Italia

Human Rights in República Italiana

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Italia is now live »

Jefe del Estado Giorgio Napolitano
Jefe del gobierno Silvio Berlusconi
(sustituyó a Romano Prodi en mayo)

Pena de muerte abolicionista para todos los delitos
Población 58,9 millones
Esperanza de vida 80,3 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 6/6 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 98,4 por ciento

La comunidad romaní sufrió graves ataques a lo largo del año, y era escasa la información disponible sobre investigaciones efectivas de estos incidentes. Los desalojos forzosos de romaníes sumieron a este colectivo aún más en la pobreza. Varias personas recibieron órdenes de expulsión y al menos dos fueron expulsadas a Túnez, donde corrían peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos. Italia seguía careciendo de una legislación completa para la protección de las personas solicitantes de asilo. Sin embargo, tras la aplicación de legislación de la Unión Europea, entró en vigor un conjunto de normas más amplias que incluían algunas mejoras en el procedimiento de asilo. Las investigaciones sobre las denuncias de malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley fueron inadecuadas.

Discriminación y racismo contra la comunidad romaní

A lo largo del año tuvieron lugar ataques de motivación racista contra la comunidad romaní, que no recibió protección de las autoridades. Continuaron los desalojos forzosos ilegales y los prefectos recibieron poderes especiales para controlar los asentamientos romaníes.

No se reconocía a los romaníes ni a los sinti como minoría nacional.

Ataques contra asentamientos romaníes

Los ataques contra comunidades romaníes eran frecuentes, y las autoridades a menudo no impedían los actos de violencia.

En mayo, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación «por los informes sobre expresiones de odio, en particular las dirigidas a extranjeros y romaníes, atribuidas a políticos».

"...una mujer romaní embarazada de seis meses recibió reiteradas patadas en la espalda a la puerta de un bar en Rímini. "

En julio, un grupo de expertos de la ONU afirmó que estaban «consternados por la retórica agresiva y discriminatoria empleada por los líderes políticos, incluidos miembros del gobierno, al referirse a la comunidad romaní» y declaró que «el clima de hostilidad hacia la comunidad romaní ha servido para movilizar a grupos extremistas, que recientemente han lanzado una serie de ataques contra asentamientos y personas de etnia romaní».

  • El 13 de mayo, hasta un centenar de personas, según informes armadas con palos y cócteles Molotov, prendieron fuego a varias partes de un asentamiento romaní en el barrio de Ponticelli, en Nápoles. Se lanzó un cóctel Molotov a una caravana en cuyo interior había varios niños, que escaparon por poco de morir abrasados. En total, unos 800 romaníes se vieron obligados a huir del asentamiento. Ese mismo día, varios romaníes fueron también víctimas de agresiones físicas en las cercanías de Ponticelli.
  • El 6 de junio, una mujer romaní embarazada de seis meses recibió reiteradas patadas en la espalda a la puerta de un bar en Rímini.
  • Durante el año se recibieron informes de otros incendios provocados en Nápoles, Novara, Pisa, Roma y Venecia.

Desalojos forzosos

A lo largo del año siguieron llevándose a cabo desalojos forzosos ilegales de comunidades romaníes.

  • En abril, unos 800 romaníes fueron desalojados del asentamiento de Via Bovisasca, en Milán. No se les proporcionó alojamiento alternativo y no se tomó ninguna medida para proteger a las mujeres embarazadas, los ancianos y los niños que se quedaron sin hogar.
  • En junio, agentes encargados del cumplimiento de la ley destruyeron el asentamiento de Campo Boario, en Roma, en el que vivían 130 romaníes italianos. La comunidad fue trasladada a un asentamiento temporal en el barrio de Tor Vergara, donde carecían de instalaciones básicas como agua y electricidad. En octubre, la comunidad fue trasladada a otro asentamiento temporal situado a unos kilómetros de distancia del anterior, en un aparcamiento.

Nueva legislación específica para las comunidades romaníes

El 26 de mayo, el primer ministro declaró un estado de excepción aplicable a las comunidades romaníes de las regiones de Lazio, Campania y Lombardía, que estaría vigente hasta mayo de 2009. Los prefectos de estas regiones obtuvieron poderes para llevar a cabo censos de la población que vivía en los asentamientos, efectuar desalojos, hacer excepciones a una serie de leyes de ámbito nacional y tomar huellas dactilares, incluidas las de menores de edad.

Tras las críticas generalizadas de las organizaciones de derechos humanos, sólo se tomaron las huellas dactilares en situaciones excepcionales, cuando no se disponía de otro método de identificación.

Racismo

Siguieron produciéndose ataques de motivación racista, como agresiones físicas, insultos y destrucción de bienes. Tanto el comisario de derechos humanos de la Unión Europea como el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial comentaron que las declaraciones racistas de los políticos y la adopción de legislación específica para las personas migrantes contribuían a crear un ambiente hostil hacia las personas de nacionalidad extranjera. Instaron a las autoridades a emprender acciones contra la apología del odio y a introducir condenas más severas para los delitos de motivación racial.

Derechos de personas migrantes y solicitantes de asilo

Los migrantes y solicitantes de asilo que carecían de documentación válida, incluidas mujeres embarazadas y familias con hijos, eran recluidos a su llegada en centros de detención, antes de tener ocasión de solicitar protección internacional. A los migrantes y solicitantes de asilo detenidos en algunos centros se les privó del derecho a recurrir ante un tribunal la legalidad o las condiciones de su detención.

  • En el centro de detención de la localidad de Cassabile, los solicitantes de asilo permanecían recluidos hasta cinco semanas antes de que se les diese la oportunidad de presentar su solicitud.

Se recibieron informes de migrantes que habían muerto en centros de detención por no recibir atención médica a su debido tiempo.

  • El 24 de mayo, Hassan Nejl, ciudadano marroquí, murió en el Centro de Permanencia Temporal de Turín después de caer enfermo. Según otros detenidos, no recibió atención médica pronta y adecuada. Se inició una investigación judicial, pero al concluir el año no había resultados.

En virtud de un decreto adoptado el 3 de octubre, se suspendió la expulsión de los solicitantes de asilo que hubieran recurrido la denegación de su solicitud. El decreto también facultaba a los prefectos locales para restringir la circulación de los migrantes y solicitantes de asilo a un área especificada.

Las autoridades municipales adoptaron varias medidas contra las personas migrantes. El 11 de febrero, un tribunal de Milán dejó sin efecto una circular emitida por el consejo municipal de Milán, debido a su naturaleza discriminatoria. La circular restringía la inscripción de los hijos de migrantes sin permiso de residencia en centros de educación preescolar.

El comisario europeo de derechos humanos y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria plantearon sus motivos de preocupación tras la aprobación, el 21 de mayo, de un conjunto de propuestas legislativas conocido como «paquete de seguridad», para abordar la migración irregular. Según un decreto que el 24 de julio se convirtió en la Ley 125/08, si una persona migrante cometía un delito, su situación irregular se añadía a la lista de circunstancias agravantes establecida en el Código Penal que podían dar lugar a la imposición de una pena más severa.

Seguridad y medidas antiterroristas

Italia no abordó las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto del programa de entregas extraordinarias encabezado por Estados Unidos.

Complicidad en las entregas

  • El 3 de diciembre se suspendió nuevamente el juicio contra siete ciudadanos italianos, en su mayoría miembros del Servicio para la Información y la Seguridad Militar (SISMI) italiano, en relación con el secuestro de Abu Omar. (Abu Omar, refugiado egipcio residente en Italia, fue secuestrado en Milán en febrero de 2003 y trasladado en avión a Egipto, donde fue detenido y, según informes, sometido a tortura. En febrero de 2007 fue liberado sin cargos.)

En noviembre, el primer ministro declaró que el uso en ese juicio de pruebas relacionadas con los contactos con la CIA supondría una amenaza para el secreto de Estado. El juez decidió suspender el juicio al no ser posible continuar dado que la mayoría de las pruebas tenían que ver con los contactos con la CIA. El juicio quedó suspendido en espera de que el Tribunal Constitucional adoptase una decisión en marzo de 2009.

Al concluir el año, el ministro de Justicia no había cursado a las autoridades estadounidenses las solicitudes de extradición, emitidas por un tribunal de Milán, de 26 ciudadanos estadounidenses, entre ellos miembros del personal consular, agentes de la CIA y un coronel de la fuerza aérea.

Legislación antiterrorista

Italia mantuvo la legislación –la llamada Ley Pisanu, Ley 155/05–, que permite dictar y ejecutar órdenes de expulsión contra presuntos terroristas. La expulsión podía ser ordenada por el ministro del Interior o por un prefecto, cuando existiese una presunción de vínculos terroristas. La Ley no exigía la confirmación o autorización judicial de la decisión de expulsión y no garantizaba una protección efectiva contra la devolución a países donde pudiera existir riesgo de tortura o malos tratos.

  • El 28 de febrero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció en contra de la decisión adoptada en 2006 por el ministro del Interior de expulsar a Túnez a Nassim Saadi, declarado culpable en Italia de conspiración criminal. A pesar de las garantías diplomáticas, si hubiera sido devuelto a Túnez, Nassim Saadi habría corrido peligro de sufrir violaciones de derechos humanos.
  • El 4 de junio, Sami Ben Khemais Essid, ciudadano tunecino, fue expulsado a Túnez en virtud de un procedimiento acelerado aplicable a las personas consideradas un riesgo para la seguridad nacional, a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había pedido a Italia que suspendiese el traslado hasta que hubiera revisado su caso.
  • El 13 de diciembre, Mourad Trabelsi, ciudadano tunecino, fue expulsado a Túnez a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había pedido que se suspendiera la expulsión debido al riesgo de tortura y otros malos tratos que correría en Túnez. Al concluir el año, ni la familia de Mourad Trabelsi ni su abogado conocían su paradero.

Tortura y otros malos tratos

Las autoridades no incluyeron la tortura como delito en su Código Penal ni introdujeron un mecanismo efectivo de rendición de cuentas policial. Hubo constantes denuncias de tortura y malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, especialmente contra personas migrantes.

  • Continuaba el juicio sobre la muerte de Federico Aldrovandi, que falleció el 25 de septiembre de 2005 después de que cuatro agentes de policía le dieran el alto. Los agentes fueron acusados posteriormente de homicidio voluntario. El 25 de noviembre aparecieron nuevas pruebas que sugerían que la muerte de Federico Aldrovandi había sido causada por el método de inmovilización utilizado por la policía, que dificultó su respiración y le provocó una parada cardiorrespiratoria.
  • Hubo avances en el caso de Aldo Bianzino, que murió en octubre de 2007 en prisión en Perugia, dos días después de su detención. Un reconocimiento médico realizado inmediatamente después de su arresto certificó que se encontraba en perfecto estado de salud. La autopsia reveló hemorragia cerebral y rotura de hígado. La fiscalía inició procedimientos legales por asesinato sin premeditación contra personas no identificadas y contra un guardia de prisiones por no acudir en ayuda de Aldo Bianzino. Su familia estaba convencida de que murió a consecuencia de los malos tratos sufridos bajo custodia. En febrero de 2008, nuevos análisis forenses ordenados por la fiscalía concluyeron que la muerte se debía a causas naturales: aneurisma cerebral. La fiscalía pidió que se cerrase la causa por asesinato, a lo cual se opuso la familia de Aldo Bianzino. En octubre de 2008, el juez decidió que la causa no debía cerrarse.
  • El 29 de septiembre, Emmanuel Bonsu, ciudadano ghanés, fue detenido y, según los informes, golpeado por agentes de la policía municipal en Parma, lo que le produjo una lesión ocular. Al cabo de cuatro horas lo pusieron en libertad. Diez agentes de policía fueron acusados de secuestro, malos tratos y abuso de poder, entre otros delitos.

Juicios relacionados con los incidentes durante la Cumbre del G-8

Continuaron los juicios contra los manifestantes y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley implicados en las operaciones policiales llevadas a cabo con motivo de la Cumbre del G-8 en Génova en 2001.

  • En enero, el Ministerio del Interior fue condenado al pago de 35.000 euros a M.P., un médico al que agentes encargados de hacer cumplir la ley golpearon brutalmente en Génova en 2001.
  • Un total de 15 personas, entre ellas agentes de policía, guardias de prisión y médicos, fueron condenadas a penas de hasta cinco años de prisión después de ser declaradas culpables el 14 de julio de abuso de autoridad y malos tratos a manifestantes detenidos en la prisión de Bolzaneto. En noviembre, el juez admitió que sólo podía condenar a los acusados por delitos menores, ya que la tortura no era un delito en el Código Penal. Era improbable que ninguno de los condenados llegase a cumplir la condena en prisión, porque el plazo de prescripción establecido para sus delitos expiraría antes de que concluyese el proceso de apelación.
  • Un total de 13 agentes encargados de hacer cumplir la ley fueron declarados culpables el 13 de noviembre de infligir malos tratos a manifestantes que se encontraban en la escuela Armando Diaz, de difamación y de falsificación de pruebas, entre otros delitos. Los condenados y el Ministerio del Interior eran responsables de indemnizar a las víctimas. Las condenas impuestas por el tribunal italiano oscilaban entre un mes y cuatro años de prisión.

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