Irak - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Irak

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Irak is now live »

Jefe del Estado : Yalal Talabani
Jefe del gobierno : Nuri al Maliki
Pena de muerte : retencionista
PoblaciÓn : 30,3 millones
Esperanza de vida : 57,7 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 109/102 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 74,1 por ciento

Millares de civiles, en muchos casos menores, murieron o resultaron heridos en medio de la violencia sectaria que, junto con la ejercida por otras causas, continuó asolando el país. Todas las partes involucradas en las hostilidades cometieron graves violaciones de derechos humanos, algunas de ellas constitutivas de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Muchos civiles murieron a consecuencia de atentados con explosivos perpetrados por grupos opuestos al gobierno iraquí y a la fuerza multinacional dirigida por Estados Unidos, mientras que otras fueron víctimas de homicidios sectarios cometidos por grupos armados chiíes y sunníes. Se secuestró, torturó y asesinó a centenares de personas, cuyos cadáveres aparecieron tirados en la calle o fueron encontrados por sus familias en las morgues. La naturaleza cada vez más sectaria de la violencia obligó a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares, con lo que el creciente número de iraquíes que habían buscado refugio en Siria, Jordania y otros Estados alcanzó los dos millones, mientras que el número cada vez mayor de personas desplazadas internamente en Irak superó esta cifra. Debido a ello se agravó la creciente crisis humanitaria. Asimismo, las fuerzas de seguridad cometieron graves violaciones de derechos humanos, como homicidios ilegítimos, violaciones y otras formas de tortura, y detenciones arbitrarias. La fuerza multinacional mató a civiles y mantuvo recluidas sin cargos ni juicio a más de 25.000 personas, algunas de las cuales llevaban ya varios años detenidas. También murieron civiles a manos de guardias de seguridad contratados por empresas privadas militares y de seguridad que tuvieron inmunidad penal en Irak hasta octubre. Se hizo amplio uso de la pena de muerte y se ejecutó a 33 personas, en algunos casos tras juicios manifiestamente injustos.

Información general

En enero, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, anunció el despliegue de otros 20.000 soldados estadounidenses en el marco de un plan de intensificación de las operaciones militares conocido como surge (oleada), con el que se pretendía mejorar la seguridad, especialmente en la zona de Bagdad, y ayudar al gobierno iraquí a conseguir mayor control de la situación. El plan iba acompañado de medidas económicas y políticas, que incluían iniciativas de reconstrucción y creación de empleo, celebración de elecciones provinciales y finalización de leyes polémicas, como un proyecto de ley sobre el petróleo. Sin embargo, sólo se hicieron limitados progresos en estas áreas.

A pesar del plan, la violencia siguió siendo un problema generalizado y grave, aunque, según informes, hacia el final del año había disminuido. Las divisiones políticas y un boicot protagonizado por parlamentarios de partidos políticos contrarios al primer ministro, Nuri al Maliki, obstaculizaron la labor del gobierno y el Parlamento.

En abril, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) convocó en Suiza una conferencia internacional para tratar la creciente crisis humanitaria provocada por el éxodo de refugiados iraquíes y el desplazamiento dentro de Irak.

En agosto, el líder religioso chií Moqtada al Sadr anunció que el Ejército Mahdi, formado por seguidores suyos, iba a detener sus ataques por un periodo de hasta seis meses y a cooperar con las fuerzas de seguridad iraquíes.

Ese mismo mes, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 1770, en la que, entre otras cosas, se autorizaba a la Misión de Asistencia de la ONU para el Iraq (UNAMI) a promover, a instancias del gobierno iraquí, conversaciones políticas entre los distintos grupos étnicos y religiosos del país, así como negociaciones regionales sobre asuntos como la seguridad en las fronteras, la energía y la crisis humanitaria de Irak. No se abordó debidamente en la resolución la grave situación de los derechos humanos en el país.

En diciembre, las fuerzas británicas dejaron el control de la provincia de Basora en manos de las fuerzas del gobierno iraquí.

Abusos cometidos por grupos armados

Distintos grupos armados, entre los que había formaciones islamistas y nacionalistas que combatían contra las fuerzas dirigidas por Estados Unidos y contra el gobierno iraquí, así como grupos de Al Qaeda y milicias de organizaciones religiosas chiíes, cometieron graves abusos contra los derechos humanos. Muchos de los abusos se perpetraron en el curso de actos de violencia sectaria entre grupos armados chiíes y sunníes que pretendían expulsar de las zonas de población mixta a las personas de la doctrina contraria a la suya, y para conseguirlo las secuestraban en sus hogares o en la calle y las mataban. A menudo, los cadáveres aparecían tirados en la calle, con indicios de mutilación o tortura. También se perpetraron abusos de este tipo contra miembros de otras minorías religiosas y étnicas, como los yazidíes, los cristianos, los sabeos y los palestinos, así como contra mujeres, defensores y defensoras de los derechos humanos, jueces, médicos y otros profesionales.

  • El 18 de abril, al menos 140 personas murieron al explotar un coche bomba en el mercado de Al Sadriya, distrito bagdadí de población predominantemente chií.
  • El 12 de mayo, el Dr. Adib Ibrahim al Jalabi, médico y destacada figura de la Organización Islámica de Derechos Humanos de Mosul, fue asesinado por unos hombres armados, miembros, se creía, de Al Qaeda, a la salida de su clínica en Mosul.
  • El 3 de junio, el padre Ragheed Ganni, sacerdote caldeo, y tres diáconos resultaron muertos en Mosul por disparos de unos desconocidos.
  • El 7 de julio, unas 150 personas murieron y más de 265 resultaron heridas en un atentado suicida perpetrado con un coche bomba en la plaza del mercado de Amerli, pueblo de población predominantemente turcomana chií de la gobernación de Salahuddin.
  • En agosto, Mostafa Ahmad, taxista y refugiado palestino, fue secuestrado por unos hombres armados, pertenecientes, al parecer, al Ejército Mahdi. Dos días más tarde, los secuestradores utilizaron su teléfono móvil para decir a su familia que fuera a recoger el cadáver a la morgue. Además de torturarlo con una taladradora y arrancarle los dientes, habían disparado seis veces contra él.
  • El 14 de agosto, más de 400 personas murieron y al menos 300 resultaron heridas en cuatro atentados suicidas con explosivos perpetrados contra tanques de combustible en Al Qahtaniya, Al Yazeera y Tal Uzair, pueblos próximos a la frontera siria, habitados principalmente por miembros de la minoría religiosa yazidí. Entre las víctimas había muchos menores.
  • El 28 de octubre, Shehab Mohammad al Hiti, sunní, director del semanario Baghdad al Youm, fue secuestrado en Al Yamia, Bagdad. Posteriormente apareció muerto a causa de un disparo.

Homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad iraquíes

Las fuerzas de seguridad iraquíes cometieron homicidios ilegítimos de civiles. En algunos casos se anunciaron investigaciones sobre el homicidio, pero no se dieron a conocer los resultados.

  • El 27 de marzo, hombres armados y con uniforme de la policía mataron a 70 árabes sunníes en Tal Afar, localidad de población mixta próxima a Mosul, aparentemente como represalia por un atentado suicida cometido por un insurgente sunní en un barrio chií del norte de la ciudad. Según informes, los supervivientes explicaron que los individuos armados habían ido sacando a hombres de sus casas y, tras esposarlos y vendarles los ojos, los habían acribillado a balazos. Dos días después, el gobierno reconoció que la policía había perpetrado los homicidios, y según informes, se detuvo brevemente a 13 personas. No se sabía si alguna de ellas había sido llevada ante la justicia.

Homicidios y otras violaciones de derechos humanos cometidos por la fuerza multinacional

Las fuerzas estadounidenses cometieron graves violaciones de derechos humanos, como homicidios ilegítimos de civiles, detenciones arbitrarias, destrucción de bienes y registros domiciliarios violentos. Se juzgó a algunos soldados estadounidenses y británicos, que fueron declarados culpables de violaciones de derechos humanos cometidas en años anteriores.

  • El 28 de septiembre, las fuerzas estadounidenses lanzaron un ataque aéreo nocturno contra un edificio del barrio predominantemente sunní de Al Saha, en el suroeste de Bagdad. Murieron a causa de él al menos 10 personas, entre hombres, mujeres y menores.
  • Tras fuertes enfrentamientos que mantuvieron con hombres armados pertenecientes al Ejército Mahdi en el distrito bagdadí de Al Sadr el 21 de octubre, las fuerzas estadounidenses utilizaron helicópteros para atacar, según informes, a un hombre sospechoso de haber secuestrado a soldados de la fuerza multinacional. De acuerdo con la policía iraquí, durante el ataque murieron 13 civiles, incluidos dos menores, y resultaron heridos varios más. Un militar estadounidense dijo que una comisión estaba examinando lo ocurrido.
  • En agosto, un soldado estadounidense fue condenado a 110 años de prisión con posibilidad de libertad condicional por la violación y homicidio de la niña de 14 años Abeer Qasim Hamza al Janabi y el asesinato de tres familiares suyos en Mahmoudiya en marzo de 2006. Un tribunal militar de Kentucky lo declaró culpable de «violación, conspiración para cometer violación y entrada ilícita en domicilio con objeto de cometer violación y cuatro cargos de homicidio preterintencional». Otros dos soldados que habían admitido anteriormente la violación de la niña fueron condenados a cadena perpetua en febrero.

Detención arbitraria

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, en noviembre la fuerza multinacional y las fuerzas de seguridad iraquíes mantenían privadas de libertad a unas 60.000 personas. La mayoría de ellas se encontraban recluidas indefinidamente sin cargos ni juicio, en calidad de internos detenidos por motivos de seguridad. En octubre, el jefe de operaciones de detenidos de la fuerza multinacional dijo que ésta tenía a unas 25.000 personas detenidas en diversos lugares, como Camp Bucca, en el sur, y Camp Victory y Camp Cropper, cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, entre ellas 840 menores y 280 ciudadanos extranjeros, en su mayoría de países árabes. Poco antes, la fuerza multinacional había comenzado a dejar en libertad a personas detenidas, y en diciembre habían sido puestas ya en libertad varios miles con la condición de que no hicieran nada que supusiera una amenaza para la seguridad y tras ofrecer garantías de buena conducta por mediación de su familia.

Tortura y otros malos tratos

Hubo frecuentes informes de tortura y otros malos tratos infligidos a detenidos, incluidos menores, por las fuerzas de seguridad iraquíes, en particular por funcionarios del Ministerio del Interior. Millares de personas fueron recluidas en prisiones, comisarías de policía y campos de detención bajo administración iraquí, donde soportaban condiciones de hacinamiento extremo y, en muchos casos, no tenían acceso a un abogado, lo que facilitaba la tortura. En mayo, unas personas que habían estado recluidas en un centro de detención de Al Kadhimiya, barrio de Bagdad de población predominantemente chií, contaron a un funcionario de la ONU que las habían sometido a «palizas habituales, suspensión de las extremidades durante largos periodos, aplicación de descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo y amenazas de maltrato a familiares cercanos». Como en años anteriores, el gobierno anunció la apertura de investigaciones sobre denuncias específicas de abusos a manos de las fuerzas de seguridad iraquíes, pero no dio a conocer los resultados, lo que hizo temer aún más que la impunidad fuera generalizada.

  • El 4 de marzo, al asaltar la sede de un organismo de inteligencia del gobierno en Basora, tropas británicas e iraquíes encontraron recluidas allí a unas 30 personas, algunas de las cuales, según informes, presentaban señales de tortura.
  • En octubre, la Asociación de Presos por la Justicia, ONG iraquí de derechos humanos, dijo que había entrevistado a cinco menores de entre 13 y 17 años a quienes las fuerzas de seguridad iraquíes habían torturado por sospechar que prestaban ayuda a los insurgentes y a las milicias.

Pena de muerte

Se hizo amplio uso de la pena de muerte, aunque la ministra de derechos humanos dijo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo que el gobierno estaba trabajando para conseguir su abolición.

Al menos 199 personas fueron condenadas a muerte y al menos 33 que estaban presas fueron ejecutadas. En la mayoría de los casos, la condena se impuso en un juicio injusto celebrado ante el Tribunal Penal Central de Irak. Algunos acusados denunciaron que se habían utilizado como prueba contra ellos confesiones obtenidas con tortura y que no habían podido elegir a su abogado.

  • En febrero, el Tribunal de Casación confirmó sendas condenas de muerte impuestas a dos mujeres, Samar Saad Abdullah y Wassan Talib, por asesinato con agravantes. Las sentencias de muerte habían sido dictadas, respectivamente, por el Tribunal Penal de Al Karj en agosto de 2005 y el Tribunal Penal Central, en Bagdad, en agosto de 2006.
  • En mayo, el Tribunal Penal Central condenó a muerte a seis hombres –Moazzea Abdul Khazal, Hussain Jihad Hassan, Abdel Qader Qasim Jameel, Mostafa Mahmoud Ismail, Qais Habib Aslem e Islam Mostafa Abdel Sattar– por el secuestro y homicidio de un hombre en el distrito bagdadí de Al Adhamiya. Se ignoraba si habían sido ejecutados.

Abusos cometidos por guardias militares y de seguridad privados

Guardias armados extranjeros, contratados por empresas militares y de seguridad privadas, mataron a civiles. Las empresas de seguridad gozaban de inmunidad penal en virtud de la Orden 17, dictada en 2004 por Paul Bremer, a la sazón jefe de la Autoridad Provisional de la Coalición. Sin embargo, tras un grave suceso ocurrido en septiembre y en el que se vio envuelta la empresa estadounidense Blackwater, el gobierno aprobó un anteproyecto de ley que revocaría la Orden 17.

  • El 16 de septiembre, 17 civiles iraquíes murieron y 27 resultaron heridos a causa de disparos efectuados por guardias de seguridad de Blackwater en una encrucijada muy transitada del distrito bagdadí de Al Mansour. La empresa afirmó que sus empleados habían disparado en defensa propia, pero diversos testigos y el gobierno iraquí aseguraron que lo habían hecho sin que nadie hubiera abierto primeramente fuego contra ellos. Tanto las autoridades iraquíes como el Departamento de Estado estadounidense anunciaron que habían iniciado investigaciones, y en noviembre la Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos llegó a la conclusión de que los disparos no estaban justificados. La empresa dijo que se haría rendir cuentas a todo guardia culpable de algún delito. El gobierno iraquí pidió a Blackwater que pagara una indemnización de ocho millones de dólares a la familia de cada una de las 17 personas muertas.

Violencia contra las mujeres

La violencia contra las mujeres aumentó, y muchas se vieron obligadas a dejar su trabajo tras recibir amenazas de muerte o a buscar refugio fuera del país. En Basora, grupos armados chiíes que se disputaban el control de la zona mataron a unas 42 mujeres entre julio y septiembre. En la mayoría de las gobernaciones, las mujeres recibían crecientes amenazas de grupos armados si no observaban un estricto código indumentario. Según informes, la violencia doméstica y los «homicidios por motivos de honor» iban en aumento, y el creciente sectarismo ponía en situación de riesgo a las mujeres casadas con hombres de otra secta.

  • En febrero, los líderes tribales locales presentaron una queja por la violación, según informes, de una mujer de la minoría turcomana a manos de cuatro soldados iraquíes que habían entrado en su casa, en Tal Afar, cerca de Mosul. Un mando militar iraquí manifestó que los cuatro hombres habían confesado la violación, pero no se sabía con seguridad si se habían tomado medidas contra ellos.
  • Hacia el 7 de abril, Dua Khalil Aswad, joven yazidí de 17 años, murió lapidada delante de una gran multitud en la localidad de Bashika, cerca de Mosul. Víctima de un «delito por motivos de honor», fue lapidada por un grupo de ocho o nueve hombres yazidíes, entre los que había familiares suyos, que la acusaban de mantener una relación con un joven musulmán sunní. La lapidación, que duró 30 minutos, se grabó en vídeo y se colgó en Internet. Se llevó a cabo en presencia de miembros de las fuerzas de seguridad locales, que no hicieron nada para impedirla.

Personas refugiadas y desplazadas internamente

Había al menos 4,2 millones de iraquíes desplazados. De ellos, 2,2 millones eran personas desplazadas dentro de Irak, y 2 millones, refugiados, la mayoría de los cuales estaban en Siria (alrededor de 1,4 millones) y Jordania (alrededor de 0,5 millones). En los últimos meses del año, estos dos Estados vecinos, en sus esfuerzos por atender la salud, la educación y otras necesidades de los refugiados iraquíes ya presentes en ellos, impusieron condiciones para la obtención de visados que impedían la entrada de iraquíes en busca de refugio. Dentro de Irak, la mayoría de las gobernaciones prohibieron la entrada a los iraquíes obligados a huir de otras partes del país por la violencia sectaria.

Juicios de ex autoridades

El Alto Tribunal Penal Iraquí continuó juzgando a ex altos cargos del partido, el ejército, las fuerzas de seguridad y el gobierno de la anterior administración del partido Baás de Sadam Husein, acusados de graves violaciones de derechos humanos cometidas entonces. Algunos de los acusados fueron condenados a muerte en juicios manifiestamente injustos, y tres de ellos, condenados en 2006, fueron ejecutados. Las injerencias políticas continuaron menoscabando la independencia e imparcialidad del Alto Tribunal Penal.

  • En febrero, la Sala de Apelaciones del Alto Tribunal Penal Iraquí condenó a muerte al ex viceprimer ministro Taha Yassin Ramadan, a quien se había impuesto originalmente cadena perpetua. La ejecución se llevó a cabo el 20 de marzo. Dos hombres acusados junto con él, Barzan Ibrahim al Tikriti y Awad Hamad al Bandar, habían sido ahorcados el 15 de enero.
  • El juicio de los presuntos responsables de los abusos cometidos durante la denominada campaña de Anfal de 1988, que causó la muerte de unos 180.000 kurdos iraquíes, terminó el 24 de junio. Tres de los seis acusados –Ali Hassan al Majid, Sultan Hashim Ahmad al Tai y Hussain Rashid al Tikri– fueron condenados a muerte por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Ali Hassan al Majid fue declarado también culpable de genocidio. La Sala de Apelaciones del Alto Tribunal Penal Iraquí confirmó las condenas de muerte el 4 de septiembre, y se esperaba que las tres fueran ejecutadas en el plazo de 30 días. Sin embargo, el ejército estadounidense se negó a transferir a los tres acusados para que quedaran bajo custodia iraquí debido a una discusión entre el primer ministro Al Maliki y el Consejo Presidencial por cuestiones jurídicas.

Norte de Irak

Hubo informes sobre comisión de violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones, en las zonas del norte de Irak bajo control del Gobierno Regional de Kurdistán. La violencia contra las mujeres era un fenómeno generalizado en la región.

  • Mohammad Siyassi Ashkani, periodista de Sulaimaniya, fue detenido en enero por agentes de las fuerzas de seguridad kurdas y estuvo recluido sin cargos ni juicio durante casi seis meses. Pasó los primeros 55 días sometido a régimen de aislamiento, tras lo cual se le permitió recibir vistas semanales de su familia. Se le negó el acceso a un abogado. Quedó en libertad el 19 de julio.
  • El 29 de mayo fueron ejecutados en Erbil Heman Mohamed, Othman Abdel Karim, Sherwan Ahmed y Qaraman Rasul. En junio de 2006 habían sido declarados culpables de participar en un atentado con explosivos perpetrado en Erbil un año antes.
  • Tres hombres turcos –Metir Demir, Mustafa Egilli y Hasip Yokus–, miembros de la ONG Asociación por el Derecho a la Libertad de Pensamiento y a la Educación, con sede en Turquía, que habían sido detenidos en junio de2006, estuvieron recluidos sin cargos ni juicio hasta el 12 de septiembre, cuando fueron devueltos a su país. Uno de ellos contó a Amnistía Internacional que habían estado recluidos en el edificio de las fuerzas de seguridad kurdas en Erbil, que se les había negado el acceso a abogados y que dos de ellos habían sido torturados y sometidos a régimen de aislamiento durante seis meses. Los habían torturado propinándoles golpes en el cuerpo y en las plantas de los pies (falaqa) y aplicándoles descargas eléctricas.
  • En noviembre, el ministro de Derechos Humanos del Gobierno Regional de Kurdistán manifestó que entre agosto y noviembre habían sido víctimas de «homicidio por motivos de honor» 27 mujeres, pero no ofreció ninguna información sobre detenciones o procesamientos relacionados con estas muertes.

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