Kuwait
Jefe del Estado
Al Shaij Sabah al Ahmad al Jaber al Sabah
Jefe del gobierno
Al Shaij Jaber al Mubarak al Hamad al Sabah (sustituyó a Al Shaij Naser Mohamad al Ahmad al Sabah en noviembre)
Pena de muerte
retencionista
Población
2,8 millones
Esperanza de vida
74,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
9,9 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
93,9 por ciento

La libertad de expresión estaba restringida. Las personas críticas con el gobierno, incluidas las que hacían uso de las redes sociales, se exponían a ser detenidas. Las fuerzas de seguridad golpearon a manifestantes. Un hombre murió bajo custodia policial, al parecer tras haber sido torturado. Las mujeres continuaban estando discriminadas en la legislación y en la práctica. Se seguía negando la nacionalidad kuwaití a miles de bidún (apátridas), con lo que se les privaba también de acceso a los servicios de salud, la educación y el empleo en pie de igualdad con la ciudadanía. Se condenó a muerte al menos a 17 personas; no se tuvo constancia de ninguna ejecución.

Información general

Se celebraron varias manifestaciones, algunas inspiradas al parecer en acontecimientos de otros lugares de la región. Debido aparentemente a ellas, entre otras razones, en febrero el gobierno concedió a los ciudadanos kuwaitíes ayudas que, según informes, ascendían a unos 4.000 dólares estadounidenses, así como raciones de alimentos. En junio, cientos de kuwaitíes, en su mayoría jóvenes, se manifestaron para pedir un cambio de gobierno y el fin de la corrupción. En septiembre se desencadenó una oleada de huelgas de trabajadores, que reivindicaban aumentos salariales y mejores prestaciones. En noviembre, en respuesta a las crecientes exigencias de los manifestantes que ocuparon el Parlamento y de miembros de la oposición, dimitió el primer ministro. En mayo, Kuwait fue elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. También en mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura examinó el historial de Kuwait, y en octubre lo hizo el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

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Libertad de expresión y reunión

Quienes criticaban al gobierno se exponían a ser detenidos. En general, las manifestaciones se permitían, si bien al menos una fue disuelta por la fuerza. En algunas ocasiones, la policía antidisturbios golpeó a manifestantes.

  • En enero, el Tribunal Supremo revocó la condena de prisión impuesta en 2010 al periodista Muhammad Abd al Qader al Jasem, que había sido declarado culpable de difamación en una causa abierta en su contra a instancias del primer ministro. Seguían pesando sobre él otras acusaciones de difamación.
  • El ciberactivista Nasser Abul fue detenido el 7 de junio y acusado de delitos contra la “seguridad del Estado”, como “dañar los intereses del país” y “cortar la relación política con países hermanos”, a causa de unos mensajes que había publicado en Twitter. El 24 de septiembre fue declarado culpable de escribir comentarios despectivos sobre los musulmanes suníes y condenado por ello a tres meses de prisión, si bien quedó inmediatamente en libertad, dado el tiempo que llevaba ya recluido. Fue absuelto de los cargos de insultar a las familias gobernantes de Bahréin y Arabia Saudí.
  • El 16 de noviembre, la policía antidisturbios golpeó a personas que se manifestaban ante la residencia del primer ministro y que posteriormente ocuparon el Parlamento, exigiendo el fin de la corrupción y la dimisión del primer ministro.
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Tortura y otros malos tratos

Un hombre murió bajo custodia, al parecer tras haber sido torturado por la policía.

  • Mohammad Ghazzai al Maimuni al Mutairi murió en enero tras haber sido detenido por la policía por posesión de alcohol. Inicialmente, las autoridades afirmaron que se había resistido a la detención y que había muerto a causa de una afección cardiaca, pero más tarde abrieron una investigación cuando un diputado de la oposición presentó datos médicos que indicaban que había sido atado y golpeado violentamente antes de morir. Se presentaron cargos contra unos 19 agentes de policía en relación con su muerte; el juicio aún no había terminado al concluir el año.

El Comité de la ONU contra la Tortura instó al gobierno a reformar la ley para tipificar la tortura como delito punible con severas penas.

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Discriminación: comunidad bidún

A lo largo del año, cientos de bidún que llevaban mucho tiempo viviendo en Kuwait se manifestaron en protesta por la perpetuación de su condición de apátridas y para exigir la nacionalidad kuwaití, que les permitiría acceder gratuitamente a los servicios de educación y de salud y optar a oportunidades de empleo en pie de igualdad con la ciudadanía kuwaití. Se seguía negando la nacionalidad a más de 100.000 bidún. Los servicios de seguridad hicieron uso de la fuerza para disolver manifestaciones y detuvieron a manifestantes. El gobierno aseguró que abordaría algunas de las reivindicaciones de los bidún, pero añadió que sólo 34.000 de ellos tenían derecho a la ciudadanía.

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Población trabajadora migrante

La legislación laboral kuwaití seguía sin proteger a las personas migrantes empleadas en el servicio doméstico, muchas de las cuales eran de países del sur y el sureste asiáticos. Gran número de ellas eran víctimas de explotación y abusos a manos de sus empleadores. Las que dejaban el trabajo sin permiso de su empleador, aunque lo hicieran para huir de abusos, se exponían a ser detenidas, juzgadas como “fugitivas” en virtud de las leyes de inmigración y expulsadas del país.

  • En octubre, una trabajadora doméstica indonesia no identificada se suicidó ahorcándose en una celda policial, tras haber sido detenida por huir de su lugar de trabajo y acusada de “fuga”.

El Comité de la ONU contra la Tortura instó al gobierno a promulgar urgentemente legislación laboral para regular el trabajo doméstico y a garantizar la protección de las personas migrantes empleadas en él, en especial las mujeres, contra la explotación y los abusos.

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Derechos de las mujeres

Las mujeres seguían estando discriminadas en la legislación y en la práctica. En octubre, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer instó al gobierno a tipificar como delitos los actos de violencia doméstica y sexual, establecer penas más severas para los perpetradores de los denominados “delitos de honor” y aprobar leyes con el fin de promover la igualdad de género.

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Pena de muerte

Al menos 14 hombres y 3 mujeres, en su mayoría ciudadanos extranjeros, fueron condenados a muerte tras haber sido declarados culpables de asesinato o narcotráfico. Se conmutó al menos una condena a muerte por cadena perpetua. No se tuvo constancia de ninguna ejecución.

El Comité de la ONU contra la Tortura instó al gobierno a limitar la aplicación de la pena de muerte a los delitos “más graves” y a dispensar un trato humano a las personas condenadas a muerte.

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