Italia - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República Italiana

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Italia is now live »

Jefe del Estado : Giorgio Napolitano
Jefe del gobierno : Romano Prodi
Pena de muerte : abolicionista para todos los delitos
PoblaciÓn : 58,2 millones
Esperanza de vida : 80,3 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 6/6 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 98,4 por ciento

Varias personas recibieron órdenes de expulsión que, en caso de llevarse a efecto, constituirían refoulement (devolución a un país donde la persona afectada podía correr riesgo de sufrir violaciones graves de derechos humanos), y al menos una persona sufrió malos tratos bajo custodia después de ser expulsada desde Italia. Siguieron recibiéndose informes de malos tratos a manos de agentes de la policía, y las autoridades italianas no introdujeron mecanismos efectivos de rendición de cuentas policial. Las autoridades discriminaban a las personas de etnia romaní y el Comité de la ONU contra la Tortura criticó varios aspectos del historial de derechos humanos de Italia. La tortura seguía sin tipificarse como delito en el Código Penal. Italia todavía no contaba con una legislación exhaustiva en materia de asilo.

«Guerra contra el terror»

Las autoridades italianas no cooperaron plenamente con las investigaciones acerca de las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la «guerra contra el terror» y recibieron críticas del Parlamento Europeo por su participación en entregas extraordinarias. 

Entregas extraordinarias

  • El 16 de febrero, un juez italiano dictó acta de acusación formal contra siete ciudadanos italianos, principalmente agentes del Servicio parala Información y la Seguridad Militar(SISMI) italiano, en relación con el secuestro de Abu Omar. Este ciudadano egipcio, residente en Italia, había sido secuestrado en una calle de Milán en 2003 y enviado a Egipto como parte del programa de entregas extraordinarias encabezado por Estados Unidos. A su llegada a Egipto lo detuvieron de inmediato y presuntamente lo sometieron a tortura; el 11 de febrero de 2007 quedó en libertad sin cargos. Un tribunal de Milán expidió solicitudes de extradición en julio de 2006 y dictó actas de acusación formal en febrero de 2007 contra 26 ciudadanos estadounidenses sospechosos de participar en la entrega de Abu Omar. Al final del año, el ministro de Justicia no había cursado las solicitudes de extradición de los 26 ciudadanos a las autoridades de Estados Unidos. Se creía que la mayor parte de ellos eran agentes de la CIA estadounidense.

En abril, el Tribunal Constitucional admitió a trámite un recurso del gobierno italiano en el que alegaba «conflicto de competencias». El ejecutivo sostenía que el poder judicial había asumido competencias que no le correspondían constitucionalmente al recoger parte de las pruebas en los procedimientos contra las personas acusadas de tener responsabilidad en la entrega de Abu Omar. El juicio se suspendió el 18 de junio en espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, y al terminar el año continuaba suspendido.

  • En febrero, el Parlamento Europeo condenó la entrega extraordinaria del ciudadano italiano Abou Elkassim Britel en una resolución sobre el presunto uso de países europeos por parte de la CIA para el traslado y detención ilegales de presos. Abou Elkassim Britel había sido detenido en Pakistán en marzo de 2002 por la policía paquistaní e interrogado por funcionarios estadounidenses y paquistaníes, antes de ser entregado a las autoridades marroquíes. Según los informes, el Ministerio del Interior italiano colaboró con servicios secretos extranjeros en el caso de Abou Elkassim Britel, después de su detención en Pakistán.

Ley Pisanu

Italia mantuvo una legislación –la llamada Ley Pisanu– sobre medidas urgentes para combatir el terrorismo que permitía dictar y ejecutar órdenes de expulsión contra migrantes, tanto regulares como irregulares, y carecía de protección efectiva contra la devolución de personas a países donde pudieran correr riesgo de sufrir persecución u otras violaciones graves de derechos humanos. La ley no exigía que la persona expulsada hubiera sido declarada culpable o acusada de un delito relacionado con el terrorismo. La expulsión podía ser ordenada por el ministro del Interior o, por delegación, por un prefecto (Prefetto). La Ley no exigía la confirmación o autorización judicial de la decisión de expulsión ni de su aplicación. Sí preveía la posibilidad de recurrir judicialmente contra la decisión, pero la apelación no suspendía automáticamente la expulsión. En sus observaciones finales, publicadas el 18 de mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura recomendó a Italia que cumpliese plenamente el artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en relación con la devolución. El Comité mostró una preocupación especial por la Ley Pisanu.

  • El 4 de enero, Cherif Foued Ben Fitouri fue expulsado de Italia a Túnez en virtud de las disposiciones de la Ley Pisanu. Según la orden, se le expulsaba por conocer a personas relacionadas con grupos islámicos que presuntamente planeaban actos terroristas. En Túnez lo recluyeron en régimen de aislamiento en dependencias del Ministerio del Interior. El 16 de enero lo trasladaron a una prisión bajo la jurisdicción militar. Según los informes recibidos por Amnistía Internacional, mientras permaneció detenido en Túnez lo sometieron a tortura y otras formas de malos tratos. Al final del año seguía recluido en Túnez.
  • El 29 de mayo, las autoridades italianas solicitaron al gobierno tunecino garantías diplomáticas de que, si Nassim Saadi era expulsado de Italia a Túnez, no recibiría un trato contrario al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes. El 8 de agosto de 2006, el ministro del Interior había ordenado la expulsión de Nassim a Túnez. El 14 de septiembre de 2006, Nassim Saadi presentó una petición ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que suspendiese su expulsión. El Tribunal dictó una medida provisional en virtud de la cual se suspendía la expulsión hasta nueva orden.

Fuerzas de seguridad y policiales

Italia seguía sin contar con un mecanismo efectivo de rendición de cuentas policial. Se registraron irregularidades en los procesos judiciales contra funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, acusados de cometer violaciones de derechos humanos. Una persona murió por los disparos de un agente encargado de hacer cumplir la ley y otra murió bajo custodia policial en circunstancias que al final del año estaban siendo objeto de investigaciones judiciales. Se dictaron las primeras condenas por malos tratos policiales durante la Cumbre del G-8 celebrada en Génova.

  • El 19 de octubre comenzó el juicio contra cuatro agentes de policía acusados del homicidio voluntario de Federico Aldrovandi, que falleció en Ferrara el 25 de septiembre de 2005 después de que cuatro agentes de policía le dieran el alto. Durante las investigaciones prejudiciales, las muestras de sangre tomadas en el lugar donde murió Federico Aldrovandi se perdieron y volvieron a aparecer; también se manipularon los registros de las llamadas telefónicas que se realizaron a los servicios de emergencia la noche en que murió Federico Aldrovandi.
  • El 4 de abril, según los informes, agentes encargados de hacer cumplir la ley utilizaron fuerza excesiva para controlar un enfrentamiento potencialmente violento entre seguidores de los equipos de fútbol AS Roma y Manchester United, durante un partido en el Estadio Olímpico de Roma. Imágenes y declaraciones de testigos a Amnistía Internacional mostraron que entre 60 y 100 agentes de policía italianos irrumpieron en la zona del estadio donde se encontraban los seguidores del Manchester y los golpearon severamente con porras. Varias víctimas contaron que los agentes de policía las habían golpeado repetidamente cuando se encontraban tendidas en el suelo, y en la cabeza y en la espalda desde atrás. Al final del año algunos de los agredidos todavía no se habían recuperado de las lesiones y a otros les habían dicho que quedarían parcialmente incapacitados para el resto de sus vidas.

Juicios relacionados con los incidentes durante la Cumbre del G-8

Continuaron los juicios contra los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley implicados en las operaciones policiales llevadas a cabo con motivo de la Cumbre del G-8 en Génova en 2001. Se calculaba que unas 200.000 personas participaron en las manifestaciones antiglobalización que recorrieron las calles de Génova en los días inmediatamente anteriores y durante la Cumbre.

  • El 17 de enero se supo que habían desaparecido pruebas clave durante una vista del juicio contra 29 agentes de policía procesados por varios cargos, entre ellos violencia y simulación de hecho punible en relación con el asalto policial a la escuela Díaz. La comisaría de policía (Questura) de Génova declaró que podían haber sido «destruidas por error».
  • En mayo se impuso la primera condena relacionada con los incidentes ocurridos durante la Cumbre del G-8. El Ministerio del Interior fue condenado a indemnizar con 5.000 euros a Marina Spaccini y con 18.000 euros a Simona Zabetta Coda, que habían sido golpeadas por agentes de policía en Génova.
  • En marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitió la petición presentada en el caso de Carlo Giuliani, que murió por los disparos de un agente encargado de hacer cumplir la ley durante la Cumbre del G-8.

Comité de la ONU contra la Tortura

El 18 de mayo, el Comité contra la Tortura publicó sus observaciones finales sobre Italia. El Comité recomendó a Italia que incorporase en su derecho interno el delito de tortura y adoptase una definición de tortura que abarcase todos los elementos contenidos en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. También recomendó que todos los agentes encargados de cumplir la ley contasen con el equipo y la formación adecuados para emplear medios no violentos y para no recurrir a la fuerza y a las armas de fuego más que cuando ello fuera estrictamente necesario, y de forma proporcional. El Comité observó con preocupación la persistencia de denuncias de uso excesivo de la fuerza y de malos tratos por parte de agentes de las fuerzas del orden. En relación con la rendición de cuentas de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que empleaban violencia innecesaria y desproporcionada, el Comité contra la Tortura recomendó que Italia «ref[orzase] sus medidas para garantizar una investigación pronta, imparcial y efectiva de todas las denuncias de tortura y malos tratos cometidos por agentes de las fuerzas del orden».

Derechos de las personas migrantes y refugiadas

Italia seguía sin contar con una legislación específica y exhaustiva en materia de asilo, acorde con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados.

El 24 de abril, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley del gobierno que contenía nuevas propuestas para la detención de personas migrantes. El proyecto de ley establecía directrices para enmendar la Ley Integral sobre Inmigración 286/98 (Testo Unico Immigrazione, conocida como ley turco-napolitana), modificada por la Ley 189/02 (conocida como ley Bossi-Fini). Estas directrices incluían normas sobre personas menores de edad no acompañadas, detención y expulsión. El Ministerio del Interior emitió una directiva en la que solicitaba que las prefecturas correspondientes permitiesen el acceso del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), «organizaciones humanitarias e internacionales», ONG locales y profesionales del periodismo a los centros de detención de personas solicitantes de asilo y de migrantes en situación irregular.

En sus observaciones finales publicadas el 18 de mayo, el Comité contra la Tortura afirmó que Italia debía tomar medidas efectivas para garantizar que no se utilizaba la detención de solicitantes de asilo y otros no nacionales más que en circunstancias excepcionales o como último recurso, y en tales casos sólo durante el periodo más breve posible. El Comité también afirmó que Italia debía velar por que los tribunales llevasen a cabo un examen judicial más eficaz de la detención de estas personas.

Discriminación contra personas de etnia romaní

El 2 de noviembre entró en vigor un decreto ley urgente que permitía a las autoridades italianas expulsar a ciudadanos de la Unión Europea por motivos de seguridad pública. El decreto ley incumplía la Directiva 2004/38/CE de la Unión Europea y parecía dirigirse a los ciudadanos rumanos de origen romaní, como reacción ante el presunto asesinato en Roma de una mujer italiana a manos de un hombre al que se describió como un romaní procedente de Rumania. Al cumplirse dos semanas de la entrada en vigor del decreto ley se había expulsado a 177 personas.

En mayo, los alcaldes de Roma y Milán firmaron «pactos de seguridad» que preveían el desalojo forzoso de hasta 10.000 personas de etnia romaní. A lo largo del año, las autoridades italianas llevaron a cabo desalojos a gran escala de comunidades romaníes, lo que contravenía las normas internacionales de derechos humanos. Varias personalidades políticas utilizaron lenguaje discriminatorio, entre ellas el prefecto de Roma, Carlo Mosca, que, según los informes, a principios de noviembre se refirió a los romaníes de origen rumano como «bestias» (bestie).

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