Italia - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República Italiana

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Italia is now live »

Jefe del Estado
Giorgio Napolitano
Jefe del gobierno
Silvio Berlusconi
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
59,9 millones
Esperanza de vida
81,1 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
5/4 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
98,9 por ciento

Continuaron los desalojos forzosos ilegales de comunidades romaníes a lo largo del año. Los intentos de controlar la inmigración por parte de las autoridades pusieron en peligro los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Italia siguió expulsando a personas a lugares donde corrían peligro de sufrir abusos contra los derechos humanos. Agentes italianos y estadounidenses fueron condenados por su participación en el programa de entregas (transferencias ilegales de presuntos terroristas entre países) de Estados Unidos. Hubo informes sobre muertes bajo custodia y continuaron las denuncias por tortura y otros malos tratos contra funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Discriminación

Se siguió negando a la comunidad romaní la igualdad de acceso a la educación, la vivienda, la asistencia médica y el empleo. Las autoridades promulgaron legislación que podía dar lugar a actos discriminatorios.

Comunidad romaní: desalojos forzosos

Los desalojos forzosos ilegales de romaníes sumieron a esta comunidad aún más en la pobreza. Sus negativas consecuencias afectaron tanto a romaníes de nacionalidad italiana como de otras nacionalidades de dentro y fuera de la Unión Europea.

  • El 31 de marzo, las autoridades de Milán desalojaron a la fuerza a una comunidad de unos 150 romaníes instalada bajo el paso elevado de Bacula, en el norte de la ciudad. Sólo se proporcionó alojamiento alternativo adecuado a cuatro familias, formadas por unas 30 personas. La mayoría de los romaníes que vivían en el asentamiento de Bacula habían sido desalojados anteriormente de otros asentamientos en Milán en 2008.
  • El 11 de noviembre, las autoridades municipales de Roma desalojaron a la fuerza a una comunidad de unos 350 romaníes de un asentamiento de Via Centocelle. Todos los refugios del campamento fueron destruidos y el municipio ofreció alojamiento temporal a corto plazo a unas 70 personas. En contra de la legislación nacional, que disponía que las autoridades debían notificar cualquier desalojo a cada persona afectada o anunciarlo públicamente, no se avisó del desalojo a los miembros de la comunidad, por lo que, al no haberse formalizado la orden, éstos no pudieron impugnarla ante los tribunales e impedir o retrasar el desalojo.

Nueva legislación

En agosto se aprobó, como parte del llamado “paquete de seguridad”, la nueva Ley 94/2009, que facultaba a las autoridades locales para autorizar la creación de asociaciones de civiles desarmados no pertenecientes a las fuerzas de policía locales o estatales para patrullar el territorio de un municipio. En los últimos años se habían documentado ataques de grupos paramilitares autónomos contra migrantes y miembros de la comunidad romaní. La aplicación de esta ley podía dar lugar a discriminación y paramilitarismo.

Derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo

En enero, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria criticó a Italia por detener sistemáticamente a migrantes y solicitantes de asilo, incluidos menores de edad, sin tener en cuenta en ningún momento si la detención era necesaria en cada caso particular y a menudo sin fundamentarla en el derecho interno. Los solicitantes de asilo tenían prohibido abandonar los centros de acogida, donde permanecían privados de libertad hasta recibir confirmación oficial de la presentación de su solicitud de asilo; la formalización del registro podía durar hasta un mes. Continuaron las expulsiones sin que se tomaran en consideración las necesidades de protección y circunstancias concretas de cada persona.

Nueva legislación

La nueva ley promulgada como parte del “paquete de seguridad” (véase supra) establecía el delito de “inmigración clandestina”. Las actuaciones penales contra solicitantes de asilo por entrada ilegal en el país sólo se suspenderían una vez presentada la solicitud de protección internacional, y no se archivarían hasta que les fuera concedida dicha protección.

Se expresó preocupación por el hecho de que la nueva ley podía disuadir a los migrantes irregulares de intentar acceder a la educación, a la asistencia médica y a la protección de los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley frente a la delincuencia por miedo a ser denunciados a la policía, sobre todo teniendo en cuenta las disposiciones del Código Penal vigente que obligaban a los funcionarios públicos (como personal docente o funcionarios de la administración local, incluido el personal responsable de expedir documentos de identidad) a poner en conocimiento de la policía o las autoridades judiciales cualquier hecho delictivo.

Obligaciones internacionales para con las personas refugiadas y migrantes

Los gobiernos de Italia y Malta no se pusieron de acuerdo sobre sus obligaciones relativas a las operaciones de rescate en el mar, dejando a los inmigrantes abandonados a su suerte durante días sin agua ni alimentos, con grave riesgo para sus vidas.

Las autoridades italianas tomaron la decisión sin precedentes de trasladar a Trípoli, Libia, a migrantes y solicitantes de asilo rescatados en el mar sin evaluar su necesidad de refugio y protección internacional. Libia no era signatario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y no había habilitado un proceso de concesión de asilo efectivo, lo cual reducía las posibilidades de recibir protección internacional en ese país. Según datos oficiales del gobierno italiano, 834 personas interceptadas o rescatadas en el mar fueron trasladadas a Libia entre mayo y septiembre, en contravención del principio de no devolución (non-refoulement), que prohíbe devolver a una persona a un país donde podría sufrir graves abusos contra los derechos humanos.

  • El 6 de mayo, tres barcos de pasajeros con unas 227 personas a bordo enviaron un mensaje de socorro al pasar cerca de la isla de Lampedusa, unos 80 kilómetros al sur. La operación de rescate se demoró debido a una disputa entre Malta e Italia en torno a quién tenía la responsabilidad sobre los barcos. Finalmente, los pasajeros fueron rescatados por dos guardacostas italianos. La guardia costera los condujo a Trípoli, sin hacer escala en ningún puerto italiano para que se evaluaran sus necesidades de refugio y protección internacional.

Seguridad y medidas antiterroristas

Las autoridades no cooperaron del todo con las investigaciones sobre abusos contra los derechos humanos cometidos en el contexto de las entregas y, en nombre de la seguridad, continuaron con la política de devolver a nacionales de terceros países a lugares donde corrían peligro de sufrir tortura. El gobierno aceptó la devolución de dos detenidos de Guantánamo.

Entregas

  • El 4 de noviembre, un tribunal penal de Milán declaró culpables in absentia a 22 agentes y funcionarios de la CIA –hombres y mujeres– y a un oficial del ejército estadounidense. La fiscalía había cursado sendas órdenes de detención contra los acusados estadounidenses en 2005 y 2006, pero los sucesivos ministros de Justicia italianos se habían negado a cursarlas al gobierno estadounidense.

Se declaró culpables a los acusados de participar en el secuestro de Usama Mostafa Hassan Nasr (más conocido como Abu Omar) en febrero de 2003. Abu Omar había sido secuestrado en Milán y trasladado en avión a Egipto –con escala en Alemania–, donde había permanecido 14 meses en detención secreta y presuntamente lo habían torturado. A otros tres nacionales estadounidenses, entre ellos el entonces jefe de la oficina local de la CIA en Roma, se les concedió inmunidad diplomática y las causas en su contra fueron archivadas. Dos miembros del ejército italiano también fueron declarados culpables y condenados a tres años de cárcel. Se archivaron las acusaciones contra el ex director del Servicio de Inteligencia y Seguridad Militar italiano y su director adjunto en virtud de una prerrogativa sobre “secretos de Estado”, al igual que las acusaciones contra otros tres italianos.

El tribunal de Milán concedió con carácter provisional un millón de euros a Abu Omar y medio millón a su esposa, Nabila Ghali, en concepto de indemnización por los abusos y las injusticias padecidas.

Devoluciones

Pese a las sentencias internacionales en contra desde que en 2005 se aprobó la legislación que disponía un procedimiento acelerado de expulsión para presuntos terroristas (Ley 155/05, llamada “Ley Pisanu”), las autoridades continuaron con la expulsión de varias personas a Túnez, país con un largo y bien documentado historial de torturas y malos tratos a presos.

  • El 24 de febrero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló en contra de Italia en relación con su decisión de expulsar a Sami Ben Khemais Essid a Túnez en 2008 (véase el apartado sobre Túnez). El Tribunal condenó a Italia por violar el principio de no devolución.
  • El 2 de agosto, las autoridades italianas devolvieron a Ali Ben Sassi Toumi a Túnez a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos las había instado a aplazar su devolución en tres sentencias distintas. En Túnez fue recluido en régimen de incomunicación y no se informó a sus familiares de su paradero hasta el 10 de agosto, cuando quedó en libertad bajo fianza. Al final del año seguía en espera de juicio por cargos relacionados con el terrorismo.

Guantánamo

El 30 de noviembre fueron transferidos a Italia Adel Ben Mabrouk y Riadh Nasseri, ciudadanos tunecinos que hasta entonces habían permanecido detenidos sin cargos en Guantánamo bajo custodia estadounidense. Ambos fueron detenidos a su llegada y se enfrentaban a su procesamiento en Italia, según informes, por cargos relacionados con el terrorismo. Al final del año continuaban en una cárcel de Milán sometidos a un régimen especial de seguridad.

Tortura y otros malos tratos y muertes bajo custodia

Hubo denuncias generalizadas de tortura y otros malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como informes de muertes bajo custodia en circunstancias controvertidas. Italia no introdujo un mecanismo independiente de denuncias contra la policía ni tipificó la tortura como delito en su derecho penal ordinario.

  • Prosiguió la investigación del caso de Emmanuel Bonsu, detenido en septiembre de 2008 por agentes de la policía municipal de Parma. Según los informes, había recibido golpes y otros malos tratos que le habían causado daños psicológicos a largo plazo. En junio, 10 agentes –hombres y mujeres– fueron procesados por lesiones, agresión, secuestro, difamación y falso testimonio, además de otros cargos menores. El juicio seguía pendiente al terminar el año.
  • El 6 de julio, cuatro agentes de policía fueron condenados a tres años y medio de cárcel cada uno por el homicidio impremeditado de Federico Aldrovandi, muerto en septiembre de 2005 tras ser interceptado por agentes de policía en Ferrara. Los agentes no habían sido apartados del servicio durante la investigación y el juicio, y al final del año habían recurrido la sentencia.
  • Stefano Cucchi murió en la sección penitenciaria del hospital Sandro Pertini el 22 de octubre, siete días después de su detención. Su familia pensaba que las lesiones que presentaba el cadáver eran indicativas de malos tratos. La fiscalía que investigaba la muerte de Stefano Cucchi acusó de homicidio impremeditado a tres guardias de prisiones y a tres médicos.

Juicios relacionados con los incidentes durante la Cumbre del G-8

Continuaron los recursos tanto por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley como de la fiscalía contra las sentencias condenatorias y las penas impuestas en 2008 por los malos tratos infligidos a manifestantes en la escuela Armando Diaz y en la prisión de Bolzaneto durante la Cumbre del G-8 en 2001.

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