A pesar de haber auspiciado dos comisiones independientes de investigación, las autoridades
no investigaron eficaz e imparcialmente la violencia de 2010 y sus secuelas. Rechazaron
firmes indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad –incluidas violaciones
y otros actos de violencia sexual– contra personas de etnia uzbeka durante los episodios
violentos en Osh. Continuaron las amenazas y agresiones físicas contra profesionales
del derecho que defendían a personas de etnia uzbeka. Aunque la Fiscalía General había
dado oficialmente instrucciones de investigar cada denuncia de tortura, era habitual
que los fiscales no investigaran las denuncias de manera exhaustiva e imparcial ni
llevaran a los responsables ante la justicia.
Tras la violencia entre personas de etnia kirguís y uzbeka desatada en el sur de Kirguistán
en junio de 2010, que dejó centenares de muertos, miles de heridos y cientos de miles
de desplazados, las autoridades habían reconocido la necesidad de un examen independiente
de los hechos y asignado el cometido a dos comisiones de investigación, una nacional
y otra internacional. Aunque ambos bandos cometieron delitos graves, las víctimas
de la mayoría de los daños, lesiones y muertes fueron personas de etnia uzbeka.
La comisión nacional publicó en enero su informe, en el que no abordaba las violaciones
de derechos humanos cometidas, ignoraba los indicios de crímenes de lesa humanidad
y reiteraba la versión oficial de una agresión uzbeka coordinada que había provocado
la respuesta espontánea del bando de etnia kirguís. La Comisión de Investigación sobre
Kirguistán, encargada de la investigación internacional, llegó a otras conclusiones
en mayo. Según su informe, había sólidos indicios de la comisión generalizada, sistemática
y coordinada de delitos contra personas de etnia uzbeka en la ciudad meridional de
Osh que, si se demostraban ante un tribunal, constituirían crímenes de lesa humanidad.
Asimismo, la Comisión señalaba que las investigaciones y actuaciones llevadas a cabo
habían sido defectuosas, además de estar marcadas por prejuicios étnicos, y concluía
que la tortura de detenidos en relación con la violencia había sido “prácticamente
universal”.
Las autoridades admitieron la conclusión de que había existido tortura y malos tratos,
pero negaron categóricamente que se hubieran cometido crímenes de lesa humanidad y
acusaron a su vez a la Comisión de parcialidad por motivos étnicos y de metodología
defectuosa.
Continuaron conociéndose a lo largo del año casos de tortura y otros malos tratos
perpetrados después de los violentos sucesos de junio. Las autoridades reconocieron
que la tortura y los malos tratos bajo custodia eran un problema.
En abril tuvo lugar el nombramiento de la nueva fiscal general, que en breve emitió
una directiva para exigir que todos los indicios y denuncias de tortura se investigaran
sin demora y que todos los lugares de detención se sometieran a inspecciones periódicas
sin previo aviso, y en septiembre dio instrucciones pormenorizadas sobre la metodología
de investigación de la tortura. Las organizaciones de derechos humanos y la Oficina
del Defensor del Pueblo cooperaron con la Organización para la Seguridad y la Cooperación
en Europa (OSCE) en la creación de grupos de vigilancia independiente de las detenciones
en todo el país con potestad para acceder sin trabas a todos los centros de detención.
Estos grupos empezaron a funcionar en agosto.
La entonces presidenta y la nueva fiscal general hicieron reiterados esfuerzos por
poner fin al uso sistemático de palizas y otros malos tratos con el fin de obtener
confesiones. No obstante, en el ámbito local y regional no parecía haber apenas compromiso
con la necesidad de abordar y prevenir estas graves violaciones de derechos humanos.
La Comisión de Investigación sobre Kirguistán concluyó que las autoridades del país
habían cometido tortura en los centros de detención después de los acontecimientos
de junio, que persistían los actos de tortura y que la respuesta de las autoridades
a las denuncias de tortura había sido manifiestamente insuficiente.
Se expresó profunda preocupación por el hecho de que, mientras se investigaban los
delitos, hubiera agentes de policía que seguían actuando de manera desproporcionada
contra personas de etnia uzbeka y barrios uzbecos y amenazaban con presentar cargos
por asesinato y otros delitos graves en relación con la violencia de junio como método
de extorsión para obtener dinero. Al menos dos hombres de etnia uzbeka murieron bajo
custodia, según informes como consecuencia de tortura.
Usmonzhon Kholmirzaev, ciudadano ruso de etnia uzbeka, murió el 9 de agosto, según
informes como consecuencia de tortura, dos días después de que unos agentes de policía
vestidos de civil lo detuvieran arbitrariamente en Bazar Kurgan y lo llevaran a la
comisaría local. Contó a su esposa que le habían puesto una máscara de gas en el rostro
y lo habían golpeado. Cuando cayó al suelo, uno de los agentes lo golpeó con las
rodillas en el pecho dos o tres veces hasta hacerle perder el conocimiento. La policía
amenazó con acusarlo de delitos violentos en relación con los sucesos de junio de
2010 si no pagaba 6.000 dólares estadounidenses. Finalmente lo pusieron en libertad
después de que la familia entregara 680 dólares a los agentes. A la mañana siguiente
fue hospitalizado y un día más tarde murió a causa de las lesiones que, según le había
contado a su esposa, le habían causado los agentes. Tanto ella como su abogado, que
estuvieron presentes en la autopsia, afirmaron que el examen forense concluía que
Usmonzhon Kholmirzaev había muerto por hemorragias internas. Tras una petición oficial
del consulado ruso, el fiscal de Jalal-Abad emprendió acciones penales en agosto contra
cuatro agentes de policía por tortura y otros cargos.
El gobierno reiteró su invitación al relator especial de la ONU sobre la tortura,
que visitó el país en diciembre. Según sus conclusiones, era generalizado el uso de
tortura y malos tratos para obtener confesiones. Los métodos incluían asfixiar a la
víctima con bolsas de plástico y máscaras de gas, darle puñetazos y golpes y aplicarle
descargas eléctricas en el momento de la detención y en las primeras horas de interrogatorio
informal. El relator determinó también que las condiciones de reclusión variaban de
adecuadas a terribles.
Se celebraron juicios y vistas de apelación de todos los niveles que distaron de cumplir
las normas internacionales. No se investigaron denuncias de confesión forzada ni se
interrogó a testigos de descargo, y continuaron las amenazas y agresiones contra abogados,
incluso en la sala del tribunal.
En abril, el Tribunal Supremo aplazó indefinidamente la vista del recurso de apelación
del destacado defensor de los derechos humanos Azimzhan Askarov y otras siete personas
acusadas, junto con él, del asesinato de un agente de policía kirguís, cometido durante
los violentos episodios de Bazar-Korgan. El presidente del Tribunal ordenó una investigación
exhaustiva e independiente sobre las condiciones de reclusión en el sur del país cuando
la defensa argumentó que no existían instalaciones para albergar a los presos de larga
duración o a los condenados a cadena perpetua y que Azimzhan Askarov y los demás acusados
corrían peligro de sufrir tortura y condiciones crueles, inhumanas y degradantes si
eran devueltos a Jalal-Abad. El Tribunal no ordenó investigar las denuncias de que
se había torturado a los acusados para que “confesaran”. El 20 de diciembre, el Tribunal
rechazó el recurso de apelación y confirmó la cadena perpetua de Azimzhan Askarov
en medio de protestas internacionales. Azimzhan Askarov continuó recluido en el centro
médico penitenciario al que había sido trasladado en noviembre de 2010, situado a
las afueras de la capital, Bishkek. Allí tenía permiso para recibir visitas y se le
prestaba asistencia médica adecuada. El relator especial de la ONU sobre la tortura
calificó de atroces e inaceptables las condiciones en los centros de detención de
Bishkek.
Tatiana Tomina, abogada de origen ruso que habitualmente representaba a personas de
etnia uzbeka, contó en agosto la agresión que había sufrido a manos de cuatro mujeres
de etnia kirguís a la salida del tribunal municipal de Osh. Una de ellas la había
golpeado con un bolso y a continuación las demás la habían emprendido a golpes, patadas
y puñetazos con ella mientras le gritaban insultos. Empleados del tribunal y agentes
de policía que presenciaron la agresión no intervinieron. Antes de abandonar la sede
del tribunal, las mujeres le arrojaron piedras y la amenazaron con volver a agredirla.
Durante una vista celebrada en el tribunal de distrito de Kara Suu en septiembre,
los familiares de un hombre de etnia kirguís que había perdido la vida durante los
violentos sucesos de 2010 profirieron amenazas contra la abogada defensora del acusado,
Makhamad Bizurkov, ciudadano ruso de etnia uzbeka. Tiraron del pelo a la abogada,
lanzaron piedras al acusado –que estaba sentado en el interior de una jaula metálica–
y agredieron a los agentes de policía presentes en la sala. Una observadora de derechos
humanos que había asistido a la vista informó de que el juez había amonestado a los
familiares pero no había ordenado su expulsión de la sala ni los había sancionado
por agredir al abogado y obstruir la acción de la justicia. Los familiares de la víctima
continuaron lanzando piedras y botellas de plástico contra la jaula del acusado cuando
el juez y el fiscal ya habían abandonado la sala; además, las mujeres del grupo de
familiares golpearon a los agentes de policía que intentaron impedírselo, e insultaron,
amenazaron y echaron a empujones de la sala a la observadora de derechos humanos.
La impunidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que cometían tortura
y otros malos tratos seguía siendo un problema grave en Kirguistán, que se hizo aún
más evidente tras la violencia de junio de 2010. Continuaron las obstrucciones a los
intentos de familiares de víctimas de presentar denuncias a la policía y los fiscales;
además, éstos no investigaban nunca las denuncias debidamente ni llevaban a los responsables
ante un tribunal.
En febrero, la presidenta del país reiteró su preocupación por la ausencia de investigaciones
sobre las denuncias de tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad
que había recibido. La Fiscalía Regional de Osh anunció entonces que revisaría 995
causas penales para comprobar si los procedimientos se ajustaban a la legislación
nacional. Al final del año, sin embargo, sólo había prosperado una causa penal por
tortura y otros malos tratos bajo custodia policial, y a los cinco agentes de policía
declarados culpables de tortura sólo se les impusieron condenas condicionales. Sus
recursos seguían pendientes al terminar el año.
Los investigadores y los fiscales tampoco iniciaron investigaciones ni enjuiciamientos
sobre casi ninguno de los delitos contra personas de etnia uzbeka cometidos durante
los sucesos violentos de junio de 2010 y con posterioridad, incluidos los crímenes
de lesa humanidad perpetrados en Osh. En al menos 200 de los casos documentados de
asesinato de personas de etnia uzbeka durante la violencia de junio, o bien no se
abrió una investigación criminal o bien se suspendieron las actuaciones. No obstante,
los familiares de muchas de las víctimas eran reacios a que continuaran las actuaciones
sobre los asesinatos por miedo a sufrir represalias.
Organizaciones de derechos humanos y de mujeres informaron de que las mujeres y las
niñas eran reacias a denunciar violaciones y otros actos de violencia sexual debido
al estigma cultural que sufrían las víctimas en sus comunidades tradicionales. Se
documentaron y corroboraron de manera independiente unos 20 casos, pero los observadores
de derechos humanos pensaban que el número real era muy superior.
La mayoría de las violaciones y otros actos de violencia sexual fueron cometidos por
grupos de hombres kirguises contra mujeres y niñas de etnia uzbeka, aunque también
hubo casos de mujeres kirguises violadas por hombres uzbekos. Asimismo se recibió
información sobre violaciones de niños y sobre el caso de un hombre uzbeko de mediana
edad al que un grupo de agresores kirguises había violado, apuñalado y prendido fuego.
En la mayoría de los casos, las violaciones fueron acompañadas de insultos de índole
étnica y agresiones físicas graves.
