Jordania - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in Reino Hachemí de Jordania

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Jordania is now live »

Jefe del Estado: rey Abdalá II bin al Hussein
Jefe del gobierno: Ma'arouf Bakhit
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

Se detuvo a decenas de personas por motivos políticos, entre ellos presuntas actividades terroristas, y según los informes se recluyó a muchas de ellas en régimen de incomunicación. Algunas de estas personas fueron juzgadas por el Tribunal de Seguridad del Estado, cuyos procedimientos distaban de cumplir las normas internacionales de justicia procesal, y fueron condenadas a penas de cárcel o, en algunos casos, a la pena capital, a pesar de que denunciaron ante el tribunal que habían sido objeto de torturas. Se recibieron nuevos informes sobre torturas y malos tratos a personas encarceladas, y se produjeron al menos cuatro muertes sospechosas bajo custodia. Se siguió restringiendo la libertad de expresión. Las mujeres eran objeto de discriminación en la ley

y en otros ámbitos y no recibían protección adecuada contra la violencia doméstica. Hubo denuncias de abusos contra trabajadores y trabajadoras migrantes. Se condenó a muerte al menos a 42 personas y se ejecutó como mínimo a cuatro.

Información general

Siguió en vigor un Memorando de Entendimiento entre el Reino Unido y Jordania, que permitía la devolución de presuntos terroristas desde el Reino Unido a Jordania. Al finalizar el año no se había devuelto a nadie a Jordania en virtud de este acuerdo.

En mayo, Jordania se convirtió en miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En octubre, en virtud de un indulto real, quedaron en libertad 129 personas encarceladas, la mayoría de las cuales, aunque no todas, habían sido declaradas culpables. Otras 266 personas detenidas, recluidas sin cargos ni juicio en virtud de la Ley de Prevención del Delito, quedaron en libertad de forma simultánea.

En diciembre, el rey pidió al gobierno que prestara la debida atención a los informes que el Centro Nacional de Derechos Humanos -organismo financiado con fondos públicos- había emitido sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el país.

Abusos en el contexto de la «guerra contra el terror»

En noviembre se aprobó el proyecto de Ley de Prevención del Terrorismo, a pesar de la preocupación, expresada dentro y fuera del país, de que no se ajustaba al derecho internacional de los derechos humanos ni a las normas internacionales de derechos humanos. La definición de «actos terroristas» recogida en la nueva ley era demasiado amplia y podría utilizarse para penalizar la pertenencia a grupos políticos de oposición u otras actividades pacíficas.

Se siguieron recibiendo informes según los cuales la prisión de Al Jafr, en el sudeste de Jordania, se estaba utilizando, o se había utilizado, en coordinación con los servicios de información estadounidenses, para la detención secreta de personas de las que las autoridades de Estados Unidos sospechaban que poseían información sobre terrorismo. El gobierno jordano negó este extremo. No obstante, la prisión se cerró en diciembre por orden del rey, que pidió una mejora de las condiciones de reclusión. El relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura visitó Jordania en junio de 2006 y describió la prisión de Al Jafr como «un centro de castigo en el que los detenidos son golpeados y sometidos de forma habitual a castigos corporales equivalentes a tortura».

En un informe del Consejo de Europa, publicado en junio, se acusaba a Jordania de desempeñar un papel destacado en el traslado, detención y tortura de ciudadanos extranjeros en el marco de la política del gobierno estadounidense sobre entregas extraordinarias.

Se detuvo a decenas de personas por motivos políticos, en muchos casos por su presunta participación en actos de terrorismo. El principal servicio de seguridad, el Departamento de Información General, responsable de la detención, reclusión e interrogatorio de sospechosos de delitos políticos, recluyó a muchas de estas personas en régimen de incomunicación; durante la reclusión pudieron sufrir torturas y malos tratos. El Tribunal de Seguridad del Estado vio al menos 34 causas de motivación política, y en 18 de ellas los acusados se retractaron de las «confesiones» que habían hecho cuando se encontraban en detención preventiva, afirmando que habían sido obtenidas bajo tortura. No se tuvo noticia de que el Tribunal investigara estas denuncias de forma satisfactoria.

Cuatro hombres, entre los que se encontraban Yazin Muhammad al-Haliq, Usama Abu Hazeem y Muhammad ?Arabiat, fueron condenados a muerte por el Tribunal de Seguridad del Estado en marzo por presunta organización de atentados terroristas y posesión de explosivos ilegales. Las penas se redujeron después a 10 años de cárcel. Según los informes, el Tribunal no tuvo en cuenta las denuncias de los acusados según las cuales los habían obligado a firmar «confesiones» que no les habían permitido ver, sometiéndolos a torturas tales como prolongadas palizas en el cuerpo y en las plantas de los pies con palos, quemaduras con cigarrillos, privación del sueño y amenazas e insultos. Al finalizar 2006, la causa estaba pendiente de un recurso de apelación ante el Tribunal de Casación.

Sheij Abu Muhammad al-Maqdisi siguió detenido, según los informes en régimen de aislamiento, en el centro de detención del Departamento de Información General en Ammán. Aunque días después de su detención, en julio de 2005, fue acusado al parecer de conspiración para cometer actos terroristas, sin que, según los informes, se le permitiera contar con asistencia letrada, al finalizar el año no había sido sometido todavía a juicio. Su detención se produjo después de una entrevista en los medios de comunicación sobre la «resistencia» a la intervención de Estados Unidos en Irak.

Tortura y malos tratos

En junio, el relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura realizó una visita de investigación a Jordania por invitación del gobierno y señaló que el Departamento de Información General y el Departamento de Investigación Criminal practicaban la tortura de forma sistemática. Pidió a las autoridades jordanas que procuraran que todas las denuncias de tortura se investigaran adecuadamente, que la utilización de la tortura se tipificara como delito de acuerdo con las normas internacionales y que se impusieran penas adecuadas a las personas declaradas culpables de actos de tortura.

Se recibieron informes persistentes según los cuales los presos islamistas eran objeto de malos tratos en las prisiones jordanas, incluidas las de Qafqafa, Swaqa y Jweideh. En los informes se señalaban prácticas de tortura como palizas por los funcionarios de prisiones, reclusión prolongada en régimen de aislamiento, negación de aire fresco y exposición a temperaturas elevadas. Según los informes, hubo al menos cuatro muertes bajo custodia en circunstancias sospechosas.

En octubre, el ministro del Interior anunció la creación en su ministerio de un Departamento de Derechos Humanos, entre cuyos cometidos figuraría la mejora de las instalaciones penitenciarias.

El 13 de abril, según los informes, la policía armada antiterrorista entró en celdas ocupadas por presos islamistas en la prisión de Qafqafa. Los reclusos y sus familiares afirmaron que el propósito de la operación era sacar a dos internos. Las autoridades señalaron que los agentes buscaban drogas y armas. Según los informes, un recluso, Khaled Fawzi ?Ali Bishtawi, murió por heridas de bala. El caso se remitió al Instituto Nacional de Medicina Forense para establecer la causa de la muerte. Los resultados no se hicieron públicos y no se tuvo noticia de que se responsabilizara a nadie del suceso.

Pena de muerte

Se condenó a muerte al menos a 42 personas, entre ellas 17 juzgadas in absentia. A 14 les conmutaron de inmediato la condena por penas de cárcel. Se ejecutó al menos a cuatro personas.

Salem Sa'ad Bin Sweid y Yasser Fathi Ibrahim Freihat fueron ejecutados en la horca en la prisión de Swaqa el 11 de marzo. El Tribunal de Seguridad del Estado los había condenado a muerte en 2004 por su participación en el homicidio del diplomático estadounidense Laurence Foley, ocurrido en Ammán en 2002. Los condenados habían denunciado ante el tribunal que los habían torturado para obligarlos a «confesar». No se tuvo conocimiento de que investigaran estas denuncias.

En el Parlamento seguían pendientes de aprobación dos propuestas de modificación de la legislación sobre la pena de muerte. Las modificaciones reducirían el número de delitos castigados con la pena capital y sustituirían la pena de muerte por cadena perpetua en el caso de delitos como la tenencia de armas o explosivos o los relacionados con drogas.

Libertad de expresión y asociación

Se produjeron nuevas violaciones del derecho a la libertad de expresión y asociación. Se invocó la Ley de Reuniones Públicas para no autorizar algunas manifestaciones, como las convocadas contra Israel. Se detuvo a varias personas, al parecer por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Algunas de ellas fueron detenidas por criticar al monarca y «fomentar conflictos sectarios o raciales».

El Tribunal Penal de Ammán condenó a los periodistas Jihad al-Moumani y Hashim al-Khalidi a dos meses de cárcel por ofender los sentimientos religiosos al reproducir unas viñetas del profeta Mahoma. Al finalizar el año ambos se encontraban en libertad bajo fianza en espera del resultado de un recurso de apelación.

En septiembre, el rey indultó a los parlamentarios Muhammad Abu Faris y ?Ali Abu Sukkar después de que el Tribunal de Seguridad del Estado los hubiera condenado a penas de cárcel por «menoscabar la unidad nacional» y «fomentar conflictos sectarios o raciales». Los parlamentarios habían expresado su pésame a los familiares del dirigente de Al Qaeda en Irak, el ciudadano jordano Abu Mus'ab al-Zarqawi, tras la muerte de éste a manos de fuerzas estadounidenses. Según los informes, uno de ellos lo había descrito como un «mártir».

Discriminación y violencia contra las mujeres

En el Parlamento seguían pendientes de aprobación unas modificaciones provisionales de la legislación sobre las mujeres. Estas modificaciones concederían a las mujeres el derecho a divorciarse sin el consentimiento de su esposo y establecerían penas para los autores de homicidios en el seno de la familia.

Se continuó invocando el artículo 98 del Código Penal como defensa en los casos de hombres que habían matado a mujeres de su familia. Este artículo permite una reducción de la pena cuando se considera que el homicidio se ha cometido en un «acceso de ira» provocado por actos ilegítimos o peligrosos de la víctima. En marzo, tras invocar el artículo 98, el Tribunal Penal impuso una pena de sólo un año de cárcel a un hombre declarado culpable del homicidio de su hija.

Según datos oficiales, 12 mujeres y 2 hombres fueron víctimas de homicidios en el seno de la familia a lo largo del año.

Trabajadores y trabajadoras migrantes

En mayo de 2006, el Comité Obrero Nacional de Estados Unidos informó de que se estaban cometiendo abusos contra los derechos de los trabajadores migrantes en más de 25 fábricas textiles de Jordania que suministraban artículos a minoristas de Estados Unidos, y afirmó que los empresarios habían confiscado los pasaportes de decenas de miles de trabajadores extranjeros, sometiéndolos así a una «servidumbre involuntaria». El Comité señaló que los abusos incluían violaciones y palizas con palos y cinturones y que a algunos empleados se les obligaba a trabajar más de 100 horas a la semana o se les dejaba de pagar el sueldo durante seis meses. Poco después, el ministro de Trabajo publicó un informe en el que se aceptaba que existían indicios de abusos en «algunas fábricas», como el impago de horas extras, pero negó muchas de las conclusiones del Comité, como las denuncias de abusos físicos.

Personas refugiadas

Casi 200 refugiados kurdos iraníes que habían huido del campo iraquí de Al Tash en enero de 2005 seguían residiendo en Irak, cerca de la frontera jordana, después de que se les negara la entrada en Jordania contraviniendo el derecho internacional sobre refugiados. Se alojaban en tiendas y subsistían gracias a las provisiones que les hacían llegar o que les regalaban viajeros de paso. En marzo se negó también la entrada en Jordania a más de 100 palestinos que habían vivido en Irak como refugiados. Estas personas pasaron varias semanas en la frontera antes de que las reasentaran en Siria. En octubre se reasentó en Canadá a otros aproximadamente 63 refugiados palestinos que, después de haber huido a Jordania, habían estado recluidos durante tres años en un campo de refugiados situado cerca de Ruweished. No obstante, otras personas permanecían recluidas en el campo.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informe

  Jordania: «Sus confesiones ya están preparadas para que las firmen». Detención y tortura de personas sospechosas de delitos políticos (Índice AI: MDE 16/005/2006)

Visitas

  Representantes de Amnistía Internacional hicieron varias visitas a Jordania en 2006.

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