Kazajistán - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Kazajistán

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Kazajistán is now live »

Jefe del Estado : Nursultan Nazarbaev
Jefe del gobierno : Karim Masimov (sustituyó a Danial Ajmedov en enero)
Pena de muerte : retencionista
PoblaciÓn : 14,8 millones
Esperanza de vida : 65,9 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 86/60 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 99,5 por ciento

Personas refugiadas y solicitantes de asilo de Uzbekistán y China seguían en peligro de secuestro y devolución. Las viviendas de los miembros de una minoría religiosa fueron demolidas por orden de las autoridades locales. El ámbito de aplicación de la pena de muerte se redujo significativamente.

Información general

En mayo, el presidente Nursultan Nazarbaev firmó la entrada en vigor de varias enmiendas constitucionales que aumentaban las atribuciones del Parlamento y, además, imponían un límite de dos mandatos a los futuros presidentes.

El partido que apoyaba al presidente, Nur Otan (Rayo de Luz de la Patria), obtuvo la totalidad de los escaños en las elecciones parlamentarias celebradas en agosto, unos comicios que, según la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), no se ajustaron a las normas internacionales.

El presidente Nazarbaev destituyó en mayo a su yerno, Rakhat Aliev, del cargo de embajador en Austria, y posteriormente las autoridades kazajas cursaron contra éste una orden de detención y una solicitud de extradición en relación con las palizas y el secuestro sufridos en enero por dos responsables de un banco de Kazajistán. Rakhat Aliev afirmó que las acusaciones respondían a motivos políticos. Un tribunal de Austria se negó a autorizar la extradición aduciendo que no tenía garantizado un juicio justo en Kazajistán. En noviembre comenzó el juicio de Rakhat Aliev, en su ausencia, por los cargos de secuestro, blanqueo de dinero, agresión y asesinato.

En septiembre, Kazajistán firmó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y con ello autorizó que se inspeccionaran todos los centros de detención de manera independiente y sin previo aviso.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Las autoridades siguieron cooperando con Uzbekistán, Rusia y China en aras de la seguridad regional y de la «guerra contra el terror», con actuaciones que no se ajustaban a las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y sobre refugiados. Las personas refugiadas no recibían protección efectiva y seguían en peligro de devolución (refoulement) o secuestro. En agosto, el servicio nacional de seguridad confirmó que había detenido a más de 50 miembros de partidos o grupos islamistas prohibidos y los había devuelto a Uzbekistán.

  • Ulugbek Khaidarov, periodista independiente y defensor de los derechos humanos de Uzbekistán, informó de que miembros de los servicios de seguridad uzbekos habían intentado secuestrarlo sin éxito en octubre en Shimkent, en el sur de Kazajistán. Ulugbek Khaidarov, que había huido a Kazajistán al salir de la cárcel en noviembre de 2006, fue reconocido como refugiado por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y estaba en espera de su reasentamiento.

Pena de muerte

En mayo, el ámbito de aplicación de la pena de muerte se redujo de 10 delitos «excepcionalmente graves» al delito de terrorismo con resultado de pérdida de vida. Seguía en vigor la suspensión de las ejecuciones y no se dictó ninguna condena a muerte. Los 31 presos que permanecían en espera de ejecución vieron sus condenas conmutadas por cadena perpetua.

Discriminación y demolición de viviendas

En junio, las autoridades locales autorizaron la demolición de 12 viviendas pertenecientes a la comunidad Hare Krishna de Sri Vrindavan Dham, en el pueblo de Seleksia, cerca de Almá Atá. Según las autoridades, los miembros de Hare Krishna habían adquirido ilegalmente los terrenos donde la comunidad había edificado o reformado 66 viviendas cuando tuvo lugar la privatización de propiedades en la década de 1990. La comunidad Hare Krishna negó tal acusación. En el pueblo sólo se derribaron las casas que pertenecían a miembros de la comunidad Hare Krishna.

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