Irak

Human Rights in República de Irak

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Irak is now live »

Jefe del Estado Yalal Talabani
Jefe del gobierno Nuri al Maliki
Pena de muerte retencionista
Población 29,5 millones
Esperanza de vida 57,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 105/98 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 74,1 por ciento

En 2008 se produjo una acusada reducción de la violencia, pero todas las partes en el persistente conflicto cometieron abusos graves contra los derechos humanos. Millares de civiles, incluidos niños y niñas, murieron o resultaron heridos a causa principalmente de atentados suicidas y otros ataques con explosivos perpetrados por grupos armados contrarios al gobierno y a la fuerza multinacional dirigida por Estados Unidos. Las fuerzas del gobierno iraquí y la fuerza multinacional también mataron a civiles. Tanto la fuerza multinacional como las autoridades iraquíes mantenían a millares de personas recluidas, en la mayoría de los casos sin cargos ni juicio; algunas llevaban hasta cinco años detenidas. Hubo informes de tortura, incluida violación, y de homicidios ilegítimos perpetrados por fuerzas de seguridad del gobierno, incluidos guardias de prisiones. Las autoridades hicieron amplio uso de la pena de muerte. Había más de cuatro millones de personas desplazadas: dos millones, refugiadas en otros países, y las demás, desplazadas internamente dentro de Irak. La región de Kurdistán siguió viéndose menos afectada por el conflicto que otras, pero hubo continuos informes de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y de violencia contra las mujeres.

Información general

El líder religioso chií Moqtada al Sadr anunció en febrero una ampliación por seis meses del alto el fuego del Ejército Mahdi, que se prorrogó indefinidamente en agosto.

En octubre, las autoridades iraquíes se hicieron cargo de la financiación de los Consejos del Despertar, fuerzas predominantemente sunníes creadas con ayuda del ejército estadounidense para combatir al grupo de oposición armada Al Qaeda en Irak.

En noviembre, el Parlamento aprobó el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas, firmado por los gobiernos iraquí y estadounidense y que debía entrar en vigor al concluir, el 31 de diciembre de 2008, el mandato de la ONU que disponía la presencia de tropas estadounidenses en Irak. En virtud de este acuerdo, las tropas de Estados Unidos debían retirarse de las zonas urbanas antes de julio de 2009, estar totalmente fuera de Irak al final de 2011, solicitar el permiso del gobierno iraquí para llevar a cabo operaciones militares y entregar bajo custodia iraquí a todas las personas que mantuvieran recluidas. Por su parte, las autoridades iraquíes tendrían jurisdicción sobre los militares y civiles estadounidenses que cometieran «delitos premeditados graves» fuera de los centros establecidos y fuera de «servicio», aunque serían las autoridades estadounidenses las que determinarían si se habían dado o no estas condiciones. Los contratistas del Departamento de Defensa estadounidense perderían su inmunidad procesal en Irak, pero el Acuerdo no decía nada sobre otros contratistas, como los servicios militares y de seguridad privados contratados por el Departamento de Estado estadounidense, que habían sido acusados de homicidios ilegítimos de civiles y otros abusos graves.

"Los acusados denunciaron que se habían utilizado como prueba contra ellos «confesiones» obtenidas con tortura..."

La situación humanitaria siguió siendo alarmante. Según la ONU, al menos cuatro millones de iraquíes no tenían aún alimentos suficientes, alrededor del 40 por ciento de la población no tenía acceso a agua potable y alrededor del 30 por ciento no podía acceder a servicios de salud adecuados. El sistema educativo estaba al borde de la paralización, pues las escuelas y las universidades carecían de material esencial, como libros, y profesores y alumnos estaban aterrorizados por la violencia. Muchas escuelas habían sido atacadas con explosivos. La tasa de desempleo siguió siendo extremadamente alta, del 50 por ciento o más.

En agosto, Irak ratificó la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y en noviembre el Parlamento aprobó una ley por la que se establecía una Comisión Superior de Derechos Humanos.

Abusos cometidos por grupos armados

Los grupos armados que combatían contra el gobierno y contra las fuerzas dirigidas por Estados Unidos cometieron numerosos abusos graves contra los derechos humanos, al igual que las milicias de grupos religiosos chiíes y partidos políticos con representación en el Parlamento iraquí. Entre los abusos perpetrados hubo secuestros, torturas y asesinatos. Dichos grupos cometieron también atentados con explosivos y otros ataques indiscriminados contra civiles, que causaron numerosos muertos y heridos. Al parecer, muchos de estos ataques fueron obra de Al Qaeda en Irak. Eran víctimas específicas de secuestro y homicidio los miembros de minorías religiosas y étnicas, como los cristianos y los palestinos; los miembros de asociaciones profesionales, como médicos, abogados y periodistas, y las mujeres.

  • El 1 de febrero murieron al menos 99 civiles, entre los que había niños, en sendos atentados suicidas con explosivos perpetrados por dos mujeres en concurridos mercados de Bagdad.
  • El 23 de febrero, Shihab al Tamimi, periodista y presidente del Sindicato de Periodistas de Irak, murió abatido por los disparos de unos hombres armados en el distrito bagdadí de Al Waziriya. Había criticado enérgicamente la violencia sectaria.
  • El 14 de agosto, al menos 19 peregrinos chiíes murieron en Iskandariya víctimas de atentados suicidas con explosivos cuando se dirigían a la celebración de una festividad religiosa en Kerbala.
  • Al menos 28 personas, incluidos 5 niños, murieron el 10 de noviembre, y unas 70 más resultaron heridas en atentados suicidas con explosivos perpetrados en Al Adhamiya, distrito sunní de Bagdad.

Pena de muerte

Se condenó a muerte a un mínimo de 275 hombres y 10 mujeres. Hubo al menos 34 ejecuciones, al menos 3 de ellas en la región de Kurdistán (véase infra). Las verdaderas cifras probablemente fueran más altas. La mayoría de las condenas de muerte las impuso el Tribunal Penal Central de Irak, cuyos procedimientos no cumplían las normas internacionales sobre juicios justos. Los acusados denunciaron que se habían utilizado como prueba contra ellos «confesiones» obtenidas con tortura y otras formas de coacción. Los tribunales no investigaron debidamente tales denuncias.

  • En abril, un alto cargo del Ministerio del Interior manifestó que 28 personas de Basora habían sido ejecutadas en Bagdad tras haber sido declaradas culpables de múltiples asesinatos y secuestros.

En diciembre Irak votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

"...las autoridades iraquíes mantenían al menos a 26.000 personas recluidas, en muchos casos sin cargos ni juicio."

Juicios de ex autoridades

El Alto Tribunal Penal Iraquí continuó juzgando a ex altos cargos, miembros del Partido Baás, militares y otras personas asociadas a la presidencia de Sadam Husein. Los juicios se vieron afectados por injerencias políticas, que menoscababan la independencia e imparcialidad del Tribunal. En septiembre se recibieron informes de que el gobierno iraquí había urdido la destitución de uno de los jueces que juzgaron al ex presidente Sadam Husein poco antes de que acabara su juicio de un año en 2006 y lo había reemplazado por otro al que consideraba más favorable a la imposición de la pena de muerte.

  • El 2 de diciembre, el Alto Tribunal Penal Iraquí impuso la pena de muerte a Ali Hassan al Majid y Abdul Ghani Abdul Ghafour, ex altos cargos del régimen de Sadam Husein, tras haberlos declarado culpables de participar en millares de homicidios durante el alzamiento de 1991 en el sur de Irak. Otros 10 acusados fueron condenados a penas de entre 15 años de cárcel y cadena perpetua, y 3 más resultaron absueltos. Ali Hassan al Majid y dos de los condenados a prisión habían sido condenados ya a muerte tras un juicio celebrado en 2007; en febrero, el Consejo Presidencial confirmó la pena de muerte impuesta a Ali Hassan al Majid, pero, según informes, determinó que los otros dos condenados no debían ser ejecutados, ya que estaban al servicio de sus jefes militares y cumplían órdenes cuando se cometieron los delitos. Los tres seguían bajo custodia militar estadounidense al final del año.

Abusos cometidos por contratistas de servicios militares y de seguridad privados

Los empleados de las empresas de seguridad extranjeras seguían siendo inmunes al procesamiento por delitos cometidos en Irak. El gobierno había propuesto en octubre de 2007 una legislación que revocaba esa inmunidad, pero el Parlamento no la aprobó. En abril, las autoridades estadounidenses renovaron a la empresa de Estados Unidos Blackwater el contrato para brindar protección a los diplomáticos estadounidenses, a pesar de la polémica provocada por el homicidio de civiles iraquíes cometido por guardias de seguridad de Blackwater en septiembre de 2007.

  • El 15 de enero murieron cinco escolares atropellados por el automóvil de un contratista de seguridad que viajaba en el convoy de un alto cargo judicial iraquí en Al Salihiya, Bagdad. Según informes, el convoy no se detuvo al llegar a un control de seguridad, lo que provocó un tiroteo entre guardias privados de seguridad y la policía.
  • El 7 de diciembre, cinco guardias de seguridad de Blackwater fueron acusados formalmente en Estados Unidos de haber matado a 14 civiles iraquíes y herido a 18 más en septiembre de 2007.

Detención y reclusión arbitrarias

Millares de personas continuaron recluidas sin cargos ni juicio. Las tropas estadounidenses de la fuerza multinacional mantenían a unas 15.500 personas privadas de libertad, en la mayoría de los casos sin cargos ni juicio, en Camp Bucca, cerca de Basora; Camp Cropper, próximo al aeropuerto de Bagdad, y otros lugares. Algunas de estas personas llevaban cinco años recluidas. Según informes, las autoridades iraquíes mantenían al menos a 26.000 personas recluidas, en muchos casos sin cargos ni juicio. Se creía que algunas estaban sometidas a régimen de incomunicación en centros secretos de detención.

Liberaciones

El 27 de febrero entró en vigor una ley de amnistía, y se esperaba que la mayoría de las personas detenidas sin cargos o por presuntos delitos menores fuesen puestas en libertad. Durante 2008, la fuerza multinacional y las autoridades iraquíes dejaron en libertad a varios millares de detenidos, pero ni mucho menos a los 23.000 que el Consejo Judicial Supremo había recomendado poner en libertad.

Violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad iraquíes

Las fuerzas del gobierno cometieron graves violaciones de derechos humanos, como tortura y ejecuciones extrajudiciales. Hubo informes sobre tortura y otros malos tratos infligidos por guardias de prisiones y miembros de las fuerzas de seguridad a detenidos, incluidos menores. En los informes se mencionaban métodos como golpearlos con cables y mangueras, colgarlos de las extremidades durante largos periodos, aplicarles descargas eléctricas, fracturarles extremidades, arrancarles uñas con alicates y perforarles la piel con taladradoras. Las personas que se encontraban bajo la custodia del Ministerio del Interior estaban especialmente expuestas a sufrir tortura.

  • Se recibieron informes sobre muchachos sometidos a agresiones físicas y sexuales por guardias del centro de detención de menores de Tobchi, en el oeste de Bagdad. Unos investigadores estadounidenses encontraron indicios claros de la muerte de dos menores de edad sunníes a manos de guardias de prisiones a principios de 2008.
  • Hubo denuncias de violación y otras torturas, formuladas por muchachos recluidos en el centro de detención de menores de Al Karj de Bagdad.

Violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza multinacional

Las fuerzas estadounidenses cometieron graves violaciones de derechos humanos, entre ellas homicidios ilegítimos de civiles y detenciones arbitrarias. Varios soldados estadounidenses fueron juzgados en Estados Unidos ante tribunales militares por delitos cometidos en Irak; a la mayoría de los que fueron declarados culpables les impusieron penas leves, que no se correspondían con la gravedad del delito cometido.

  • El 4 de febrero, un misil disparado desde un helicóptero estadounidense mató a nueve civiles iraquíes, incluido un niño, e hirió a tres más. Según informes, fue disparado por error contra una multitud que se encontraba cerca de un control militar de seguridad atendido por partidarios del gobierno y tropas de la fuerza multinacional. El ejército de Estados Unidos dijo que se había abierto una investigación sobre lo ocurrido.
  • El 19 de septiembre, un ataque aéreo estadounidense mató a tres mujeres y cinco hombres de la misma familia en el pueblo de Al Dawr, cerca de Tikrit. Las autoridades estadounidenses confirmaron el ataque, aclarando que cuatro de las víctimas eran «presuntos terroristas».
  • Michael C. Behenna, soldado estadounidense acusado de matar de un disparo a un detenido, Ali Mansour Mohammad, el 16 de mayo cerca de Beiyi, al norte de Bagdad, fue acusado de asesinato con premeditación. Al parecer, había detenido a Ali Mansour Mohammad 11 días antes y lo había agredido.
  • Christopher Shore, soldado estadounidense acusado de matar a un iraquí desarmado en junio de 2007 cerca de Tikrit, fue absuelto del cargo de asesinato por un tribunal militar estadounidense en febrero y condenado a 120 días de prisión por agresión con agravantes. Este cargo se cambió posteriormente por una falta de agresión, por lo que se redujo la pena a 70 días.

Violencia contra mujeres y niñas

Se amenazaba y agredía a las mujeres por no cumplir estrictos códigos de conducta e indumentaria, y las autoridades no les proporcionaban la debida protección contra la violencia, ni siquiera en el caso de la ejercida por sus familiares. Se dieron casos de mujeres muertas presuntamente a manos de hombres de sus familias a los que las autoridades no llevaron ante la justicia.

  • Leila Hussein murió de un disparo el 17 de mayo en Basora cuando caminaba con otras dos mujeres, que resultaron heridas. Se sabía que su vida corría peligro, porque había denunciado a su esposo y se había ido a vivir separada de él. Al parecer, el marido había matado en marzo a una hija adolescente del matrimonio, Rand Abd al Qader, por tener amistad con un soldado británico. No se tuvo noticia de que se hubieran emprendido acciones judiciales sobre ninguno de los dos asesinatos.

Personas refugiadas y desplazadas

Había varios millones de iraquíes desplazados: unos 2 millones estaban refugiados en Siria, Jordania y otros países, y, según la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), alrededor de 2,77 millones más estaban desplazados internamente en Irak. Regresaron centenares de refugiados, muchos de ellos con la ayuda del gobierno. Algunos dijeron que volvían porque habían mejorado las condiciones de seguridad en Irak, y otros porque habían empeorado las condiciones de vida en sus países de acogida.

  • En octubre huyeron de Mosul unos 13.000 cristianos a raíz de actos de violencia cometidos contra la minoría cristiana de la ciudad. La mayoría buscaron refugio en pueblos cercanos o en Dohuk, Arbil o Kirkuk, pero unos 400 huyeron a Siria. Según informes, la tercera parte de los desplazados habían regresado a Mosul al final de 2008.

Región de Kurdistán

La región iraquí de Kurdistán, administrada por el semiautónomo Gobierno Regional de Kurdistán, siguió estando mucho menos afectada por el persistente conflicto que otras partes de Irak y fue escenario de algunos hechos positivos. Fueron excarcelados centenares de presos políticos, muchos de los cuales llevaban años recluidos sin juicio. En septiembre se aprobó una nueva ley de prensa por la que se abolía la pena de encarcelamiento por difamación. En octubre se aprobaron reformas de la legislación reguladora de la condición jurídica y social de las personas que, entre otras cosas, imponían restricciones a la poligamia.

No obstante, continuaron recibiéndose informes de violaciones de derechos humanos: la policía del Gobierno Regional de Kurdistán, conocida como Asayish, actuaba con casi total impunidad, hubo nuevos informes sobre detenciones arbitrarias y las autoridades no aclararon la suerte de personas que habían sido víctimas de desaparición forzada.

Tortura y otros malos tratos

Hubo informes de tortura y otros malos tratos infligidos por la Asayish.

  • Melko Abbas Mohammad y su madre, Akhtar Ahmad Mostaza, de 60 años, fueron recluidos en régimen de aislamiento durante 19 días tras su detención en marzo como sospechosos de un atentado con explosivos. Según informes, durante su reclusión en la prisión de Sulaimaniya, dependiente de la Asayish Gishta (dirección general de la policía), Melko Abbas Mohammad fue sometido a torturas consistentes en colgarlo de las extremidades, golpearlo con un cable y aplicarle descargas eléctricas. Un tribunal absolvió a su madre y a él de todos los cargos en noviembre y ordenó que fueran puestos en libertad, pero la Asayish no los liberó.

Violencia contra mujeres y niñas

Hubo informes sobre mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar, quemadas y asesinadas, en algunos casos por familiares varones. Se amenazó a defensoras de los derechos humanos a causa de su trabajo, siendo en ocasiones los autores de las amenazas familiares varones de mujeres a las que las defensoras estaban prestando ayuda. En algunos casos de violencia contra mujeres, las autoridades no identificaron ni detuvieron a los responsables.

  • El 11 de mayo, una mujer acogida en el refugio de la organización de defensa de los derechos de las mujeres Asuda, en Sulaimaniya, resultó herida de gravedad al disparar contra el centro unos hombres armados que se creía que eran parientes suyos.

Pena de muerte

Se condenó a muerte al menos a nueve personas y se llevaron a cabo como mínimo tres ejecuciones. Había al menos 84 personas condenadas a muerte, entre ellas 33 recluidas en Arbil, y 47, en Sulaimaniya. En junio, el Parlamento kurdo prorrogó dos años más la aplicación de la Ley Antiterrorista de 2006, por la que se había aumentado el número de delitos penados con la muerte.

  • En abril fueron ejecutados dos hombres condenados en relación con la explosión de un vehículo bomba en mayo de 2005 en Arbil, que había matado a 48 personas.

Libertad de expresión

Varios periodistas y autores que escribían sobre corrupción o criticaban las políticas del Gobierno Regional de Kurdistán o de los dos principales partidos políticos kurdos recibieron amenazas de muerte o fueron procesados. Un periodista fue asesinado.

  • Souran Mama Hama murió el 21 de julio, abatido por los disparos efectuados desde un automóvil por unos hombres vestidos de civil, a la puerta de la casa de sus padres, en Kirkuk, que estaba en la práctica bajo control de los servicios de seguridad del Gobierno Regional de Kurdistán. Había publicado artículos en los que criticaba la corrupción y el nepotismo existentes en el seno de los dos principales partidos políticos kurdos.
  • Adil Hussain, médico, fue condenado en noviembre a seis meses de prisión y a pagar una multa por un artículo suyo sobre sexualidad y homosexualidad desde una perspectiva médica publicado en el periódico Hawlati. Quedó en libertad el 7 de diciembre tras diversas protestas internacionales.

Visitas de Amnistía Internacional

Delegados de Amnistía Internacional visitaron la región iraquí de Kurdistán en mayo y junio. 

Informes de Amnistía Internacional

Matanza y desesperación: Irak cinco años después. El papel de los contratistas de servicios militares y de seguridad privados (17 marzo 2008)
Irak: Sufrir en silencio. La población iraquí refugiada en Siria (12 mayo 2008)
Irak: Retórica y realidad. La crisis de la población refugiada iraquí (15 junio 2008)
Campo de Al-Tanf: Continúa el drama de la población palestina que huye de Irak (14 abril 2008)

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