Se dispersó por la fuerza a manifestantes que pedían reformas; según informes, las fuerzas de seguridad y simpatizantes del gobierno los golpearon, provocando lesiones a muchos y, posiblemente, la muerte de uno. La libertad de expresión y asociación siguió restringida. Se reformó la Constitución para prohibir expresamente la tortura. Siguieron celebrándose juicios ante el Tribunal de Seguridad del Estado, cuyos procedimientos no se ajustaban a las normas internacionales de justicia procesal. Entre las personas juzgadas figuraban unos 100 presuntos islamistas, muchos de los cuales afirmaron haber sido víctimas de tortura o malos tratos en abril, cuando se encontraban recluidos en régimen de incomunicación. Miles de personas permanecían recluidas sin cargos ni perspectivas de juicio por orden de los gobernadores provinciales. Las mujeres estaban discriminadas en la legislación y en otros ámbitos y, según informes, al menos 10 personas fueron víctimas de homicidio en nombre del “honor”. Las trabajadoras domésticas migrantes siguieron sufriendo explotación y abusos. Según información de medios de comunicación, se condenó a muerte al menos a 15 personas. No se llevó a cabo ninguna ejecución.
A lo largo de todo el año se celebraron manifestaciones en distintos lugares para pedir reformas políticas, económicas y sociales, a consecuencia de lo cual el rey prometió cambios. En febrero, el monarca nombró un nuevo primer ministro al que encomendó agilizar las reformas, y más tarde anunció que, en el contexto de dichas reformas, la monarquía delegaría poderes en el Parlamento y, en el futuro, los gobiernos se elegirían democráticamente, en función de partidos políticos representativos. En septiembre se ratificaron reformas de la Constitución que, de aplicarse, mejorarían la protección de los derechos civiles y políticos. No obstante, la opinión pública siguió criticando la lentitud de las reformas. También en octubre el rey designó un nuevo primer ministro y aprobó por decreto un nuevo gobierno. Ese mismo mes dimitió y fue sustituido por real decreto el director del Departamento General de Inteligencia, temido organismo de seguridad militar.
Manifestantes pacíficos y periodistas resultaron heridos a consecuencia, al parecer, del uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad; asimismo, según informes, varios agentes de seguridad sufrieron lesiones cuando se desató la violencia en las manifestaciones. La mayoría de éstas fueron pacíficas, pero algunas se volvieron violentas cuando simpatizantes del gobierno agredieron a los manifestantes. En al menos un caso, las fuerzas de seguridad no sólo se negaron a intervenir, sino que posiblemente también facilitaron las agresiones y participaron en ellas.
Khayri Said Jamil murió el 25 de marzo después de que simpatizantes del gobierno y las fuerzas de seguridad agredieran y apedrearan a manifestantes aparentemente pacíficos que pedían reformas los días 24 y 25 de marzo en Ammán. Las primeras agresiones por parte de simpatizantes del gobierno se produjeron en presencia de las fuerzas de seguridad, que no intervinieron. Según informes, al día siguiente se sumaron a ellas miembros de la gendarmería y de otras fuerzas de seguridad, que lanzaron a los manifestantes piedras y los golpearon con palos y porras tras haber bloqueado las vías de escape. Según se dijo, la autopsia oficial no encontró pruebas de que Khayri Said Jamil hubiera recibido golpes antes de su muerte, que se atribuyó a un paro cardiaco; sin embargo, fuentes no oficiales denunciaron que tenía los dientes rotos, contusiones en el cuerpo y heridas en la cabeza, las orejas, las piernas y los genitales. Las autoridades afirmaron que los acontecimientos del 24 y el 25 de marzo serían objeto de una exhaustiva investigación oficial, pero no facilitaron más datos y no se publicó ningún resultado.
La libertad de expresión y asociación continuó restringida en virtud de diversas leyes. Los periodistas y demás personas que criticaran al gobierno, la monarquía o las instituciones del Estado se exponían a ser detenidos y juzgados o a sufrir agresiones de simpatizantes del gobierno.
Se presentó un anteproyecto de ley de la Comisión Anticorrupción que, de aprobarse, restringiría aún más la libertad de prensa, ya que imponía multas sustanciales por la difusión o publicación de información en la que se vertieran contra alguien acusaciones de corrupción que supusieran “difamación, atentado contra su dignidad o ataque a su personalidad”. El anteproyecto seguía estudiándose al concluir 2011.
En virtud de una nueva reforma de la Ley sobre Reuniones Públicas, dejó de ser necesario obtener autorización oficial antes de celebrar reuniones públicas, pero se impuso la obligación de notificarlas con antelación a las autoridades. Sin embargo, la reforma no definía el término “reunión pública”.
El gobierno reformó el artículo 8 de la Constitución para establecer explícitamente la prohibición de someter a los detenidos a “tortura […] o daños físicos o emocionales” y su reclusión únicamente en lugares “aprobados por ley”, y para declarar inadmisibles las “confesiones” o declaraciones obtenidas con coacción. Pese a estas importantes salvaguardias nuevas, siguieron conociéndose casos de tortura y malos tratos.
En 2011, más de 100 personas, la mayoría de ellas presuntos islamistas, comparecieron en juicios injustos ante el Tribunal de Seguridad del Estado por presuntos delitos contra la seguridad del Estado. Entre otras reformas constitucionales se estipuló que no se debía juzgar a civiles ante tribunales compuestos exclusivamente por jueces militares, excepto en casos de traición, espionaje, terrorismo, delitos de drogas y falsificación. Diversas organizaciones locales e internacionales de derechos humanos, entre las que figuraba Amnistía Internacional, pidieron la abolición del Tribunal.
En agosto fueron juzgadas por el Tribunal de Seguridad del Estado unas 150 personas, aproximadamente 50 de ellas in absentia, en relación con su presunta participación en una manifestación celebrada en abril en Zarqa para pedir la liberación de cientos de islamistas presos y que había desembocado en enfrentamientos violentos entre manifestantes, simpatizantes del gobierno y las fuerzas de seguridad. Sobre los manifestantes detenidos pesaban cargos de “conspiración para cometer actos terroristas” e “incitación a causar disturbios y al sectarismo”. Habían sido detenidos los días 15 y 16 de abril, fechas en que se efectuaron detenciones masivas, y, según informes, muchos de ellos habían permanecido recluidos en régimen de incomunicación y habían sido torturados y sometidos a malos tratos, hasta el punto de que algunos mostraban aún lesiones visibles cuando sus familiares pudieron verlos por primera vez hasta cinco días más tarde. En mayo, el director de la Dirección de Seguridad Pública negó que se hubiera torturado o maltratado a los manifestantes detenidos, pero no estaba claro que se hubiera efectuado una investigación independiente.
Según el Centro Nacional de Derechos Humanos de Jordania, institución oficial, había cerca de 11.300 personas recluidas en virtud de la Ley de Prevención del Delito de 1954, que confería a los gobernadores provinciales atribuciones para recluir indefinidamente sin cargos a las personas sospechosas de haber cometido delitos o consideradas “un peligro para la sociedad”.
Las mujeres siguieron estando discriminadas en la ley y en la práctica y sufriendo actos de violencia por motivos de género. Según informaron medios de comunicación, al menos nueve mujeres y un hombre murieron a manos de familiares varones que afirmaron haber actuado en nombre del “honor” familiar.
Activistas de los derechos de las mujeres pidieron una reforma de la Ley de Ciudadanía y Nacionalidad para que las jordanas casadas con extranjeros pudieran transmitir su nacionalidad a sus hijos y a sus esposos, de igual modo que los jordanos casados con extranjeras. Sin embargo, al concluir 2011 la ley seguía sin reformarse. En junio, el rey se pronunció a favor de abolir todas las formas de discriminación jurídica de las mujeres, pero cuando se ratificó la Constitución no se había reformado el artículo 6.1 –que prohibía la discriminación por motivos de “raza, idioma o religión”– para prohibir también la discriminación por motivos de género.
Al final de una visita de 14 días que hizo a Jordania en noviembre, la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer señaló que, para que las mujeres pudieran combatir adecuadamente la desigualdad, era necesario prohibir en la Constitución la discriminación por motivos de género. Además, añadió que cualquier medida concebida con el fin de erradicar la violencia contra las mujeres debía estar precedida de mejoras en la igualdad de las mujeres.
Pese a la legislación y las normativas oficiales aprobadas desde 2008, miles de trabajadoras domésticas migrantes siguieron sin gozar de una protección adecuada contra la explotación y los abusos, incluida la violencia sexual, a manos de sus empleadores. Durante su visita de noviembre, la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer instó al gobierno a mejorar las medidas para prevenir los abusos contra las trabajadoras domésticas migrantes. Decenas de mujeres que habían huido de sus empleadores por razones que abarcaban desde el impago del salario hasta el maltrato físico se vieron imposibilitadas para volver a sus países de origen al no poder pagar las multas que se les habían impuesto por permanecer en Jordania más tiempo del autorizado por sus permisos de residencia.
Siguieron llegando a Jordania personas que huían de la violencia en Siria. En diciembre, al menos 2.300 ciudadanos sirios se habían registrado en el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, en Ammán. Jordania continuó acogiendo a decenas de miles de refugiados de otros países.
Según noticias aparecidas en medios de comunicación, se condenó a muerte como mínimo a 15 personas, aunque al menos 5 de estas condenas se conmutaron. La última ejecución había tenido lugar en 2006.
