Kazajistán
Jefe del Estado
Nursultan Nazarbaev
Jefe del gobierno
Karim Massimov
Pena de muerte
abolicionista para los delitos comunes
Población
16,2 millones
Esperanza de vida
67 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
28,7 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
99,7 por ciento

Siguieron conociéndose casos de tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad, aunque el gobierno afirmaba que se estaban abordando con éxito estas violaciones de derechos humanos. Las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo de la fuerza para disolver protestas celebradas en el marco de huelgas en gran escala del sector del petróleo y el gas; detuvieron a decenas de manifestantes y simpatizantes suyos, así como a sindicalistas y activistas de oposición. Al menos 16 personas perdieron la vida en diciembre en enfrentamientos entre manifestantes y policías. Una abogada sindicalista fue condenada a seis años de cárcel por presunta incitación a la discordia social durante las huelgas. Las autoridades devolvieron a personas solicitantes de asilo y refugiadas a China y Uzbekistán a pesar de las protestas internacionales y la intervención de la ONU.

Información general

En abril, el presidente Nursultan Nazarbaev ganó unas elecciones sin otros contendientes al recibir más del 95 por ciento de los votos. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) concluyó que se habían producido “graves irregularidades” en la votación. El presidente anunció poco después su intención de crear un sistema bipartidista, y en noviembre disolvió el Parlamento unipartidista y convocó elecciones anticipadas para enero de 2012.

Las autoridades intensificaron las operaciones antiterroristas contra grupos islámicos y organizaciones y partidos islamistas no registrados o prohibidos tras producirse por todo el país un número sin precedentes de explosiones de bombas, presuntos atentados suicidas con explosivos y ataques de grupos armados sin identificar. Al menos 35 personas, entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, perdieron la vida en estos violentos sucesos, que las autoridades definieron como ataques terroristas de grupos islamistas ilegales. Las organizaciones de derechos humanos afirmaron que las autoridades utilizaban estas presuntas amenazas para la seguridad nacional para endurecer el control del Estado sobre los grupos religiosos. En octubre se promulgó una ley que imponía estrictas normas a las organizaciones religiosas, que tenían la obligación de volver a registrarse oficialmente en el plazo de 12 meses para no enfrentarse a su cierre. También establecía que todas las mezquitas que no se sometieran a la autoridad del Consejo Musulmán, controlado por el Estado, serían prohibidas.

El 16 de diciembre, violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías –los peores de la historia reciente del país– empañaron las celebraciones del 20 aniversario de la independencia de Kazajistán en Zhanaozen, ciudad petrolera del suroeste del país. Hubo al menos 15 muertos y más de 100 heridos de gravedad. Un manifestante fue posteriormente víctima de homicidio en un episodio aislado. Según las autoridades, se incendiaron o destruyeron 42 edificios, incluido el ayuntamiento. El presidente declaró el estado de excepción en Zhanaozen durante 20 días y envió refuerzos militares y una comisión especial para que investigara los actos de violencia. Se cortaron temporalmente todas las comunicaciones de la ciudad. Tras visitar Zhanaozen el 22 de diciembre, el presidente atribuyó la responsabilidad de la violencia a “jóvenes gamberros” que se habían aprovechado del desencanto y la indignación de los trabajadores en huelga para destruir y saquear bienes privados y públicos, y afirmó que las fuerzas de seguridad habían actuado totalmente de acuerdo con la ley. Sin embargo, la Fiscalía General abrió una investigación criminal sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes de seguridad, tras publicarse unas imágenes de vídeo de los acontecimientos, e invitó a la ONU a participar en una investigación imparcial sobre la violencia.

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Tortura y otros malos tratos

En julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU examinó el informe de Kazajistán relativo al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Lamentó que Kazajistán no hubiera avanzado más en la eliminación de la tortura y puso en duda la voluntad política de las autoridades para cumplir sus compromisos, especialmente a la hora de poner en marcha investigaciones efectivas sobre las denuncias de tortura u otros malos tratos. También en julio, el presidente firmó un decreto por el que se traspasaba de nuevo el control del sistema penitenciario al Ministerio del Interior, medida regresiva que ponía fin a los esfuerzos realizados por el gobierno y las ONG durante años. El acceso de observadores públicos a cárceles y centros de detención preventiva había mejorado considerablemente desde el traspaso de esta competencia al Ministerio de Justicia en 2004. En cambio, el acceso a los calabozos policiales y otros lugares de detención bajo la autoridad del Ministerio del Interior seguía siendo problemático, y la mayoría de las denuncias de tortura recibidas continuaban refiriéndose a estos centros.

  • Según informes, 15 agentes de policía atacaron el 25 de julio a Nikolai Maier, de 21 años, y a cuatro amigos suyos cuando estaban sentados en el patio de su bloque de apartamentos en la localidad de Rudni. Según testigos, golpearon a los jóvenes con porras de goma y les dieron patadas. Nikolai Maier perdió el conocimiento. Luego los agentes llevaron a los cinco, detenidos, a la comisaría. Nikolai Maier fue acusado de poner en peligro la vida y la salud de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. A la mañana siguiente lo llevaron al hospital, donde se le diagnosticó conmoción cerebral y lesiones de cabeza, ojo y muslo. Fue puesto bajo arresto domiciliario. A pesar de los informes médicos y las numerosas denuncias de su familia y su abogado, la fiscalía no investigó las presuntas torturas y malos tratos policiales. El Departamento Regional del Interior de Kostanai concluyó que el uso de la fuerza por parte de los agentes había estado justificado. El juicio comenzó en noviembre, y al final de diciembre no se había dictado sentencia.
  • Tras los violentos sucesos del 16 de diciembre en Zhanaozen, ex detenidos y familiares de detenidos informaron de que decenas de personas –incluidas mujeres jóvenes– habían sido detenidas y sometidas a régimen de incomunicación en celdas policiales atestadas. Afirmaron que las habían desnudado, propinado golpes y patadas y empapado con agua helada. Hubo periodistas que dijeron haber oído gritos procedentes de las salas de interrogatorio en comisarías de policía. Pero los observadores independientes tenían prohibido el acceso, por lo que les resultó difícil corroborar las denuncias. Al menos un hombre murió presuntamente a causa de las torturas sufridas bajo custodia policial.
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Derechos laborales

Miles de trabajadores de la industria petrolera del suroeste de Kazajistán protagonizaron sucesivas huelgas y protestas públicas a partir de mayo tras desacuerdos sobre las condiciones salariales y laborales. Las empresas emprendieron acciones legales y, como consecuencia, las huelgas fueron declaradas ilegales y se despidió a cientos de trabajadores que participaban en ellas.

Las autoridades hicieron uso excesivo de la fuerza para disolver las protestas en Zhanaozen y otros lugares y detuvieron a decenas de trabajadores en huelga, así como a sindicalistas y activistas de partidos políticos de oposición. A la mayoría de los detenidos se les impuso detención administrativa por un breve periodo o el pago de una multa. Las fuerzas de seguridad amenazaron, detuvieron y golpearon a familiares y simpatizantes de los trabajadores en huelga y hostigaron a observadores de derechos humanos. Algunos periodistas independientes que informaban sobre las huelgas fueron agredidos por desconocidos en octubre. A los motivos de queja de los trabajadores se sumó el hecho de que las autoridades no investigaran estas violaciones de derechos humanos, lo que agravó las tensiones. Pero los episodios del 16 de diciembre de Zhanaozen hicieron que aumentara el grado de escrutinio nacional e internacional. Tras visitar Zhanaozen el 22 de diciembre, el presidente destituyó a los principales cargos directivos regionales y nacionales de la compañía estatal de petróleo y gas, así como al gobernador de la región, por no dar soluciones adecuadas a las reivindicaciones de los trabajadores del petróleo en huelga.

  • El 16 de diciembre, en Zhanaozen, grupos de jóvenes y trabajadores del petróleo que llevaban en huelga desde mayo destrozaron los adornos con que se había engalanado la plaza Mayor de la ciudad para celebrar el día de la independencia y, según la información recibida, atacaron con piedras a las autoridades policiales y municipales. Según testigos presenciales, algunos agentes realizaron disparos de advertencia al aire, pero otros dispararon directamente contra la multitud congregada en la plaza, de la que formaban parte mujeres y niños que habían ido a la celebración. Imágenes de vídeo grabadas por aficionados mostraron a las fuerzas de seguridad apuntando con sus armas y disparando contra manifestantes que huían a la carrera, y también golpeando a los heridos que habían caído al suelo. Al menos hubo 15 muertos y más de 100 heridos de gravedad. La Fiscalía General anunció que se había detenido a 16 personas por organizar los actos de violencia y a más de 130 por participar en disturbios multitudinarios violentos.
  • El 24 de mayo, Natalia Sokolova, abogada y sindicalista que representaba a los trabajadores de la empresa petrolera Karazhanbasmunai, fue declarada culpable de organizar una reunión multitudinaria no autorizada en Aktau y condenada a detención administrativa. El mismo día de su liberación fue acusada de “incitar a la discordia social” y sometida a reclusión preventiva durante dos meses. Las reiteradas peticiones de permiso para visitarla que hicieron sus familiares fueron rechazadas. El 8 de agosto, el tribunal municipal de Aktau condenó a Natalia Sokolova a seis años de cárcel, y el 26 de septiembre, el Tribunal Regional de Mangistau desestimó un recurso de apelación que había presentado alegando que sólo había actuado en su calidad profesional de asesora jurídica del sindicato. Al final de diciembre estaba pendiente un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo.
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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Las autoridades intensificaron los esfuerzos por devolver a solicitantes de asilo y refugiados a China y Uzbekistán a pesar de las protestas internacionales y la intervención de la ONU.

  • El 30 de mayo se llevó a cabo la devolución a China de Ershidin Israil, ciudadano chino de etnia uigur y de profesión maestro. El 14 de junio, las autoridades chinas confirmaron que estaba bajo su custodia y que se lo trataba como “presunto terrorista de primer orden”. Ershidin Israil había huido de China a Kazajistán en septiembre de 2009, después de conceder una entrevista a Radio Free Asia en la que denunció la presunta muerte a golpes bajo custodia de un joven de etnia uigur implicado en los disturbios de julio de 2009 de Urumqi. En marzo de 2010, Ershidin Israil vio reconocida su condición de refugiado en Kazajistán por el ACNUR –la agencia de la ONU para los refugiados– y fue aceptado para su reasentamiento en Suecia. Pero el 3 de abril de ese año, las autoridades kazajas lo pusieron bajo custodia. Aunque solicitó asilo en Kazajistán en cinco ocasiones, los tribunales rechazaron su solicitud en todas ellas.
  • El 9 de junio, Kazajistán extraditó a 28 hombres de etnia uzbeka a Uzbekistán, donde corrían peligro real de sufrir tortura. El Comité de la ONU contra la Tortura había reafirmado en mayo las medidas cautelares de 2010, que prohibían su extradición. Al final de diciembre seguían en peligro de devolución otros 4 hombres de etnia uzbeka que continuaban detenidos, así como las esposas y los hijos de los 32. Algunas mujeres emparentadas con los detenidos hicieron campaña en favor de su seguridad. Hablaron públicamente de las penosas condiciones que soportaban bajo custodia, las palizas y otros malos tratos que sufrían a manos de las fuerzas de seguridad y los riesgos que corrían si los devolvían a Uzbekistán. Por ese motivo, las fuerzas de seguridad intimidaron y amenazaron a estas mujeres.

Los hombres habían huido inicialmente de Uzbekistán por temor a sufrir persecución debido a sus prácticas o creencias religiosas, o a su pertenencia a organizaciones islamistas prohibidas o no inscritas en el registro. Su detención se había practicado en junio de 2010 a petición del gobierno de Uzbekistán. Los recursos presentados contra la decisión de extraditarlos fueron desestimados por un tribunal de distrito el 15 de marzo en Almaty.

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