Israel y los Territorios Palestinos Ocupados
Jefe del Estado
Simón Peres
Jefe del gobierno
Benjamín Netanyahu
Pena de muerte
abolicionista para los delitos comunes
Población
7,3 millones (Israel); 4,4 millones (Territorios Palestinos Ocupados)
Esperanza de vida
80,3 años (Israel); 72,9 años (Territorios Palestinos Ocupados)
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
6/5 por cada 1.000 (Israel); 23/18 por cada 1.000 (Territorios Palestinos Ocupados)

En general se respetó el cese de hostilidades entre las fuerzas israelíes y los grupos armados palestinos acordado en enero de 2009. Las fuerzas armadas israelíes mantuvieron un control draconiano sobre la libertad de circulación de la población palestina en los Territorios Palestinos Ocupados, incluido el bloqueo de la Franja de Gaza, que agravaba las privaciones y mantenía prácticamente encarceladas al millón y medio de personas residentes en el territorio. Las autoridades israelíes rechazaron o retrasaron solicitudes de salida de Gaza presentadas por centenares de personas palestinas que necesitaban recibir tratamiento especializado; algunas murieron a consecuencia de ello. La mayor parte de la población de Gaza dependía de la ayuda internacional, que se vio gravemente obstaculizada por el bloqueo. En mayo, las fuerzas israelíes mataron a nueve hombres que se encontraban en aguas internacionales a bordo de una flotilla de ayuda que pretendía romper el bloqueo. En Cisjordania, la libertad de circulación de la población palestina estaba gravemente restringida por centenares de barreras y controles de seguridad y por los 700 kilómetros de valla/muro que Israel seguía construyendo, principalmente en territorio palestino. Aumentó sustancialmente el número de demoliciones de viviendas palestinas, cisternas de agua y otras infraestructuras a manos de las autoridades israelíes en Cisjordania, lo que afectó a miles de personas. Las autoridades israelíes también destruyeron viviendas en localidades beduinas del sur de Israel. Se reanudó la ampliación de los asentamientos ilegales israelíes en tierras palestinas confiscadas, suspendida parcialmente hasta el 26 de septiembre. Israel siguió sin llevar a cabo investigaciones adecuadas sobre los presuntos crímenes de guerra y otras graves violaciones del derecho internacional cometidos por sus fuerzas durante la operación “Plomo Fundido”, ofensiva emprendida contra Gaza durante 22 días, en diciembre de 2008 y enero de 2009, que se había cobrado casi 1.400 vidas palestinas, 300 de ellas de niños y niñas. Por lo general, los soldados y colonos israelíes autores de graves abusos contra la población palestina, como homicidios ilegítimos, agresiones y atentados contra la propiedad, no rendían cuentas por ello. En los Territorios Palestinos Ocupados, el ejército israelí causó 33 muertes entre la población palestina, 8 de ellas de menores de edad. Las fuerzas israelíes detuvieron y recluyeron a centenares de personas palestinas; y había al menos 264 recluidas sin cargos ni juicio en virtud de órdenes de detención administrativa, algunas desde hacía más de dos años. Los informes de tortura y otros malos tratos eran habituales, pero raras veces se investigaban. Las cárceles israelíes albergaban una población reclusa palestina de alrededor de 6.000 personas, muchas de las cuales habían sido sometidas a juicios militares injustos. Se continuó encarcelando a objetores de conciencia al servicio militar israelíes.

Información general

Continuó la tensión en la zona fronteriza entre Israel y Líbano. El 3 de agosto, un tiroteo entre soldados israelíes y libaneses causó la muerte de al menos tres soldados y un periodista libanés.

Se mantuvo en gran parte el cese de hostilidades entre las fuerzas israelíes y los grupos armados palestinos, pero estos últimos lanzaron periódicamente ataques indiscriminados con cohetes y proyectiles de mortero contra el sur de Israel (véase el apartado sobre la Autoridad Nacional Palestina), aunque con menor intensidad que en años anteriores, y las fuerzas israelíes atacaron y mataron a palestinos a los que consideraban responsables de los ataques. El 31 de agosto, cuatro colonos israelíes murieron en Cisjordania por disparos. El ataque fue reivindicado por las Brigadas Izz al Din al Qassam, brazo militar de Hamás, el grupo palestino que administraba Gaza tras ganar las elecciones en 2006.

En septiembre, el gobierno de Estados Unidos convocó negociaciones entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina, aunque con la exclusión de Hamás. Sin embargo, la iniciativa quedó pronto interrumpida, al finalizar el 26 de septiembre una suspensión parcial de la construcción de nuevos asentamientos en los Territorios Palestinos Ocupados decretada por Israel por un periodo de 10 meses, y la Autoridad Nacional Palestina se retiró de las conversaciones directas. La suspensión no había afectado a Jerusalén Oriental y sus alrededores, mientras que en Cisjordania habían continuado la construcción de edificios públicos y la construcción por “necesidades de seguridad”.

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Bloqueo de Gaza y crisis humanitaria

El bloqueo de la Franja de Gaza, en vigor desde junio de 2007, asfixió la economía y hundió a la población aún más en la pobreza. Entre persistentes problemas de salud y saneamiento, pobreza y malnutrición, en torno al 80 por ciento de los habitantes de Gaza dependían de la ayuda humanitaria internacional, cuya llegada se veía obstaculizada por el bloqueo. Las graves carencias provocaron un aumento de los precios. La mayoría de los proyectos de reconstrucción iniciados por la ONU para crear clínicas y escuelas tuvieron que aplazarse, lo que impidió que alrededor de 40.000 niños y niñas palestinos pudiesen matricularse en escuelas de la ONU en septiembre.

En la práctica, casi todos los habitantes de Gaza estaban atrapados en el pequeño enclave, incluidas personas gravemente enfermas que necesitaban tratamiento en otros lugares y muchas otras que querían salir para estudiar o trabajar fuera. Sólo se permitió abandonar Gaza a un número relativamente escaso de ellas.

En mayo, tropas israelíes interceptaron por la fuerza una flotilla internacional de ayuda que pretendía romper el bloqueo. Mataron a 9 de las personas que se encontraban a bordo e hirieron a más de 50, a algunas de gravedad. Varios soldados israelíes resultaron heridos. Se iniciaron varias investigaciones sobre el ataque, dos de ellas de la ONU. En septiembre, el órgano de investigación designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU concluyó que los soldados israelíes habían utilizado “medios letales de manera amplia y arbitraria causando innecesariamente la muerte o lesiones graves a un elevado número de personas”. La comisión de investigación nombrada por el gobierno de Israel carecía de independencia y transparencia.

Tras las críticas internacionales contra el ataque, el gobierno anunció un levantamiento parcial del bloqueo, aunque fue insuficiente para mejorar significativamente las condiciones en Gaza. Hasta el 8 de diciembre, Israel continuó prohibiendo todas las exportaciones de mercancías desde el territorio y, en contra de lo anunciado, al final del año no se habían suavizado las restricciones a las exportaciones. Amnistía Internacional consideró que el bloqueo constituía un castigo colectivo, contrario al derecho internacional humanitario, y pidió reiteradamente su levantamiento.

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Restricciones en Cisjordania

Centenares de barreras y controles de seguridad militares israelíes restringían la libertad de circulación de la población palestina de Cisjordania, dificultando o impidiendo su acceso a los lugares de trabajo, los centros educativos y de salud y otros servicios.

A finales de 2010 había finalizado la construcción de alrededor del 60 por ciento de los 700 kilómetros de valla/muro previstos. Más del 85 por ciento del trazado completo discurría por territorio palestino de Cisjordania. La valla/muro separaba a miles de palestinos de sus tierras de cultivo y recursos hídricos, y la población palestina de Cisjordania que tenía permiso de entrada en Jerusalén Oriental sólo podía acceder allí por 3 de los 16 controles de seguridad de la valla/muro. Las consecuencias de ello eran especialmente graves para los enfermos y el personal médico que intentaran llegar a los seis hospitales especializados palestinos de Jerusalén Oriental.

Se continuó negando el acceso de la población palestina a grandes extensiones de tierra cercana a asentamientos israelíes creados y mantenidos en contravención del derecho internacional; la población de colonos en Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, superó el medio millón de personas. A los palestinos también se les prohibía o restringía el acceso a alrededor de 300 kilómetros de carreteras “de circunvalación” utilizadas por los colonos israelíes. Sin embargo, en 2010 se redujo para ellos la duración de los trayectos entre la mayoría de las ciudades, sobre todo en el norte, al retirar los israelíes algunas barreras y realizarse ciertas mejoras en la red viaria para los vehículos con matrícula palestina, aunque los viajes seguían siendo lentos y difíciles.

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Derecho a una vivienda adecuada: desalojos forzosos

Las restricciones a la construcción impuestas a la población palestina de Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, eran tan severas que constituían una violación de su derecho a una vivienda adecuada. En Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, se llevaron a cabo desalojos forzosos alegando que las casas se habían construido sin los permisos necesarios de las autoridades israelíes, algo que a los palestinos les resultaba prácticamente imposible conseguir. Por lo general, los equipos de demolición, acompañados por agentes de seguridad, llegaban sin previo aviso y apenas daban a las familias ocasión de retirar sus pertenencias. Según la legislación militar israelí, que se aplicaba a la población palestina en la mayor parte de Cisjordania, no existía la obligación de realojar ni indemnizar a las familias desalojadas. A la población palestina de Jerusalén Oriental no le iba mucho mejor con las autoridades civiles israelíes. En 2010, las autoridades israelíes demolieron 431 estructuras en Jerusalén Oriental y Cisjordania, lo que supuso un aumento del 59 por ciento respecto a 2009. Al menos 594 palestinos –de los que casi la mitad eran menores de edad– quedaron desplazados tras la demolición de sus casas por orden de las autoridades israelíes, y más de 14.000 se vieron afectados por la destrucción de cisternas de agua, pozos y estructuras relacionadas con sus medios de vida.

  • Las fuerzas israelíes demolieron en dos ocasiones viviendas y estructuras de Jirbet Tana, localidad cisjordana situada justo al oeste del valle del Jordán, en un área declarada “zona militar cerrada”. El 10 de enero demolieron las viviendas de 100 residentes, la escuela local y 12 corrales. El 8 de diciembre demolieron 10 viviendas, 17 cobertizos para animales y la escuela reconstruida. La localidad ya había sido demolida en 2005. Las autoridades israelíes negaban a los residentes el permiso de construcción desde la década de 1970, al tiempo que se habían creado los cercanos asentamientos israelíes de Mekhora e Itamar.

En el interior de Israel se produjo un notable aumento de las demoliciones de viviendas de beduinos en la zona del Néguev (o Naqab), en el sur. Las autoridades israelíes no reconocían oficialmente decenas de localidades en las que residían decenas de miles de beduinos de nacionalidad israelí. Las localidades carecían de servicios básicos, y sus habitantes vivían bajo la constante amenaza de la destrucción de sus viviendas y el desalojo de las tierras.

  • Entre el 27 de julio y el 23 de diciembre, la Administración de Tierras de Israel y las fuerzas policiales destruyeron ocho veces Al Araquib, localidad “no reconocida” de la zona del Néguev (o Naqab) en la que vivían unos 250 beduinos. Tras cada demolición, los habitantes levantaban refugios improvisados.
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Uso excesivo de la fuerza

Las fuerzas de seguridad israelíes utilizaron fuerza excesiva contra civiles palestinos, incluidos manifestantes no violentos de Cisjordania y Gaza, así como contra agricultores, pescadores y otras personas que trabajaban en el área declarada por Israel “zona de exclusión” dentro de Gaza o en sus aguas costeras. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, de la ONU, en 2010 el ejército israelí mató a 33 civiles palestinos, incluidos 8 menores de edad, en los Territorios Palestinos Ocupados. Las fuerzas israelíes mataron a 15 civiles palestinos, entre ellos 4 menores de edad, e hirieron a más de 100, mientras hacían cumplir las restricciones marítimas y la “zona de exclusión” de 1,5 kilómetros dentro de las fronteras septentrional y oriental de Gaza.

  • El 20 de marzo, dos adolescentes palestinos murieron al dispararles las fuerzas de seguridad israelíes con munición real tras una manifestación en la localidad cisjordana de Iraq Burin. Muhammed Qadus fue alcanzado en el pecho, y Usaid Qadus, en la cabeza. En abril, tras una investigación de la policía militar israelí, dos oficiales israelíes de alto rango fueron amonestados por los homicidios.
  • En septiembre, tres pastores palestinos –Ibrahim Abu Said, de 91 años; su nieto Hosam Abu Said, de 16, e Ismail Abu Oda, de 17– murieron abatidos por fuego de artillería israelí mientras sacaban a pastar sus ovejas en la “zona de exclusión” de Gaza, cerca de Beit Hanún. Las autoridades admitieron posteriormente que, al contrario de lo que habían afirmado en un primer momento, las tres víctimas no eran “terroristas”, sino civiles, y anunciaron una investigación sobre lo ocurrido. Al finalizar 2010 no se conocía su resultado.
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Impunidad

Los soldados, los miembros de las fuerzas de seguridad y los colonos israelíes continuaban cometiendo con impunidad abusos contra los derechos humanos de los palestinos, incluidos homicidios ilegítimos. La violencia de los colonos contra los palestinos adoptaba formas como disparar contra ellos y destruir sus bienes. Los perpetradores sólo rendían cuentas en rarísimas ocasiones.

Según un pormenorizado informe sobre impunidad publicado en octubre por la organización israelí de derechos humanos B’Tselem, las fuerzas armadas israelíes habían matado a 1.510 palestinos entre 2006 y 2009, sin contar los muertos durante la operación “Plomo Fundido”; 617 de estas personas, entre ellas 104 menores de 18 años, no participaban en hostilidades cuando las mataron. B’Tselem pidió una investigación sobre 288 de los homicidios, cometidos en 148 incidentes, casi todos en la Franja de Gaza; sólo se iniciaron investigaciones sobre 22 casos, la mayoría en Cisjordania. B’Tselem informó de que sólo 4 de ellas habían comenzado durante el mes siguiente a lo sucedido. En 2 investigaciones, el caso se cerró sin el procesamiento de los soldados implicados.

Operación “Plomo Fundido”

Si bien estaban en curso algunas investigaciones de las fuerzas armadas sobre incidentes concretos, las autoridades israelíes seguían sin llevar a cabo investigaciones independientes, ajustadas a las normas internacionales, sobre los presuntos crímenes de guerra y otras graves violaciones del derecho internacional cometidos por sus efectivos durante la operación “Plomo Fundido”. En 2009, la misión de investigación sobre el conflicto ordenada por la ONU (el informe Goldstone) había determinado que las fuerzas israelíes y los grupos armados palestinos habían cometido crímenes de guerra y posiblemente crímenes de lesa humanidad.

Al finalizar 2010, sólo tres soldados israelíes habían sido condenados en relación con la operación “Plomo Fundido”. Dos de ellos fueron declarados culpables de “conducta no autorizada” por utilizar a un niño palestino de nueve años, Majed R., como escudo humano al ordenarle abrir bolsas que ellos creían eran trampas con explosivos. En noviembre los degradaron y les impusieron penas condicionales de tres meses de prisión.

Dado que ninguna de las dos partes llevó a cabo investigaciones adecuadas, Amnistía Internacional instó a que se abordase la cuestión mediante mecanismos de justicia internacional.

En enero, Israel pagó a la ONU una indemnización de 10,5 millones de dólares estadounidenses por los edificios de la organización dañados durante la operación “Plomo Fundido”. Sin embargo, no se pagó ninguna indemnización a las víctimas de los ataques ni a sus representantes. La ONU afirmó que con el pago se daban por concluidas las cuestiones económicas relativas a la operación, a pesar de que el informe Goldstone había recomendado específicamente que la ONU pidiese una indemnización no sólo por su personal y los civiles que habían muerto o resultado heridos en ataques a sus sedes, sino también por las víctimas civiles de otros ataques lanzados durante la operación.

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Sistema de justicia

Detenciones sin juicio

Israel continuó utilizando un sistema de detención administrativa por el que se mantenía a palestinos recluidos durante periodos prolongados sin cargos ni juicio. En 2010 había no menos de 264 palestinos sujetos a órdenes de detención administrativa, algunos desde hacía más de dos años.

  • Moatasem Nazzal, estudiante de 16 años del campo de refugiados de Qalandiya, cerca de Ramala, fue detenido en su casa el 20 de marzo sin ninguna explicación. Lo interrogaron estando inmovilizado con grilletes. Se dictaron contra él tres órdenes sucesivas de detención administrativa que lo mantuvieron en prisión hasta el 26 de diciembre de 2010.

Condiciones de reclusión: negación de visitas de familiares

Se continuaron negando las visitas de familiares a alrededor de 680 presos palestinos, en algunos casos por tercer año consecutivo, debido a que, desde la imposición del bloqueo a Gaza, se prohibía que la población palestina del territorio viajase a Israel, en donde estaban recluidos los presos.

Juicios injustos

Los palestinos de los Territorios Palestinos Ocupados sometidos al sistema de justicia militar israelí continuaron sufriendo una amplia variedad de abusos del derecho a un juicio con las debidas garantías. Se los solía interrogar sin la presencia de un abogado y, aunque eran civiles, no se los juzgaba ante tribunales ordinarios, sino militares.

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Tortura y otros malos tratos

Se recibieron a menudo informes coherentes sobre tortura y otros malos tratos, infligidos incluso a menores de edad. Entre los métodos que más solían mencionarse figuraban las palizas, las amenazas a la persona detenida o a su familia, la privación del sueño y la colocación durante mucho tiempo en dolorosas posturas en tensión. En tribunales civiles y militares israelíes se aceptaron como pruebas confesiones presuntamente obtenidas bajo coacción.

  • A.M., palestino de 15 años de la localidad de Beit Ummar, cerca de Hebrón, fue detenido el 26 de mayo, recluido en el centro de detención de Gush Etzion, interrogado durante seis días, en los que al parecer fue torturado, y puesto en libertad tras “confesar” que había arrojado piedras. Según afirmó, agentes de seguridad le colocaron un cable eléctrico en los genitales y lo amenazaron con aplicarle descargas eléctricas. En agosto, dos ONG, una palestina y la otra israelí, presentaron denuncias a la policía y el ejército israelíes por las torturas que presuntamente había sufrido. La denuncia ante la policía se cerró por “falta de pruebas”, mientras el ejército todavía revisaba la suya al terminar 2010.
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Libertad de expresión y asociación

Aumentó el número de detenciones, juicios y encarcelamientos de personas participantes en protestas pacíficas contra la valla/muro. Las autoridades recurrieron a menudo a la Orden Militar 101, que prohibía la reunión de 10 o más personas “con fines políticos o para un asunto que pudiera interpretarse como político”, salvo que se recibiera previamente el permiso de un jefe militar israelí.

  • En octubre, un tribunal militar israelí condenó a un año de prisión a Abdallah Abu Rahma, profesor y presidente del Comité Popular contra el Muro de la localidad cisjordana de Bilin, tras declararlo culpable de “organizar y participar en una manifestación ilegal” y de “incitación”. Lo absolvió de los cargos de “arrojar piedras” y “tenencia de armas”. Abdallah Abu Rahma fue considerado preso de conciencia.
  • En mayo, el ex técnico nuclear Mordechai Vanunu fue enviado de nuevo a prisión por un periodo de tres meses tras haber sido acusado de ponerse en contacto con un ciudadano extranjero. Fue recluido casi de inmediato en régimen de aislamiento. Se lo consideró preso de conciencia. Previamente había pasado 18 años en prisión por revelar información sobre la capacidad nuclear de Israel a un periódico británico. Desde su puesta en libertad en 2004 había estado sometido a supervisión policial en virtud de una orden militar que se renovaba cada seis meses. Entre otras cosas, la orden le prohibía comunicarse con extranjeros y salir del país. En octubre de 2010, el Tribunal Supremo de Israel desestimó una petición de anular las restricciones.
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Presos de conciencia: objeción de conciencia en Israel

Se encarceló al menos a 12 objetores de conciencia al servicio militar israelíes.

  • Shir Regev, de la localidad de Tuval, en el norte de Israel, fue encarcelado en tres ocasiones durante un total de 64 días por negarse a cumplir el servicio militar, ya que se oponía a la ocupación militar de los Territorios Palestinos por parte de Israel.
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