Los trabajadores y trabajadoras migrantes seguían sufriendo explotación y abusos y exigían protección de sus derechos. En algunos casos se procedió a su expulsión por haber participado en manifestaciones masivas. El gobierno prometió mejorar sus condiciones. Se procesó a periodistas. Se denunció un caso de tortura. Había al menos 12 personas condenadas a muerte, pero no se tuvo noticia de ninguna ejecución.

Derechos de las personas migrantes

En julio, millares de trabajadores y trabajadoras migrantes, en su mayoría de Bangladesh, celebraron manifestaciones masivas en demanda de mejores salarios y condiciones de trabajo. La policía utilizó porras y gas lacrimógeno para dispersarlos, y, según informes, fueron detenidos y expulsados alrededor de un millar de ellos. Algunos denunciaron haber sido golpeados y sometidos a otros malos tratos por la policía en el momento de su detención y estando ya bajo custodia.

Tras los disturbios, el gobierno estableció un salario mensual mínimo para los trabajadores de la limpieza y los guardias de seguridad empleados por empresas con contratos del Estado, pero no para otros trabajadores. El 8 de septiembre, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento pidió una revisión del sistema que obligaba a los trabajadores extranjeros a contar con el patrocinio de un empleador kuwaití.

Los millares de mujeres empleadas en el servicio doméstico eran especialmente vulnerables a los abusos de sus empleadores. En agosto, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento propuso un nuevo proyecto de ley que castigaba con penas de hasta 15 años de cárcel delitos como el trabajo forzado, los abusos contra trabajadores y la explotación sexual de personas empleadas en el servicio doméstico.

"...se procesó a periodistas por difamación y otros cargos..."

Seguridad y medidas antiterroristas

Continuaron privados de libertad cuatro kuwaitíes que se hallaban recluidos en el centro de detención estadounidense de Guantánamo. El 22 de octubre, los fiscales militares estadounidenses presentaron cargos por crímenes de guerra contra dos de ellos, Fouad al Rabia y Faiz al Kandari. Si eran declarados culpables de conspiración y apoyo al terrorismo, ambos podían ser condenados a cadena perpetua.

• El 22 de mayo, unos agentes enmascarados de los servicios de Seguridad del Estado detuvieron a Adel Abdul Salam al Dhofairi, le vendaron los ojos, le pusieron esposas y grilletes y lo interrogaron durante tres días. Le pidieron que identificara a un afgano sospechoso de enviar gente a Afganistán y lo acusaron de pasar a este hombre una pequeña suma para familias necesitadas, lo que él negó. Los agentes lo golpearon brutalmente, lo sumergieron en agua helada y lo obligaron a correr por un pasillo con los ojos vendados y esposado. Luego lo llevaron ante el fiscal, que autorizó prorrogar su detención 15 días y le impuso una multa. Lo dejaron en libertad sin cargos tras haber pasado 18 días detenido. Adel al Dhofairi intentó presentar una denuncia ante las autoridades, pero no lo consiguió. No se llevó a cabo ninguna investigación.

Libertad de expresión

En julio se formó un sindicato independiente de periodistas, cuya fundación había sido rechazada cuatro años antes por un tribunal. No obstante, se procesó a periodistas por difamación y otros cargos, aunque éstos no entrañaban ya penas de prisión.

• El 8 de marzo, el Tribunal Penal de la ciudad de Kuwait impuso sendas multas a los directores de dos semanarios y retiró a éstos el permiso de publicación: Mansur Ahmad Muhareb al Hayni, director de Al Abraj, fue declarado culpable de difamar al primer ministro, y Hamed Turki Abu Yabes, director de Al Shaab, de publicar artículos políticos, cuando su semanario sólo estaba autorizado a tratar asuntos de arte y cultura.

Se propuso una nueva ley para castigar a los «delincuentes de Internet» que, según informes, prescribía penas de prisión y multas por diversos delitos cometidos a través de la red, como promover conductas inmorales, fomentar sentimientos en contra del gobierno, divulgar secretos de Estado e insultar al islam.

Pena de muerte

Había al menos 12 personas con condenas de muerte, seis de ellas impuestas en 2008, pero no se tuvo noticia de ninguna ejecución. El Tribunal Supremo confirmó cuatro penas de muerte, pero el jefe del Estado, el emir, conmutó dos.

En diciembre, Kuwait votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

• El 24 de junio, el Tribunal Supremo confirmó la condena de muerte impuesta a un miembro de la familia real, Sheij Talal bin Nasser al Sabah, en diciembre de 2007 por contrabando de drogas.

• El 8 de julio, el emir conmutó una condena de muerte impuesta a May Membriri Vecina, trabajadora doméstica filipina que había sido declarada culpable de asesinar a uno de los hijos de su empleadora y de intentar asesinar a otros dos. En el juicio, la mujer denunció que su empleadora la sometía a abusos físicos y psicológicos, que le habían causado incapacidad mental.