Kazajistán
Jefe del Estado
Nursultan Nazarbaev
Jefe del gobierno
Karim Massimov
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
15,8 millones
Esperanza de vida
65,4 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
34/26 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
99,7 por ciento

Continuaron recibiéndose numerosos informes sobre torturas u otros malos tratos pese a las promesas del gobierno de adoptar una política de tolerancia cero ante tales actos. Persistió la impunidad de estas violaciones de derechos humanos. Las autoridades intensificaron sus esfuerzos por devolver a personas refugiadas y solicitantes de asilo a China y Uzbekistán en aplicación de las medidas vigentes en materia de antiterrorismo y seguridad nacional.

Información general

En enero, Kazajistán asumió la presidencia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) estableciendo como asunto prioritario de ella la aplicación de medidas sobre antiterrorismo y seguridad en Europa y Asia Central. Los compromisos en materia de derechos humanos no ocupaban un lugar destacado en la agenda de la presidencia.

En mayo, el Parlamento aprobó una modificación de la Constitución por la que el presidente Nursultan Nazarbaev se convertía en “líder de la nación”, lo que equivalía a concederles a él y a sus familiares más cercanos inmunidad permanente frente a posibles acciones judiciales. La modificación otorgaba también al presidente el derecho vitalicio a tener la última palabra en asuntos de política exterior y seguridad. Se tipificó como delito desfigurar imágenes del “líder de la nación” y falsear su biografía. En septiembre, el presidente Nazarbaev señaló que volvería a presentarse para otro mandato en 2012.

Arriba

Tortura y otros malos tratos

Las autoridades adoptaron varias medidas para prevenir la tortura, como ampliar el acceso de observadores públicos independientes a los centros de detención y comprometerse de manera pública a seguir una política de tolerancia cero frente a la tortura.

En febrero se procedió a evaluar el historial de Kazajistán en materia de derechos humanos en virtud del examen periódico universal de la ONU. Al presentar el informe correspondiente, la delegación del gobierno reiteró que las autoridades kazajas se habían comprometido a aplicar una política de tolerancia cero frente a la tortura y que “no descansaría[n] hasta que todos los vestigios de ese acto hubieran sido totalmente eliminados”.

En febrero, el gobierno aplazó tres años la creación del Mecanismo Nacional de Prevención, organismo independiente de control de las detenciones. Sin embargo, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura, las autoridades siguieron elaborando el marco jurídico del Mecanismo en estrecha colaboración con organizaciones intergubernamentales y ONG nacionales e internacionales.

En abril, la Fiscalía General señaló a Amnistía Internacional que se había facilitado a los miembros de comisiones independientes de control público un acceso sin precedentes a los centros de detención preventiva del Servicio de Seguridad Nacional, con cuatro visitas en 2009 y ocho en 2010.

A pesar de estas medidas, personas que habían estado bajo custodia policial afirmaron que, tanto antes como después de que su detención hubiera quedado registrada en una comisaría de policía, habían sido objeto de frecuentes torturas y otros malos tratos. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no solían respetar la legislación vigente en materia de detención, que exigía registrar las detenciones en un plazo máximo de tres horas.

En octubre, el relator especial de la ONU sobre la tortura criticó a Kazajistán por seguir ocultando la auténtica magnitud de la tortura y otros malos tratos en su sistema de prisiones y centros de detención.

Impunidad

Siguió en gran medida sin combatirse la impunidad de estas violaciones de derechos humanos. Las autoridades no cumplían de una manera plena y efectiva las obligaciones contraídas por Kazajistán en virtud de la Convención de la ONU contra la Tortura. No aplicaban tampoco las recomendaciones del Comité de la ONU contra la Tortura y de otros procedimientos especiales y organismos de la ONU encargados de la vigilancia de los tratados, en especial las relativas a emprender sin demora investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre las denuncias de tortura u otros malos tratos.

En abril, la Fiscalía General señaló a Amnistía Internacional que en 2009 sólo se habían confirmado dos denuncias de tortura a manos de agentes de seguridad y que los responsables habían sido objeto de acciones penales. Rechazó por infundadas todas las denuncias de tortura a manos de agentes de seguridad formuladas por varias personas de cuyos casos se habían ocupado el relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos.

  • En abril, Alexander Gerasimov presentó ante el Comité de la ONU contra la Tortura una denuncia contra Kazajistán, la primera formulada por un particular desde que el país ratificara el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura en 2008. Afirmaba en ella que al menos cinco policías lo habían torturado en 2007 con la técnica conocida como el “submarino seco”. Los agentes le habían atado las manos a la espalda, lo habían puesto boca abajo en el suelo y le habían colocado en la cabeza una bolsa de plástico mientras uno de ellos le clavaba una y otra vez la rodilla en la espalda. Asimismo, le habían propinado fuertes golpes en los riñones y amenazado con someterlo a actos de violencia sexual. Alexander Gerasimov había estado hospitalizado 13 días como consecuencia de las lesiones y había recibido durante más de un mes tratamiento psiquiátrico intensivo por un trastorno de estrés postraumático. En su denuncia ante el Comité, afirmaba que el caso no había sido objeto de una investigación independiente y exhaustiva y que nadie había rendido cuentas de las violaciones de derechos humanos que había sufrido.
Arriba

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

La nueva ley de refugiados vigente a partir del 1 de enero privaba a determinados solicitantes de asilo de la posibilidad de obtener la condición de refugiado en Kazajistán. Entre ellos figuraban las personas acusadas en sus países de origen de pertenecer a partidos o movimientos políticos o religiosos prohibidos, ilegales o no inscritos en el correspondiente registro. En la práctica, la exclusión afectaba especialmente a los musulmanes uzbekos que oficiaban sus ritos religiosos en mezquitas fuera del control del Estado o que eran miembros –presuntos o reales– de partidos o movimientos islamistas prohibidos en Uzbekistán y habían huido del país por el temor a ser perseguidos por sus creencias religiosas. Afectaba también a las personas de origen uigur de la Región Autónoma Uigur del Sin-Kiang, en China, acusadas formalmente de ser miembros de movimientos o partidos separatistas o sospechosas de serlo.

El recién constituido Comité de Migración del Estado, dependiente del Ministerio de Trabajo, empezó a revisar los casos de todas las personas a quienes el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, había otorgado la condición de refugiado antes del comienzo de sus actividades. Retiró dicha condición a numerosas personas de Uzbekistán y China, la mayor parte de las cuales estaban a la espera de que las reasentaran en un tercer país.

Un número cada vez mayor de estas personas, así como otros solicitantes de asilo de Uzbekistán y China, fueron detenidas arbitrariamente al darles el alto agentes de policía o del Servicio de Seguridad Nacional para comprobar su documentación, y permanecieron recluidas por cortos periodos en centros de detención preventiva o por tiempo indefinido en dependencias del Servicio de Seguridad del Estado en espera de ser devueltas a sus países de origen. Durante su reclusión, su acceso a abogados, familiares o representantes del ACNUR era limitado o nulo, y muchas denunciaron haber sido objeto de torturas u otros malos tratos.

  • En junio de 2010, agentes del Servicio de Seguridad Nacional detuvieron en Almaty a 30 refugiados y solicitantes de asilo uzbekos con el propósito de expulsarlos a Uzbekistán. Todos ellos habían huido de allí por el temor a ser perseguidos por su pertenencia a grupos religiosos prohibidos. Se dijo a las esposas de algunos de los detenidos que se los iba a extraditar por estar acusados formalmente de pertenecer a organizaciones religiosas o extremistas ilegales e intentar derrocar al gobierno.

El 8 de septiembre se concedió asilo por un año a uno de estos hombres, Nigmatulla Nabiev; no obstante, el 13 de septiembre, el fiscal adjunto de Almaty anunció que la Fiscalía General había decidido extraditar a los 29 restantes. En septiembre, al parecer, se extraditó al menos a 2 antes de que se vieran los recursos presentados contra su detención y contra la decisión de expulsarlos. A finales de diciembre se habían rechazado la mayoría de los recursos presentados por los 29. En octubre y noviembre se extraditó como mínimo a otros 2 solicitantes de asilo uzbekos.

Arriba

Los derechos humanos región a región

World regions Midde East and North Africa Asia y Oceanía Europa y Asia Central África América

África

Algunos países de África celebraron en 2010 el 50 aniversario de su independencia, y otros se preparaban para hacerl ...

América

En América se han reconocido muchos derechos humanos en la ley –aunque no siempre en la práctica– en los últim ...

Asia y Oceanía

En una región que se extiende por una tercera parte del planeta y está habitada por casi dos tercios de la p ...

Europa y Asia Central

El derecho a la verdad y la justicia, y la determinación de las víctimas y sus familiares a obtenerlas ...

Oriente Medio y Norte de África

El año 2010 se inició con Yemen ocupando de manera inusitada el centro de la atención inte ...

Ir al apartado de países