Kirguistán - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República Kirguís

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Kirguistán is now live »

Jefe del Estado : Kurmanbek Bakiev
Jefe del gobierno : Igor Chudinov (sustituyó a Almaz Atambaev en diciembre, que sustituyó a Azim Isabekov en marzo, que había sustituido a Feliks Kulov en enero)
Pena de muerte : abolicionista para los delitos comunes
PoblaciÓn : 5,4 millones
Esperanza de vida : 65,6 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 67/56 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 98,7 por ciento

El año estuvo marcado por varias crisis políticas y se mantuvo un alto grado de tensión entre el presidente, el gobierno y los partidos de oposición en torno a la Constitución y otros asuntos. Se impusieron restricciones a la libertad de expresión y de asociación. Continuaron la tortura y otros malos tratos bajo custodia policial. Las autoridades kirguises ayudaron en ocasiones a las fuerzas de seguridad uzbekas a perseguir a personas refugiadas y solicitantes de asilo que habían huido a Kirguistán en busca de seguridad.

Información general

A pesar de que en 2006 se había aprobado una nueva Constitución, ésta siguió siendo fuente de conflictos políticos. En abril, las manifestaciones organizadas por los partidos de oposición a lo largo de una semana en la capital, Bishkek, degeneraron en violencia cuando las fuerzas de seguridad intentaron disolver una concentración. En septiembre, el Tribunal Constitucional resolvió que la Constitución de 2003 debía permanecer en vigor. La decisión impulsó al presidente Bakiev a celebrar un referéndum en octubre, en el cual se aprobaron varias enmiendas a la Constitución. A continuación disolvió el Parlamento y convocó elecciones, que su partido ganó en diciembre. Los resultados de los comicios levantaron protestas generalizadas al quedar excluido del Parlamento el partido opositor socialista Ata Meken (Patria) pese a ser la segunda formación más votada. Decenas de activistas de la oposición y varios activistas de derechos humanos estuvieron detenidos durante breves periodos por participar en estas protestas. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) declaró que las elecciones no habían cumplido las normas internacionales y criticó el uso desproporcionado de la fuerza por las autoridades para dispersar manifestaciones pacíficas.

Tortura y otros malos tratos

Continuó la práctica generalizada de la tortura y otros malos tratos bajo custodia y fueron muy pocos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley obligados a rendir cuentas por ello. Dos agentes de policía acusados de haber torturado hasta la muerte a un detenido en 2006 fueron absueltos en agosto por un tribunal de Naryn. Según los informes, el caso había llegado a juicio gracias a la presión sostenida de defensores y defensoras de los derechos humanos.

En agosto, Aziza Abdirasulova, presidenta del grupo de derechos humanos Kylym Shamy (Antorcha del Siglo), informó de que al menos habían llegado a su conocimiento 10 casos de tortura, incluidos 3 de muerte bajo custodia. Cuando investigaba los informes según los cuales un detenido en Naryn que estaba en prisión preventiva había muerto tras ser golpeado por un agente de policía en julio, se reunió con cuatro detenidos de entre 14 y 15 años de edad que se habían quejado de malos tratos, y éstos le contaron que unos agentes de policía les habían dado golpes y patadas, además de colocarles máscaras de gas en la cabeza y cerrar la entrada de aire para que se confesaran autores de un delito que no habían cometido.

Libertad de reunión

Se impusieron cada vez más restricciones a la libertad de reunión y de expresión, entre ellas la de limitar los lugares donde podían celebrarse manifestaciones en Bishkek. Se acusó a decenas de manifestantes de delitos relacionados con la alteración del orden público y al menos 15 hombres y mujeres fueron declarados culpables. Agentes de policía y de la seguridad del Estado disolvieron varias manifestaciones organizadas por partidos políticos de oposición, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas juveniles y de la sociedad civil, y detuvieron a personas que participaban en ellas.

  • En abril, y de nuevo en agosto, la policía detuvo a Feliks Kulov, ex primer ministro, para interrogarlo. Fue acusado de instigar disturbios públicos multitudinarios en relación con los enfrentamientos de abril entre seguidores de la oposición y las fuerzas de seguridad. Dos colaboradores de Feliks Kulov fueron igualmente detenidos y acusados de causar disturbios públicos. En agosto se los condenó a cuatro años de cárcel. Ellos aseguraban que los cargos respondían a motivos políticos.
  • En julio, varios agentes de policía disolvieron una manifestación convocada por la ONG Democracia y confiscaron pancartas y banderas. El defensor de los derechos humanos Tursun Islam, que había organizado esta concentración pacífica en defensa de los derechos humanos, estuvo detenido un breve periodo. Su hijo permaneció tres días bajo custodia.
  • Tolekan Ismailova, presidenta del grupo de derechos humanos Ciudadanos contra la Corrupción, se encontraba entre los 11 defensores y defensoras de los derechos humanos que estuvieron breves periodos bajo custodia y fueron condenados por participar en concentraciones pacíficas en Bishkek para protestar por los resultados electorales de diciembre.

Personas refugiadas de Uzbekistán

Los refugiados y solicitantes de asilo procedentes de Uzbekistán seguían en peligro de devolución (refoulement) o de secuestro a manos del Servicio de Seguridad Nacional uzbeko, que en ocasiones actuaba en colaboración con su homólogo kirguís. En Uzbekistán, estas personas estaban expuestas a sufrir reclusión en régimen de incomunicación, tortura u otros malos tratos y largas penas de cárcel tras juicios sin las debidas garantías. También hubo informes según los cuales agentes de seguridad kirguises detuvieron a solicitantes de asilo y los vendieron a guardias fronterizos uzbekos.

  • En marzo, cuatro solicitantes de asilo secuestrados por agentes del Servicio de Seguridad Nacional uzbeko en 2006 fueron condenados a penas de hasta 16 años de prisión por un tribunal de Namangan, Uzbekistán.
  • Otabek Muminov, ciudadano uzbeko cuya solicitud de asilo en Kirguistán había sido rechazada, fue expulsado clandestinamente en junio después de que las autoridades recibieran una solicitud de extradición de Uzbekistán. Las autoridades uzbekas lo habían acusado de pertenencia al partido islamista prohibido Hizb ut Tahrir. Fue detenido en Osh, Kirguistán, en 2006 y condenado a tres años de cárcel en abril de 2007 por incitar al odio religioso y cruzar ilegalmente la frontera. Según informes, se habían dado garantías a su familia de que no sería extraditado.

Libertad de expresión: homicidio de un periodista

  • Alisher Saipov, de 26 años, periodista independiente y director de una publicación, murió por disparos en Osh en octubre. Ciudadano kirguís de origen uzbeko, dirigía un nuevo periódico en lengua uzbeka, Siyosat (Política), que se ocupaba de asuntos de derechos humanos en Uzbekistán, entre otros. Alisher Saipov era además corresponsal de Voice of America y colaboraba en sitios web independientes que cubrían información sobre Asia Central. Su trabajo a menudo trataba de asuntos delicados y, según informes, recibió amenazas anónimas. Un sector de los medios de comunicación uzbekos había emprendido una campaña de denuncia de su labor informativa por considerarla un ataque al Estado uzbeko.

Pena de muerte

En mayo, el presidente Bakiev firmó la entrada en vigor de varias leyes relacionadas con el sistema de justicia penal. Una de ellas sustituía la pena de muerte por la de cadena perpetua para los delitos comunes, aunque no estaba claro si era aplicable a los delitos cometidos en tiempo de guerra. El Tribunal Supremo debía revisar los casos de 174 presos condenados a muerte en el plazo de seis meses. Al terminar el año seguían sin darse a conocer los resultados de esta revisión.

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