Grupos armados contrarios al gobierno llevaron a cabo numerosos atentados suicidas con explosivos y otros ataques, que se cobraron la vida de centenares de civiles. Las milicias perpetraron también homicidios selectivos. Las fuerzas de seguridad iraquíes y las tropas estadounidenses cometieron graves violaciones de derechos humanos. Millares de personas permanecían recluidas sin cargos ni juicio, en algunos casos desde hacía varios años, aunque también fueron liberadas muchas otras. A mediados de julio se transfirieron al gobierno iraquí todas las prisiones que estaban bajo control de las fuerzas estadounidenses, junto con todas las personas detenidas, salvo 200 que siguieron en Irak bajo custodia estadounidense. La tortura y otros malos tratos a personas detenidas eran práctica generalizada en las fuerzas de seguridad iraquíes. Se torturó a algunas personas en prisiones secretas y varias más murieron bajo custodia en circunstancias sospechosas. Los tribunales impusieron penas de muerte tras juicios injustos, y, según los informes, al menos 1.300 personas se encontraban condenadas a muerte. Se tuvo noticia de una ejecución, pero, al parecer, la cifra real fue mucho más alta. Alrededor de 3 millones de iraquíes se encontraban desplazados dentro del país o refugiados en el extranjero. Las mujeres seguían sufriendo discriminación y violencia.
La celebración de elecciones generales en marzo comportó una interrupción de la actividad parlamentaria hasta noviembre, cuando se acordó un nuevo gobierno encabezado por el primer ministro saliente, Nuri al Maliki. Durante este compás de espera, los grupos armados opuestos al gobierno redoblaron los atentados suicidas con explosivos y otros tipos de ataques, matando e hiriendo a centenares de civiles.
A mediados de agosto, Estados Unidos retiró sus últimas tropas de combate de Irak, pero alrededor de 50.000 efectivos estadounidenses siguieron desplegados en el país desempeñando al parecer labores de apoyo y entrenamiento.
En julio, con arreglo a lo establecido en el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas, firmado en 2008 por Estados Unidos e Irak, la Fuerza de Estados Unidos en Irak (USF-I) terminó de transferir al gobierno iraquí las prisiones y los detenidos que mantenía bajo su control. Varios millares de personas recluidas fueron puestas bajo custodia iraquí. Alrededor de 200 detenidos, en su mayoría jefes de grupos armados y ex altos cargos del régimen baasista de Sadam Husein, permanecieron bajo custodia estadounidense en una sección de Campo Cropper (rebautizado en julio por el gobierno iraquí como prisión de Al Karj), al parecer a petición de las autoridades iraquíes. El Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas no contenía salvaguardias en materia de derechos humanos, a pesar del inequívoco historial de tortura y otros malos tratos a detenidos de las fuerzas de seguridad iraquíes.
La mayoría de la población iraquí seguía sumida en la pobreza. La falta de suministro de agua y electricidad era un fenómeno corriente, y la tasa de desempleo ascendía a más del 50 por ciento. La persistencia de un alto nivel de inseguridad ahuyentaba las inversiones extranjeras, y la corrupción estaba muy extendida en los organismos oficiales. Una auditoría oficial de Estados Unidos reveló en julio que el Pentágono no conocía el destino de más del 95 por ciento de los 9.100 millones de dólares estadounidenses entregados para la reconstrucción del país.
En febrero se procedió a evaluar el historial de Irak en derechos humanos en virtud del examen periódico universal de la ONU.
En agosto, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad la Resolución 1936, en la que se prolongaba por un año más el mandato de la Misión de Asistencia de la ONU para el Iraq (UNAMI).
En noviembre, Irak ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, pero formuló reservas respecto a las quejas de particulares.
ArribaGrupos armados contrarios al gobierno y a la presencia de fuerzas estadounidenses cometieron flagrantes abusos contra los derechos humanos, incluidos secuestros, actos de tortura y asesinatos. Llevaron a cabo atentados suicidas con explosivos en lugares públicos y otros ataques indiscriminados y en gran escala contra civiles, así como asesinatos selectivos. Muchos de los ataques corrieron a cargo de la organización Al Qaeda en Irak –dos dirigentes de la cual murieron en abril durante un ataque de las fuerzas estadounidenses e iraquíes– y de grupos armados suníes aliados con ella.
En octubre se tuvo noticia de que muchos ex miembros de los Consejos del Despertar, milicias suníes reclutadas para ayudar a las fuerzas estadounidenses a luchar contra Al Qaeda en Irak, se habían pasado a Al Qaeda debido a amenazas o a la desilusión derivada de sentirse abandonados por la USF-I.
Las milicias chiíes, en especial los miembros de la Liga de los Justos (Asaib Ahl al Haq), grupo escindido del Ejército del Mahdi, perpetraron también flagrantes abusos contra los derechos humanos, incluidos secuestros y asesinatos.
Muchas de las víctimas de los ataques eran civiles, incluidos miembros de minorías étnicas y religiosas, autoridades locales, jueces, abogados, periodistas y otros profesionales. Entre los muertos había mujeres, niños y niñas.
Millares de personas siguieron recluidas sin cargos ni juicio. Algunas de las que estaban bajo custodia estadounidense pasaron a depender de las autoridades iraquíes a mediados de julio, al transferirse a éstas Campo Cropper, la última prisión que quedaba bajo control de Estados Unidos. Muchas de las personas recluidas no tenían acceso a abogados ni a familiares, y en algunos casos permanecían en prisiones secretas, controladas por los Ministerios del Interior y Defensa, en las que la tortura y otros malos tratos eran un fenómeno generalizado. La mayoría eran musulmanes suníes, sospechosos de apoyar a grupos armados suníes, y en muchos casos llevaban varios años recluidas.
La tortura y otros malos tratos a los detenidos seguían estando muy extendidos en las cárceles iraquíes, sobre todo en las controladas por los Ministerios de Defensa e Interior. Se aplicaban métodos como golpear a la víctima con cables y mangueras, mantenerla colgada de las extremidades durante largos periodos, aplicarle descargas eléctricas, fracturarle las extremidades, asfixiarla con bolsas de plástico y violarla o amenazarla con hacerlo. Se recurría a la tortura para obtener información y “confesiones” susceptibles de ser utilizadas como pruebas de cargo ante un tribunal. Unos documentos secretos de la USF-I publicados por la organización Wikileaks pusieron de manifiesto que, hasta el final de 2009, los militares estadounidenses habían remitido en múltiples ocasiones a sus superiores pruebas de actos de tortura perpetrados por las fuerzas de seguridad iraquíes, pero las denuncias no parecían haber dado lugar a ninguna investigación.
Varias personas murieron bajo custodia, posiblemente como consecuencia de torturas u otros malos tratos.
El Alto Tribunal Penal Iraquí siguió juzgando a ex altos cargos del partido Baás, así como a militares y otras autoridades del gobierno de Sadam Husein, derrocado en 2003, por cargos de crímenes de guerra y lesa humanidad y otros delitos graves. Los procedimientos no cumplían las normas internacionales sobre juicios justos; el Alto Tribunal carecía de independencia y, según jueces y abogados, sufría injerencias políticas.
Las fuerzas estadounidenses en Irak perpetraron graves violaciones de derechos humanos, incluidos homicidios de civiles.
Wikileaks hizo públicos miles de documentos confidenciales. Los documentos pusieron de manifiesto, entre otras cosas, que en años anteriores las tropas estadounidenses habían matado a tiros a numerosos civiles iraquíes en controles de carretera colocados por motivos de seguridad y que las autoridades militares estadounidenses, en contra de lo que afirmaban, habían tratado de llevar la cuenta del número de civiles muertos en el conflicto de Irak. Tras una revisión de las estimaciones, se calculaba que, entre 2004 y 2009, las víctimas civiles en el conflicto de Irak habían ascendido a un total de 66.081 personas.
ArribaLas mujeres padecían violencia a manos de los grupos armados, y las que no observaban un estricto código indumentario estaban bajo amenaza. Sufrían también violencia en el ámbito familiar y no estaban debidamente protegidas ni en la ley ni en la práctica. Muchas mujeres y niñas eran objeto de prácticas perjudiciales, como matrimonios forzados y a edad temprana.
En octubre, el Ministerio de Derechos Humanos indicó que no menos de 84 mujeres habían sido víctimas de homicidio en nombre del “honor”, sin contar los casos registrados en la región de Kurdistán. Reiteró su llamamiento en favor de la introducción de cambios jurídicos, entre ellos la modificación del artículo 409 del Código Penal, que establecía la imposición como máximo de tres años de cárcel al hombre declarado culpable de matar a su esposa o a una pariente por sorprenderla cometiendo adulterio. No se introdujo, sin embargo, ningún cambio en la legislación.
ArribaAl parecer, alrededor de un millón y medio de iraquíes estaban refugiados en Siria, Jordania, Líbano, Turquía y otros países de la región. Al menos otro millón y medio se encontraban desplazados dentro de Irak, incluidas unas 500.000 personas sin hogar que vivían en asentamientos o en campos de acogida en condiciones muy duras. Millares de personas desplazadas dentro del país regresaron a sus hogares convencidas de que habían mejorado las condiciones de seguridad, pero se encontraron con muchos problemas. Varios países europeos devolvieron a Irak a solicitantes de asilo iraquíes rechazados, haciendo caso omiso de las recomendaciones del ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados.
ArribaSe condenó a muerte a no menos de 279 personas y al menos 1.300 estaban al parecer a la espera de ser ejecutadas, si bien las autoridades no informaban por lo general sobre la aplicación de la pena capital. Se llevó a cabo una ejecución en público, pero al parecer el número total de ejecuciones fue bastante superior.
La mayoría de las condenas de muerte, impuestas por el Tribunal Penal Central de Irak, afectaban a personas declaradas culpables de implicación en ataques armados. Los procesos vulneraban de manera sistemática las normas internacionales sobre juicios justos; los acusados denunciaban con frecuencia que habían sido obligados a firmar “confesiones” bajo tortura u otro tipo de coacción cuando se encontraban detenidos preventivamente en régimen de incomunicación y sin contar con abogados defensores de su elección. El Alto Tribunal Penal Iraquí impuso también penas de muerte.
Irak fue uno de los pocos Estados que votó en diciembre en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria de las ejecuciones en todo el mundo.
ArribaLa región de Kurdistán continuó libre en gran medida de la violencia política registrada en otras zonas de Irak. Las condiciones siguieron mejorando en general en materia de derechos humanos, aunque se tuvo noticia de numerosos abusos.
En mayo se aprobó legislación para la creación de una comisión de derechos humanos en la región de Kurdistán. En junio, el Parlamento de Kurdistán prorrogó dos años más la aplicación de la Ley Antiterrorista de 2006. En noviembre se aprobó una ley que limitaba las manifestaciones.
En noviembre, con ocasión de la fiesta religiosa de Eid al Adha, el presidente del Gobierno Regional de Kurdistán promulgó una amnistía que comportó al parecer la liberación de 207 personas. Entre las personas liberadas había algunas que estaban cumpliendo penas de prisión por delitos cometidos en nombre del “honor”. Estas excarcelaciones fueron criticadas por activistas de los derechos de las mujeres.
Se amenazó, hostigó, atacó y detuvo a miembros y simpatizantes de grupos políticos de oposición.
Varios periodistas independientes sufrieron ataques.
Las mujeres siguieron sufriendo discriminación y violencia. Se tuvo noticia de homicidios de mujeres a manos de familiares varones y de decenas de mujeres que se suicidaron prendiéndose fuego. Según la información recibida, la mutilación genital femenina era una práctica muy extendida. De acuerdo con los datos oficiales de las autoridades kurdas, en el primer semestre de 2010, al menos 671 mujeres fueron víctimas de “actos graves de violencia intrafamiliar” y no menos de 63 sufrieron abusos sexuales.
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