Japón
Jefe del gobierno
Naoto Kan (sustituyó a Hatoyama Yukio en junio)
Pena de muerte
retencionista
Población
127 millones
Esperanza de vida
83,2 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
5/4 por cada 1.000

Siguió vigente el sistema de detención preventiva conocido como daiyo kangoku, que alentaba las prácticas de interrogatorio abusivas. El movimiento que pedía reparaciones para las “mujeres de solaz” adquirió nuevo impulso cuando varias ciudades japonesas instaron al gobierno central a indemnizar y presentar disculpas a las supervivientes de este sistema de esclavitud sexual. En julio, la ministra de Justicia creó un grupo de trabajo sobre la pena capital; ese mismo mes, dos hombres fueron ejecutados. Las personas refugiadas y solicitantes de asilo seguían expuestas a sufrir abusos; un hombre murió mientras se lo expulsaba del país, y dos inmigrantes detenidos se suicidaron.

Información general

En mayo, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos visitó Japón y pidió al gobierno que crease una institución nacional de derechos humanos, eliminase la pena de muerte y solucionase la cuestión de las “mujeres de solaz”. En junio, Naoto Kan se convirtió en primer ministro tras la dimisión de Hatoyama Yukio, que llevaba nueve meses en el cargo. El Partido Socialdemócrata se retiró de la coalición de gobierno al negarse éste a renegociar el traslado de la base aérea militar estadounidense de Futenma, en Okinawa. Tras las elecciones de julio, la coalición de gobierno perdió el control de la Cámara Alta, que quedó en manos del Partido Liberal Democrático.

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Sistema de justicia

El sistema de detención preventiva conocido como daiyo kangoku continuaba facilitando la tortura y otros malos tratos con el fin de obtener confesiones durante los interrogatorios. En virtud de ese sistema, la policía podía detener a sospechosos durante 23 días.

  • En marzo, Sugaya Toshikazu fue absuelto de asesinato tras haber pasado más de 17 años en la cárcel. Se le había concedido la celebración de un nuevo juicio tras demostrarse que las pruebas de ADN utilizadas en el primero eran deficientes y que la confesión que había realizado mientras se encontraba en prisión preventiva había sido obtenida mediante coacción.
  • El Tribunal Supremo rechazó el fallo del Tribunal Superior de Nagoya en la causa de Okunishi Masaru y ordenó al Tribunal Superior que volviese a examinar el recurso en el que se solicitaba un nuevo juicio. Era la primera vez en 34 años que el Tribunal Supremo revocaba un fallo de un tribunal inferior relativo a un recurso para la celebración de un nuevo juicio en un caso de pena de muerte. En el primer juicio, Okunishi Masaru había afirmado que lo habían obligado a confesar. Había sido absuelto por falta de pruebas. Posteriormente, el Tribunal Superior de Nagoya había anulado la absolución, y en 1969, Okunishi Masaru había sido condenado a muerte.
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Violencia contra mujeres y niñas

En mayo, la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer observó que las supervivientes de crímenes sexuales “rehúsan recibir indemnización material sin una disculpa y reconocimiento oficiales de la responsabilidad del Estado”, y consideró que el movimiento que luchaba para que las “mujeres de solaz” obtuviesen reparación era uno de los más organizados y mejor documentados. Los ayuntamientos de 21 ciudades japonesas adoptaron resoluciones en favor de ofrecer una disculpa e indemnizaciones a las supervivientes de este sistema de esclavitud sexual.

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Pena de muerte

Dos hombres fueron ejecutados en julio, justo cuando se cumplía un año desde las últimas ejecuciones. Había al menos 111 personas condenadas a muerte, algunas con enfermedades mentales graves; permanecían recluidas en condiciones duras. Las ejecuciones solían llevarse a cabo en secreto y mediante ahorcamiento. Normalmente, a los condenados se les notificaba su ejecución con apenas unas horas de antelación –si es que se les comunicaba–, y a sus familiares, después de haberla llevado a cabo.

En marzo, la Dieta (Parlamento) japonesa aprobó un proyecto de ley de abolición de las normas de prescripción en casos de asesinato punibles con la muerte. En julio, la ministra de Justicia creó un grupo de trabajo ministerial para analizar la pena capital. El grupo celebró sesiones en agosto, septiembre y octubre, pero no dio a conocer sus conclusiones.

  • En noviembre, el Tribunal de Distrito de Yokohama dictó la primera condena a muerte por asesinato impuesta bajo el sistema de saiban-in (jueces legos).
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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado seguían sufriendo prolongadas demoras, y en algunos casos tardaban hasta 10 años en resolverse. Las decisiones sobre concesión de asilo seguían tomándose sin que mediase una revisión judicial u otro tipo de examen independiente. Hasta diciembre, en torno a un millar de personas habían solicitado asilo y aproximadamente 30 habían conseguido el reconocimiento de la condición de refugiado. En virtud de la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de la Condición de Refugiado, se detuvo a solicitantes de asilo y migrantes irregulares, incluidos menores de edad, durante periodos indeterminados, sin que pudiesen solicitar un examen independiente sobre la necesidad de su detención. Japón se convirtió en el primer país asiático en reasentar a refugiados cuya condición se había tramitado en el extranjero, al aceptar a 27 personas de Myanmar cuya solicitud se había tramitado en Tailandia.

  • En marzo, el ciudadano ghanés Abubakar Awudu Suraj murió mientras funcionarios de inmigración japoneses lo llevaban a un avión para expulsarlo. Se llevó a cabo una investigación sobre su muerte, pero al finalizar el año no se habían practicado detenciones.
  • Dos hombres recluidos en el Centro de Detención para Inmigrantes de Japón Oriental se suicidaron. Algunas personas recluidas en los Centros de Detención para Inmigrantes de Japón Oriental y Japón Occidental iniciaron huelgas de hambre en mayo y febrero, respectivamente, para exigir que se dejase en libertad a quienes llevaran mucho tiempo recluidos, los menores de edad y las personas enfermas y se mejorasen las condiciones de reclusión, incluido el acceso a tratamiento médico.
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Visitas

  • Delegados de Amnistía Internacional visitaron Japón en noviembre.