Kenia
Jefe del Estado y del gobierno
Mwai Kibaki
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
40,9 millones
Esperanza de vida
55,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
112/95 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
86,5 por ciento

Se aprobó una nueva Constitución que ofrecía una base más completa para la protección y realización de los derechos humanos. La Constitución proporcionaba también un marco para abordar reformas muy necesarias en los ámbitos político y judicial, entre otros. El gobierno introdujo varias leyes con el fin de hacer efectivas las disposiciones de la nueva Constitución. Sin embargo, seguía prevaleciendo la impunidad por violaciones de derechos humanos perpetradas durante el año y en el pasado, como los delitos cometidos en el marco de la violencia que siguió en 2007-2008 a las elecciones de 2007 y la violencia endémica contra las mujeres.

Información general

El 4 de agosto se sometió a referéndum la adopción de una nueva Constitución. Una mayoría significativa (casi dos tercios) de los votantes dieron su apoyo a la nueva norma, que entró en vigor el 27 de agosto.

Las campañas para el referéndum y el desarrollo del referéndum propiamente dicho fueron relativamente pacíficos, aunque se recibieron algunos informes de violencia, como los relacionados con los tres ataques con granadas perpetrados en junio mientras tenía lugar una concentración de personas contrarias a la Constitución propuesta en el parque Uhuru, en la capital del país, Nairobi. Seis personas perdieron la vida y más de un centenar resultaron heridas por las explosiones y en la posterior desbandada. El gobierno anunció investigaciones sobre los atentados, pero al terminar 2010 no se tenía noticia de que se hubiera producido avance alguno.

En junio, tres miembros del Parlamento y un activista político fueron detenidos y procesados por comentarios en los que se daba a entender que ciertas comunidades tendrían que abandonar sus hogares si se ratificaba la Constitución. Al terminar el año su juicio no se había celebrado.

El organismo oficial responsable de la lucha contra la corrupción presentó varias demandas ante los tribunales contra funcionarios públicos de gran relevancia. Los procedimientos seguían en curso al terminar el año. En aplicación de la nueva Constitución se suspendió en sus funciones a un ministro del gobierno acusado de corrupción en un caso judicial que estaba pendiente de resolución.

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Impunidad

No se implementaron medidas para garantizar la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos, incluidos posibles crímenes de lesa humanidad, cometidas en la violencia postelectoral de 2007-2008. Estaba estancado en el Parlamento un proyecto de ley presentado por diputados que tenía por objeto establecer un tribunal especial para investigar y enjuiciar estos delitos.

  • No se registraron avances en las investigaciones sobre los homicidios de Oscar Kingara y Paul Oulu, activistas de los derechos humanos que murieron en 2009.
  • Al terminar el año no se había puesto a disposición de la justicia a los asesinos de Francis Kainda Nyaruri, periodista por cuenta propia asesinado en 2009.

Impunidad: policía y fuerzas de seguridad

El gobierno anunció que estaba concluyendo tres propuestas de ley sobre reformas policiales: el proyecto de Ley sobre la Autoridad Independiente de Supervisión de la Función Policial (que establecía un organismo supervisor de la policía), el proyecto de Ley del Servicio de Policía Nacional (que establecía un nuevo marco legal para la labor policial) y el proyecto de Ley sobre la Comisión del Servicio de Policía Nacional (que establecía una comisión del servicio de policía). Al terminar el año estos proyectos de ley no se habían presentado al Parlamento.

La policía y otro personal de seguridad fueron responsables de algunos homicidios ilegítimos y otras violaciones de derechos humanos. En marzo, testigos presenciales informaron de que siete hombres habían muerto a causa de disparos efectuados por un grupo de agentes de la Policía Administrativa durante una operación policial en el asentamiento informal de Kawangware, en Nairobi. Los agentes afirmaron que los fallecidos formaban parte de una banda delictiva, pero los testigos dijeron que eran taxistas. Al terminar el año, el juicio de los siete agentes de policía acusados formalmente del homicidio de estos hombres estaba pendiente en el tribunal.

No se puso a disposición de la justicia a ningún agente de policía ni a personal de seguridad por los homicidios ilegítimos y otras violaciones de derechos humanos cometidas durante el año y en el pasado reciente.

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Justicia internacional

En marzo, la Corte Penal Internacional decidió investigar los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos durante la violencia postelectoral de 2007-2008. En diciembre, el fiscal de la Corte solicitó a ésta que dictase órdenes de comparecencia contra seis personas por crímenes de lesa humanidad cometidos presuntamente durante la violencia postelectoral. Ese mismo mes, el Parlamento aprobó una moción en la que se pedía al ejecutivo que diese los primeros pasos para retirarse del Estatuto de Roma por el que se establecía la Corte y para que derogase la Ley de Delitos Internacionales, que incorporaba el Estatuto a la legislación keniana. La reacción formal del gobierno a esta moción estaba pendiente al final del año.

Aunque Kenia tenía la obligación de detener y entregar a la Corte Penal Internacional a toda persona que fuera objeto de una orden de detención, en agosto, con motivo de las celebraciones relacionadas con la aprobación de la nueva Constitución, el gobierno recibió al presidente de Sudán, Omar al Bashir, contra quien la Corte había dictado órdenes de detención en marzo de 2009 y julio de 2010.

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Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación

La Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación establecida tras la violencia postelectoral comenzó sus actividades. Al terminar el año llevaba a cabo un proceso de toma de declaraciones de posibles testigos en todo el país. Sin embargo, su labor se veía entorpecida por las dudas relativas a la credibilidad de su presidente y la falta de financiación. En abril dimitió la vicepresidenta de la Comisión, denunciando que el presidente había estado implicado en violaciones de derechos humanos y otros asuntos que podrían ser objeto de investigación por la Comisión. Atendiendo a la petición presentada en abril por ocho de los nueve miembros de la Comisión, en octubre el presidente de la Judicatura designó un tribunal con el cometido de investigar el asunto. En noviembre, el presidente de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación presentó su renuncia en espera del informe del tribunal, que debía darse a conocer en el plazo de seis meses.

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Protección de testigos

En junio entró en vigor la Ley de Protección de Testigos (Enmienda), que ampliaba la definición de testigo necesitado de protección y establecía un organismo independiente para dicha protección.

Hasta 22 testigos que prestaron declaración en una investigación oficial llevada a cabo en 2008 sobre la violencia postelectoral, y que podrían ser llamados a declarar en futuros juicios ante la Corte Penal Internacional o en otros tribunales, vivían con miedo, según los informes. Un número desconocido de testigos huyeron del país tras recibir amenazas.

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Violencia contra mujeres y niñas

La violencia sexual y otras formas de violencia por motivos de género seguían siendo endémicas en todo el país. El Estudio Demográfico y de Salud 2008-2009, de carácter oficial, reveló que la violencia conyugal era un fenómeno generalizado, en particular la violación marital, que no estaba tipificada como delito en la legislación keniana. El estudio reveló también que en algunas comunidades se seguía practicando la mutilación genital femenina. Debido al estigma social que recaía sobre las víctimas, la mayoría de los incidentes de violencia sexual y de género no se denunciaban.

En julio, el Parlamento aprobó la Ley contra la Trata de Personas, que penalizaba la trata de seres humanos, incluida la trata de niños y niñas. El presidente sancionó la Ley en octubre.

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Derecho a la vivienda

El gobierno no hacía cumplir las leyes y normas en vigor sobre saneamiento en los barrios marginales y asentamientos informales, por lo que millones de personas carecían de acceso a retretes o a instalaciones privadas de aseo. La falta de acceso a instalaciones en las inmediaciones de las viviendas, unida a la inexistencia de una presencia policial efectiva en los barrios y asentamientos marginales, ponían a las mujeres en riesgo de sufrir violencia sexual, especialmente por la noche.

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Desalojos forzosos

Más de 50.000 personas que vivían junto a vías férreas continuaban bajo la amenaza de sufrir desalojos forzosos tras emitir en marzo la Kenya Railways Corporation, propiedad del Estado, un aviso de que debían abandonar los terrenos en el plazo de 30 días. La compañía anunció que los desalojos se debían a un proyecto de mejora. Aunque los desalojos no se habían llevado a cabo, al terminar el año la compañía ferroviaria no había retirado formalmente la amenaza de proceder a su ejecución. La mayoría de las personas que podían verse afectadas llevaban años viviendo y trabajando en esos terrenos, y el periodo de aviso de 30 días era totalmente inadecuado. No se hizo público ningún plan integral de reasentamientos o indemnizaciones, y el gobierno no adoptó medidas destinadas a las personas que, como consecuencia del proyecto, perderían sus hogares, medios de sustento, posesiones y redes sociales.

En julio, bulldozers del Consejo Municipal de Nairobi demolieron un centenar de viviendas y 470 puestos de mercado en Kabete, Nairobi. Las personas afectadas no habían recibido ningún tipo de aviso oficial. Residentes enojados se enfrentaron con policías armados en los días siguientes al estallar las tensiones en el asentamiento. Un hombre de 74 años que intentaba quejarse de que la policía había golpeado a una mujer murió al ser disparado por la policía desde corta distancia. Al terminar el año el agente que disparó no había sido puesto a disposición de la justicia. Los desalojos dejaron sin hogar a cientos de personas, principalmente mujeres y niños. Muchas dormían a la intemperie, sin mantas ni ropa de abrigo, y no tenían dinero para comprar alimentos ni otros artículos esenciales.

El gobierno anunció en repetidas ocasiones planes para seguir desalojando a miles de personas del complejo del bosque de Mau. Cientos de familias desalojadas del complejo en 2009 permanecían en campos improvisados para personas desplazadas, sin acceso adecuado a alojamiento de emergencia y otros servicios.

Al terminar el año el gobierno no había cumplido el compromiso contraído en 2006 de hacer públicas unas directrices nacionales sobre desalojos.

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Personas internamente desplazadas

Miles de personas continuaban desplazadas como consecuencia de la violencia postelectoral de 2007-2008. Hasta septiembre, el gobierno sólo había proporcionado tierras para el reasentamiento de unos cientos de familias. Después de los desalojos del complejo del bosque de Mau, unas 30.000 personas continuaban desplazadas en una docena de campos improvisados.

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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Continuaba el cierre de la frontera entre Kenia y Somalia, lo que limitaba la capacidad del gobierno, la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) y otras organizaciones para abordar las necesidades de las personas refugiadas y solicitantes de asilo somalíes (véase el apartado sobre Somalia). Las autoridades de Kenia seguían impidiendo que algunos solicitantes de asilo somalíes entrasen en el país, y devolviendo a Somalia a algunos de los que cruzaban la frontera.

El hacinamiento en tres campos de refugiados de Dadaab que albergaban a miles de refugiados somalíes seguía dificultando el acceso de estas personas a alojamiento, agua, servicios de saneamiento y otros servicios esenciales. El gobierno acordó que uno de los campos de Dadaab podría ser ampliado y que se establecería un cuarto campo.

Las autoridades kenianas siguieron negando las acusaciones de estar implicadas en el reclutamiento forzoso de refugiados como soldados para apoyar al Gobierno Federal de Transición de Somalia en 2009. Algunos reclutados en los campos de Dadaab tenían menos de 18 años.

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Transferencia ilegítima de detenidos

Entre julio y septiembre, hasta 12 personas sospechosas de participar en atentados con bombas en Kampala fueron detenidas y trasladadas de Kenia a Uganda al margen de los procedimientos legales establecidos, como los que regulan la extradición, que exigen órdenes de detención recíprocas en ambos países y vistas judiciales. Las autoridades de Kenia ignoraron asimismo las solicitudes de hábeas corpus presentadas en favor de algunas de estas personas, que fueron trasladadas de modo ilegítimo a Uganda y acusadas formalmente de terrorismo y asesinato (véase el apartado sobre Uganda).

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Pena de muerte

Los tribunales seguían imponiendo la pena de muerte, aunque no se tuvo noticia de ninguna ejecución. La pena de muerte se mantenía en la nueva Constitución.

En julio, el Tribunal de Apelación, máxima instancia judicial de Kenia, declaró inconstitucional la solicitud preceptiva de la pena de muerte para el delito de asesinato por considerarla “antitética con las disposiciones constitucionales relativas a la protección contra penas o tratos inhumanos o degradantes y a la celebración de juicios justos”. El Tribunal afirmó expresamente que el razonamiento que sustentaba su rechazo de la obligatoriedad de la pena capital para el delito de asesinato podría aplicarse también a otros delitos penados con la muerte como la traición, el robo con violencia y el intento de robo con violencia. Sin embargo, el Tribunal resolvió que la pena de muerte en sí misma era constitucional.

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Los derechos humanos región a región

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