creciente número de homicidios de civiles, cometidos en muchos casos por discriminación (Índice AI: MDE 14/030/2006)

  Irak: Alarma de Amnistía Internacional ante el aumento de las ejecuciones (Índice AI: MDE 14/033/2006)

  Irak: Amnistía Internacional deplora las sentencias de muerte dictadas en el juicio de Sadam Husein (Índice AI: MDE 14/037/2006)

  Irak: Un año después, aún no hay justicia para las víctimas de tortura (Índice AI: MDE 14/038/2006)

  Irak: Amnistía International deplora la ejecución de Sadam Husein (Índice AI: MDE 14/043/2006)

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