Irlanda - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Irlanda

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Irlanda is now live »

Jefa del Estado
Mary McAleese
Jefe del gobierno
Brian Cowen
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
4,5 millones
Esperanza de vida
79,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
6/6 por cada 1.000

Unas nuevas disposiciones legales impusieron más restricciones sobre el derecho a guardar silencio, al permitir que se sacaran conclusiones negativas del silencio de una persona durante el interrogatorio policial. El proceso de concesión de asilo seguía siendo demasiado largo y no tenía suficientemente en cuenta las necesidades de los menores de edad. Se publicaron dos informes sobre los abusos infligidos a miles de niños por miembros del clero católico durante varios decenios. Las autoridades eclesiásticas y estatales habían encubierto los abusos. La prestación de servicios de salud mental fue deficitaria. El trato recibido del sistema de justicia penal por las sobrevivientes de violación suscitó preocupación. No se protegieron debidamente los derechos humanos de las víctimas de trata.

Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

La Ley de Enmienda de la Justicia Penal de 2009, promulgada en julio, amplió las competencias del Tribunal Penal Especial para enjuiciar sin jurado ciertos delitos de “delincuencia organizada”. Las disposiciones de la nueva ley permitían además sacar conclusiones negativas del hecho de que una persona guardara silencio durante el interrogatorio policial, y por tanto socavaban el derecho a no declarar contra uno mismo. La Comisión de Derechos Humanos de Irlanda se quejó de que ni el Parlamento (Oireachtas) ni la opinión pública habían tenido tiempo suficiente para estudiar la nueva ley.

En julio, la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda afirmó que el recorte del 32 por ciento de su financiación para 2009 obstaculizaba gravemente sus funciones legalmente establecidas, y recomendó que la institución tuviera que responder ante el Parlamento y no ante un departamento gubernamental.

El proyecto de ley de Uniones Civiles de 2009, publicado en junio, proponía autorizar el registro oficial de parejas del mismo sexo, parejas de distinto sexo y compañeros de cohabitación como uniones civiles. El proyecto de ley reconocía otros derechos y obligaciones que anteriormente sólo se reconocían a las parejas casadas. Los grupos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero lo criticaron porque no reconocía el derecho al matrimonio civil de las parejas del mismo sexo ni resolvía la insatisfactoria situación jurídica de los hijos e hijas de parejas del mismo sexo.

Policía y fuerzas de seguridad

En abril, la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda acogió con satisfacción las positivas iniciativas en curso dentro de la policía (An Garda Síochána) para conseguir un servicio más acorde con las normas de derechos humanos, pero también expresó su preocupación por el lento avance de las reformas en áreas primordiales. La Comisión propuso un conjunto de recomendaciones sobre otras reformas necesarias para que el servicio fuera más transparente y responsable, y pidió que se dotase de recursos suficientes a la Comisión del Defensor del Pueblo para Asuntos Relacionados con la Policía, encargada de atender las quejas contra el cuerpo policial, para que pudiera desempeñar sus funciones con eficacia.

Condiciones de reclusión

En octubre, la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda informó al Comité de Derechos Humanos de la ONU de que las condiciones de vida en muchas prisiones eran inaceptables y en algunos casos constituían trato inhumano y degradante, y que en los 12 meses anteriores habían alcanzado niveles preocupantes, según informes, aumentando las posibilidades de violencia entre los internos.

Seguridad y medidas antiterroristas

El comité establecido por el Consejo de Ministros en 2008 para revisar y reforzar la legislación relativa al registro y la inspección de vuelos presuntamente utilizados para entregas no publicó propuestas legislativas.

Presos de Guantánamo

En septiembre, el gobierno anunció que había aceptado que dos ex presos del centro de detención situado en la base naval estadounidense de Guantánamo, Cuba, residieran en Irlanda.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Seguía existiendo preocupación por la excesiva duración de los trámites para obtener el asilo, que en algunos casos llevaban entre tres y cinco años. La legislación propuesta en 2008 para introducir un procedimiento único de determinación de la condición de refugiado así como otras formas de protección no fue aprobada.

En noviembre, la Defensora del Menor concluyó que los solicitantes de asilo menores de edad no acompañados recibían un nivel de asistencia inferior al que recibían los niños y niñas en el sistema general de asistencia, y que muchos de ellos residían en albergues privados no sujetos a inspección. La defensora expresó su preocupación por el hecho de que 419 menores de edad no acompañados habían quedado sin recibir asistencia entre finales de 2000 y junio de 2009, y criticó la respuesta ante tales casos. Asimismo concluyó que en el proceso de concesión de asilo no se tenían suficientemente en cuenta la edad y la situación de indefensión de los menores.

Derechos de la infancia

En mayo, el informe de la Comisión para Investigar los Abusos Infantiles (Informe Ryan) puso de relieve los abusos físicos, emocionales y sexuales que habían padecido más de 30.000 niños y niñas ingresados por el Estado en instituciones regidas por órdenes religiosas católicas entre 1936 y 2000. La Comisión concluía en su informe que el Departamento de Educación, las juntas de salud y las órdenes religiosas no habían protegido a los menores ni investigado las denuncias. En julio, el gobierno se comprometió a poner en práctica las recomendaciones de la Comisión, que incluían proporcionar reparación a los sobrevivientes de los abusos y abordar los graves desequilibrios que presentaban los sistemas de asistencia y protección de menores de edad en la actualidad.

En noviembre, la Comisión de Investigación de la Archidiócesis de Dublín (Informe Murphy) publicó un informe sobre la forma en que se abordó el problema de los abusos sexuales a niños y niñas cometidos por miembros del clero en la Archidiócesis de Dublín entre 1975 y 2004. Según sus conclusiones, las autoridades eclesiásticas y estatales, incluida la policía, habían encubierto centenares de casos de abuso.

Volvió a aplazarse el referéndum sobre la incorporación de los derechos de la infancia a la Constitución.

Derecho a la salud: salud mental

La prestación de servicios de salud mental fue deficitaria, especialmente a los grupos vulnerables como menores de edad y personas con discapacidad intelectual. En mayo, el inspector jefe de los Servicios de Salud Mental calificó de “imperdonable, antiterapéutico y una medida casi puramente enfocada a la privación de libertad” el ingreso, en 2008, de 247 menores en unidades para adultos.

En abril, la Comisión de Salud Mental informó sobre las prácticas de asistencia y tratamiento en dos centros de internamiento psiquiátrico en Clonmel. Según sus conclusiones, en los centros se daban condiciones de precariedad e inseguridad, altos niveles de lesiones a pacientes en determinadas circunstancias, medicación inadecuada y uso inapropiado del aislamiento, ausencia de los niveles básicos de intimidad y restricciones de circulación.

Derechos de las mujeres

En diciembre, la Red en contra de la Violación de Mujeres examinó la respuesta del sistema de justicia penal en los casos de violación, y concluyó que sólo el 30 por ciento de los casos denunciados a la policía daban lugar a procesamientos. También observó que tanto la policía como la fiscalía evaluaban la credibilidad de los informes de violación en función de estereotipos prejuiciosos, y ese factor disuadía a las sobrevivientes de denunciar su traumática experiencia. Concluyó además que la razón que alegaban las víctimas con mayor frecuencia para decidir retirar la denuncia era el trato inadecuado que recibían de la policía.

También en diciembre, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos celebró una vista sobre un caso relacionado con tres mujeres que habían denunciado que las restricciones para acceder al aborto en Irlanda violaban sus derechos humanos.

Trata de personas

Según un informe del Consejo de Inmigración de Irlanda publicado en abril, Irlanda fue a lo largo de dos años país de destino o de tránsito de al menos 102 mujeres y niñas, probablemente muchas más, que eran víctimas de trata para fines de explotación sexual.

En junio, el gobierno dio a conocer un plan nacional de acción de tres años de duración para prevenir y combatir la trata de personas. Su propuesta de seguir alojando a las sobrevivientes de trata en lugares destinados a solicitantes de asilo suscitó la preocupación de que esas sobrevivientes no recibieran la debida protección frente al peligro de sufrir más daños. Se concedió un periodo de “reflexión y recuperación” a un número muy reducido de víctimas.

Comercio de armas

El gobierno no hizo público su primer informe sobre exportaciones e intermediación en el comercio de armas durante 2008, exigido por la Ley de Control de las Exportaciones de 2008.

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